Nuestra
Constitución prevé que las entidades federativas tengan un gobierno libremente
elegido por sus habitantes y sean parte de los Estados Unidos Mexicanos como
entidades con plena autonomía y soberanía. Por ello en su nombre
oficial se incluyen las palabras “estado libre y soberano de …”. Pero en el
caso de Michoacán parece que existen otros
dos gobiernos además del oficial.
Por una parte el gobierno federal tiene cada vez
más injerencia en los asuntos de Michoacán. Diversos secretarios federales han
desfilado recientemente por Morelia para anunciar apoyos, programas, ayudas
financieras, campañas y otras formas de presencia federal. Recientemente el
Secretario de Hacienda estuvo en Morelia para anunciar
préstamos al estado por cerca de 7,000 millones de pesos. Asimismo el
Secretario de Gobernación coordina los esfuerzos para restablecer la seguridad
y en el estado se han desplegado importantes contingentes del Ejército, Marina,
Policía Federal, Procuraduría General de la República y el CISEN los cuales se
prevé que continúen por varios meses más sus operaciones en Michoacán. Todo
ello ante la evidente incapacidad del gobierno estatal de resolver los
problemas de seguridad, gobernabilidad y financieros del estado. El propio Secretario
de Hacienda - Luis Videgaray - dijo en ocasión
de la firma de los apoyos financieros que “Hoy en Michoacán está amenazado el Estado
Mexicano, el estado de derecho y estamos enfrentando uno de los mayores retos
de la nación”. Entendiendo la preocupación del gobierno federal y ante la
incapacidad de las autoridades locales era de esperarse que el presidente Peña
Nieto ordenara una fuerte intervención del gobierno federal en el estado. Por
ello no sería remoto la desaparición de poderes y el que algún personaje relevante del gobierno
federal tomara las riendas del estado para ver si puede rescatarlo.
Pero
además, lo que es mucho más preocupante, existe otro gobierno y a quien el
Estado Mexicano debería estarle disputando el poder en Michoacán. Se trata del
que encabeza Servando Gómez Martínez,
alias “La Tuta”, cabeza visible del
grupo delincuencial de Los Caballeros Templarios. Como muestra de las acciones
políticas que este delincuente ejerce para confundir a la opinión pública se
encuentran las siguientes:
1. El envío de emisarios ante el Senado de la República, encubiertos como
empresarios y líderes sociales, pero plenamente reconocidos como operadores
suyos para cabildear sus demandas ante los senadores y hablar sobre los problemas de
“seguridad” en Tierra Caliente. Estos emisarios fueron recibidos por un grupo
de senadores.
2. El uso que hace de las redes sociales para confundir a
la opinión pública. Por ejemplo el video difundido para mostrar supuestos
vínculos de la Senadora “Cocoa” Calderón, hermana del ex presidente Calderón, con
el propio grupo de los Templarios. Esto
a raíz de que fue la Senadora quien denunció el que se hayan recibido a
emisarios de los Templarios en el Senado y a que el ex presidente Calderón
combatió a estos delincuentes durante su gestión.
3. El uso y cooptación de organizaciones
de derechos humanos y la realización de manifestaciones públicas para pedir la
salida de las fuerzas federales del estado.
4. La movilización de centenares de personas en
Apatzingán y otras ciudades en apoyo a la agenda y los intereses de Los
Templarios, disfrazada de peticiones legítimas de la sociedad civil.
5. La campaña permanente en los medios
masivos de comunicación, en donde han sido capaces de confundir a la opinión
pública y mantener su agenda de retiro de fuerzas federales y combate a las
fuerzas de autodefensa como supuestas demandas legítimas de los habitantes de
Tierra Caliente.
6. El tratar de hacer ver a las fuerzas
de autodefensa como parte de grupos rivales de la delincuencia organizada, a
pesar del evidente apoyo que los pobladores de los municipios “liberados” les
han manifestado a los grupos de autodefensa.
7. La expulsión del obispo de Apatzingán
de su ciudad, aparentemente amenazado
por haberse atrevido a denunciar las tropelías de Los Templaros y el daño que
le hacen a la población.
Para
agregar a la confusión, el gobierno estatal, ante la toma de más de 13
municipios por parte de las fuerzas de autodefensa, declaró que – con el apoyo
federal - no iba a permitir que dichos grupos se siguieran expandiendo hacia
otros municipios. Además diversos medios denunciaron que el Secretario de
Gobierno de Michoacán -ex coordinador de la campaña del actual gobernador y ex gobernador interino - se reunió en diversas ocasiones con La Tuta
para solicitar apoyos. Falta que el
gobierno del estado se deslinde con firmeza de cualquier vínculo con Los
Templarios y sobre todo, que realice acciones de gran alcance en contra de estos
delincuentes.
Se dice que La Tuta despacha como si gobernara el
estado. Realiza reuniones periódicas en una especie de “Consejo” con diversas
personalidades del estado, entre ellas empresarios y políticos locales; acuerda
montos de extorsión y fija reglas. Todo esto ocurre en la otra capital de
Michoacán, Apatzingán, en donde
aparentemente reside La Tuta y quien opera libremente, despacha, toma
decisiones, hace política, mueve a sus huestes, realiza operaciones de
propaganda, tiene sesiones de “Consejo” y puede realizar ataques simultáneos a
13 instalaciones de la CFE en todo el estado, mientras sigue operando su red
delincuencial y continúa secuestrando, cobrando extorsiones y realizando otras
fechorías. Llama la atención que siga en libertad siendo que no debe costar
mucho trabajo que las instancias de inteligencia del gobierno federal puedan
localizarlo en Apatzingán o sus inmediaciones y aprehenderlo. La pregunta es:
¿Por qué se tolera al gobierno paralelo de La Tuta y Los Templarios?
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