22 de diciembre de 2019

EN DEFENSA DEL BURÓCRATA




Por: Octavio Díaz García de León.


“Platón dijo que la gente buena no necesita leyes para actuar responsablemente mientras que la gente mala encontrará siempre formas para evadir la ley. Al pretender que las normas eliminarán la corrupción, hemos logrado humillar a la gente honesta y proporcionado un velo de opacidad y complejidad para los malos. Pero esto no es culpa de burócratas venales.” 

                                                                                        ― 
Philip K. Howard,
                                   
   La idea: Trabajar para el gobierno no genera mucho prestigio, salvo en contados casos. La población tiende a ver a la burocracia como ineficiente, corrupta, privilegiada y sin mucho compromiso con la sociedad. Como en todo, hay algo de cierto, pero más bien, mucha incomprensión. Habrá que equilibrar esta percepción y cambiar lo que no funciona de la burocracia.

    Alrededor de 5 millones de personas trabajan para los gobiernos federal, estatal y municipal lo que representa alrededor del 10% de la población económicamente activa. Prestan todo tipo de servicios a la población: desde seguridad pública y nacional hasta educación y servicios médicos.

   Muchos de ellos trabajan en condiciones muy precarias: policías con poco armamento, mala paga, horarios muy largos y muy poca seguridad social; médicos y enfermeras que enfrentan sobresaturación de sus instalaciones, falta de medicamentos e instrumentos de trabajo y cuyos salarios son bajos en función de su preparación; maestros que trabajan en instalaciones inadecuadas y con pocos incentivos.

   Sin embargo, la imagen del burócrata no es la del servidor público que trabaja en condiciones casi heroicas para dar lo mejor de sí y atender a la población, como sucede en muchos casos.

   Su imagen suele ser de oficinistas ineficientes, corruptos, desmotivados, incompetentes y con falta de interés en atender a la población. Sin duda existen algunos así, pero hay que ver porqué.

   Debemos recordar que el servidor público solo puede hacer lo que le permite la ley y las normas que rigen su trabajo. A diferencia de cualquier otra persona que puede hacer lo que quiera siempre y cuando la ley no lo prohíba.

    Esta diferencia es muy relevante. Tenemos leyes disfuncionales que no aplican a la realidad de México y otras normas que limitan y entorpecen la acción del servidor público. Todo ello en un contexto donde existen fiscalizadores que revisan si los servidores públicos se apegan a la norma y los sancionan si no lo hacen.

   Se ha mencionado que existe una burocracia dorada y efectivamente allí está:

   1.    Todavía hay altos funcionarios que tienen oficinas lujosas, choferes, secretarios particulares, comedores privados, escoltas, vehículos de todo tipo, etc.
    2.    Dirigentes sindicales de los burócratas que rara vez rinden cuentas de las cuotas de sus agremiados y que se enriquecen en sus cargos, como Elba Esther Gordillo o Carlos Romero Deschamps.
     3.    Trabajadores sindicalizados de empresas como CFE y PEMEX quienes llegan a tener percepciones superiores a las del presidente y pensiones muy cuantiosas. 
     4.    Otros trabajadores sindicalizados del gobierno que se han vuelto intocables y a quienes no se les puede despedir.

En contraste, hay segmentos de la burocracia que tienen condiciones de trabajo adversas:

    1.    Los mandos medios y superiores a los que se les ha reducido sueldo y prestaciones, quienes tienen cargas de trabajo excesivas con horarios demasiado largos y a quienes se les despide sin respetar sus derechos laborales.
     2.    Miembros de las fuerzas de seguridad que arriesgan su vida en condiciones muy difíciles y a quienes, por ejemplo, se les pide que cambien de residencia de un día para otro sin ningún tipo de apoyo y sin consideración a su situación familiar y personal.
    3.    Burocracia de bajo nivel, muchos de ellos de ventanilla, quienes carecen de oficinas dignas, herramientas  de trabajo adecuadas y tienen exceso de trabajo por falta de capacidad instalada.

   También es de destacar las agresiones que los burócratas sufren por parte del público al que atienden, quien no entiende las limitaciones que tienen los burócratas para hacer su trabajo. Es frecuente ver agresiones físicas en ventanillas de gobierno o a policías e inspectores agredidos por cumplir con su deber.
  
   El caso extremo de agresión es aquella que atenta contra su vida. Tan solo este año han sido asesinados 415  policías (https://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados-2019/) y para los cuales casi no se muestra pesar por parte de la sociedad. Para otras sociedades el asesinato de policías en una gran ofensa.  

   Quizá haga falta un ombusdman de los burócratas, quienes tienen muy pocas herramientas de defensa, especialmente quienes no pertenecen a la burocracia dorada.

   También hace falta una reforma para mejorar el servicio público con mejor infraestructura y políticas de recursos humanos que respeten la dignidad de los trabajadores del gobierno.  

   Si el gobierno quiere dar servicios púbicos debe haber un compromiso para que estos sean de excelencia. Para ello debe tener recursos humanos, materiales y financieros suficientes para dar servicios de calidad a bajo costo. Se requiere para ello servidores públicos motivados, capacitados, bien pagados y con las herramientas necesarias. Todos ellos bajo la dirección de una gerencia pública profesional que hoy es prácticamente inexistente.

    Quizás entonces cambiará la mala imagen, injusta en su mayor parte, de la gran mayoría de burócratas.   

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11 de diciembre de 2019

¿QUÉ SIGUE EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN?


LA SILLA ROTA
       

Por: Octavio Díaz García de León.

                                              
    La idea: Una de las principales banderas del presidente López Obrador ha sido el combate a la corrupción. A un año de haber iniciado su gobierno hay muestras claras de que se está combatiendo. Si bien otros asuntos empiezan a dominar las noticias, el combate a la corrupción debe seguir siendo una prioridad.

    Este primer año de gobierno fue abundante en investigaciones sobre casos de corrupción. Aunque diversas instituciones han estado trabajando en el combate a la corrupción, ha destacado la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por lo menos los casos más sonados en los medios de comunicación han derivado de investigaciones que lleva a cabo esta Unidad.

    Esta experiencia ha demostrado que seguir la huella del dinero es una de las mejores estrategias para detectar corrupción y castigar a los corruptos. Con un buen mecanismo de captación de declaraciones patrimoniales y la disponibilidad de  herramientas informáticas que permitan analizar bases de datos bancarias y de registros públicos de la propiedad o del comercio,  se podrá también identificar casos de enriquecimiento ilícito.

     No se debe descartar también el realizar labores de inteligencia que permitan identificar redes de vínculos entre empresarios proveedores del gobierno y funcionarios públicos,  con el fin de detectar conflictos de interés que no siempre son fáciles de identificar. Por ello, no se debe confiar solo en las declaraciones de conflicto de interés que hagan los servidores públicos, sino tratar de verificarlos.

     La intervención de la Secretaría de la Función Pública  (SFP) también ha sido relevante. No solo se combaten casos de administraciones  pasadas, sino que  también  se investiga a funcionarios de  la presente administración tales como las denuncias  a “superdelegados” y otros funcionarios del actual régimen, con lo cual dicha Secretaría ha demostrado su independencia y compromiso con la integridad.

   También ha habido iniciativas importantes desde la SFP tales como el lanzamiento de la plataforma “Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción”, la propuesta de cinco ejes estratégicos de la Secretaría y el lanzamiento reciente de la APP para celulares “Denuncia Paisano” con la cual los paisanos que vienen a visitar a sus familiares esta temporada navideña, podrán denunciar actos de corrupción.

    Un esquema muy importante para prevenir la corrupción, es la certificación de empresarios contra la corrupción que ha lanzado también la SFP y que se materializa a través del Padrón  de Integridad Empresarial.
     En él, las empresas que deseen participar en procesos de contratación con el gobierno,  deberán publicar sus códigos de conducta, sistemas de control y vigilancia, sistemas de denuncia contra la corrupción, procesos de capacitación, políticas de recursos humanos y mecanismos de transparencia. El gobierno federal otorgará el distintivo de integridad empresarial  a las empresas que cumplan con ciertos estándares de honestidad y transparencia.
    Los Órganos Internos de Control (OIC) que dependen de la Secretaría de la Función Pública son elementos clave en el combate a la corrupción. Estos se encuentran todavía en proceso de completar sus cuadros directivos pues aún están pendientes  nombramientos de algunos titulares de los OIC y de titulares del siguiente nivel jerárquico (Auditoría, Quejas y Responsabilidades).

    Para ello la secretaria, Dra. Irma Eréndira Sandoval, ha anunciado que privilegiará que dichos puestos sean ocupados por mujeres y hará una convocatoria para concursar esas vacantes.

    Un aspecto alentador es que la secretaria Sandoval, no permitió que se le impusiera el nombramiento de los titulares de los OIC y les está dando mayor independencia a estos órganos al hacer que presupuestalmente dependan directamente de la SFP, además de la independencia técnica y jerárquica que ya tenían.  

   Debido a las medidas de austeridad en los OIC será necesario que la SFP revise sus formas de operación a fin de hacer más eficaz y eficiente su trabajo.

    Por ejemplo, en administraciones anteriores se sobrecargó de tareas a los OIC, las cuales no tenían impacto relevante en las instituciones.  En ese sentido sería conveniente romper inercias, abandonar programas que no agregan valor y mejorar los sistemas de información de la SFP.  

    En cuanto a los programas de trabajo de los OIC, valdría la pena impulsar la realización de auditorías del tipo de cumplimiento financiero y normativo e incluso auditorías forenses para auxiliar en la detección de actos de corrupción.

    Por su parte, el Sistema Nacional Anticorrupción se ha visto poco y no se percibe que dé resultados. Dicho Sistema ha quedado trunco porque siguen sin nombrarse los magistrados anticorrupción en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y  si bien ha habido reuniones del Comité Coordinador, no han salido acciones de impacto de dichas reuniones.


    Un avance fue ponerse de acuerdo en los formatos para la declaración de situación patrimonial.  En contraste, la Política Nacional Anticorrupción sigue sin aprobarse.

    Este año ha sido de grandes cambios para reorientar a las instituciones a una política de austeridad e integridad en la gestión pública. El reto para el año que viene será dar más y mejores resultados en el combate a la corrupción.
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