Por: Octavio Díaz García de León
Pareciera que nuestras leyes penales y de responsabilidades
administrativas están hechas para un país ideal en donde las autoridades encargadas
de aplicarlas tienen enormes recursos, preparación, métodos avanzados de
investigación, cuentan con instalaciones adecuadas y suficiente personal
altamente capacitado para atender todos los casos que se les presentan. Ciertamente
México no tiene estas capacidades y por lo tanto las leyes por sí mismas no son
de mucha utilidad, generando impunidad.
¿Por qué estas leyes requieren instituciones tan profesionales y bien
equipadas? Porque es muy difícil cumplir todo lo que se pide de ellas ya que
las leyes son muy difíciles de aplicar. Esta dificultad proviene, entre otras
razones, de su garantismo que suele dar a los presuntos responsables más
ventajas que a las víctimas y por un sesgo de nuestro sistema jurídico que hace
que los procedimientos tengan preponderancia sobre el fondo de los asuntos.
Habrán escuchado de innumerables casos en donde los ministerios
públicos o las contralorías no pudieron armar bien un expediente de
investigación para acusar a personas que a todas luces eran culpables y, entonces,
los jueces las dejan en libertad y las
contralorías sin sanción, o bien, de
procesos judiciales en donde por no seguir de forma estricta los procedimientos
legales y sin revisar el fondo de los asuntos, se pierden los casos.
Ante nuestra realidad institucional, el garantismo y el procesalismo
han sido puertas que conducen a la impunidad, fomentada a su vez, por otros factores tales como los pocos
recursos humanos y materiales con que cuentan las autoridades y la corrupción
que afecta a todos los procesos relacionados con la aplicación de las leyes.
A pesar de la evidencia, se sigue pensando en reformar o emitir más leyes
con mayor sofisticación, en lugar de
armonizarlas con las instituciones y su realidad. Como si por arte de magia, nuevas leyes o reformas de avanzada fueran a
resolver el problema de la impunidad, sin tomar en cuenta las capacidades y
circunstancias de las instituciones que tendrán que aplicarlas.
Bajo esta lógica, se han creado sistemas
barrocos disfuncionales como el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual no ha podido combatir la corrupción
porque integra a instituciones cuyo mandato no es combatir la corrupción
(excepto una) o se ha reformado la Ley
de Responsabilidades Administrativas, la cual tiene numerosos errores, para
intentar combatir actos de corrupción por esta vía, sin considerar que los
órganos internos de control y las contralorías no están diseñados para este
propósito y siendo además que sus disposiciones se duplican con el Código Penal
Federal.
La más reciente Ley General de Responsabilidades Administrativas, en vigor desde 2017, es mucho más garantista y extensa en procedimientos
que su antecesora, con lo que se amplían los caminos hacia la impunidad, dado que ni se modificaron las instituciones
encargadas de aplicarla ni se les dieron los recursos necesarios para cumplir
con estas nuevas exigencias. Otro factor
que la hace disfuncional es que en lugar de que dicha Ley sea una herramienta
para el control interno del gobierno, se trató que fuera el instrumento
primordial para combatir la corrupción.
Si bien es muy válida la preocupación por la violación a las garantías
individuales en procesos judiciales, como la presunción de inocencia, sobre
todo con tantos antecedentes de violación a los derechos de los acusados, el
inclinar el balance legal en favor de los presuntos malhechores va en detrimento
de los derechos de las víctimas, pervierte el objetivo primordial de las leyes
que es proteger a la población y no cumple con el propósito de prevenir conductas
ilícitas.
También son necesarios procedimientos legales claros para evitar
arbitrariedades en los procesos, pero no debería darse más importancia a estos
cuando las evidencias de la culpabilidad de los acusados no son desvirtuadas, pues esto pone la atención de las autoridades
en la parte equivocada: en la forma y no en el fondo. Adicionalmente, ante
procedimientos demasiado detallados y barrocos, es más probable su
incumplimiento debido a errores o por falta de capacidad de las autoridades, impidiendo
el proveer justicia.
Hace falta que legisladores y juristas estén más enfocados a darle
resultados a la sociedad y diseñen leyes que logren ese propósito, haciéndolas más sencillas de aplicar y
orientadas al fondo y no a la forma jurídica.
A la vez es urgente fortalecer a fiscalías, contralorías, policías,
Poder Judicial y todos aquellos encargados de combatir ilícitos y faltas
administrativas, dándoles más recursos y rediseñándolas para que puedan ser eficaces
en la aplicación de las leyes.
Una vez alineados el marco legal con las instituciones que lo aplican,
se deberá vigilar que ambas cumplan con su cometido y de no ser así, corregir.
No se pueden seguir creando y reformando leyes sin modificar, adaptar y
fortalecer a las instituciones que tienen que aplicar esas leyes. Se requiere una
visión integral orientada a darle resultados a la sociedad.
