El candidato ganador
en las elecciones presidenciales, el Lic. Peña Nieto, ha propuesto la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción
(CNA). Entre los pocos detalles que se han
dado a conocer se contempla que esta Comisión sustituya a la Secretaría de la
Función Pública con la posibilidad de actuar en los tres niveles de gobierno y
los tres poderes. Esta es una propuesta muy importante para continuar los
esfuerzos del gobierno en el combate a la corrupción y satisfacer así lo que
siempre ha sido una gran demanda de la sociedad.
Si bien la percepción pública
de lo que constituye un acto de corrupción es muy amplia, es conveniente tomar
la definición de Transparencia Internacional: “se define operacionalmente como
el abuso del poder público confiado a una persona para obtener un beneficio personal”. Sin embargo desde el
punto de vista jurídico, la corrupción es aquella conducta a la que se le pueda
caracterizar como tal y que esté tipificada como delito o falta administrativa.
La tarea de una Agencia Anticorrupción sería precisamente combatir este tipo de
conductas ilícitas.
Pero no basta el
crear una Agencia Anticorrupción. Esta debe
formar parte de una política más amplia en materia de combate a la
corrupción. Esta política podría tener los siguientes objetivos:
·
Hacer
del combate a la corrupción una política de estado que incluya a todos los
órdenes de gobierno, los tres poderes, los organismos autónomos, sindicatos,
empresas, organizaciones sociales y partidos políticos.
· Impulsar
la participación ciudadana en el diseño, ejecución y monitoreo de políticas
públicas y fortalecer la rendición de cuentas.
·
Enfocar
el combate a la corrupción a las áreas más sensibles del gobierno.
· Enfatizar
las medidas preventivas para el combate a la corrupción.
·
Abatir
la impunidad y castigar con ejemplaridad los actos de corrupción.
· Propiciar
que los servidores públicos, empresarios y los ciudadanos en general cuenten
con una cultura de honestidad, integridad y transparencia.
La eficacia de las
acciones del gobierno se podría medir en base a mejorar la calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción de
Transparencia Internacional para alcanzar 6.0 al finalizar el sexenio (Fue de 3.0 en
2011) y a reducir a la mitad los actos de corrupción registrados en la Encuesta Nacional de
Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana (200 millones de actos de
corrupción en 2010) en el mismo periodo.
En lo que respecta a la creación de una Agencia
Anticorrupción con las características que se han planteado para la CNA, alguien
podría objetar los siguientes aspectos:
- Podría tomarse como una iniciativa contraria al pacto federal si la Agencia fuera competente en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
- Podría considerarse contraria al principio de separación de poderes al tener injerencia en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
- Desaparecer la Secretaría de la Función Pública podría dejar al gobierno sin las importantes funciones de control interno y mejora de la gestión pública.
La política de estado para el combate a la
corrupción requeriría realizar reformas constitucionales muy importantes, sobre
todo si se desea que abarque a los tres poderes y a los tres niveles de
gobierno. Además de las reformas constitucionales, sería conveniente proponer la
promulgación de una Ley Anti-Corrupción de carácter general. Esta Ley Anti-Corrupción
podría incluir lo siguiente:
· Crear
una Agencia Anticorrupción con carácter similar a una fiscalía independiente. Que
tenga capacidades de investigación, inteligencia, táctico-operativas y la
posibilidad de integrar y presentar sus casos ante los tribunales competentes.
Sería un organismo constitucional autónomo con posibilidad de establecer
medidas de carácter preventivo obligatorio para todo el gobierno, fomentar una cultura anticorrupción en la sociedad y propiciar la participación ciudadana en el monitoreo del
gobierno.
·
Crear
al Instituto Nacional de Evaluación de la Gestión Pública para medir la
corrupción y la eficiencia administrativa en los tres órdenes de gobierno
y los tres poderes. El Instituto tendría
carácter autónomo y entre sus actividades estarían el publicar los resultados
de sus evaluaciones, difundir las mejores prácticas y ofrecer asesoría para
generar una mejora generalizada en los servicios públicos.
·
Endurecer
las sanciones contra quienes ofrezcan soborno o se coludan con servidores
públicos para cometer actos de corrupción.
·
Establecer
mecanismos efectivos para proteger la seguridad y los derechos de quienes
denuncien actos de corrupción.
·
La
Secretaría de la Función Pública deberá reorientar sus tareas a fortalecer el
control interno e impulsar la mejora de la gestión pública. Debe además transferir su capacidad sancionatoria al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
y ser coadyuvante pero no actora en el combate a la corrupción.
En
caso de presentarse dificultades para lograr la aprobación de estas reformas se
podrían implementar estas medidas con los recursos e instituciones con que se
cuenta actualmente. Por ejemplo, la Agencia Anticorrupción se puede crear a
partir de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de
la PGR; se puede aprovechar el Sistema
Nacional de Seguridad Pública para proyectos
anti-corrupción y el Instituto de Evaluación podría arrancar dentro del IFAI o
del INEGI.
Esperamos que la propuesta del nuevo gobierno prospere para
fortalecer el combate a la corrupción en nuestro país. Pero que vaya más allá
de la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y se encuadre en una
política de estado anticorrupción de
mayor alcance.
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