Y AHORA, ¿QUIÉN PODRÁ SALVARLOS?

Por: Octavio Díaz García de León.

 @octaviodiazg

      El año pasado se intentó un gran cambio de estrategia en las intervenciones del gobierno federal para apoyar a estados con gobiernos fallidos o en manos de la delincuencia o ambas cosas,  tal y como fue el caso de Michoacán. Para ello se nombró, entre otras medidas, a un Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán con los poderes más amplios  que se le hayan dado a un funcionario federal trabajando en una entidad federativa. Fue un experimento (Ver artículo) que parecía justificado ante la emergencia que se vivía. Ahora,  después de un año, termina su encargo el Comisionado Castillo con una explicación contradictoria: para que no interfiera con los comicios que se avecinan, cuando lo que más se requiere es seguridad para garantizar las elecciones.  

      El gobierno federal fue más allá del nombramiento de un Comisionado.   Desde el presidente hacia abajo, todo su gobierno se volcó en Michoacán. El presidente Peña iba cada mes; los secretarios también tenían obligación de acudir periódicamente y esa intensidad duró algunos meses.  También se nombró un gabinete paralelo de funcionarios federales para ayudar al estado; se cubrieron puestos clave del gobierno de Michoacán con designaciones del Comisionado Castillo, avaladas por el Congreso local y el gobernador en turno; se abrieron las arcas federales para apoyar con dinero al estado; se reforzó la presencia militar y de la policía federal; se convirtió a las autodefensas en guardias rurales; se logró desarticular en buena medida a los Caballeros Templarios; se encarceló al Dr. Mireles y se encarceló y liberó a otros líderes de las autodefensas. Todo eso y más.

      A pesar de todo ello,  pareciera que en el fondo muy poco cambió. A mediados de diciembre del año pasado, una pelea  entre dos grupos de  guardias rurales (antes autodefensas)  produjo la muerte de once personas; a principios de enero de este año fueron muertas once personas en Apatzingán en  un enfrentamiento con la policía federal; y el pasado 27 de enero fue asesinado un prominente empresario en Morelia.  El común denominador ante estos acontecimientos siguen siendo la inseguridad y la impunidad que prevalecen. También continúa  la difícil situación  financiera  del estado por el enorme endeudamiento a la que lo sometieron los gobiernos de Lázaro Cárdenas,  Leonel Godoy y Fausto Vallejo. La crisis financiera aún no se resuelve  a pesar del apoyo federal que se le ha dado, con nombramiento incluido de un alto ex funcionario de Hacienda como subsecretario de finanzas del estado.

      Pero hace falta un diagnóstico más profundo y una discusión pública de las bondades y desventajas de la estrategia que se siguió y saber porqué se fue abandonando poco a poco lo que había empezado con tanto entusiasmo el gobierno federal,  para dejar al final casi solo al Comisionado. Valdría la pena también revisar si la figura de un Comisionado es la adecuada para estos casos y si lo que faltó fue tiempo para realizar la tarea, o bien lo que hizo falta fue poner a un funcionario  más capaz. Es importante saber que funcionó y que no,  y si el modelo  sirve para replicarse en otras partes. Por lo pronto el gobierno federal desparece al Comisionado en Michoacán y ante el desquiciamiento de Guerrero ya no quiso repetir la receta allí prefiriendo dejar que los políticos locales  arreglaran sus problemas (Que por cierto no han podido). En el caso de Michoacán probablemente lo mejor hubiera sido sustituir al Comisionado Castillo ya que  los gobiernos estatal y municipales  siguen estando tanto o más frágiles que antes; esperar a tener un debate púbico que produjera  un buen diagnóstico; esperar que pasaran las elecciones; dar tiempo para que  se recuperara algo más  la gobernabilidad del estado y sobre todo, se iniciara la reconstrucción  de las instituciones locales.   

      Ahora la estrategia para Michoacán es regresar al esquema que no le funcionó al presidente Calderón: una solución militar sin capacidad suficiente para  combatir a los delincuentes y recuperar el estado. Para lograr un impacto militar en Michoacán,  probablemente se requiera usar a buena parte del ejército y la marina para tener una cobertura territorial significativa y lo que es peor, una permanencia prolongada defendiendo el territorio. El reducido contingente que existe en Michoacán no alcanza para mucho. Por otra parte la Gendarmería, con tan solo 5 mil elementos no tiene casi ningún impacto en el contexto nacional. Ni dedicándolos todos a Michoacán alcanzarían.  

      Michoacán, Oaxaca, Guerrero, la Tierra Caliente del Estado de México, Morelos y Tamaulipas son territorios donde el Estado es muy débil y requieren apoyo del gobierno federal. Si el esquema de  Comisionado, gabinete paralelo y las visitas mensuales del presidente y sus secretarios no funcionaron, entonces habrá que buscar otra solución,  pero no es conveniente que se abandone el esfuerzo. La tarea de reconstruir las instituciones en esos territorios permanece inconclusa. Ésta retirada del gobierno federal deja mal parado a Michoacán.  ¿Cuál será ahora la fórmula que ayude a resolver su problema de seguridad y gobernabilidad? El gobierno federal no puede decir que ya se cansó de esta labor de recuperar territorios con gobiernos fallidos pues el problema podría extenderse. Si se retira ahora,  ¿quién podrá salvarlos? Por lo pronto el Papa Francisco va a consagrar Cardenal al Arzobispo Suárez Inda de Morelia. Por lo menos la Iglesia Católica está reforzando su presencia allí.

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PARA QUE FUNCIONE EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

POR: Octavio Díaz García de  León

 @octaviodiazg

     Desde antes de tomar posesión el presidente Peña comprometió una reforma para crear la Comisión Anticorrupción. Con la idea de que eso iba a ser un proyecto de muy corto plazo, el 2 de enero de 2013 se modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reforma con la cual desaparecen dos secretarías: la Secretaría de Seguridad Pública que se convierte en un apéndice de la Secretaría de Gobernación sin desparecer nada de su estructura administrativa y la Secretaría de la Función Pública (SFP), algunas de cuyas funciones se transfieren a la Secretaría de Hacienda, otras a las entidades y dependencias y otras más simplemente desparecen. Uno de los artículos transitorios de la reforma  prevé que la SFP subsista hasta en tanto se cree la Comisión Nacional Anticorrupción. 

     Sin embargo la propuesta de la Comisión Anticorrupción se detuvo en el Congreso a pesar de que ya había una iniciativa muy concreta por lo que la SFP se quedó en el limbo y no ha habido iniciativas anticorrupción desde entonces. 

       Más de dos años después y en medio de escándalos de corrupción en todos los órdenes de gobierno y en los tres poderes,  existe un clamor popular por que se haga algo respecto a los problemas de corrupción que nos agobian. Muestra de este clamor fue el discurso del presidente de la CANACO  Cd. de México el pasado 9 de enero   ante el  presidente Peña cuando le dijo: “El empresariado es un sector muy vapuleado por la corrupción. Cualquier oportunidad de negocios con el gobierno está expuesta a que se le solicite una contribución por anticipado antes de ser asignada.” (Reforma primera plana).

     Además de la corrupción que impera en innumerables ámbitos del gobierno y no deja de ser muy escandaloso, por ejemplo, lo que sucede con las policías municipales - muchas de ellas tomadas por la delincuencia organizada - también están las licitaciones que está llevando a cabo la SCT y que han sido cuestionadas por parte de testigos sociales, expertos y periodistas nacionales e internacionales. O bien  los casos no aclarados satisfactoriamente de posibles conflictos de interés en las relaciones de contratistas del gobierno federal con altos funcionarios del mismo. 

     Por ello  recientemente el PAN decidió hacer suya  una propuesta elaborada por Transparencia Mexicana y la Red por la Rendición de Cuentas (CIDE) la cual parecía lograr consensos de todos los partidos para llevarla a cabo. Sin embargo nuevamente se volvió a detener en la Cámara de Diputados ante el desacuerdo del PRI con algunos puntos de la misma. Esta propuesta anticorrupción no pretende crear nuevos organismos sino fortalecer a los existentes. Sin embargo para que  funcione realmente será necesario ir más allá de cómo se ha planteado. Algunos aspectos podrían ser:

1.    Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control (OIC).  La labor de control interno en el gobierno es indispensable por su carácter preventivo y para asegurar el cumplimiento de los objetivos de las instituciones. Pero su labor debe ser realizada con independencia de las instituciones para que tenga fuerza y objetividad. Deberá darse marcha atrás a la desaparición de la SFP y su secretario debe ser seleccionado en un concurso abierto del cual el presidente escogería una terna para proponerla al  Senado (Algo similar a lo que se hizo con COFECE e IFETEL). Por otra parte los titulares de los OIC y su personal deberán estar sujetos a un servicio profesional de carrera y de ninguna manera ser nombrados o sugeridos por los titulares de las entidades y dependencias como ocurre hoy en día. Los concursos del personal de los OIC’s  podrían ser organizados por universidades y supervisados por organismos de la sociedad civil. Los candidatos a titulares de OIC deberán pasar también por un proceso de control de confianza. La SFP deberá retomar las actividades de control interno, mejora de la gestión pública y otras muchas funciones que le permitían hacer una labor preventiva en gran escala para impedir la corrupción y hacer que las instituciones cumplan con sus objetivos.

2.    Auditoría Superior de la Federación. Deberá otorgársele plena autonomía para actuar como auditor externo del gobierno federal. Sus integrantes deberán estar sujetos a un proceso de selección similar  al mencionado en el punto anterior. Sus observaciones deberán ser atendidos prontamente y con consecuencias graves en caso de no ser cumplimentadas; los pliegos de responsabilidades que generen deberán ser enviados a un nuevo tribunal administrativo que se encargaría de desahogar los procesos de responsabilidades de los servidores públicos. También, como ya se planteó, deberá poder realizar auditorías durante el ejercicio del gasto para que pueda tener incidencia durante el ejercicio en curso  y a posteriori como lo ha realizado siempre.  

3.    Tribunal Administrativo. Este Tribunal podría derivarse del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pero en todo caso separarse de los temas fiscales. Este tribunal estaría especializado en procesar los casos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos al cual llevarían sus acusaciones tanto los OIC´s como la ASF y en su caso,  aplicar las sanciones correspondientes. Este tribunal deberá tener autonomía constitucional para darle la independencia necesaria. La selección de sus miembros también deberá hacerse en base a un servicio civil de carrera y deberán pasar por  controles de confianza para asegurar la confiabilidad de sus elementos.

4.    Fiscalía Anticorrupción Federal. Si bien ésta ya existe,  su dimensión es muy pequeña y depende de la Fiscalía General de la República (Antes PGR).   Es prioritario darle total autonomía constitucional y recursos suficientes para que tenga un tamaño adecuado a  la dimensión del problema, lo que podría elevar el número de funcionarios de 30 o 40 que tiene hoy en día a quizá más de mil servidores públicos. La idea es tener una fuerza de investigación con todas las herramientas para poder hacer las investigaciones de los delitos de corrupción en que incurran servidores públicos, empresarios y ciudadanos que intenten corromper a funcionarios. Quizá también sea conveniente revisar el fuero que actualmente gozan funcionarios de alto nivel, o en todo caso perfeccionar y agilizar los mecanismos del juicio político.  En otro artículo he hablado de las características que podría tener la Comisión Anticorrupción pero que bien podrían aplicarse al diseño de ésta Fiscalía.

5.    Auditorías Superiores Estatales. En los estados habría también que fortalecer y dar mayor autonomía a estas instituciones, replicar su funcionamiento en base a las características de la federal y crear mecanismos de cooperación con la federación.   

6.    Fiscalías anticorrupción estatales. A nivel estatal también debería haber  fiscalías  anticorrupción en el ámbito de su competencia con solidez y autonomía, igualmente modeladas de conformidad con la equivalente a nivel federal.

7. Tribunales administrativos locales. De la misma forma a nivel estatal deberán crearse este tipo de tribunales a fin de que puedan procesar los casos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos que le leven las auditorías estatales y las contralorías en atención a las leyes de responsabilidades locales.

8.    Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. A fin de coordinar los esfuerzos a nivel nacional en la materia sería necesario crear un pequeño secretariado ejecutivo que incorpore además a organismos de la sociedad civil en un Comité de Ética. Este secretariado también se encargaría de canalizar apoyos financieros a estados y municipios para combatir la corrupción a través de fondos especiales creados con ese propósito.

Para combatir la corrupción lo que hace falta es voluntad política y algunas herramientas institucionales básicas para que se pueda realizar esta labor. No es necesario crear elefantes blancos burocráticos que den la ilusión de combatir la corrupción, sino instituciones eficaces que den resultados pronto. Ojalá que la reforma que se estará discutiendo el mes que viene  tenga estos elementos y no se quede en puro gatopardismo reformista.

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CHARLIE HEBDO: UNA LLAMADA DE ATENCIÓN

POR: OCTAVIO DÍAZ G. L.

 @octaviodiazg

     Un grupo de terroristas islámicos irrumpió el pasado  7 de  enero en las oficinas de la revista semanal  francesa Charlie Hebdo y asesinó a 12 personas entre ellos dos  policías, al director del semanario y a sus principales colaboradores entre otros. Para quienes estamos acostumbrados a escuchar cada semana que diez o doce personas murieron en un ataque en alguna parte de México, quizá no  sorprenda lo que ocurrió en Francia y sí llame la atención la reacción del gobierno y sociedad francesa. La respuesta fue abrumadora: tres y medio millones de personas salieron a manifestarse en las calles de las principales ciudades de Francia para protestar contra los asesinatos. El presidente de Francia,  Francois Hollande, se presentó de inmediato en la escena del crimen a pesar de  que dicho semanario era un gran crítico suyo y estuvo a la cabeza de los esfuerzos para capturar a los terroristas quienes fueron abatidos en menos de 48 horas  después de una cacería a nivel nacional. También el presidente Hollande encabezó  las principales manifestaciones de duelo por los periodistas acompañado de jefes de estado, embajadores y personalidades de todo el mundo y en el homenaje a los policías caídos. Para Francia fue el mayor atentado terrorista en los últimos 50 años. 

      Charlie Hebdo es un semanario satírico irreverente que gusta de mofarse de las religiones judía, católica y musulmana, así como de algunos políticos. Los musulmanes son quienes más se habían quejado e inclusive amenazado al semanario. Hay que considerar que la población musulmana en Francia es una minoría bastante significativa con  alrededor de 6 millones de personas. Pero dentro de este grupo existe un reducido número de fundamentalistas radicales que han optado por tomar las armas contra los infieles.  Recordemos los ataques en Nueva York, Madrid y Londres por ejemplo. El semanario ya había sido víctima de un bombazo por terroristas musulmanes y su director y sus oficinas tenían protección policíaca especial quienes nada pudieron hacer para detener la matanza.  

      Ante el creciente número de musulmanes en los principales países de Europa, muchos de ellos inmigrantes recientes del Medio Oriente y de África, cada vez hay más rechazo hacia estas comunidades. Si bien a raíz del atentado al personal de la revista, las grandes manifestaciones que se produjeron en Francia fueron para protestar contra el terrorismo islámico, es posible que también hayan estado alimentadas por xenofobia y discriminación hacia la comunidad musulmana.

     Por muy ofensiva que haya sido la revista contra el Islam, de ninguna manera se justifica el asesinato de los periodistas y policías que los protegían. Como tampoco  se justifica que en clínicas donde se practican  abortos en Estados Unidos, activistas católicos o cristianos ofendidos por esas prácticas que van contra de su religión, planten bombas y maten a doctores y enfermeras. Sin embargo, el suceso de París plantea importantes  reflexiones sobre los límites de la sátira y hasta donde puede llegar la libertad de expresión. 

     La lucha contra la  intolerancia religiosa ha aumentado las libertades de las sociedades a través de la historia y se han ganado espacios ante quienes trataban de imponer ideas, creencias y voluntades gracias precisamente a la crítica de esos abusos. Pero en el caso de Charlie Hebdo, el objeto de mofa del semanario no era contra poderes que oprimen a una nación  sino contra las prácticas de ciertas minorías de creyentes católicos, judíos  o musulmanes, y digo minorías porque en  Francia la mayoría ya no profesa religión alguna. Por ello cabe preguntarse, ¿En qué  gana la libertad de expresión haciendo mofa de unas minorías? ¿En qué ayuda a acrecentar las libertades de que goza la sociedad?  ¿No se trata más bien de una provocación irresponsable a sabiendas de la sensibilidad de esas minorías a su religión y creencias? No hay que olvidar que Hitler alimentó implacablemente el odio contra ciertas minorías: judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales y su solución fue el genocidio. No vaya a ser que ahora a  través de medios aparentemente humorísticos e inocentes se estén alimentando prejuicios que hagan aflorar los peores sentimientos.

     Nuestro país es de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Pero aquí pierden la vida decenas de periodistas cada año no por burlarse de la religión (Que no dudo que podrían correr peligro si atacaran los  valores de la religión mayoritaria) porque para los periodistas mexicanos y la sociedad, las disputas en torno a la religión hace  casi un siglo que dejaron de ser factor de división. Hoy en día se les mata por escribir o hablar  acerca de delincuentes de todo tipo: desde políticos corruptos hasta aquellos que pertenecen a la delincuencia organizada y su crítica tiene por objeto construir un mejor país denunciando estas lacras. Por cierto, deberían castigarse los asesinatos de periodistas con la rapidez que se hizo en Francia y el rechazo generalizado de la sociedad a estas acciones.

      Pero burlarse de una persona  o de un grupo  de personas por ser diferentes o por creer en cosas que al periodista le pueden parecer ridículas y objeto de mofa no  ayuda a nadie ni  hace mejor a la sociedad en su conjunto. Lo lamentable de lo ocurrido a los periodistas de Charlie Hebdo nos debe hacer reflexionar que no se puede responder a la intolerancia religiosa con intolerancia hacia las religiones y también que la lucha contra los terroristas y asesinos de periodistas debe ser implacable.

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VECINOS INCÓMODOS

POR: OCTAVIO DÍAZ G. L.

 @octaviodiazg

     El pasado 6 de enero tuvo lugar la primera visita del Lic. Peña Nieto como presidente en funciones al presidente Obama mientras que este último ya ha estado un par de veces en México. La visita se da después de un otoño de dificultades y crisis que vivió nuestro país y que seguramente generó preocupación a nuestros vecinos del norte. También el contexto ha cambiado de manera inesperada. Como lo menciona Juan Pardinas en un artículo reciente en Reforma,  mientras en septiembre Peña era considerado el estadista del año, el presidente Obama tocaba fondo en su popularidad y su partido perdía importantes posiciones en el Congreso. Tres meses después, la aprobación del presidente Peña ha caído significativamente, su imagen se ha deteriorado  en el extranjero y  el país está en problemas mientras que  el presidente Obama, con acciones valientes en materia de migración y reanudación de las relaciones con Cuba, encabeza con éxito  un país en pleno crecimiento y despegue económico.

     La relación entre ambos presidentes no debe ser fácil. Obama nunca ha tenido un acercamiento especial con México ni habla español y por primera vez desde hace 30 años, tenemos un presidente que no estudió en Estados Unidos ni habla inglés fluidamente. También la administración del presidente Peña ha tomado distancia  con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, a diferencia del sexenio anterior que fue muy estrecha. No es de extrañar que el tema a tratar fuera primordialmente el de seguridad.

    Llama la atención el formato de la reunión entre los presidentes. Fue una sesión privada con una duración de una hora en la que solo estuvieron presentes además de los presidentes, Susan Rice, asesora del presidente en Asuntos de Seguridad Nacional y  Aurelio Nuño, Jefe de la Oficina de la Presidencia. En ella seguramente hubo aspectos que desde luego no se mencionan en las conferencias de prensa. Por ejemplo, estas reuniones cerradas luego constituyen una buena ocasión para que el presidente de Estados Unidos comparta información de inteligencia muy sensible relacionado con lo que ocurre en nuestro país. ¿Qué información tan delicada pudo haber compartido? Podría ser inteligencia relacionada con personalidades relevantes de la política mexicana implicándolos en actividades cuestionables o preocupantes. Otra alternativa podría ser que hayan identificado amenazas de terroristas islámicos que podrían introducirse desde México hacia Estados Unidos o inclusive atacar objetivos americanos en nuestro territorio.  Otro tema que mencionan diversos analistas es la preocupación para el gobierno de Obama  de que el gobierno de México busque una relación especial con China (Ver mi artículo).

    De lo que sí sabemos es que un tema relevante fue Iguala y los normalistas asesinados. No sabemos los detalles de la reunión pero por el semblante serio de ambos presidentes, aunque no faltaron las sonrisas y cordialidades para la foto, es posible que haya sido una reunión difícil. Y es que si Obama trató de cuestionar a figuras relevantes del gobierno mexicano o  hizo un reclamo por no haber sido eficaces para abatir la violencia o incluso si  tocó el tema de los posibles conflictos de interés que aquejan a figuras prominentes del gobierno, todo ello no debió recibirse de buena manera. No sabemos si hubo regaño o reclamo, pero parece que hubo desencuentro. Eso no es bueno para México, no solo porque se trata de la mayor potencia del mundo, sino que nuestras ligas comerciales, de seguridad y migratorias requieren que haya una relación especial.

     Para Estados Unidos cualquier amenaza a la estabilidad de México es una amenaza a su seguridad nacional. Por ello tienen  preocupación por la violencia de la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, las violaciones a los derechos humanos, la falta de crecimiento económico y la corrupción que impera en el país. Por ejemplo,  ante un improbable estallido social de gran alcance en México, se podría generar un flujo de cientos de miles o millones de refugiados hacia el país del norte. También podría propagarse la violencia a través de la frontera y trastornar al enorme comercio entre los dos países. Asimismo, si la reforma energética ha sido recibida con tanto entusiasmo allá  es porque por primera vez en décadas se abre la posibilidad de que compañías de aquél país inviertan en este sector en México, pero estarán buscando un juego parejo en donde lo que valga no sean las influencias y las corruptelas sino bases transparentes para todos los participantes.  

     En la compleja relación entre los dos países lo que hace  falta es una cooperación más estrecha. La inevitable vecindad nos debería hacer buscar mejores oportunidades para los dos. No una relación subordinada de México a Estados Unidos, sino una relación entre pares, reconociendo nuestras áreas de oportunidad. Por ejemplo, el  problema  del narcotráfico requiere un gran esfuerzo conjunto para abatirlo. No se puede  pensar en soluciones utópicas como abatir el consumo de drogas en Estados Unidos. Parar el flujo de drogas hacia Estados Unidos es tan importante como parar el flujo de armas y dinero hacia México. Si queremos detener la violencia tenemos que acabar con el negocio de la droga. Los estados mexicanos más violentos  son por ejemplo Guerrero, el más grande productor de heroína o Michoacán gran productor de mariguana y metanfetaminas.

     Entre los dos países, como entre cualquier vecino, debería haber una relación especial de ayuda, asociación y cooperación. Ser vecinos distantes no ayuda a ninguna de las dos partes, especialmente, no ayuda a México.

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