26 de mayo de 2017

MENOS SOCIEDAD CIVIL



Por: Octavio Díaz García de León

   Cada vez más organismos y líderes de la sociedad civil intervienen en temas que afectan a la sociedad. Sin embargo, en algunos casos han empezado a tomar tareas de gobierno que no les corresponden. Es necesario que sociedad civil y gobierno guarden una sana distancia para que los primeros ejerzan una función de contrapeso sobre las autoridades sin involucrarse en procesos que no les tocan.

    La sociedad civil participa activamente en aspectos tales como transparencia y rendición de cuentas, combate a la corrupción, seguridad pública, combate a la pobreza, evaluación de programas sociales y muchos otros. Además, existe gran cantidad de fundaciones, instituciones de asistencia privada y organismos filantrópicos que realizan una extraordinaria labor de apoyo a grupos sociales desprotegidos.

    Otras formas menos ortodoxas de participación de la sociedad civil son los grupos de autodefensa como en Michoacán y Guerrero, asociaciones de vecinos que vigilan sus barrios contra la delincuencia, comunidades que se autogobiernan como en Cherán, Michoacán y otros municipios que se rigen bajo principios de usos y costumbres y a donde las instituciones del Estado mexicano prácticamente no llegan.  
  
     La participación de la sociedad civil ha sido determinante para que el Estado mexicano ponga atención a aspectos de la vida pública que no se atendían adecuadamente. Sin embargo, esta participación es reflejo de un problema mucho más profundo: la carencia de instituciones fuertes del Estado mexicano.  A pesar de ello, no es conveniente que sustituya a las instancias de gobierno o se empiece a confundir con ellas.

    Los gobiernos son elegidos por los ciudadanos en un proceso democrático y por ello resulta contradictorio que se quiera ciudadanizar al gobierno, pues para eso tenemos un proceso electoral a través del cual se eligen a las autoridades. Cuando intervienen líderes y organizaciones de la sociedad civil en tareas gubernamentales, por lo general llegan allí no porque fueran elegidos por los ciudadanos para esas tareas, sino por su poder de interlocución con las autoridades; en algunos casos incluso, puede ser una forma de cooptación.

    Hace días asistí a un seminario organizado por el Banco Mundial y la Secretaría de la Función Pública en donde hubo ponentes de diversos países europeos, especializados en el tema de prevención de conflicto de interés y combate a la corrupción. En una de las mesas pregunté a los ponentes como trabajaban con las organizaciones de la sociedad civil y que tan activas estaban en sus países en los temas que a ellos tocaban. Los ponentes de países del este de Europa presentaron un panorama similar al de México, con gran involucramiento de la sociedad civil.

     Sin embargo, el ponente francés, alto funcionario en su país, me vio como si fuera extraterrestre por hacerle esa pregunta. Palabras más o menos dijo que en Francia las ONG no participaban de ninguna forma con ellos. Comentó que las instituciones del Estado francés y sus funcionarios estaban para servirles a los ciudadanos y para eso les pagaban un salario por lo que no era necesaria la participación de la sociedad civil en actividades que solo les incumbían a ellos.  

    La creciente participación de la sociedad civil en tareas que antes realizaba solo el Estado mexicano, más que reflejar algo positivo, refleja la debilidad del Estado ante los problemas que debería resolver por sí mismo. Con su participación, la sociedad civil solo está llenando ese vacío.  Eso no quita que haga falta una sociedad civil activa y participante en los asuntos públicos. Lo que no es conveniente es que esa participación tome funciones que corresponden a las instituciones del Estado mexicano.

    En el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción se creó la figura del Comité de Participación Ciudadana (CPC) el cual fungirá como asesor de dicho Sistema.  El Estado mexicano seguirá operando las tareas anticorrupción a través de las 6 instituciones que conforman el Comité Coordinador (CC) del SNA apoyado por el CPC (Séptimo integrante del CC). Este Comité Coordinador solo tendrá funciones de coordinación, sin invadir la esfera de autoridad de sus integrantes.

    Sin embargo, los expertos del CPC, una vez que entran a realizar funciones de gobierno y ser remunerados como funcionarios públicos, aunque sea en su calidad de asesores, dejan de formar parte de la sociedad civil y pueden perder eficacia al quedar en un limbo extraño: ni fueron elegidos por los ciudadanos para esas tareas ni forman parte propiamente del equipo gobernante. Esa neutralidad podría ser positiva a la hora de tomar decisiones, pero se corre el riesgo de que caigan en la inmovilidad o sus recomendaciones no vinculantes caigan en el vacío. Prueba de ello es que el CPC a la fecha no cuenta con presupuesto para realizar sus funciones

    Quizás influido por la idea de la ciudadanización de instituciones de gobierno, estamos viviendo un proceso de balcanización de la función pública con el surgimiento de cada vez más organismos constitucionalmente autónomos cuyos dirigentes no son elegidos por un proceso democrático, sino por el Congreso federal mediante procesos de selección con criterios a veces meritocráticos, pero en otros, partidistas.  De la misma forma, empieza a verse cómo liderazgos de la sociedad civil asumen tareas que no les corresponden.  Quizás es tiempo de reflexionar si en lugar de fortalecer al Estado, la ciudadanización lo esté debilitando.  

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución pública o privada.
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20 de mayo de 2017

PERIODISMO Y JUSTICIA



Por: Octavio Díaz García de León

Para los periodistas que exponen la vida en su profesión y los que ya la perdieron.

     El periodismo puede ser un gran catalizador para lograr que se haga justicia. Especialmente en nuestro país donde la impunidad alcanza cifras escandalosas, el trabajo de los periodistas es un acicate para que las autoridades cumplan su cometido.  Pero no siempre las investigaciones periodísticas se convierten en castigo para los delincuentes, ya sea porque no existen las pruebas suficientes o las capacidades de las autoridades investigadoras son muy limitadas o incluso, porque existen complicidades que encubren los ilícitos.

     Existen por lo menos dos temas que cubren los periodistas a riesgo de su propia vida. Uno es el de seguridad pública, relacionado con narcotráfico y bandas criminales. El otro con actos de corrupción. Cubrir el tema de delincuencia organizada ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. El asesinato de 6 periodistas en lo que va de 2017, el último de ellos, Javier Valdez en Sinaloa, es muestra de la gravedad de la situación y de la impunidad con que actúan los delincuentes. El tema de la corrupción si bien no es tan letal, no deja de ser también un tema riesgoso para los periodistas porque narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción van de la mano.  

      Sin embargo, el reportar sobre estos temas puede resultar frustrante si lo que se busca es que haya justicia (También hay periodismo irresponsable que solo busca el escándalo para vender la nota). Los periodistas profesionales investigan, reúnen evidencias, sacan a la luz transacciones oscuras y luego no pasa nada. A veces por indiferencia o complicidad de las autoridades; otras veces porque judicializar un caso para condenar a alguien es sumamente complicado. Esto último ocurre porque para evitar acusar a inocentes, las pruebas tienen que ser contundentes y cuidar la legalidad de cómo se obtienen dichas pruebas. El sistema jurídico mexicano es muy “garantista”, como dirían los abogados. Esto es, protegen los derechos de los acusados de los posibles abusos de la autoridad y obligan a que las autoridades sustenten muy bien sus acusaciones y respeten minuciosamente los procedimientos que dicta la Ley, los cuales suelen ser complejos.

      Las cifras del combate a la delincuencia reflejan esta situación. El 98% de los delitos permanecen impunes y se entra en un círculo vicioso: ante la falta de castigo a los delincuentes, las víctimas prefieren no denunciar, con lo que la impunidad aumenta.  

     Desde luego la impunidad no se puede atribuir a un sistema jurídico “garantista” que protege más al acusado que a la víctima, pero este sistema pone un grado de exigencia en las autoridades investigadoras que, en algunos casos, es muy superior a sus actuales posibilidades. Y allí está el detalle. Si para acusar a una persona se requieren pruebas técnicas de mucha contundencia, entonces se requieren investigaciones muy profesionales. Desafortunadamente las autoridades encargadas de investigar delitos o faltas administrativas, en su gran mayoría no tienen las capacidades para hacerlo, lo cual alimenta la impunidad o bien solo condena al que no tiene la capacidad económica para defenderse.

     Las autoridades investigadoras se enfrentan todos los días a este problema. Las herramientas con las que cuentan suelen ser muy limitadas, no tienen recursos suficientes para el tamaño del problema; además, su personal está mal capacitado para atender las exigencias del sistema jurídico y expuesto a sobornos y amenazas para que no hagan su trabajo. Y eso sin considerar que ciertos casos llevados ante el Poder Judicial, se pierden por la corrupción de algunos jueces y magistrados.

     Muchas veces se diseñan las leyes pensando que, por solo emitirlas, las cosas van a mejorar mágicamente sin considerar el esfuerzo institucional que se requiere para ejecutarlas. Por ejemplo, una de las nuevas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas consiste en que cualquier acusado tendrá derecho a un defensor de oficio. A un par de meses de que entre en vigor esta Ley, aún no está claro de donde saldrán dichos abogados, porque el presupuesto de egresos de la federación no prevé las plazas y los recursos para ello.  

    Es importante que los periodistas y su público lector conozcan que no será sencillo que una investigación periodística se convierta en una condena automática de los denunciados. En un sistema jurídico garantista se requiere un esfuerzo de investigación muy profundo. Si bien no es el papel de los periodistas actuar como autoridades investigadoras, entre más sólidas, desde un punto de vista jurídico, sean las pruebas que aporten, más fácil será para las autoridades castigar a delincuentes, elevarán el costo de sus complicidades a las autoridades corruptas y hará que mejoren las ineptas.  

    Ayudaría también el considerar que las autoridades encargadas de investigar delitos no están preparadas para un sistema de justicia garantista, por lo que sería necesario ya sea, mejorar sustancialmente sus capacidades en un plazo corto o buscar que existan disposiciones legales menos orientadas al procedimiento y exigentes con las pruebas.  Algo difícil de lograr cuando el legislador ha pensado en un país ideal alejado de nuestras realidades, dando prioridad al respeto a los derechos humanos de los delincuentes sin darle suficiente peso a buscar justicia para las víctimas. Por lo pronto el papel del periodismo de investigación serio es muy importante para impulsar a legisladores y autoridades a actuar.

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12 de mayo de 2017

UN VOTO SENSATO EN FRANCIA



Por: Octavio Díaz García de León

Para Paty

     La razón triunfó en Francia en la segunda ronda de las elecciones para presidente de ese país, el pasado 7 de mayo, cuando el electorado salió a votar en su mayoría por un candidato sensato, Emmanuel Macron. Y es que el panorama electoral en el mundo se ha llenado de candidatos populistas con una agenda desastrosa para sus países, como la opositora a Macron, Marine Le Pen, quien afortunadamente perdió. 

     En la primera ronda electoral, Macron obtuvo el 23.8%, Marine Le Pen, la candidata de la extrema derecha y émula de Trump, un 21.5%, François Fillon, candidato del partido Republicano de tendencias conservadoras, obtuvo 19.9% y Jean-Luc Melenchon un ex comunista que encabezó una coalición de izquierda logró un 19.6%. Otros dos obtuvieron menos del 6% del voto entre los que se encontraba el candidato del Partido Socialista. Los dos partidos que han gobernado Francia por 60 años, el Socialista y el Republicano fueron derrotados ampliamente en las urnas. Los electores franceses manifestaron así su descontento contra los partidos tradicionales.

     En la segunda ronda electoral compitieron Macron y Le Pen. Esta última proponía que Francia saliera de la Unión Europea, abandonar el euro, salir de la OTAN, acercarse a Rusia y Putin (¿Por qué a los populistas les atrae tanto Putin? Quizá porque en el fondo les gustaría ser dictadores), limitar la inmigración al mínimo posible, tomar medidas contra los musulmanes en su país, cerrar fronteras comerciales para defender su industria mediante el proteccionismo. Además, comparte con Trump una ideología de extrema derecha nacionalista, racista y xenófoba. 

    Macron es un caso fresco para la política. Hijo de dos médicos ateos no tuvo formación religiosa, pero a los 12 años pidió ser bautizado en la Iglesia Católica. Estudió en una escuela de jesuitas donde se enamoró de una de sus maestras, 24 años mayor que él, y quien es su actual esposa. Sus padres lo enviaron a Paris para romper la relación con su maestra, terminando en esta ciudad el bachillerato, para luego estudiar filosofía en la Universidad de Paris. Posteriormente realizó una maestría en políticas públicas y finalmente se graduó de la Escuela Nacional de Administración de donde pasó al servicio público como inspector de finanzas. En 1999 trabajó como asistente editorial de uno de los filósofos más destacados de su país, Paul Ricoeur. Entre 2004 y 2008 estuvo en una comisión dirigida por Jacques Attali. Entre 2008 y 2012 pasó a la iniciativa privada trabajando para el Banco Rotschild donde pronto hizo una fortuna como experto en fusiones y adquisiciones. En 2012 regresó como subsecretario general del Palacio del Elíseo, un puesto muy cercano al entonces presidente Hollande. En agosto de 2014 fue nombrado ministro de finanzas para luego en 2015 abandonar el partido socialista al que pertenecía, e iniciar su carrera presidencial fundando el partido independiente En Marcha! . Se dice además que es un pianista consumado. (https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron)

    El mérito de Macron, aparte de alejarse de los partidos tradicionales y presentar una cara fresca, fue el aprovecharse del descontento de la población contra los partidos y políticos tradicionales. Logró colocarse en el “centro del espectro político con lo mejor de la izquierda, lo mejor de la derecha y lo mejor del centro” como el diría. Entre sus propuestas se encuentran fortalecer la Unión Europea, darle  presupuesto propio y un ministro de finanzas; extender la cobertura del seguro de desempleo a más personas; reducir en 120,000 el número de trabajadores del gobierno para reducir gasto, sin afectar servicios esenciales; mejorar la educación primaria limitando a 12 el número de alumnos por salón en los primeros años y dando un subsidio a los jóvenes de 500 euros para gasto en cultura;  agilizar las solicitudes de asilo, a la vez que aumentar el número de policías anti inmigración;   reducir los impuestos las empresas de un 32% al 25%;  invertir 50 mil millones de euros en la modernización de la industria y  5 mil  millones de euros al campo; y tomar medidas anticorrupción para evitar nepotismo en el parlamento. (http://www.elmundo.es/internacional/2017/04/22/58f617aae5fdea22458b466d.html)
    
     Su triunfo electoral lo logró gracias a la movilización de centenas de miles de jóvenes activistas que se sumaron a su proyecto y que se dedicaron a tocar casa por casa y hacer una campaña fresca, un poco caótica, pero con mucho entusiasmo.  Esto a pesar de que sufrió ataques cibernéticos como los que sufrió Clinton, atribuidos a los rusos.

   De la elección francesa podríamos extraer algunas lecciones para México:

1.    Debería haber segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales para garantizar la gobernabilidad. Es probable que en 2018 el candidato ganador no tenga más del 25% del voto.
2.    El electorado deberá evitar que su voto de castigo se convierta en autocastigo al elegir una opción radical y populista que acabe destruyendo al país como a Venezuela. Ojalá elija a un candidato que tome lo mejor del espectro político con sensatez y esté comprometido en mejorar la seguridad, abatir la corrupción y reducir la pobreza.  
3.    Impulsar el surgimiento de caras frescas en la política, alejadas de los intereses que agobian a los actores políticos tradicionales. Un buen ejemplo es Pedro Kumamoto, el diputado local independiente de Jalisco.

Ojalá que en 2018 triunfe un candidato o candidata sensato como en Francia, que sepa unificar al país y sepa gobernar.
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5 de mayo de 2017

PERIODISMO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN



Por: Octavio Díaz García de León

    Un actor clave en el combate a la corrupción es el periodismo de investigación. Si bien este no es nuevo en México, ahora se producen más y mejores reportajes. A ello ha contribuido una mayor libertad de expresión y la proliferación de medios de comunicación alternos vía internet como You Tube, las redes sociales y otras formas de comunicación electrónica. También las leyes de transparencia han contribuido a poner al alcance de los periodistas la información gubernamental en la que apoyan sus trabajos. Lamentablemente, los criminales han encontrado que la única forma de callar las voces valientes de los periodistas es a través de la intimidación y el asesinato. Hoy en día, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, especialmente en temas relacionados con delincuencia organizada y seguridad pública,

     La investigación sobre la corrupción ha cobrado fuerza en los últimos años y afortunadamente estos temas no resultan tan peligrosos de cubrir como los antes mencionados, aunque los periodistas también corren riesgos importantes y son sujetos a presiones y amenazas.  Esto representa un gran cambio, pues en el pasado, la prensa en general no cubría este tipo de hechos o no los dejaban hacerlo.

    Algunos de estos trabajos periodísticos son investigaciones muy completas como las que realizaron en el informativo vía internet, Animal Político, los periodistas Arturo Ángel y Victor Hugo Arteaga para descubrir algunos de los malos manejos del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Una muy reciente es la que puso al descubierto posibles malos manejos realizados por funcionarios de CAPUFE, investigación realizada por el equipo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Raúl Olmos, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, derivada de una aparente filtración de correos electrónicos que intercambiaron los supuestos responsables y  que, de ser cierta, pondría al descubierto una gran operación de tráfico de influencias y corrupción (http://www.contralacorrupcion.mx/web/capufeleaks/). Otra investigación muy sonada fue la que realizó el equipo de la periodista Carmen Aristegui, asunto que ya he comentado en esta columna (https://octaviodiazgl.blogspot.mx/2015/03/el-caso-aristegui.html)  en relación con la famosa “Casa Blanca de las Lomas”, que estaba siendo adquirida por la primera dama, Angélica Rivera.

Desde luego no en todas las notas o investigaciones periodísticas existen elementos para poder imputar faltas administrativas o delitos a servidores públicos. Por ejemplo, en el caso de la “Casa Blanca de las Lomas”, más allá de la controversia que se desató, la autoridad competente determinó que no hubo faltas administrativas ni delitos que perseguir.  (https://octaviodiazgl.blogspot.mx/2015/02/quien-debe-investigar-los-conflictos-de.html).

     Tampoco todas las notas son de la misma calidad. Muchas de ellas parecen referirse a actos de corrupción, pero no lo son. Por ejemplo, se ven con frecuencia notas dedicadas al gasto que realiza el Poder Legislativo. Cualquier gasto, ya sea en asesores, viajes, vehículos y otros, dan pie para una nota escandalosa, siendo que estos gastos son apegados a la norma y no representan actos de corrupción, aunque se quiera dar esa impresión. Cuando se observa la cantidad de recursos que tienen los legisladores de Estados Unidos para hacer sus tareas, lo que se extraña es que aquí no tengan más recursos para realizar un buen trabajo. 

Esa es una de las deficiencias de un buen número de notas periodísticas que pretenden informar sobre casos de corrupción que no lo son, pudiéndose dañar la reputación de funcionarios honestos.  Este periodismo poco responsable o con otro tipo de agenda, no ayuda al combate a la corrupción pues solo confunde a los lectores.

     Para realizar investigaciones de calidad, una de las herramientas a la que cada vez más recurren los periodistas, es al uso de las leyes de transparencia, lo que ha permitido aumentar el número de investigaciones y documentarlas de una manera más sólida. La transparencia es uno de los grandes avances en materia de derechos humanos, rendición de cuentas y libertad de expresión que ha tenido nuestro país a partir del 2002. Ojalá que crezca su uso, ahora aplicada al combate a la corrupción.  

     Aunque no cualquier medio de comunicación tiene la capacidad para realizar este tipo de investigaciones, cuando se le dedica el tiempo y el esfuerzo necesario y es realizado de una manera profesional, ha sido incluso capaz de destituir presidentes. El caso más emblemático es el asunto llamado “Watergate” con el cual los periodistas del Washington Post, Woodward y Bernstein, dieron a la luz pública los manejos ilícitos del presidente Nixon lo cual llevó a que este renunciara. En México la investigación de Animal Político quizá haya sido determinante para encarcelar al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

     Es muy alentador que el periodismo profesional se una al combate a la corrupción. La posibilidad de que incidan en la opinión pública y destapen casos serios de corrupción, será un gran inhibidor de conducta para los malos funcionarios públicos y obligará a las autoridades a investigar los casos que contengan suficientes elementos para investigarse. El Sistema Nacional Anticorrupción se vería fortalecido si contara entre sus asesores y colaboradores externos, al gremio periodístico, intercambiando métodos de investigación, complementando esfuerzos y cooperando entre ambos.  Lo mejor sería que estas investigaciones no solo se dieran en la ciudad de México, sino que aquí en Aguascalientes y en el resto de las entidades federativas, los compañeros del gremio dedicaran más tiempo al periodismo de investigación contra la corrupción. La sociedad lo agradecerá.

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