Existe
en México una obsesión por hacer leyes pero no por cumplirlas. Desde la
independencia de nuestro país ha habido leyes que son aspiracionales. Es decir
que más que tomar el espíritu de la nación y convertir en leyes las costumbres
que prevalecen y modularlas y adaptarlas para mejorar la convivencia, se han
promulgado leyes que reflejan el modelo al que se aspira a llegar, en contra a veces, de la realidad del país. Por ello los ciudadanos buscan cómo evadir aquellas
que van contra sus costumbres o que les
incomodan; por otra parte los políticos, imposibilitados de aplicarlas por
imprácticas, las usan a su favor: amenazan con ejercer la fuerza del estado
para imponerla, a cambio del apoyo de
los grupos inconformes; una vez obtenido o negociado ese apoyo, la Ley puede
seguir sin cumplirse. Desde luego que
hay ciudadanos cumplidos y funcionarios que intentan hacerla cumplir. Pero
ambos se frustran cuando ven que otros no cumplen y no pasa nada.
Ejemplos
hay muchos. Desde el siglo XIX cuando se vaciló entre ser una república federal
o centralista quedó, en la letra de las leyes, como una república federal pero en
la práctica con un gobierno centralista. Lo vimos con Juárez y Díaz. También se
osciló entre ser una república laica o una con religión única, hasta que se
llegó al acomodo en que en la letra de las leyes se era una república laica y
en la práctica se permitía todo tipo de manifestaciones religiosas. Se planteó también
ser una república democrática en la letra, mientras que en la práctica no se
permitía la oposición al partido gobernante. A nivel local los ejemplos se
multiplican. La economía informal permea por todas partes con mini empresarios
que trabajan al margen de la ley sin pagar impuestos, sin darles seguridad
social a sus empleados o que trabajan en las calles sin permisos. Los
reglamentos de tránsito son motivo de negociación
entre los automovilistas y el policía que intenta hacerlos cumplir. Los otros
reglamentos municipales también son objeto de negociación entre ciudadanos y las autoridades respectivas.
A
pesar de ello, se insiste en corregir
los problemas del país mediante la emisión de leyes. Prevalece la idea de que
si mejoramos las leyes mejoramos al país. Nuestra Constitución, promulgada el 5 de febrero de
1917, ha sufrido 552 cambios desde 1917,
reformando a 109 artículos y quedando
solo 27 sin modificar. Los que más cambios han sufrido son el 73 que determina
las facultades del congreso (67 reformas), el 123 que regula el trabajo y
previsión social (23 reformas) y el 27 que regula la propiedad de las tierras y
aguas nacionales (18 reformas). Seguramente los legisladores constituyentes
difícilmente reconocerían la Constitución que ahora tenemos como suya. Es
lógico: el país de 1917 es totalmente diferente al México de hoy. Aquél país estaba
en medio de una revuelta en donde diversas facciones se disputaban el poder (Díaz
renunció en 1911 y el usurpador Huerta ya había sido derrotado). Era
mayoritariamente rural, no urbano, prácticamente sin industria y con una
economía agrícola, minera y petrolera. Un país con una población de 14 millones de habitantes en 1920 que había
tenido cerca de un millón de muertos por la revolución y por la pandemia de influenza
“española”. México había sido invadido
por los americanos en la expedición de Pershing persiguiendo a Villa y la de toma de Veracruz. En el entorno
internacional estaba la primera guerra mundial, la muerte de los viejos
imperios, el surgimiento del comunismo y el fascismo y el nuevo papel imperial de los Estados Unidos.
El país de la Constitución del 17 es totalmente distinto al de casi 100 años
después.
Hoy
en día las grandes discusiones políticas para tratar de solucionar los
problemas de la nación pasan por proponer reformas a la Constitución y la emisión de nuevas leyes secundarias. La
atención del Presidente, su gabinete, actores políticos, grupos afectados, se centran en ello. Sin embargo, lo
que hace falta es la voluntad para cumplirlas y capacidad para hacerlas cumplir.
Ahora que la CNTE ha tomado la Cd. de México porque se opone a la reforma
educativa, uno de los profesores fue entrevistado y su respuesta fue que no
importaba que leyes aprobara el Congreso y promulgara el Presidente, que ellos no iban a cumplirlas.
Por
ello no bastan reformas y nuevas leyes. Tampoco es adecuado seguir modificando
una Constitución que se promulgó para un país muy distinto al actual. El gran
reto es que haya una aceptación general a las leyes para que se cumplan y un Estado
fuerte capaz de respaldarlas. Entonces quizá sea mejor un gran borrón y cuenta
nueva. Una nueva Constitución con principios generales sencillos y que a todos parezcan
deseables. Derogar las leyes existentes
y emitir unas pocas nuevas, simples,
fáciles de acatar, que reflejen lo que el país del Siglo XXI necesita. Impulsar
un Estado solidario y subsidiario que invada mínimamente la esfera privada. La
obsesión por legislar y el esfuerzo y talento que muchos mexicanos le dedican
para ver como no cumplir las leyes nos debería hacer reflexionar. No estemos yendo
al fondo del problema que es tener un acuerdo básico de lo que queremos para
México. Es tiempo de tenerlo y plasmarlo en una nueva
Constitución.
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Nota: Gracias al comentario de Macario Schettino por hacerme ver que fue un millón de muertos entre la pandemia y los combates en la época de la Revolución y no dos millones como lo había yo puesto. Corrijo pues el error.
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Nota: Gracias al comentario de Macario Schettino por hacerme ver que fue un millón de muertos entre la pandemia y los combates en la época de la Revolución y no dos millones como lo había yo puesto. Corrijo pues el error.
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