26 de diciembre de 2015

UN CUENTO ANARQUISTA



Por: Octavio Díaz García de León

     Había una vez un lejano reino en el Asia Central por donde transitaban las caravanas que unían Europa con el Lejano Oriente. Su capital era bulliciosa, llena de mercaderes que intercambiaban mercancías de todo el orbe; tenía lugares acogedores para dar descanso a los viajeros. Sus esplendores se comparaban con Samarcanda y Bukhara, situada en medio de llanuras sin fin, desiertos inhóspitos y al pie de las montañas más altas del mundo. Había quien llamaba a estos lugares tan cercanas al cielo, la región más transparente del aire. Las ciudades eran los lugares más habitables del reino y por ello estaban hacinadas. Allí transcurría la vida y ocurría la muerte de la mayoría de sus habitantes, rodeados de entretenimientos sencillos, ocupaciones honestas, entre calles estrechas saturadas de personas, carruajes y bestias de carga.

    Había palacios donde habitaban los mercaderes más ricos del reino, pero eran pocos. La mayor parte de las ciudades tenían casas sencillas de adobe con lo indispensable para habitarlas. Pero no todos tenían la suerte de tener un techo bajo el cual dormir. Los pobres abundaban y deambulaban sin más propósito que conseguir el pan suficiente para sobrevivir el día y por las noches se cobijaban de estrellas en las pequeñas plazas. Los mercaderes y demás trabajadores simplemente los ignoraban porque no tenían el tiempo ni el interés por ayudarlos.

    El rey, sus ministros y cortesanos, vivían en el palacio más grande de la capital, pero no era ostentoso. Los pocos impuestos que se cobraban servían para mantener el palacio, un pequeño ejército, calles limpias y las fuentes con el agua corriendo.

    Se acercaba la celebración del dios Sol al principio del invierno y el rey quiso darles algún regalo a los pobres; pero sus arcas no tenían suficiente oro.  Así que decidió crear el impuesto del Sol. Se cobraría por única vez. Hubo pequeñas protestas entre quienes tendrían que pagarlo, pero al final todos contribuyeron. El dinero se usó para dar algo de pan y un poco de ropa a los pobres; pero sobre todo se gastó en montar el mayor circo que se tenga memoria, trayendo a los mejores trapecistas del reino, a payasos, magos y otros espectáculos sorprendentes. El rey quería darles la alegría que nunca tenían a los miserables y, de pasada, a quienes habían pagado ese impuesto.

     Hubo felicidad durante las festividades; pero a las pocas semanas se acabó el pan, las ropas se convirtieron en andrajos y el recuerdo del circo se empezó a desvanecer. El rey vio que los pobres querían tener de nuevo todo eso. Así que decidió convertir el impuesto del Sol,  en permanente. Esta vez hubo más protestas entre quienes lo pagaban, pero los pobres tuvieron un poco para comer y vestir, y se instaló un gran circo con funciones cotidianas, con lo que se distraía a las multitudes. El rey vio que con el impuesto alcanzaba, además, para embellecer su palacio, crear nuevos ministerios, tener más cortesanos y agregar esposas a su harén. Aquél parecía el reino perfecto.

     Pero los pobres empezaron a pedir más, pues ya querían mejor comida y ropas más duraderas, sin tener que trabajar; y las multitudes pedían más y mejores espectáculos.  Así, el rey fue aumentando los impuestos, pero tuvo que crecer el ejército para obligar a que los pagaran. Pronto los pobres tenían un poco más sin dejar de ser pobres y el circo era el mejor del mundo; el palacio del rey fue el más lujoso de Asia Central; se crearon más ministerios y contrataron más empleados; y el harén del rey era uno de los más espléndidos que se tenga memoria.

    Sin embargo, quienes pagaban impuestos empezaron a huir del reino pues ya no podían pagar más; no les quedaba dinero para ellos. Al irse los mercaderes, las caravanas dejaron de pasar por el reino; se fueron los artesanos y las posadas cerraron sus puertas. Dejó de haber dinero en el reino.

    El rey, entonces, empezó a pedir prestado a otros reinos pues si dejaba de otorgar dádivas, los pobres se rebelarían; sus ministros y cortesanos lo derrocarían si no pagaba sus jugosos sueldos; y sus esposas serían capaz de envenenarlo si no les daba lo que les tenía acostumbradas. Un día, no pudo dar ya más, pues no hubo ya quien le prestara. Los pobres saquearon el palacio y le cortaron la cabeza a él y sus ministros. Entonces, ellos también empezaron a huir pues ya no había para comer. El reino quedó en ruinas, abandonado.

    Como los mercaderes sabían que el país estaba situado en una posición clave para las caravanas, decidieron regresar y reconstruirlo. Enseñaron a trabajar a los pobres que habían huido y entre todos empezaron a reconstruir el país. El príncipe heredero quiso convertirse en el nuevo rey, pero no lo dejaron. Los habitantes decidieron que ya nunca habría rey, ni ministros, ni cortesanos que vivieran de los impuestos. Pero también vieron que no iban a permitir que hubiera pobres para que no volviera a ocurrir lo mismo. Y pusieron a trabajar a todos, incluso a aquellos cortesanos que quisieran ayudarles.

    Y en aquél lejano país de Asia no fueron necesarios impuestos, ni hubo pobres sin trabajo, ni rey, ni cortesanos y el circo fue prohibido. El país prosperó y las caravanas, llenas de admiración, partían llevando la buena nueva. Y vivieron felices para siempre.
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19 de diciembre de 2015

SEGURIDAD NACIONAL: LA CONFUSIÓN


Por: Octavio Díaz García de León


      En México no existe una buena comprensión de lo que es la Seguridad Nacional.  La Ley de Seguridad Nacional vigente tiene que ver más con la operación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Consejo de Seguridad Nacional  que con un concepto amplio que incluya el papel de las fuerzas armadas y especifique aspectos como el de seguridad interior. Es una Ley de alcance limitado y hace falta que se actualice.

     Se puede definir a la Seguridad Nacional como el conjunto de acciones encaminadas a garantizar la integridad del Estado: proteger a su población, a su territorio y a sus instituciones de las amenazas externas (otras naciones y grupos terroristas sin nación) o internas (grupos subversivos  y separatistas, entre otros).

     En los países con influencia mundial tales como los países desarrollados de Europa,  Rusia, China, Japón y Estados Unidos; en países cuya existencia está amenazada por sus vecinos como Israel, Irán, India, Pakistán y las dos Coreas; o bien en países que sufren amenazas separatistas como España y Gran Bretaña, sus ciudadanos y gobernantes  tienen claro  lo que implica garantizar la seguridad nacional.  

     Pero en México hay muchas distorsiones derivadas de la falta de comprensión en esta materia. Por ejemplo, algunos burócratas federales invocan razones de seguridad nacional para no tener que licitar la adquisición de bienes y servicios porque prefieren adjudicar contratos a sus empresas o personas favoritas. La  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  contempla entre las excepciones para no llevar a cabo una licitación, las de seguridad nacional. Por ejemplo, se justifica esta excepción en casos de compra de armamento, equipo de intervención telefónica o la compra de vehículos para actividades de inteligencia. Pero en casos como el de la construcción del hangar presidencial, es menos justificable la adjudicación directa del contrato por razones de seguridad nacional. Si se hubiera elegido a una empresa de reconocido prestigio internacional en construcción de hangares especiales para aplicaciones militares o similares, podría ser adecuado. Pero en el caso del hangar presidencial parece que se confunde el que la información de los planos y las instalaciones deba tratarse como reservado por motivos de seguridad nacional, lo cual se justifica, y el asignar el contrato directamente a la empresa de un contratista amigo que ni siquiera es especialista en la materia.  

     También existe una proliferación de instancias de seguridad nacional, no solo porque se facilita asignar contratos discrecionalmente, sino también para no cumplir con la Ley del Servicio Profesional de Carrera  que requiere que los puestos de Dirección General hasta Jefe de Departamento sean concursados. Como dicha Ley no aplica a las instancias que pertenecen al sistema de seguridad nacional, se aprovecha para nombrar directamente a los funcionarios sin hacerlos concursar. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes existen 11 instancias de seguridad nacional, 5 en la Secretaría de Hacienda y 4 en la Secretaría de Relaciones Exteriores  (http://www.cisen.gob.mx/snSSNacTema4.html). No estaría demás revisar si se justifica la existencia de  todas estas instancias.

     En materia de transparencia ocurre lo mismo. La Ley en la materia prevé el reservar información si se justifica por razones de seguridad nacional. Pero invocar dicha excepción para  negar las bitácoras de vuelo de aeronaves que utilizan funcionarios para cuestiones personales es torcer el espíritu de la Ley. (Ver: http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2015/08/golpe-la-transparencia.html)

    También existen las partidas para gastos de seguridad nacional, las cuales han crecido de manera destacada. En 2007 estos gastos ascendían a $395.2 millones de pesos (MDP) (Partidas 3823 y 5802 de presupuesto ejercido. Ver Cuenta Pública 2007 en el sitio Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda) y en 2015 se habían presupuestado $4,930.8 MDP (Partidas 33701 y 55101, presupuesto modificado del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 vía INFOMEX), o sea  un crecimiento de 1,247%. Y es que los gastos asociados con esta partida no se hacen públicos ni se fiscalizan de forma adecuada. Con este crecimiento y la falta de rendición de cuentas sobre el mismo se corre el riesgo de que este tipo de gastos se convierta en el equivalente a la antigua “partida secreta” que usaba de forma discrecional el Presidente de la República.

    Finalmente también asociado al concepto de Seguridad Nacional está el pago por riesgo a funcionarios. Este pago se contempló como una compensación extraordinaria para aquellos servidores públicos que exponen su vida en sus actividades cotidianas, como pueden ser policías, agentes del CISEN y otros funcionarios que exponen su vida al realizar su trabajo en materia de seguridad pública o seguridad nacional. Pero es menos justificable el  que los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, los ministros de la Suprema Corte, o Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Ver: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=723180&md5=f0e6af23f14d50c578350a8f9e5fe3dc&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe)
reciban un pago por riesgo. Primero porque la información que manejan difícilmente pone en riesgo sus vidas por tratarse de información con poco valor táctico y segundo porque cuentan  con dispositivos de seguridad que les protegen día y noche y que incluyen choferes, guardias, escoltas en vehículos de acompañamiento y camionetas blindadas. Este gasto ha crecido un 3,621% entre 2007 y 2015, pasando de $34.3 MDP a $1,242.2 MDP (Partidas 1514 de presupuesto ejercido en 2007 y 15902 de presupuesto modificado en el 2015; ver cuenta pública 2007  y Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 vía INFOMEX) y se ha desvirtuado el espíritu del pago convirtiéndose más bien en un jugoso sobresueldo.

    La confusión en el concepto de Seguridad Nacional no para allí. Otro aspecto lamentable es que se haya puesto a realizar labores de custodia carcelaria a agentes del CISEN, lo cual se evidenció en el caso del Chapo, siendo que las labores del CISEN no tienen nada que ver con actividades de vigilancia de cárceles. El lamentable secuestro del delegado del CISEN en el Estado de México pudo deberse a que se haya puesto a esta institución a realizar labores de seguridad pública relacionadas con el narcotráfico,   tal y como ha sucedido cuando se pone a trabajar al Ejército Nacional y a la Marina Armada de México en labores de seguridad pública, poniendo en entredicho su función legítima que debe estar dedicada a tareas de seguridad nacional. 

    Hace falta acabar con la confusión de lo que es y significa la Seguridad Nacional y usar sus conceptos, instituciones y herramientas legales para lo que fueron creados. De continuar estas distorsiones y malentendidos incluso  se podría afectar a la misma seguridad nacional.

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12 de diciembre de 2015

FISCALIZAR A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS


Por: Octavio Díaz García de León

     En los últimos años han venido creándose organismos del  gobierno federal a los cuales la Constitución les ha dado autonomía. De tal forma que a los tres poderes se han agregado alrededor de 15 instituciones autónomas,  sin contar a las universidades públicas.  La mayoría no son de nueva creación sino que se montaron en órganos ya existentes que dependían del Poder Ejecutivo y se les ha dado mucho más recursos. Sus órganos de gobierno, ya con plena autonomía, han tenido la posibilidad de  contratar  más personal, mejorar los sueldos y prestaciones  para ellos y sus colaboradores  y han podido usar los recursos a su cargo con menos restricciones. Esto se debe en parte a que antes los fiscalizaba la Secretaria de la Función Pública a través de sus órganos internos de control (OIC) y con la autonomía ha dejado de hacerlo.

      No está mal que tengan más personal y ganen más,  después de todo hay un mercado laboral muy competido y riesgos de corrupción muy elevados, pero desafortunadamente la autonomía y las mejores condiciones para sus funcionarios  no han mejorado significativamente  los resultados que estos organismos le dan a la sociedad ni se han reflejado en beneficios tangibles para la población. Inclusive la percepción es que los resultados de algunos de ellos han sido más pobres que cuando no eran autónomos, tenían menos empleados, peores sueldos y menores recursos a su disposición.

      Pero no es que los organismos autónomos hayan actuado de manera contraria a las normas.  Sus órganos de gobierno han actuado conforme a lo que consideran son los mejores intereses de quienes laboran en dichas instituciones para alcanzar su mandato. Al final de cuentas sus presidentes informan directamente al Congreso de sus actividades y la Cámara de Diputados les autoriza sus presupuestos, sus sueldos y prestaciones. Quien realmente no ha sido meticuloso en revisar la actuación de estos organismos y sus evaluaciones han sido solo rituales sin profundidad,  es el propio Congreso Federal. En publicaciones anteriores mencionaba  como el Congreso no ha sido un verdadero contrapeso al poder Ejecutivo y la historia se repite con los organismos con autonomía constitucional ahora que se han multiplicado y crecido sin mayor control.

      La llamada reforma constitucional anticorrupción del 27 de mayo de 2015 le dio atribuciones a la Cámara de Diputados para “designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación”. El mandato para nombrar a estos titulares de OIC ya existía en la propia Constitución para organismos tales como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros. Sin embargo la Cámara de Diputados ha sido omisa durante más de dos años para nombrar titulares de estos OIC´s.

     Ante el crecimiento de los  presupuestos,  el número de personal que allí labora, la mejora de sueldos y prestaciones y el gasto en consultorías, vehículos y otros aspectos que podrían ser superfluos, es necesaria una mayor vigilancia por parte del Poder Legislativo a estos organismos.  Por ejemplo, notas periodísticas  (http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=677627&v=2&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=677627&v=2&po=4) dan cuenta de este fenómeno para el presupuesto 2016.

     Para implementar la facultad que se le dio a la Cámara de Diputados de nombrar titulares de OIC´s en organismos autónomos, en algunos casos requiere que se modifiquen leyes secundarias. Por ejemplo,  en el caso del INEGI, en donde su actual normatividad prevé que el contralor será nombrado por su junta de gobierno, deberá ser modificada para que dicho nombramiento venga de la Cámara de Diputados. Otro caso es la PGR que una vez que se convierta en Fiscalía General de la República, la Cámara de Diputados  deberá nombrar al titular del OIC. Por cierto,  en este caso se podría aprovechar para  unificar en una sola instancia fiscalizadora al OIC y a la Visitaduría General con el consiguiente ahorro de recursos.

    Algunos de los organismos autónomos presentan riesgos de corrupción importantes no tanto por cómo manejen sus presupuestos, sino por las decisiones que toman. Por ejemplo, el presupuesto de la COFECE no llega a los $500 millones de pesos al año pero cada decisión que toman sus comisionados puede afectar intereses económicos cuyo impacto se mide en miles de millones de dólares.

     Para logar  una rendición de cuentas adecuada de estos organismos autónomos es necesario que la Cámara de Senadores profundice en el análisis del desempeño que han tenido y ver si están cumpliendo realmente con su cometido. La Cámara de Diputados, por su parte,  deberá nombrar a la brevedad posible a los  titulares de los OIC para que la auxilien en la fiscalización de estos organismos. Estas designaciones deberán realizarse  mediante un proceso de selección que privilegie la experiencia, la preparación y  la probidad de los candidatos. Que se sometan los  candidatos a  un proceso exhaustivo de control de confianza donde se verifique su situación socioeconómica, se les someta a  polígrafo, se apliquen pruebas psicológicas  y se haga una revisión de sus antecedentes profesionales.

    Ya que el Congreso ha creado tantos organismos autónomos nuevos, ahora es necesario y urgente que  el propio Congreso exija rendición de cuentas, prevenga actos de corrupción  y fiscalice adecuadamente el gasto de estos organismos autónomos.  
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5 de diciembre de 2015

MECÁNICA NACIONAL

Por: Octavio Díaz García de León

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     A principios de los años setenta llegó a las pantallas de cine la película “Mecánica Nacional” del director Luis Alcoriza, con actores como Manolo Fábregas, Sara García y Héctor Suárez. La película es una comedia que retrata a personajes típicos de la ciudad de México, llena de crítica social con humor. La anécdota del filme es sencilla. Una familia se traslada desde un día antes  a ver el final de una carrera de autos en las cercanías de la Cd. de México. El tiempo del paseo transcurre entre fiesta, borrachera y todo tipo de episodios chuscos. Al final de la película llegan veloces los coches de carreras y las personas prácticamente no saben nada de lo que ocurrió en ella;  el protagonista ni siquiera puede ver como cruzan la meta y lo lamenta amargamente.

     La película me recordó la reciente carrera de “Fórmula Uno” que se llevó a cabo en el renovado Autódromo Hermanos Rodríguez de la Cd. de México.  Gran parte de los más de 100,000 espectadores que presenciaron la carrera quizá tampoco supieron mucho de la carrera. En la recta donde pasaban los autos a más de 300 km por hora o en la sección de las curvas donde iban más despacio seguramente era difícil saber cómo se estaba desarrollando el resto de la carrera.

     Pero para muchos aficionados había que estar allí para ver pasar a los bólidos y también para  dejarse ver. Seguramente con las anécdotas de quienes acudieron a ver la carrera se podría hacer la segunda parte de “Mecánica Nacional”. Por lo menos las secciones de sociales de los periódicos proporcionaron indicios de estas historias.  En ellas pudimos observar a los empresarios más ricos y a los políticos más  poderosos de México, mientras que en las tribunas generales se dio cita la clase media alta y la clase media con aspiraciones.

     Los boletos tuvieron un costo de entre $1,500 y $18,750 pesos (http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2015/02/23/1009844) cuando salieron a la venta, equivalentes a entre 21 y 268 salarios mínimos diarios. Con la reventa hubo boletos que alcanzaron precios de hasta $80,000 pesos. Para hacerse notar, los poderosos llegaron en helicópteros,  de tal forma que se estableció nuevo record de vuelos al realizarse 479 para llevar personajes a la carrera.

     La carrera fue un gran negocio. Traerla de regreso a México costó 360 millones de dólares (mdd), de los cuales el gobierno federal puso $210 mdd. Los ingresos que generó la carrera se estiman en $250 mdd. Dado lo rentable del espectáculo para los organizadores (http://www.forbes.com.mx/formula-1-negocio-redondo-en-mexico/)  no se entiende porqué  el gobierno tuvo que aportar dinero del erario a un espectáculo que no aportaba nada a la mayoría de los mexicanos y solo benefició a los más ricos; los inversionistas privados hubieran podido solventar la carrera sin necesidad de la intervención estatal.  

    Aunque para los gobiernos es una buena forma de promover al país y para los políticos, de promoverse, seguramente hay formas más eficientes de gastar el dinero especialmente si  la iniciativa privada lo pudo haber solventado sola. Las prioridades en la Cd. de México son otras, considerando que el Autódromo se usa muy pocas veces al año. La ciudad está colapsada por el tráfico, no tiene  transporte público suficiente, tiene obras mal hechas como la línea doce del Metro y las calles de la ciudad son intransitables por los baches.  

    En su momento también se promovió aquí en Aguascalientes la construcción del autódromo para carreras del tipo NASCAR o el traer al Necaxa a jugar en nuestra ciudad,  mientras la obra del nuevo Hospital Hidalgo que inició construcción en 2008, aún no se ha terminado.  Pareciera ser que algunos  gobiernos prefieren promover o invertir en  obras para el entretenimiento que en servicios necesarios para la población.  Quizá la mira esté puesta más  en la próxima elección  que en  elevar el nivel de vida de los mexicanos o inspirada en la costumbre populista que tan bien practicaban los gobernantes romanos: al pueblo, pan y circo. No es por casualidad que en Roma esté uno de los estadios (El Coliseo Romano) más antiguos y espectaculares del mundo. 

     Se dice que los ingresos de los gobiernos no alcanzan a pesar del enorme crecimiento de las deudas de los gobiernos federales y estatales. Pero el problema no son los ingresos sino como se gastan los recursos. Mientras se dé prioridad a construir estadios de fútbol o autódromos para beneficiar intereses de empresarios privados; se hagan carreteras que privilegien a las clases medias y altas;  se construyan  trenes que nunca serán rentables; se repartan millones de televisiones, cuando los contenidos televisivos son lamentables y su reparto  sea para  beneficiar  a las televisoras privadas, no habrá dinero que alcance.
   
     En publicaciones anteriores he propuesto por ejemplo, que se construya un canal interoceánico en Tehuantepec. El impacto económico positivo para el país sería enorme y su importancia geoestratégica aún más. O bien, en lugar de regalar televisiones, se podrían regalar tabletas electrónicas con bibliotecas y videotecas incluidas,  para elevar el nivel cultural de la población.
De seguir la estrategia de pan y circo, los presupuestos serán como las careras de autos: muchos verán pasar los recursos a gran velocidad, muy pocos sabrán que sucedió con esos recursos y los verdaderos ganadores del dispendio se podrán contar con los dedos de la mano. Habría que cambiar la “mecánica nacional”.
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28 de noviembre de 2015

LA "CASA BLANCA" NO FUE OTRO WATERGATE


Por: Octavio Díaz García de León

      Hace un año, la periodista Carmen Aristegui, entonces conductora de uno de los programas de noticias por la radio de mayor audiencia y su equipo de reporteros de investigación, publicaron el reportaje  acerca de la casa que estaba construyendo  la Sra. Angélica Rivera, esposa del presidente Peña, en la colonia Lomas de Chapultepec de la Cd. de México. Dos aspectos llamaban la atención: un avalúo que estimaba el costo de la mansión en unos 7 millones de dólares y el hecho de que fuera construida por Grupo HIGA, contratista de los gobiernos del Estado de México y el federal; esta empresa, junto con otros socios, acababa de ganar uno de los contratos más grandes de este sexenio, el tren México - Querétaro con un costo de 58 mil millones de pesos.

     Los reporteros que realizaron aquella investigación publicaron recientemente un libro describiendo como llevaron a cabo dicha investigación y sus hallazgos. Parte del éxito de esta investigación fue gracias a las leyes de transparencia.

      Se podría pensar que este reportaje no tuvo mayores consecuencias pero no es así.  Los periodistas fueron despedidos y la conductora Carmen Aristegui, perdió su programa en la radio; la construcción del tren México-Querétaro fue cancelada y ya no se construirá este sexenio; la primera dama tuvo que vender la famosa “Casa Blanca”; el presidente Peña nombró Secretario de la Función Pública, secretaría que tenía dos años acéfala, para pedirle  que investigara este caso y la adquisición de otra casa ubicada en Malinalco,  hecha por el ahora Secretario de Hacienda, ambas casas  ligadas al mismo contratista, Grupo Higa,  del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú; asimismo,  después de dos años de estar detenidas, el presidente impulsó las reformas constitucionales anticorrupción. El reportaje afectó la imagen del presidente quien se vio cuestionado por la prensa nacional e internacional y las redes sociales explotaron con comentarios negativos. El reportaje  pues, tuvo consecuencias importantes.

     Pero un sector de la opinión pública, esperaba algo más,  incluso pedían  la destitución del presidente, como si esto fuera posible.  Y es que de acuerdo al Art. 108 Constitucional al presidente solo se le puede juzgar por traición a la patria y delitos graves del orden común. Así que no había materia para juzgar al presidente por este asunto. Sin embargo, el propio presidente Peña pidió que el caso fuera investigado por la Secretaria de la Función Pública. Al concluir la misma, el Secretario Andrade determinó que no hubo falta alguna. Los  resultados de la investigación  están a la vista de todos (http://www.gob.mx/sfp/documentos/expedientes-investigacion-y-resolucion-sobre-conflicto-de-interes).

    Si consideramos que México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo (http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/03/24/10-cifras-sobre-la-violencia-contra-periodistas-en-2014), cualquier periodismo de investigación puede adquirir dimensiones  heroicas. No me refiero al caso de la periodista Aristegui y su equipo,  quienes por su visibilidad gozaban de una protección que no tienen tantos otros que han sido agredidos y hasta asesinados  en estados y municipios donde realizaban sus labores. Pero aún para una periodista con la visibilidad de Aristegui, este reportaje le costó perder su noticiero en la radio y a sus reporteros,  su empleo.

    El periodismo de investigación es muy necesario en cualquier democracia ya que es un elemento de la rendición de cuentas. Uno de los casos emblemáticos del periodismo de investigación fue el caso Watergate que llevó a que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon renunciara. Las investigaciones de los reporteros del Washington Post,  Woodward y Bernstein, no fueron propiamente los que hicieron renunciar al presidente: su reportaje detonó un proceso institucional el cual ocasionó la caída de Nixon. Por una parte se nombró a un fiscal especial para investigar el caso, en la fiscalía general de aquel país perteneciente al poder ejecutivo. Tan independiente resultó, que Nixon lo destituyó  en medio de un gran escándalo.  El juez encargado de investigar a los ladrones que irrumpieron en las oficinas del partido demócrata en el complejo Watergate, profundizó en el caso sin importar a que personajes tocara. La Cámara de Senadores estableció una comisión investigadora que empezó a citar e interrogar  a los más altos funcionarios de aquella administración y sus audiencias fueron televisadas. La Suprema Corte de Justicia obligó a entregar grabaciones incriminatorias que había hecho Nixon.  La Cámara de Representantes preparó los primeros artículos para proceder a la destitución del presidente;  de no haber renunciado Nixon, la Cámara de Senadores lo hubiera condenado a la cárcel. Como podemos apreciar, la renuncia de Nixon no se dio gracias a un trabajo de investigación periodístico bien hecho, sino a que las instituciones de ese país funcionaron; a que el balance de poderes es genuino y permitió hacer la investigación a pesar de la oposición del presidente Nixon.  

     En México no tenemos las leyes adecuadas ni una división de poderes lo suficientemente fuerte como para realizar investigaciones al más alto nivel del gobierno si fuera necesario. Tuvo que ser el propio presidente Peña quien ordenara a uno de sus colaboradores el investigar sobre los posibles casos de conflicto de interés. Quienes podían realizar una investigación independiente, los poderes Legislativo y el Judicial, no lo hicieron.

    Es necesario que haya periodismo de investigación serio para que avance la democracia y el combate contra la corrupción y la delincuencia. Pero mientras no haya una clara división de poderes e instituciones independientes y fuertes,  no habrá un caso como Watergate en México.
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21 de noviembre de 2015

ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA


Por: Octavio Díaz García de León
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      El gobierno federal ha retomado los temas del combate a la corrupción, el impulsar la ética en el servicio público y el prevenir el conflicto de interés. Ello  a raíz de la polémica  que surgió hace un año en torno a la adquisición de casas por parte de la esposa del presidente Peña y del Secretario de Hacienda, compradas a un contratista de los gobiernos del Estado de México y del federal (Grupo HIGA);  de licitaciones poco claras en materia de obra pública como lo fue el caso del tren México a Querétaro que tuvo que ser cancelado; del caso de la empresa constructora española OHL involucrada en actividades de corrupción; y de una percepción generalizada de que la corrupción está incontenible en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes.

     En este proceso se está reviviendo a una debilitada Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual había desaparecido con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 2 de enero de 2013 y mantenida con vida mediante un artículo transitorio de dicha Ley. Para ello se nombró a su secretario ya que dicha Secretaría estaba en manos de un encargado del despacho; y se impulsaron las reformas constitucionales denominadas Reforma Anticorrupción. Sin embargo, el Congreso ha decidido posponer la discusión en torno a las leyes secundarias que den vida a estas reformas a pesar del clamor público de que se haga algo al respecto.
     
      Mientras en el Congreso las reformas están detenidas, el nuevo Secretario de la Función Pública, el Mtro. Virgilio Andrade,  publicó el pasado 20 de agosto un Acuerdo que tiene por objeto emitir un nuevo código de ética de los servidores públicos del gobierno federal,  las reglas de integridad y  los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos e implementar acciones que favorezcan el comportamiento ético a través de comités de ética y de prevención de conflictos de interés. Los comités de ética ya existían en todo el gobierno federal pero ahora se les está dado la tarea de prevenir los conflictos de interés. Por otra parte, a fines de octubre se modificó el reglamento interior de dicha Secretaría y se creó la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Para encabezar a esta Unidad, el Secretario Andrade nombró al Mtro.  Benjamín Hill quien es  un experto en el tema.

     Uno de los retos que enfrenta esta nueva Unidad es el cómo impulsar el tema de la ética cuando ni siquiera existe un estado de derecho. He mencionado en antes que las cifras de impunidad llegan al 98% de los delitos que se cometen. En materia de combate a la corrupción los resultados tampoco son halagüeños. La fiscalía anticorrupción cuenta con solo 40 ministerios públicos y consigna a alrededor de 25 averiguaciones previas al año (Fuente: Ensayo del Lic.  César Chávez Flores en el proceso de selección del Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con            Hechos de Corrupción). Por lo que hace a las sanciones administrativas, en realidad no se castiga a la corrupción como tal, sino que lo que normalmente sancionan los Órganos Internos de Control, la SFP y la Auditoría Superior de la Federación son las desviaciones del cumplimiento de la normatividad ocasionadas por negligencia, omisión, ignorancia o dolo, pero no necesariamente por actos de corrupción.

     La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) no contempla la figura de actos de corrupción. Tampoco el Código Penal. Si bien algunas de las faltas al artículo 8 de esta Ley se pueden identificar como actos de corrupción (Ver : http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2013/01/control-interno-y-combate-la-corrupcion.html) no se han tipificado como tales.  No así en el caso del conflicto de interés que está definido en la fracción XII del Art. 8 de la LFRASP aunque su definición es limitada. Hace falta concretar las reformas anticorrupción a la brevedad posible para subsanar estas deficiencias.

     ¿Cómo impulsar la ética entre los servidores públicos? Lo primero que habría que enfatizar, aunque resulte obvio, es que cumplan con la Ley; que haya sanciones creíbles y palpables para quienes no lo hagan. Por ello el Código de Ética recientemente publicado por la SFP hace énfasis precisamente en que los servidores públicos cumplan con la Ley. El siguiente reto será que los comportamientos apegados a la ética se impulsen desde el nivel más alto. Quizá ayudaría para ello la creación de una Comisión Intersecretarial encabezada por el presidente Peña en donde se enfatice este mensaje con el ejemplo. Luego habrá que desarrollar tareas específicas para todos los comités de ética del gobierno federal a fin de que ayuden a crea un ambiente en las instituciones donde se premie el comportamiento ético. Finalmente, habrá que dar una gran capacitación a todos los servidores públicos sobre estos temas para que no haya dudas sobre lo que se espera de ellos.

     La tarea por delante para la SFP y su nueva Unidad no será fácil. Tratar de impulsar comportamientos éticos cuando lo que se observa son altos niveles de corrupción, es un gran reto. Pero la tarea de concientización de los servidores públicos quizá pueda incidir en reducir esas prácticas que hoy se ven tan naturales y que están carcomiendo el tejido social como un cáncer. Ojalá tenga éxito.


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14 de noviembre de 2015

FORTALECER A MÉXICO ANTE EL MUNDO



Por: Octavio Díaz García de León
Twitter: @octaviodiazg

     México no ha tenido presencia militar fuera de su territorio desde el Imperio de Iturbide cuando trató de consolidarse como una potencia regional.  Las luchas internas, invasiones extranjeras y  un vecino demasiado poderoso,  han debilitado a las fuerzas armadas y alejado a México de cualquier papel que involucre el uso de la fuerza en el extranjero. Pero el mundo ha cambiado y quizá sea tiempo de revisar la Doctrina Estrada, que data de 1930, pues las amenazas en el mundo ya no provienen solo de estados nacionales con los que se puede usar la diplomacia sino de grupos terroristas, ejércitos religiosos radicales y delincuentes sin nación.

      El debilitamiento de las fuerzas armadas también tuvo su razón política. Durante todo el siglo XIX y principios del XX, incontables jefes militares se rebelaron contra los gobiernos establecidos. A partir de Miguel Alemán los gobiernos en turno se encargaron de reducirlas y dedicarlas a labores internas, con carácter  ceremonial y  humanitario para ayudar a la población en caso de desastres. Díaz Ordaz vino a violentar ese esquema al usar al Ejército para acabar con  las protestas estudiantiles de 1968. El exceso de fuerza usado contra estudiantes desarmados fue un error que  manchó  a dicho gobierno. También la guerra fría hizo innecesario cualquier intento de fortalecer  a las fuerzas armadas. Los Estados Unidos no iban a permitir que el país se convirtiera en un satélite soviético. En esa época las fuerzas armadas fueron usadas para combatir los pequeños intentos de subversión comunista. Más recientemente,  fue necesaria su intervención ante el levantamiento zapatista en Chiapas,   el cual,  más que una amenaza al Estado Mexicano, fue una provocación. Afortunadamente el exceso de uso de  fuerza contra los zapatistas se detuvo pronto y se evitó una tragedia mayor. En los últimos 8 años se ha recurrido de nuevo a ellas para apoyar la lucha contra la delincuencia, ante la notoria incapacidad de las policías.

     Pero el hecho de que no tengamos una fuerza militar o naval  que tenga presencia en el mundo, no quiere decir que no la necesitemos.  Quizá así piensen los Estados Unidos, por ejemplo. Llama la atención  que el comandante del Comando Norte de Estados Unidos, Bill Gortney, quien dirige las operaciones militares de ese país en el hemisferio norte de nuestro continente,  haya llegado a México este viernes 13 y lo primero que hizo fue comerse unas hamburguesas  con miembros del Escuadrón 201, la última fuerza expedicionaria que haya enviado nuestro país a combatir en una guerra,  hace más de 70 años. ¿No será que desean un México más activo en cuestiones militares y añoran cuando México era capaz de enviar al extranjero una  fuerza militar por modesta que fuese?  Hace unos días, escuché un comentario de funcionarios de un gobierno europeo manifestando el deseo de tener un México más activo en las tareas militares mundiales, quizá hasta con la posibilidad de que se incorpore a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (http://www.nato.int/nato-welcome/index.html).

     Quizá nos suene  muy extraño pensar que nuestro país pueda llevar a cabo intervenciones militares en el extranjero. No creo que la limitación sea solo la Doctrina Estrada, la cual defiende el principio de no intervención y la solución pacífica de las diferencias internacionales,  sino porque no podemos vernos como actores relevantes en el contexto internacional al estar tan ensimismados con nuestros problemas domésticos. También deben pesar los fantasmas de aquellos  malos militares que alguna vez asolaron con sus rebeliones a nuestro país. ¿Será que a los políticos profesionales les da miedo fortalecer a nuestras fuerzas armadas o será que las instituciones democráticas son aún muy frágiles?

     Pero ante este nuevo contexto internacional, México requiere cambiar 180° el  enfoque hacia su doctrina de seguridad nacional que ha estado volcada hacia adentro exclusivamente;  que ve solo amenazas internas y no externas;  y que no alcanza a diferenciar entre  los  problemas de seguridad pública  y los de  seguridad nacional.

    Si bien la prioridad es pacificar a nuestro  país que actualmente sufre una guerra de baja intensidad con un promedio de 50 homicidios diarios, ésta tarea debe caer en manos de la Gendarmería o la Policía Federal  a las que hay que fortalecer  urgentemente. Las policías locales, ante su fracaso evidente, quizá  se deberían dedicar solo a vigilar el tránsito.  Las fuerzas armadas tampoco deberían participar en este esfuerzo.

     México debe fortalecer su Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de manera que pueda actuar en un contexto internacional. Por el tamaño de su población y de su economía, nuestro país tiene un papel relevante que jugar en el contexto mundial.  Si bien hay naciones como Japón que han podido vivir a la sombra de Estados Unidos sin necesidad de un ejército, esto está cambiando con el creciente poderío de China y la amenaza de Corea del Norte;  sobre todo debido al resurgimiento de un  Islam medieval enfrascado en nuevas guerras religiosas como lo demostraron los atentados de este viernes 13 en París. 

     El problema no es la falta de recursos como lo demuestra el presupuesto federal  2016 recién aprobado, sino que el dinero se dedica a satisfacer clientelas,  no a dar resultados y se pierde en corrupción,  ineficacia e ineficiencia. El dinero, si se usara bien,  podría alcanzar para poner a México en el mapa de las naciones con influencia en el mundo.
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7 de noviembre de 2015

EL PROBLEMA ES EL CONSUMO EXCESIVO



Por: Octavio Díaz García de León


      La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en días pasados a favor de otorgar un amparo a 4 consumidores de marihuana lo que les permitirá, de manera legal,    consumir, sembrar, poseer y transportar la misma  con fines recreativos y lúdicos. Este fallo puede llevar hacia la despenalización de la producción, transporte, comercialización y  consumo de esta sustancia en nuestro país y seguir el camino que otros países y algunos estados de la Unión Americana están ya transitando.

      Las drogas fueron prohibidas en México a principios del siglo XX, siguiendo el ejemplo de lo que hicieron nuestros vecinos del norte. Quizá el prohibicionismo nazca de que las drogas alteran el comportamiento de la gente, lo que les impide trabajar (Aunque la cocaína, por ejemplo, tenga el efecto contrario en el corto plazo), pueden causar daños a terceros (Por ejemplo, manejar un vehículo bajo la influencia de una droga y causar accidentes) y afectan la salud,  lo cual las convierte en un problema de salud pública. 
    
    La tentación prohibicionista ha crecido porque se sabe de cada vez más sustancias que ingerimos y que son dañinas. La reacción de los libertarios contra la intervención del Estado tampoco se ha hecho esperar. Cuando  el daño que provocan estas sustancias solo afectan  al individuo, ¿por qué debe el Estado permitir o no su consumo?

      Por otra parte el tráfico  de drogas se ha convertido en un gravísimo problema de seguridad pública que afecta ya incluso la seguridad nacional de nuestro país. Por ello la despenalización de la producción, comercialización y consumo de drogas  se ha propuesto como un remedio contra la violencia y el crimen asociado a este negocio ilegal. 
    
    El problema es que hacerlo en México sin que suceda al mismo tiempo en Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas en el mundo, no erradica el problema del tráfico ilegal de estas sustancias hacia aquél país. Tampoco garantiza que los traficantes actuales que actúan con lujo de violencia y al margen de la Ley, se conviertan, por el hecho de la legalización, en empresarios respetables que  ahora sí acaten las disposiciones que el gobierno dicte al efecto.

      Los problemas de seguridad pública asociados al tráfico de drogas no se van a solucionar con la legalización de las drogas. Aún en mercados donde el consumo y comercialización de sustancias como el tabaco es legal, se presenta el fenómeno de un mercado negro manejado por delincuentes. Acabar con los criminales requiere soluciones policiales eficaces, castigos ejemplares y un estado de derecho que permita acabar con la impunidad.

     Los libertarios tienen razón en parte. El Estado no debe coartar la libertad individual de las personas y la capacidad de decidir lo que es bueno o no para su cuerpo, pero siempre y cuando no afecten a terceros. Existen muchas sustancias que son dañinas al cuerpo: desde las  carnes procesadas, grasas animales y el tabaco que producen cáncer y enfermedades cardiovasculares  pasando por  las bebidas azucaradas que producen diabetes y obesidad, hasta drogas como las metanfetaminas que pueden destruir a las personas. Pero lo que causa daño no es solo la sustancia,  sino la cantidad y la frecuencia con  que se ingiere. El problema es el abuso.  Por lo tanto la solución no es prohibirlas a rajatabla sino moderar y controlar su consumo.

      El  consumo excesivo de estas sustancias se origina por dos vías.  Por un lado su producción se convierte en un buen negocio y entonces los productores impulsan su  consumo mediante enormes campañas de mercadotecnia haciendo que la gente las consuma aún a sabiendas de que causan daño. Las sustancias legales se promueven en medios masivos de comunicación;  las ilegales de una forma personalizada a través de narco menudistas y de forma indirecta a través de películas, novelas o programas de televisión cuando se presentan  como algo deseable. La otra vía es que la mayoría  de estas sustancias causan adicción. En ambos casos sería conveniente la intervención del Estado para moderar el consumo prohibiendo toda la mercadotecnia, encarcelando a  los “empujadores de drogas”, limitando  la producción y controlando  la comercialización.

     Un consumo moderado (Dentro de parámetros médicos) y controlado (En establecimientos especiales)  se podría dar sin afectar a la salud de las personas ni dañar a terceros. Sin embargo no es sencillo racionar el consumo, especialmente si se trata de sustancias adictivas. Es importante respetar la libertad de las personas para que usen estas sustancias; lo que debe combatirse es el consumo en exceso y todo aquello que pueda ocasionar daños a terceros. Se podría entonces legalizar las drogas dentro de ciertos límites de consumo. Quizá se requerirían aparatos como los alcoholímetros para conocer los límites de consumo permisible; quizá se podrían usar mecanismos como el de medicinas con receta para racionar su venta; quizá permitir el consumo solo en establecimientos  controlados; quizá desarrollar áreas de producción muy acotadas.  

       La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abierto el camino para un debate amplio de cómo debemos tratar el tema de las drogas y de otras sustancias que causan daño a las personas cuando son tomadas con exceso. El camino de la prohibición a ultranza no funciona. Se debe explorar el camino del consumo con moderación. Así se podrían conciliar las libertades individuales con evitar el daño a terceros y a la sociedad. _______________________________________________________________

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31 de octubre de 2015

DE SALCHICHAS Y OTRAS HISTORIAS DE TERROR



Por: Octavio Díaz García de León

     Hace unos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) causó gran revuelo  al condenar el consumo excesivo de carnes rojas y carnes procesadas por haberse demostrado que aumenta el riesgo de padecer cáncer. El anuncio se prestó a que los memes explotaran en las redes sociales burlándose del anuncio. Y es que son tantos los agentes cancerígenos a los que estamos expuestos, desde los rayos del sol hasta las partículas que respiramos todos los días en las grandes ciudades derivados de lo que desprenden los procesos de combustión en industrias y vehículos, que la reacción fue de burla: todo produce cáncer. Pero no se trata de una falsa alarma o de un exceso de precaución. El estilo de vida que hemos adoptado tiene sus riesgos para la salud. Este estilo de vida poco sano es impulsado por los grandes intereses comerciales que producen estos alimentos;  los riesgos son reales y las estadísticas no mienten.

      El comunicado de la OMS decía que “Los expertos concluyeron que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%.” El riesgo también incluía el consumo de carnes rojas  (http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/cancer-red-meat/es/).

   En la lista de alimentos a evitar  se encuentran las “carnes procesadas incluyendo  frankfurters (perros calientes/hot dogs/), jamón, salchichas, carne en conserva (corned beef), y cecina o carne seca, así como carne en lata, y las preparaciones y salsas a base de carne.” En cuanto a las carnes rojas estas incluyen “todos los tipos de carne muscular de mamíferos, tales como la carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo o cabra.”

     Estos alimentos  afectan a aquel segmento de la población que tiene el dinero para comprarlos pero no hay que olvidar que en nuestro país conviven dos problemas de salud muy  graves  que muestran las contradicciones de nuestra sociedad. A un segmento de la población no le alcanza su ingreso para consumir una canasta mínima de alimentos, por lo que  padece hambre, mientras que otro grupo de la población padece múltiples enfermedades asociadas con comer mal y en exceso.

     En 2014 el 23.4% de la población, esto es 28 millones de mexicanos estaban en  situación de sufrir “carencia por  acceso a la alimentación” (http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx) que se traduce en  padecer hambre, pues todo su ingreso no alcanza para comprar un mínimo de alimentos. Por ello el gobierno federal lanzó una “Cruzada contra el Hambre”, de la que por cierto, aún falta ver si da resultados.

    El resto de la población come mal y en exceso. Esto se refleja en las estadísticas de mortandad en donde las causas más frecuentes de muerte tienen que ver precisamente por una alimentación inadecuada. Esto se puede apreciar observando cuales son las  enfermedades que más muertes causan cada año en nuestro país y que están asociadas a problemas de alimentación: enfermedades del corazón (109 mil 297), diabetes (85 mil), cáncer (73 mil), enfermedades cerebrovasculares  (31 mil 902), enfermedades del riñón (12 mil) y obesidad (México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos). (http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/cardiovascular/articulos/10-enfermedades-comunes-mexico.html).

     El problema de la alimentación en México tiene entonces dos aristas contrastantes: por una parte el hambre que padecen 28 millones de mexicanos y por otra la mala alimentación del resto. Para los primeros, los programas de gobierno, el desarrollo económico y la solidaridad de los demás podrán ayudar a mitigar esas carencias.  Para los demás, mejor información, campañas de salud y mayor conciencia de los riesgos derivados de una mala alimentación. Pero también serviría la ayuda de los productores de alimentos.

     La producción de carnes, aves y pescados se ha sofisticado y masificado, al tiempo que  las condiciones de vida de los animales y peces que luego se van a sacrificar se han deteriorado de tal manera que podrían representar un riesgo a la salud. En los Estados Unidos ha habido ya denuncias contra las pésimas condiciones de las enormes granjas avícolas  (http://www.care2.com/causes/horrific-conditions-for-factory-farmed-chickens-exposed.html). Además,  el procesamiento y la comercialización de los mismos, requiere el uso de aditivos cosméticos para mejorar el aspecto de los alimentos  y conservadores que, como lo indica la OMS, son los que traen agentes cancerígenos. Como se ha visto con el problema del consumo de bebidas azucaradas, la mercadotecnia que usan las compañías embotelladoras impulsa el consumo de estas bebidas a pesar de  que causan problemas como diabetes y obesidad. Gravarlas con un impuesto puede desestimular el consumo pero no es suficiente. Seguramente este enfoque tampoco funcionaría si se aplicara a las carnes procesadas.

     Los empresarios tienen una responsabilidad al respecto. Más allá de generar ganancias para sus accionistas, tienen obligaciones con la sociedad. Los problemas y daños que causan a los demás con sus productos  también les afectan a ellos y sus familias. La industria de la alimentación podría encontrar negocio ofertando y promoviendo el consumo de alimentos sanos, reduciendo la oferta de proteínas animales, enfatizando las proteínas vegetales, disminuyendo  la oferta de alimentos con altos contenidos de azúcares, carbohidratos y grasas animales y todos aquellos que puedan causar problemas de salud. Por ejemplo, dejar de producir alimentos chatarra.

     Por lo que toca a los consumidores, hay que cambiar los hábitos de alimentación y consumo. No llegar al extremo de convertirse en veganos, como si fuera una nueva religión, sino encontrar satisfacción y salud en la variedad, el balance y la moderación.  
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24 de octubre de 2015

LA LUCHA DE LAS MUJERES


Por: Octavio Díaz García de León

Para las mujeres que han sido parte de mi vida.

Una de las grandes transformaciones de la sociedad en los últimos 60 años es la incorporación masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo remunerada, a trabajos más calificados y a posiciones directivas en todos los sectores. La transformación ha tenido un costo importante de carácter personal para las mujeres que se han incorporado de manera  exitosa al mercado de trabajo ante una sociedad que no está preparada para ello.  Porque lo han hecho sin abandonar  los papeles que ancestralmente se les habían asignado y continúan desempeñando de manera cada vez más precaria al aumentar sus responsabilidades fuera del hogar. Los países desarrollados han sido más exitosos en solucionar este cambio de papeles, pero en México el atraso es manifiesto y hace falta resolverlo.

Las mujeres de clase media o alta que crecieron a finales del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX,  por lo general  no tenían más perspectiva que dedicarse a labores del hogar y a la crianza de hijos;  la educación de estas mujeres no pasaba de la elemental y se les enseñaban algunas habilidades que pudieran aplicar a las labores domésticas. La mujer estaba expuesta  a múltiples embarazos en malas condiciones sanitarias; las familias de diez o más hijos eran la norma y tenían que tolerar malos tratos cuando tenían parejas abusivas.  Las religiones  reforzaban estos esquemas de dependencia y tolerancia al abuso (El Islam lo sigue haciendo). Para el Estado,  las mujeres eran prácticamente inexistentes y con derechos casi equivalentes a los de menores de edad.

En las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, el control de la natalidad y un feminismo contestatario ayudaron a romper ese paradigma. La mujer pudo tener relaciones sexuales sin estar sujeta a quedar embarazada ni tener que casarse,  decidiendo el número de hijos que quería. Las familias pasaron de tener en promedio más de  6 hijos a estar formadas por menos de 3. Las opciones educativas pasaron de estudiar para secretarias  a  cursar  carreras universitarias. Por ello y otros factores,  las mujeres tuvieron mayor posibilidad de entrar a una fuerza de trabajo dominada por los hombres,  compitiendo por los mismos puestos de trabajo.

Las cosas han evolucionado positivamente para las mujeres  pero aún hay temas no resueltos. Solo por mencionar dos ejemplos:

Mujeres profesionistas. Aquellas mujeres con trabajo remunerado que  optan por la maternidad tienen que hacer grandes sacrificios y  pagan un precio personal muy elevado. Sufren por no poder estar con sus hijos para educarlos y atenderlos ya que los hijos entre más pequeños, demandan más tiempo de sus mamás, que de sus papás.  Aun cuando tengan quien les ayude con los hijos, se sienten culpables de no estar presentes.  Al mismo tiempo  tienen que mantener el equilibrio con sus parejas al  interesarse por sus actividades,  tratar de ser parte de las mismas y en general tener una relación integral. En el campo profesional tienen que demostrar más capacidad que los hombres teniendo que resistir hostigamiento y discriminación  sexual y  laboral. Todo ello las hace estar en tensión, con el consecuente desgaste físico y emocional. Su gran carencia es la falta de tiempo para ellas mismas ya que todo su tiempo se reparte entre quienes les rodean.

Mujeres en el hogar. Aquellas mujeres que  optan por permanecer en el hogar y formar a los hijos, tienen un trabajo intenso mientras los hijos crecen. Pero una vez que han concluido esa etapa de su vida les cuesta mucho trabajo reencontrar sus otras vocaciones y realizar las demás potencialidades que quedaron latentes. Luego les resulta muy difícil reinsertarse en la fuerza de trabajo en donde la discriminación por falta de experiencia o edad impide que puedan acceder a ella. 

Hace falta cancha pareja para las mujeres. No bastan leyes y buenas intenciones. Se requiere un cambio de mentalidad,  ayudas muy concretas para que la mujer desarrolle su potencial y se dé el tiempo que requiere para sí misma. Se podría empezar  por transformar los papeles  de hombre y mujer desde el hogar al no otorgar privilegios ni deberes  prestablecidos que sean discriminatorios para ninguno de los dos sexos; las escuelas deberán reforzarlo. Los esquemas de trabajo  tienen que cambiar para que los hombres puedan realizar labores en el hogar que antes solo se asignaban a mujeres. Para ello se requiere el trabajo flexible que no requiere presencia en oficinas.

Otro  aspecto es dar facilidades a las mujeres que opten por la maternidad pero no por la crianza de los hijos y que sus parejas tampoco puedan hacerlo. Para ello deberá haber instituciones de la más alta calidad que puedan encargarse, después de la escuela, de la labor formativa que requieren los hijos.  

Si la mujer opta por la maternidad y la crianza, los esquemas de trabajo tienen que ser flexibles al no exigir su presencia en una oficina sino pagarle por el trabajo realizado. Deberán prever también su reinserción al mercado laboral cuando la carrera profesional se haya interrumpido por la maternidad.

Está bien que el gobierno haga la parte que le corresponde pero no esperar de él la solución. Está en manos de la sociedad  dar condiciones que permitan a la mujer desarrollar todo su potencial y que la humanidad  aproveche mejor a la mitad de su población.


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