21 de noviembre de 2018

CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL




Por: Octavio Díaz García de León.

     La idea: Para la próxima secretaria de la Función Pública, la Dra. Sandoval,  el combate a la corrupción ha fracasado en los últimos lustros. Para el análisis de la corrupción ofrece una nueva herramienta que es el “Enfoque de la Corrupción Estructural” con la cual hace más responsable por la corrupción al sector privado que al sector público. A partir de este enfoque se vislumbran algunas acciones que podría seguir la nueva secretaria. 

    Esta herramienta la desarrolla la Dra. Sandoval en un artículo de 2016 partiendo de una crítica a los enfoques tradicionales que culpan de la corrupción al sector público y los gobiernos. (http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032016000100119)

    Dice que esto se debe a puntos de vista incorrectos vinculados con teorías de la modernización que consideran que la corrupción es consecuencia del subdesarrollo, del dirigismo económico o de la falta de una cultura de la legalidad.

   De acuerdo con la autora, “los problemas más graves de la corrupción surgen de la captura del estado por intereses económicos rentistas” en la cual “…los burócratas se ven forzados a extorsionar a los ciudadanos ya sea por órdenes de sus superiores o por inercias políticas y organizacionales”. “Los problemas más acuciantes de la corrupción emergen no del Estado, sino de fuera de él.”

    Para ella, se ha trivializado la corrupción al circunscribir este fenómeno al soborno y la extorsión de pequeños burócratas siendo que los verdaderos problemas de corrupción vienen de los niveles altos de la sociedad y no de los sustratos bajos.

   Partiendo de la conocida fórmula de Klitgaard (https://globalanticorruptionblog.com/2014/05/27/klitgaards-misleading-corruption-formula/) , a quien critica por tener un sesgo excesivamente anti estatista,  la Dra. Sandoval propone una novedosa fórmula para  esquematizar la corrupción. 

    Esta fórmula es: corrupción es igual al abuso del poder más impunidad menos participación ciudadana (C=AP+I-PC)

   El fenómeno de la corrupción lleva a un “doble fraude”, económico-financiero y político-electoral, que “ha obstaculizado el desarrollo de estructuras estatales justas y sustentables”.

   Señala que numerosas funciones y responsabilidades públicas han sido transferidas al ámbito privado y que estos últimos no rinden cuentas sobre dichos servicios porque los protegen los secretos bancario, fiscal, corporativo y tecnológico.

    Dice que no puede seguir siendo aplicada “la vieja concepción liberal que presenta lo “privado” como totalmente divorciado e independiente de lo “público”".

    Concluye que el sector privado “actúa hoy más impunemente y con mayor opacidad que los propios gobiernos” y requiere por lo tanto mayor transparencia y controles anticorrupción más firmes que el sector público. En este sentido la opacidad y la impunidad privada son muy preocupantes.

    La corrupción estructural es pues “la hegemonía de los sistemas de “camarillas” y la dominación informal de poderes fácticos y de grupos de la élite política y financiera”.

    El fraude económico-financiero favorece el enriquecimiento de “oligarquías y grupos económicos privilegiados” y el fraude político-electoral opera a favor del “enquistamiento en el poder de los operadores burocráticos, tecnocráticos y judiciales de esas mismas oligarquías y élites financieras”.

    De acuerdo con la Dra. Sandoval, “la generación de la corrupción estructural en la política electoral se encuentra en función directa al crecimiento de las privatizaciones y las nuevas Asociaciones Público Privadas (APP) con los conflictos de interés que germinan, crecen y se reproducen a su sombra”.

    La segunda parte del artículo de la Dra. Sandoval  es una extensa crítica a las APP y de la opacidad que las rodea.

    Es de esperarse que la Dra. Sandoval guíe su actuación como secretaria de la Función Pública partiendo del marco teórico que plantea en su artículo. De ser así,  se podría esperar algunas acciones en ese sentido:

   1.    Una mayor exigencia de transparencia, apertura y rendición de cuentas del sector privado, especialmente en aquellos ámbitos donde proveen servicios “públicos”, aunque la definición de “públicos” puede ser muy amplia.
   
   2.    Un combate a la corrupción enfocado al sector privado,  las élites económicas y sus aliados dentro del gobierno.
  
   3.    Una limpia de operadores burocráticos y tecnocráticos enquistados que operan a favor de las “oligarquías y grupos económicos privilegiados”.
   
    4.    Un reforzamiento del Estado.
   
  5.    Una revisión a fondo de las operaciones de las APP y el evitar que estos esquemas u otro tipo de privatizaciones sigan creciendo.
   
  6.    Tratar de erradicar el fraude electoral derivado de la corrupción y romper las ligas entre el poder económico y el político.
  
   7. Acotar el abuso del poder , reducir la impunidad y aumentar la participación ciudadana. 

   Conectar la teoría con la práctica será uno de los grandes  retos de la Dra. Sandoval, especialmente para hacer rendir cuentas al sector privado en la provisión de servicios que pueden considerarse como “públicos”, tales como los servicios bancarios. 

   Romper la corrupción estructural, requerirá un marco legal apropiado e investigaciones de carácter criminal que permitan romper vínculos de corrupción, pero sobre todo, se requerirá de mucha voluntad política. 
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20 de noviembre de 2018

EL PLAN DE SEGURIDAD Y LA CORRUPCIÓN


LA SILLA ROTA

         
Por: Octavio Díaz García de León

    La idea:  El Plan Nacional de Paz y Seguridad contempla erradicar la corrupción en toda la administración pública, como uno de sus ejes estratégicos y con ello se espera que reduzca los índices delictivos. Ante un fenómeno tan extendido como es la corrupción, convendría que el Plan se enfocara a combatirla en las fuerzas de seguridad.

    El Plan plantea el combate a la corrupción como el propósito más relevante del próximo gobierno y para ello enumera 16 acciones. Habría que ver si la futura secretaria de la Función Pública, la Dra. Sandoval, encargada del combate a la corrupción, está de acuerdo con ellas.

   Por lo pronto, una de las medidas propuestas ya está en vigor desde hace año y medio: la obligación de que todos los servidores públicos presenten sus 3 de 3 declaraciones.

   Otra, el prohibir las adjudicaciones directas, podría obstaculizar la marcha del gobierno y no necesariamente disminuiría la corrupción. El que se pudiera abusar de ellas no implica que la solución sea desaparecerlas porque hay razones válidas para tener ese mecanismo de contratación.  

    Sería mejor identificar cuales excepciones a la licitación que prevé la Ley de Adquisiciones, son las que más usan las áreas de seguridad para auditar dichos casos y de ser necesario, acotarlas.

   Por ejemplo, una excepción que se usa y se abusa de ella es la que invoca razones de seguridad pública o nacional (Art. 41, fracción IV de la Ley de Adquisiciones).

    Otro aspecto que se puede prestar a actos de corrupción es la partida de seguridad nacional sobre la cual casi no se rinden cuentas y de la cual, en este sexenio que termina, se gastaron más de 65 mil millones de pesos. (Ver cifras)

    La propuesta de centralizar las instancias de contraloría, tiene sus desventajas (Transformar a la SFP)  y parece que no es la intención de la futura secretaria de la Función Pública, la Dra. Sandoval, aunque hace unos días apareció la noticia de que sí pensaban hacerlo.  

   Más allá de seguir revisando las medidas anticorrupción que contempla este Plan y que se refieren a competencias de la Secretaría de la Función Pública, convendría que dicho Plan se enfocara a la corrupción que afecta al tema de seguridad, distinguiendo dos tipos de fenómenos de corrupción:  

   Interna. Proviene del desvío de recursos públicos para beneficio personal que realizan los funcionarios corruptos a través de adquisiciones, fraude, peculado, nepotismo y otros fenómenos relacionados con el manejo de recursos de la institución.  

   Externa. Proviene del dinero, bienes muebles e inmuebles, joyas, obras de arte, etc.  con que se soborna a las autoridades, directa o indirectamente, para que dejen de hacer su trabajo (por omisión) o con el cual se compran a las autoridades para que trabajen a favor de los delincuentes y/o se les vuelva socias de los delincuentes (por complicidad).

   Es importante distinguirlas porque las estrategias de combate a la corrupción deben ser diferentes.

   Para la corrupción interna se deben aplicar las medidas de fiscalización, vigilancia y control de los servidores públicos, de manera similar a lo que se hace en el resto de la administración pública. En este caso, le correspondería a la Secretaría de la Función Pública.

  El combatir la corrupción que proviene directamente de los delincuentes requiere otro tipo de actuaciones y no le corresponde a la Secretaría de la Función Pública. Se requiere no solo investigaciones criminales internas, sino también programas de apoyo a las fuerzas de seguridad: desde esquemas de seguridad social y protección familiar hasta sueldos altos que les permitan resistir la oferta de “plata o plomo”.

   Para la parte correctiva del fenómeno se cuenta ya con las áreas de asuntos internos en las instituciones de seguridad a las cuales se les debe reforzar y darles capacidades de actuación mayores con auxilio de otras autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República e incluso con la Guardia de Finanzas que plantea el Plan.

   Estas áreas de asuntos internos se podrían centralizar en una Visitaduría especializada en materia de seguridad para evitar su posible vinculación con los funcionarios de las instituciones vigiladas.  

   Otras medidas preventivas son la aplicación de controles de confianza al personal, el asegurarse de que se tengan los perfiles adecuados contando con un servicio profesional de carrera, el tener métodos de vigilancia que los disuadan de efectuar actos de corrupción, etc.

   Para no dispersarse en aspectos de corrupción que no son del ámbito de la seguridad sería bueno enfocar la estrategia en función de los tipos de corrupción que enfrentan las fuerzas de seguridad, dándole prioridad a la corrupción más dañina: aquella que proviene directamente de los delincuentes.
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16 de noviembre de 2018

CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD



Por: Octavio Díaz García de León

     La idea:  Uno de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Paz y Seguridad es el erradicar la corrupción en toda la administración pública y se espera que esto reduzca los índices delictivos. Sin duda reducir la corrupción puede reducir la delincuencia, pero ante un fenómeno tan extendido, convendría enfocar prioritariamente el combate a la corrupción en las fuerzas de seguridad.

    El Plan plantea el combate a la corrupción como el propósito más relevante del próximo gobierno. Este enumera 16 acciones en materia de combate a la corrupción las cuales habría que ver si la futura secretaria de la Función Pública, encargada del combate a la corrupción, está de acuerdo con ellas.

    Por lo pronto, una de las medidas propuestas ya está en vigor desde hace año y medio: la obligación de que todos los servidores públicos presenten sus 3 de 3 declaraciones.

     Otra, el prohibir las adjudicaciones directas, podría obstaculizar la marcha del gobierno y no necesariamente disminuiría la corrupción. El que se pudiera abusar de ellas no implica que la solución sea desaparecerlas, porque hay razones válidas para tenerlas.  

    En este sentido, habría que revisar cuales excepciones, que prevé la Ley de Adquisiciones para no hacer licitaciones, son las que más usan las áreas de seguridad, para fiscalizar dichos casos. Sin duda una excepción que se usa y se abusa de ella es la que invoca razones de seguridad pública o nacional (Art. 41, fracción IV de la Ley de Adquisiciones).

   Otro aspecto que se puede prestar a actos de corrupción es la partida de seguridad nacional sobre la cual casi no se rinden cuentas y la cual en este sexenio que termina, creció de manera muy importante alcanzando la cifra de más de 65 mil millones de pesos. (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/08/cisen-la-joya-de-la-corona.html)

   Otra propuesta, el centralizar las instancias de contraloría, ya he escrito sobre sus desventajas y parece que no es la intención de la futura secretaria de la Función Pública, la Dra. Sandoval. (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/10/transformar-la-secretaria-de-la-funcion.html)

   Una medida interesante que proponen es homologar sueldos entre un ministerio público federal, un policía federal y un juez federal con la idea de pagarles más a los policías y a los ministerios públicos, con lo cual se reconoce que, para reducir la corrupción, hay que pagarles bien a los servidores públicos.

   En ese sentido, habrá que valorar el impacto debido a la reducción de sueldos que sufrirán los altos mandos de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad e impartición de justicia. Si bien, los altos funcionarios son menos susceptibles a corromperse por tener sueldos bajos, se está abriendo esa posibilidad.

   En el tema de combate a la corrupción en las fuerzas de seguridad convendría que dicho Plan distinguiera dos tipos de fenómenos de corrupción:  

    Interna. Proviene del desvío de recursos públicos para beneficio personal que realizan los funcionarios corruptos a través de adquisiciones, fraude, peculado, nepotismo y otros fenómenos similares.  Esta es la corrupción más tradicional que afecta no solo a las áreas de seguridad, sino a todo el gobierno.

   Externa. Todo aquel dinero, bienes muebles e inmuebles, joyas, obras de arte, etc.  con que se soborna a las autoridades, directa o indirectamente, para que dejen de hacer su trabajo (por omisión) o con el cual se compran a las autoridades para que trabajen a favor de los delincuentes y/o se les vuelva socias de los negocios ilícitos (por complicidad).

   Es importante distinguirlas porque las estrategias de combate a la corrupción deben ser muy diferentes.

   Para la corrupción interna se deben aplicar las medidas de fiscalización, vigilancia y control de los servidores públicos, de manera similar a lo que se hace en el resto de la administración pública. En este caso, la Secretaría de la Función Pública podría hacerse cargo de ello.

   El combatir la corrupción que proviene directamente de los delincuentes requiere otro tipo de actuaciones y no le corresponde a la Secretaría de la Función Pública. Se requiere un enfoque no solo punitivo, como investigaciones criminales internas, sino también programas de apoyo a las fuerzas de seguridad: desde esquemas de seguridad social y protección familiar hasta sueldos altos que les permitan resistir la oferta de “plata o plomo”.

    Para la parte punitiva se cuenta ya con las áreas de asuntos internos a las cuales se les debe reforzar y darles capacidades de actuación mayores con auxilio de otras autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República e incluso con la Guardia de Finanzas que plantea el Plan.

  Estas áreas de asuntos internos se podrían centralizar en una Visitaduría especializada en materia de seguridad para evitar su posible vinculación con los funcionarios de la dependencia a la que estén adscritos.

   Otras medidas preventivas son la aplicación de controles de confianza, el asegurarse de que tengan los perfiles adecuados contando con un servicio profesional de carrera, el tener métodos de vigilancia permanentes que los disuadan de efectuar actos de corrupción, etc.

    El Plan presenta ideas esquemáticas de cosas que se pueden hacer para combatir la corrupción. Sería bueno diseñar la estrategia en función de los tipos de corrupción que enfrentan las fuerzas de seguridad, dándole prioridad a la corrupción más dañina: aquella que proviene directamente de los delincuentes.
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11 de noviembre de 2018

PERSPECTIVAS EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN




Por: Octavio Díaz García de León.

    La idea: Uno de los grandes reclamos de la sociedad es el que se combata a la corrupción. El presidente electo construyó su triunfo en base a la promesa de que acabará con ella. Tiene el mandato y el reto. Habrá que modificar la estrategia y construir sobre lo existente.

   La corrupción ha sido un mal endémico en nuestro país desde la Colonia. No es algo que se pueda terminar en el corto plazo, sobre todo si la sociedad la acepta, pero hoy en día existe una gran molestia por la corrupción y se debe aprovechar que la sociedad ya no está dispuesta a tolerarla.

   El presidente Peña le hereda a López Obrador una reforma anticorrupción inconclusa, ineficaz y sin resultados. La nueva administración tendrá que partir de ese legado para reformar lo que sea necesario y dar resultados en el corto plazo.

   La Dra. Sandoval, próxima secretaria de la Función Pública, recibió la encomienda del presidente electo de encabezar el combate a la corrupción en la próxima administración.

    Para ello, ha indicado que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tendrá una subsecretaría de combate a la corrupción y otra de combate a la impunidad (http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/26/anuncia-proxima-titular-de-sfp-plan-para-denunciar-corrupcion-1920.html) y seguramente habrá una reestructura de los órganos internos de control.

    Algunos aspectos en que se podría enfocar la nueva administración son:

    1.    Respecto al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA):

a.    Hacer menos complejo su diseño.
b.    Reforzar a su Secretaría Ejecutiva y a la Fiscalía Anticorrupción.
c.    Agregar a la Secretaría de Hacienda a través del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera; al INEGI como responsable de la medición de la corrupción; y al CISEN para que aporte inteligencia para el combate a la corrupción.
d.   Modificar la Ley de Responsabilidades que tiene deficiencias.
e.  Impulsar que los miembros del Comité de Participación Ciudadana se dediquen de tiempo completo a estas tareas y sean verdaderos expertos en combate a la corrupción y no en otras materias

     2.    Respecto a la Secretaría de la Función Pública (SFP):

a. Cambiarle su mandato, de estar dedicada al control interno, dedicarla al combate a la corrupción.
b.   Fortalecer a la dirección general de información e integración y darle la tarea de las investigaciones de situación patrimonial.
c.  Fortalecer las áreas de denuncia ciudadana para impulsar la denuncia de actos de corrupción y protección de denunciantes.
d.   Reinstaurar el programa de usuario simulado.
e. Desarrollar programas de concientización con la sociedad para erradicar la tolerancia a todo tipo de corrupción.
f.  Establecer programas de combate a la corrupción transversales a toda la Administración Pública Federal. Que se convierta en responsabilidad de cada uno de los titulares de las instituciones del gobierno federal el combate a la corrupción en su institución.
g. Trabajar con las entidades federativas para combatir la pequeña corrupción que se da en trámites y servicios que prestan estados y municipios.

    3.    Respecto a los órganos internos de control (OIC) sería importante que:

a.  La próxima secretaria Sandoval nombre sus titulares de acuerdo con las aptitudes de los candidatos y no se deje influenciar por quienes quieran imponerle titulares a modo.
b.  Se instaure un servicio profesional de carrera para OIC.
c.  Reorientar los objetivos y el trabajo de los OIC, hoy dedicados al control interno, para enfocarlos al combate a la corrupción.
d.  A las áreas de Quejas, quienes son las autoridades investigadoras, se capacite a su personal y se les dé herramientas para realizar investigaciones anticorrupción.
e.  Las áreas de mejora de la gestión pública y la responsabilidad sobre el control interno se transfieran a las instituciones, quitando estas áreas de los OIC.
f.  Se consoliden en unos pocos OIC con gran alcance, por ejemplo, por sector del gobierno (Salud, Energía, Seguridad, etc.)  dejando la estructura de soporte de los OIC en las instituciones. Esto podría abonar a su independencia rompiendo posibles vínculos desarrollados por la cercanía con la institución.
g.  Las áreas de auditoría se enfoquen menos a vigilar el cumplimiento de la norma y más al combate a la corrupción a través de auditorías forenses y otras herramientas que permitan detectar actos de corrupción.

    El nuevo gobierno puede construir sobre lo heredado, pero es necesario reorientar los trabajos y el diseño del SNA, de la SFP y reforzar a la Fiscalía Anticorrupción, hoy acéfala.

     Si bien es posible combatir a la corrupción desde adentro del gobierno, no basta la reestructuración de las instituciones encargadas de la tarea y las modificaciones al marco legal. Se requiere mucha voluntad política y compromiso de todos los que participen en las tareas de gobierno y no dejarle toda a responsabilidad a la Secretaría de la Función Pública, para poder ser eficaces y dar resultados.  

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4 de noviembre de 2018

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL


LA SILLA ROTA

         
Por: Octavio Díaz García de León.

    La idea: El gobierno federal entrante, como lo ha venido anunciando, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En dicha iniciativa hay reacomodos de funciones, pero no cambios de fondo y la reforma solo se refiere a las secretarías de estado. El nuevo gobierno arranca con una estructura ortodoxa y con dos secretarías que son los nuevos polos de poder: Hacienda y Seguridad.

   Algunos de los cambios más relevantes que propone la reforma son:

   Administración de recursos.  Las oficialías mayores ahora se llamarán Unidades de Administración y Finanzas con las mismas funciones. Quizá a sus titulares se les baje un poco el nivel salarial y la mayor novedad es que estos serán nombrados directamente por el Secretario de Hacienda. Esto era una práctica informal que se perdió en el sexenio del presidente Peña.

  Se había anunciado que las oficialías mayores desaparecerían para concentrarse en la  Secretaría de Hacienda (SHCP) con las enormes desventajas que ello planteaba (La Macro Oficialía Mayor) pero no fue así.

  Una desventaja es que, al no controlar el área administrativa de su dependencia, los secretarios podrían culpar a la SHCP de que se retrasen sus programas por cuestiones administrativas.

  El secretario de Hacienda, a través de su oficial mayor (Se conservan los oficiales mayores de SEDENA, Marina y Hacienda) solo podrá controlar directamente una pequeña parte del gasto federal, dado que las paraestatales y las empresas productivas del estado son las que ejercen la mayor parte de este.

   Otra nueva tarea de la SHCP será consolidar compras, aspecto que ya se hacía de manera esporádica y se le transfieren algunas facultades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en estas materias. También la SFP le transfiere a la SHCP el Sistema de Información de Padrones Gubernamentales que es clave para una asignación transparente de apoyos sociales.

   Control interno. En cuanto a la SFP, además de lo comentado, otro cambio es que el presupuesto para el pago de los titulares de los órganos internos de control (OIC) (No se incluye en esta disposición a los titulares de segundo nivel de los OIC) provendrá de la propia SFP.

  Por ello,  los OIC siguen sin cambios, contrario a lo que ya se había anunciado que desaparecerían para concentrarse en la SFP (Reestructura de la SFP).  La SFP solo requerirá presupuesto adicional para pagar a los 215 titulares de OIC y Unidades de Responsabilidades por lo que no será difícil encontrar los recursos para ello.   

   Superdelegados.  Esta es una figura de nueva creación orientada a programas para el desarrollo. Los delegados coordinarán acciones en materias prioritarias y ayudarán a supervisar servicios y trámites de programas prioritarios del gobierno federal en las entidades federativas. Se decía que dependerían de la Oficina de la Presidencia, pero ahora indican que dependerán de la Secretaría de Bienestar.

   Aparentemente, su función será más política y de supervisión que propiamente operativa,  (Superdelegados) pues  las secretarías y paraestatales, previa justificación,  podrán conservar sus actuales delegaciones, las cuales ahora se llamarán oficinas de representación.   

  La operación de los superdelegados podría interferir con la autoridad central de secretarías y paraestatales, por lo que es posible que también en este rubro pueda haber conflictos de operación entre los secretarios y ellos dado que, aunque estén adscritos a Bienestar, seguirán teniendo línea directa con el presidente.

   Seguridad Pública. Revive la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuyas funciones se le quitan a Gobernación. Con la incorporación del CISEN (Que ahora se llamará Centro Nacional de Inteligencia, como su homólogo  español)  se hará cargo no solo de cuestiones de seguridad pública sino también de seguridad nacional (CISEN). También se le incorpora la protección civil.

    La Secretaría de Gobernación pierde sus atribuciones en materia de seguridad pública, protección civil y seguridad nacional y se queda con pocos brazos operativos para llevar a cabo sus tareas de gobernabilidad, entre ellas, el carecer de la información que le proporcionaba el CISEN. 

   Además, debido a que los superdelegados, designados por el presidente, llevarán la relación política con las entidades federativas y con el Congreso, al influir directamente en gobernadores, alcaldes, diputados y senadores, estos preferirán dialogar con ellos, se debilitará aún más a la Secretaría de Gobernación.

   Otros cambios. Los titulares de asuntos jurídicos en cada secretaría serán nombrados por el Consejero Jurídico de Presidencia y los enlaces legislativos de cada secretaría por el Secretario de Gobernación. También cambian de nombre dos secretarías.

   En términos generales la reorganización propuesta a las secretarías no tiene mayor impacto, excepto en el ámbito político ya que la fuerza del gobierno radicará en dos secretarios: el Secretario de Hacienda, Carlos Urzua, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

   Cada presidente tiene sus ideas de cómo hacer trabajar mejor sus recursos. Habrá que ver si estos cambios dan los resultados que se espera de ellos. Por lo pronto hubo mucho ruido y pocas nueces entre los cambios anunciados y la reforma propuesta.  

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1 de noviembre de 2018

REFORMAS AL GOBIERNO FEDERAL



Por: Octavio Díaz García de León.

   
    La idea: El gobierno federal entrante, como lo ha venido anunciando, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En dicha iniciativa no hay cambios de fondo y la reforma solo se refiere a las secretarías de estado. Esperemos que los pequeños cambios le sirvan al presidente para dar resultados.

    Algunos de los cambios más relevantes que propone la reforma son:

   Administración de recursos.  Se cambian de nombre a las oficialías mayores que ahora se llamarán Unidades de Administración y Finanzas. A sus titulares posiblemente se les baje un poco de nivel salarial y la mayor novedad es que estos serán nombrados directamente por el Secretario de Hacienda.

    Esto último era una práctica informal que se perdió en el sexenio del presidente Peña. Se había anunciado que las oficialías mayores desaparecerían para concentrarse en la  Secretaría de Hacienda (SHCP) con las enormes desventajas que ello planteaba (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/08/la-macro-oficialia-mayor.html) pero no fue así.

   Una desventaja es que, al no controlar el área administrativa de su dependencia, los secretarios podrían culpar a la SHCP de que se retrasen los programas por cuestiones administrativas.

   El secretario de Hacienda, a través de su oficial mayor (Se conservan los oficiales mayores de SEDENA, Marina y Hacienda) teóricamente podrá controlar mejor el gasto federal, pero solo una pequeña parte de este, dado que las paraestatales y las empresas productivas del estado son las que ejercen la mayor parte de este. Por otra parte, se le da más poder político al secretario de Hacienda.  

   Otra nueva tarea de la SHCP será consolidar compras, aspecto que ya se hacía de manera esporádica y se le transfieren algunas responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en estas materias. También la SFP le transfiere a la SHCP el Sistema de Información de Padrones Gubernamentales que es clave para una asignación transparente de apoyos sociales.

   Control interno. En cuanto a la SFP, además de lo comentado, el único cambio que afecta a los órganos internos de control (OIC), quienes dependen de esta, es que el presupuesto para el pago de los titulares de OIC (No se incluye en esta disposición a los titulares de segundo nivel de los OIC) provendrá de la SFP.

   Por ello,  los OIC siguen sin cambios, contrario a lo que ya se había anunciado  que desaparecerían para concentrarse en la SFP (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/10/reestructura-de-la-secretaria-de-la.html).  La SFP solo requiere presupuesto para pagar a los 215 titulares de OIC y Unidades de Responsabilidades. Será muy difícil que se transfiera el presupuesto de las paraestatales a la SFP, por cuestiones técnicas, pero los montos presupuestales requeridos por SFP son pequeños. 

   Superdelegados.  Esta es una figura de nueva creación orientada a programas para el desarrollo. Los superdelegados coordinarán acciones en materias prioritarias y ayudarán a supervisar servicios y trámites de programas prioritarios del gobierno federal en las entidades federativas. Inicialmente se dijo que dependerían de la Oficina de la Presidencia, pero recientemente se indicó que estarán adscritos a la Secretaría del Bienestar, lo cual en la práctica no les quitará fuerza, si permanecen las personas que designó el presidente electo.

   Aparentemente su función será más política y de supervisión que propiamente operativa,  (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/08/los-super-delegados-federales.html) pues  las secretarías y paraestatales, previa justificación,  podrán conservar sus actuales delegaciones, las cuales ahora se llamarán oficinas de representación.

   La operación de los superdelegados podría interferir con la autoridad central de secretarías y paraestatales, por lo que es posible que también en este rubro pueda haber conflictos de operación entre los secretarios y ellos.

    Seguridad Pública. Revive la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuyas funciones se le quitan a Gobernación. Con la incorporación del CISEN a esta Secretaría se podría entender que ésta se hará cargo no solo de cuestiones de seguridad pública sino también de seguridad nacional (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/08/cisen-la-joya-de-la-corona.html). Adicionalmente se le hace responsable sobre protección civil.

    La Secretaría de Gobernación pierde sus atribuciones en materia de seguridad pública y seguridad nacional y se queda con pocos brazos operativos para llevar al cabo sus tareas de gobernabilidad al carecer de la información que le proporcionaba el CISEN.  Deja de presidir al Consejo de Seguridad Nacional y pierde también la responsabilidad sobre protección civil.

   Debido a que los superdelegados llevarán la relación política con las entidades federativas y con el Congreso, al influir directamente en gobernadores, alcaldes, diputados y senadores, se debilita la interlocución que debería tener la Secretaría de Gobernación.  

   Otros cambios. Cambian de nombre un par de secretarías. Por otra parte, Los titulares de asuntos jurídicos en cada secretaría serán nombrados por el Consejero Jurídico de presidencia y los enlaces legislativos de cada secretaría por el Secretario de Gobernación.

   En términos generales la reorganización propuesta a las secretarías no conlleva mayor impacto. Por lo pronto se puede vislumbrar que la fuerza política radicará en dos secretarios muy fuertes: el Secretario de Hacienda y el Secretario de Seguridad Pública.

    Será interesante ver como operarán las superdelegaciones, las unidades de administración y finanzas, las secretarías con facultades disminuidas, especialmente Gobernación y si el CISEN dejará de operar aspectos de seguridad nacional para enfocarse a cuestiones policiales.

   Cada presidente tiene sus ideas de cómo hacer trabajar mejor sus recursos. Habrá que ver si estos pequeños cambios dan los resultados que se espera de ellos. Por lo pronto hubo mucho ruido y pocas nueces entre los cambios anunciados y la reforma propuesta.  

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