¿REVUELTA EN EL TRIBUNAL O TRIBUNAL REVUELTO?

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

      La idea: La inédita, y algunos opinan que ilegal, remoción del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado José Luis Vargas, refleja una problemática interna que es digna de atención por tratarse de una institución de tanta importancia para la democracia en nuestro país. Quizás el Poder Judicial debería revisar sus diseños institucionales para hacerlos más funcionales y evitar más crisis como la que ha vivido ya varias veces dicho Tribunal.

     En el Tribunal Electoral van siete presidentes en los 5 años que lleva esta integración de magistrados de los cuales tan solo en una semana hubo cuatro presidentes distintos, lo cual puede ser un indicio de que la gobernanza del Tribunal no está funcionando.

   Por otra parte, algunos medios de comunicación opuestos al gobierno del presidente López Obrador, llevan a cabo una ofensiva permanente contra el magistrado Vargas desde hace más de dos años, la cual se acentuó cuando tomó la presidencia del Tribunal, quizás por sus posiciones supuestamente a favor del gobierno.

    Sin embargo, ese mismo gobierno al que se supone apoyaba el magistrado Vargas también lo investigó a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien primero le imputó enriquecimiento inexplicable y ante la exoneración por parte de la Fiscalía General, entonces lo acusó de posible lavado de dinero mediante una ofensiva mediática que coincidió con la campaña de los magistrados disidentes. Una vez lograda la renuncia del magistrado Vargas, el titular de la UIF no ha vuelto a salir a medios para hablar del tema.

    Por su parte, el presidente de la Suprema Corte apoyó a los magistrados inconformes, dijo que “ya no es viable” la permanencia del magistrado Vargas y le pidió que diera “un paso a lado”, quien así lo hizo, renunciando a la presidencia del Tribunal.

    También el presidente López Obrador criticó a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal y les pidió que todos renunciaran mientras el grupo parlamentario de MORENA ya introdujo una propuesta de reforma legal que, entre otras cosas, propone remover a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal. ¿Fue una ofensiva concertada contra el magistrado Vargas o contra el Tribunal?

    ¿Es importante la presidencia del Tribunal? Desde el punto de vista de las controversias en materia electoral que allí se resuelven, no es tan relevante como ya se ha visto, pues solo es un voto más, aunque se supone que si es elegido por la mayoría de sus pares podría influir en el sentido de las decisiones. Sin embrago, en la gestión del magistrado Vargas, de nada le valió ser presidente pues en asuntos relevantes o mediáticos frecuentemente tuvo el voto en contra de por lo menos 5 de sus colegas.

    ¿Entonces en que consiste el encanto de esa presidencia? El presidente tiene la responsabilidad de manejar las áreas administrativas, los órganos auxiliares de la Comisión de Administración y otras áreas, las cuales cuentan con el 38% del personal y 25 puestos de dirección general o superior vs. 62% de personal jurisdiccional encabezados por 25 magistrados.  

    Así, el presidente puede nombrar a muchas personas en todos los niveles, repartir puestos entre los otros magistrados para mantener la armonía interna y manejar los recursos del Tribunal. Sin embargo, esto propicia riesgos de corrupción al entregarse los cargos a familiares y amigos, tengan o no el perfil adecuado.

    Pero los riesgos de corrupción no solo están en la parte administrativa del Tribunal, sino que los mayores riesgos de corrupción se encuentran en la posibilidad de comprar votos de magistrados para inclinar sus decisiones jurisdiccionales a favor de actores políticos.  

    ¿Cómo se podría mejorar la gobernanza, reducir los riesgos de corrupción del Tribunal y de paso evitar disputas por la presidencia como las que son frecuentes allí?

     En teoría la administración del Tribunal la lleva la Comisión de Administración. Está integrada por tres Consejeros de la Judicatura, un magistrado de Sala Superior que es seleccionado al azar y el presidente del Tribunal. Se le presenta cada mes una agenda de 50 o más asuntos para su aprobación, pero su intervención difícilmente llega más allá.   

     Si esta Comisión es la que debe administrar al Tribunal y la manzana de la discordia es determinar quién, desde la presidencia, maneje puestos y recursos del Tribunal, a lo mejor la solución pasa por empoderar a fondo a la Comisión de Administración y evitarles esas distracciones y tentaciones a los magistrados de la Sala Superior.

     Para ello la Comisión tendría que establecer un vínculo más fuerte con los operadores administrativos. Por ejemplo, nombrando al Secretario Administrativo y este a los directores generales, respondiendo directamente a la Comisión y no al presidente del Tribunal. Otra forma sería el impulsar un servicio civil de carrera entre el personal hasta los niveles más altos, para evitar actos de nepotismo y profesionalizar al Tribunal.

   Si lo que se quiere es evitar riesgos de corrupción en los asuntos jurisdiccionales, se requieren mecanismos de investigación externos al Tribunal que permitan detectar enriquecimiento ilícito y otras manifestaciones de corrupción, para lo cual se tendría que modificar la normatividad actual que prevé que los magistrados se investiguen a sí mismos.  

    Urge evitar más crisis como las que ha vivido el Tribunal al sufrir cambios de presidentes que no han podido terminar el periodo para el que fueron nombrados, diseñar formas eficaces de combate a la corrupción y buscar una forma de gobierno institucional más estable y profesional. Está en juego la sobrevivencia de esta institución.

 

NUEVOS RETOS PARA FUNCIÓN PÚBLICA

                                       

Por: Octavio Díaz García de León 

   La idea: En una conferencia matutina reciente, el presidente López Obrador mencionó que, con la llegada del nuevo secretario de la Función Pública, el Mtro. Salcedo, se iban a realizar cambios importantes a dicha Secretaría. Sin embargo, lo que propuso tiene enormes retos y las preguntas son: ¿podrán hacerse los cambios que propone? y ¿funcionarán? Se ve difícil.

    Lo que planteó el presidente como reformas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) representa el cambio mas radical desde su creación. Sería unificar las adquisiciones y las de control interno y fiscalización de todo el gobierno federal en una sola Secretaría. Todas las contrataciones de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública del gobierno se llevarían a cabo en la SFP. Por cierto, en su alocución, el presidente ya no habló de combatir la corrupción desde la SFP sino actuar como vigilante de la honestidad de los servidores públicos.

    El presidente también mencionó lo que sería un cambio trascendente para cada institución del gobierno federal, si se lleva a cabo: “En vez de que haya un director administrativo y aparte un director de la función pública, va a ser uno. Esto se va a simplificar”.  Lo que se entiende de estas palabras es que se unirían las áreas administrativas y las de fiscalización bajo un solo titular en cada institución del gobierno federal.

    En sexenios anteriores las labores administrativas estaban a cargo de los oficiales mayores que tenían nivel de subsecretario en las secretarías y de los directores generales de administración en las paraestatales. En este sexenio, se bajó el nivel salarial de los oficiales mayores, se le cambio de nombre al puesto y ahora son Titulares de la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF).

    Los TUAF teóricamente son nombrados por la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y dependen de ella. En la práctica no sucedió así. Los TUAF siguen siendo personas de confianza de los secretarios y la oficial mayor de Hacienda no tiene mucha influencia sobre ellos.  

    Por otra parte, la fiscalización ha estado en manos de los órganos internos de control (OIC) dependientes de la SFP a cargo de los titulares de OIC, quienes ellos sí, en este sexenio han mantenido la independencia de los secretarios.

    Si la idea es consolidar en un solo puesto ambas responsabilidades habrá que empezar por modificar la Constitución en todas aquellas atribuciones que les da a los OIC y de allí en cascada a todas las leyes que hacen referencia a esta figura, así como a las que hacen referencia a las unidades de administración y finanzas lo que implicaría un enorme rediseño institucional.   

     Algunos posibles problemas serían:

   El concentrar en una sola institución todas las contrataciones del gobierno representa un enorme cuello de botella. El desabasto que ahora ocurre en el sector salud podría estar sucediendo en el resto del gobierno federal. Cuando se planteó, antes de iniciar el sexenio, la creación de la macro oficialía mayor,  señalé los problemas que enfrentaría. Al final quedó un híbrido que trató solo de consolidar ciertas compras generando problemas de desabasto, y eso que solo se incluyeron las secretarías en el esquema y no las paraestatales, pues el problema hubiera sido mayor para PEMEX, y CFE, entre otras.

    Tener bajo una misma cabeza a la fiscalización y a las adquisiciones no solo a nivel secretaría sino en cada institución, representa un gran conflicto de interés pues las áreas que más se fiscalizan desde los OIC son las que manejan los recursos. Para el titular del área administrativa, con todas las presiones que tiene, siempre será prioritario atender a sus clientes internos y jefes y si puede, lo haría pasando por encima de la normatividad. Esto podría ocurrir al quitársele el freno del organismo fiscalizador, al tenerlo bajo su mando. Ni que decir de las oportunidades de corrupción que sería sumamente fácil ocultarlas con una fiscalización simulada.

    Lo que creo:

    No se unirán el administrador y el fiscalizador en cada institución. Por otra parte, sí se irá la oficialía mayor que estaba en Hacienda a SFP, aunque no consolidarán compras de paraestatales. Me parece que el nuevo secretario de Hacienda entendió que tener esa responsabilidad representaba un lastre por apartarse de sus responsabilidades principales y a que, además, las oficiales mayores no le respondían al secretario de Hacienda sino al presidente.

    Recordemos que al principio del sexenio se le quitaron atribuciones a SFP en materia de normatividad en contrataciones y recursos humanos para incorporarlas a la oficialía mayor de Hacienda. Esas funciones estarían regresando a SFP junto con la enorme responsabilidad de realizar todas las adquisiciones del gobierno federal y quizá, el presupuesto asociado. La pregunta es, ¿quién va a fiscalizar las adquisiciones?, ¿ellos mismos? Así parece.

    Queda ver como resuelven operativamente toda esa reestructura. Como dijo el presidente: “Por eso Roberto Salcedo va a estar allí. Yo creo que ahora sí se las puse difícil.”

LA PIEZA ANTICORRUPCIÓN FALTANTE

 

Por: Octavio Díaz García de León

   La idea: La reforma anticorrupción modificó el marco normativo e incluso el nombre del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Tribunal) para darle nuevas atribuciones anticorrupción. Sin embargo, el retraso en el nombramiento de magistrados para las nuevas funciones, han dejado inconclusa dicha reforma desde 2017. Ante la falta de resultados de la reforma anticorrupción, es oportuno revisar el papel de este Tribunal.

     Recuerdo que a principios del sexenio del presidente Fox discutíamos, en la que ahora se llama Secretaría de la Función Pública (SFP), la posibilidad de que sus órganos internos de control (OIC) dejaran de tener la facultad de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidades administrativas ya que los OIC auditaban, investigaban, procesaban y sancionaban a los servidores públicos por faltas administrativas.

    Esto planteaba un posible conflicto de interés al ser juez y parte. La idea era que el procedimiento de responsabilidades de los servidores públicos se transfiriera al entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Finalmente, no ocurrió, entre otras cosas, porque representaba saturar de trabajo al Tribunal.

    El posible conflicto de interés se mantuvo al mínimo por el esquema de trabajo de los OIC que ponía separación estricta entre las áreas investigadoras y substanciadoras y este esquema aún permanece funcionando así. Con la reforma anticorrupción finalmente se separaron estas funciones concretando lo que desde hacía muchos años se había planteado, pero se hizo parcialmente.

    Al Tribunal se le dio, a partir de julio de 2017, la facultad de substanciar y resolver los casos de responsabilidades administrativas, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el caso de las faltas graves cometidas por los servidores públicos, dejando en los OIC la facultad de hacer lo mismo tratándose de faltas no graves.

    Para ello se previó la incorporación de una Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal y la creación de cinco salas especializadas en responsabilidades administrativas, para las cuales se requería nombrar a 18 magistrados. Sin embargo, desde 2017 que entraron en vigor las reformas, solo hasta este año  se nombraron dos magistrados para la Tercera Sección y es posible que ya no se nombre al resto por razones de austeridad. Sin embargo, las atribuciones y las obligaciones derivadas de la reforma subsisten y han tenido que ser atendidas habilitando a una de las Salas Regionales del Tribunal (La XIII Metropolitana) para desahogar estos casos.

   Durante estos cuatro años ha sido difícil atender los procedimientos derivados de faltas graves, entre otras cosas, por la falta de personal para que atendiera los casos en el Tribunal y por una confusión derivada de la mala redacción del artículo tercero transitorio de la Ley de Responsabilidades, por la cual el Tribunal rechazó innumerables asuntos que les enviaron los OIC, quedando algunos de ellos en el limbo, al no definirse bien de quien era la competencia para resolverlos.

  El Tribunal pertenece al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, un cuerpo colegiado de instituciones de las cuales solo la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, tiene el mandato de combatir la corrupción, con lo cual la eficacia de este Comité en materia de combate a la corrupción se ve reducida.

    Mas allá de estas peripecias de la reforma anticorrupción que no ha podido acabar de implementarse desde 2017, sería conveniente replantear la estructura tan compleja que se diseñó para combatir la corrupción ya que no ha dado resultados hasta ahora.

    He escrito en esta columna que la corrupción no se debe combatir por la vía administrativa debido a que los actos de corrupción ya están tipificados como delitos y las instituciones encargadas de aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas no están diseñadas para combatir la corrupción.

    El régimen disciplinario de los servidores públicos debería retomar su espíritu: ser una herramienta que auxilie en el control interno del gobierno a través de esquemas de sanción expeditos con efecto inmediato para corregir desviaciones a la normatividad, el mal uso de los recursos públicos y castigar el incumplimiento de objetivos.

    En ese sentido, quizás el Tribunal solo deba conservar su atribución como instancia de apelación en matera de sanciones administrativas y quitarle la facultad de resolver procedimientos en casos de faltas administrativas graves, para dejar en los OIC la capacidad de aplicar en forma integral el régimen disciplinario de los servidores públicos.

    Ante la falta de resultados del Sistema Nacional Anticorrupción es tiempo de evaluarlo y ver si se debe continuar con ese esquema o, como lo he propuesto, reforzar a la Fiscalía Anticorrupción dándole la suficiente autonomía, recursos y capacidad operativa. Por su parte, las instituciones que integran su Comité Coordinador, tales como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sería conveniente que se concentren en las funciones para las cuales fueron creadas.