16 de diciembre de 2018

EL GRAN RIESGO




Por: Octavio Díaz García de León

     La idea:  Uno de los grandes riesgos de cualquier gobierno es no tener a las personas adecuadas en los puestos de más alta responsabilidad. Un ejemplo de ello ha sido la administración del presidente Trump, quien no estaba preparado para gobernar, pues nunca pensó ganar. Ahora que es presidente, tampoco le interesa gobernar con la mejor gente. Su gobierno podría acabar en el fracaso.

     Si en los años sesenta Estados Unidos era gobernado por “los mejores y más brillantes” quienes aun así llevaron a ese país al desastre de la guerra de Vietnam, en la era de Trump, gobiernan los menos aptos y el riesgo es mucho mayor, no solo para los americanos sino para el resto del mundo.

     En el reciente libro de Michael Lewis “El Quinto Riesgo” describe como nunca funcionó el equipo de transición de Trump, pues como no pensaban ganar y mucho menos gobernar, no le dieron importancia.

    Una vez que el sorpresivo triunfo se concretó, se fueron colocando personas en la nueva administración a un paso muy lento y con personajes sin ninguna experiencia en el gobierno. Entre ellos, ideólogos de ultraderecha, empresarios que solo ven por sus intereses y algunos incondicionales.

    Un ejemplo de lentitud en nombramientos clave es que desde que entró en funciones el presidente Trump hace ya dos años, aún no ha nombrado embajador en México, quizás uno de los países de mayor importancia para nuestro vecino del norte.

    Lewis entrevista a funcionarios de la administración saliente de Obama, a quienes les pregunta que cuales eran los riesgos más grandes que enfrentaba Estados Unidos. Un alto funcionario del Departamento de Energía le dijo que su mayor temor eran cinco riesgos: un accidente con armas nucleares, Corea del Norte, Irán, la seguridad de la red eléctrica nacional y la “administración de proyectos”.

    ¿Administración de proyectos? Esta declaración enigmática la va develando el autor conforme avanza el libro y se refiere al gran riesgo de no tener al personal adecuado a cargo de las tareas de gobierno, por la gran cantidad de temas delicados que manejan.

    Los nombramientos de Trump han sido desafortunados como prueba la alta rotación de funcionarios que ha tenido. Ahora existe más preocupación porque hagan un mal trabajo, que por otras amenazas a la seguridad de Estados Unidos.

     Por ejemplo, un mal manejo de desechos radioactivos; un accidente con armas nucleares; medidas que impulsen el calentamiento global; un enfrentamiento nuclear con Irán o Corea del Norte, etc.

    El éxito de cualquier gobierno se mide por la calidad de sus funcionarios. México no es la excepción. El presidente nombra secretarios, subsecretarios y directores generales de paraestatales. Algunos de estos puestos, unos cuantos, requieren ratificación del Congreso.

    Dos condiciones que podrían garantizar el buen funcionamiento del gobierno son un servicio profesional de carrera consolidado y un proceso de selección de funcionarios muy cuidadoso.  

    En ese sentido, es necesario evaluar a funcionarios de administraciones anteriores para saber si llegaron a los puestos por compadrazgo y no por su capacidad y por otra parte evitar desplazar a personas que tienen años trabajando en áreas clave del gobierno. Esto último podría ocasionar la pérdida de memoria y capacidad institucional, poniendo en riesgo el funcionamiento de áreas sensibles.  

   El presidente Fox, recurrió a “caza talentos”, como lo hacía en la iniciativa privada para reclutar puestos clave. Algunos de ellos funcionaron pero otros no. Afortunadamente tuvo la prudencia de dejar a la mayor parte de la estructura burocrática del gobierno de Zedillo.

    Por ejemplo, con las medidas de austeridad que tomó, en las secretarías redujo el número de subsecretarios a tres e invariablemente uno de los tres tenía amplia experiencia en los regímenes anteriores. Algunos se quedaron los 12 años de administraciones panistas, a pesar de tener origen en regímenes del PRI, porque al final de cuentas eran más técnicos que políticos.

    El presidente Calderón favoreció especialmente a militantes destacados de su partido, Acción Nacional, muchos de los cuales carecían de experiencia en gobierno, aunque también colocó a personajes ajenos al PAN en puestos técnicos, especialmente en las áreas hacendarias.

    El presidente Peña armó su equipo con colaboradores que venían del Estado de México y algunos priistas que habían quedado fuera del gobierno en los 12 años de gobiernos del PAN, desplazando a muchos funcionarios que ya habían aprendido a manejar altas responsabilidades.

    En el equipo del presidente López Obrador hay una mezcla de personas con mucha experiencia en el gobierno y otras totalmente nuevas a él. La clave será como irán armando sus equipos para dar los resultados que requiere el país.

    Lo que es innegable es que cualquier gobierno, para ser exitoso y dar resultados, requiere a personas de muy alta capacidad gerencial y técnica en los puestos de gobierno. Atraer ese talento siempre será un reto para cualquier administración que arranca.
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7 de diciembre de 2018

BUROCRACIA EXCESIVA




Por: Octavio Díaz García de León

    La idea:  El gobierno federal ha crecido en áreas donde no se justifica y por otra parte  tiene carencia de recursos en actividades clave. Con el arranque de este sexenio sería oportuno que se realice un diagnóstico para determinar donde se podría reducir gasto y recortar personal a la vez que reforzar áreas prioritarias.

    El gobierno federal tiene un aparato burocrático enorme y a pesar de ello no ha podido ofrecer buenos servicios educativos, de salud y seguridad pública ni infraestructura de calidad como carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Y es en estos sectores donde se concentra la mayor parte del gasto del gobierno.  

    También el gobierno ha demostrado ser un mal empresario pues PEMEX y CFE están prácticamente en quiebra por exceso de personal, contratos colectivos muy onerosos y problemas graves de corrupción.

   Por otra parte, han proliferado nuevos organismos y nuevas estructuras burocráticas. Algunos derivados de que anteriores legislaturas  creían que los problemas del país se arreglan con más burocracia y en otros casos por simple inercia.

   También se ha abusado de la creación de plazas temporales y esquemas de outsourcing que han elevado el gasto en  personal. A pesar de este crecimiento en empleados, no se ha logrado dar servicios de calidad a la población.

   Ejemplos hay muchos. Recientemente, Clara Luz Álvarez publicó un artículo (https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=146929&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=146929) sobre PROMTEL, un organismo de gobierno del sector telecomunicaciones, en donde expone  buenas razones por las cuales no debería existir esa institución y propone su desaparición.

   Hace algunos años tuve oportunidad conocer algunos programas de la Secretaría de Economía. Varios de ellos en el Instituto Nacional del Emprendedor, cuyos recursos en 2018 ascienden a 2,630 millones de pesos para apoyar a empresas pequeñas. Estos  apoyos no llegan a más del 1% de las cinco millones de MIPYMES y en cantidades muy pequeñas por empresa. El impacto de estos programas es mínimo.

   Lo que es peor, una buena parte del dinero se queda con los gestores de estos apoyos, ya que las reglas de operación son complicadas para los microempresarios e incluso se pueden prestar a actos de corrupción.

   Así como estos casos podrían ser ejemplos de burocracia innecesaria o poco eficaz,  en todo el gobierno federal existen áreas de oportunidad para reducir el gasto. Programas que no alcanzan a tener impacto suficiente en la población objetivo o que simplemente no sirven para lo que se supone fueron diseñados.

   Las burocracias privadas o públicas  se alimentan de una inercia propia en donde se auto justifica su existencia y ellas mismas  propician su crecimiento. No conozco a un funcionario público que diga que puede hacer el trabajo con menos recursos. Al contrario, siempre requieren más.

   En parte tienen razón,  por la creación constante de nuevos organismos y nuevas atribuciones para el gobierno, ya sea por el Congreso o por instrucciones del presidente y sus secretarios, con lo cual se  va incrementando el trabajo y la necesidad de contar con más estructuras.

    Es pues oportuno, ahora que inicia el sexenio en el que se busca austeridad en la función pública, realizar  un diagnóstico que permita encontrar esas áreas de gasto en exceso que dan pocos resultados, reducirlas y desaparecer programas e instituciones que son ineficaces. También abstenerse de crear nuevas tareas y organismos.

   Una de las razones  por las cuales es difícil saber si las instituciones de gobierno son eficaces y eficientes es que carecen de objetivos y metas adecuadas que permitan medir si cumplen con su misión. Por lo general, los objetivos que plantean  son muy vagos o de carácter muy general con lo cual no se puede saber si están sirviendo de algo a la sociedad.

   En el sector privado es  más sencillo, pues si no cumplen con algunos objetivos clave, las empresas quiebran y desaparecen. Por ejemplo, metas de rentabilidad, flujo de efectivo, apalancamiento, participación de mercado, crecimiento en ventas, etc. Como estos son indicadores medibles  y comunes, se establecen metas con facilidad y se piden cuentas a los gerentes, a quienes, si no cumplen, no se les pagan incentivos o son despedidos.

   Si se pudiera llegar a métricas universales e igual de sencillas de calcular en el sector público, aunados a una rendición de cuentas apropiada, se podrían tener gobiernos que le agreguen más valor a la sociedad.

   Hoy en día los presupuestos son básicamente inerciales. Al del año pasado se le agrega o se le quita determinado porcentaje sin saber el impacto social  que tendrán.

   Si se sometiera a los programas, unidades administrativas de secretarías, organismos desconcentrados y descentralizados a un análisis de su  costo-beneficio se podrían encontrar aquellas que sería mejor desaparecer o reducir y a cuales reforzar.

    Partiendo de este análisis se podría construir un  presupuesto base cero,  determinando con precisión los recursos que se van a necesitar para producir los resultados buscados. Con ello, tener una rendición de cuentas que permita sancionar a los funcionarios que no cumplan con los planes, tal y como  ocurre en la iniciativa privada.

    Ahora que empieza la nueva administración podría ser  oportuno revisar el gasto con un enfoque de costo-beneficio. Desaparecer aquél que no se justifica y reorientar los recursos que se gastan ineficazmente hacia  donde se requieren con mayor urgencia, como lo son las áreas de salud, seguridad pública y creación de infraestructura.

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21 de noviembre de 2018

CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL




Por: Octavio Díaz García de León.

     La idea: Para la próxima secretaria de la Función Pública, la Dra. Sandoval,  el combate a la corrupción ha fracasado en los últimos lustros. Para el análisis de la corrupción ofrece una nueva herramienta que es el “Enfoque de la Corrupción Estructural” con la cual hace más responsable por la corrupción al sector privado que al sector público. A partir de este enfoque se vislumbran algunas acciones que podría seguir la nueva secretaria. 

    Esta herramienta la desarrolla la Dra. Sandoval en un artículo de 2016 partiendo de una crítica a los enfoques tradicionales que culpan de la corrupción al sector público y los gobiernos. (http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032016000100119)

    Dice que esto se debe a puntos de vista incorrectos vinculados con teorías de la modernización que consideran que la corrupción es consecuencia del subdesarrollo, del dirigismo económico o de la falta de una cultura de la legalidad.

   De acuerdo con la autora, “los problemas más graves de la corrupción surgen de la captura del estado por intereses económicos rentistas” en la cual “…los burócratas se ven forzados a extorsionar a los ciudadanos ya sea por órdenes de sus superiores o por inercias políticas y organizacionales”. “Los problemas más acuciantes de la corrupción emergen no del Estado, sino de fuera de él.”

    Para ella, se ha trivializado la corrupción al circunscribir este fenómeno al soborno y la extorsión de pequeños burócratas siendo que los verdaderos problemas de corrupción vienen de los niveles altos de la sociedad y no de los sustratos bajos.

   Partiendo de la conocida fórmula de Klitgaard (https://globalanticorruptionblog.com/2014/05/27/klitgaards-misleading-corruption-formula/) , a quien critica por tener un sesgo excesivamente anti estatista,  la Dra. Sandoval propone una novedosa fórmula para  esquematizar la corrupción. 

    Esta fórmula es: corrupción es igual al abuso del poder más impunidad menos participación ciudadana (C=AP+I-PC)

   El fenómeno de la corrupción lleva a un “doble fraude”, económico-financiero y político-electoral, que “ha obstaculizado el desarrollo de estructuras estatales justas y sustentables”.

   Señala que numerosas funciones y responsabilidades públicas han sido transferidas al ámbito privado y que estos últimos no rinden cuentas sobre dichos servicios porque los protegen los secretos bancario, fiscal, corporativo y tecnológico.

    Dice que no puede seguir siendo aplicada “la vieja concepción liberal que presenta lo “privado” como totalmente divorciado e independiente de lo “público”".

    Concluye que el sector privado “actúa hoy más impunemente y con mayor opacidad que los propios gobiernos” y requiere por lo tanto mayor transparencia y controles anticorrupción más firmes que el sector público. En este sentido la opacidad y la impunidad privada son muy preocupantes.

    La corrupción estructural es pues “la hegemonía de los sistemas de “camarillas” y la dominación informal de poderes fácticos y de grupos de la élite política y financiera”.

    El fraude económico-financiero favorece el enriquecimiento de “oligarquías y grupos económicos privilegiados” y el fraude político-electoral opera a favor del “enquistamiento en el poder de los operadores burocráticos, tecnocráticos y judiciales de esas mismas oligarquías y élites financieras”.

    De acuerdo con la Dra. Sandoval, “la generación de la corrupción estructural en la política electoral se encuentra en función directa al crecimiento de las privatizaciones y las nuevas Asociaciones Público Privadas (APP) con los conflictos de interés que germinan, crecen y se reproducen a su sombra”.

    La segunda parte del artículo de la Dra. Sandoval  es una extensa crítica a las APP y de la opacidad que las rodea.

    Es de esperarse que la Dra. Sandoval guíe su actuación como secretaria de la Función Pública partiendo del marco teórico que plantea en su artículo. De ser así,  se podría esperar algunas acciones en ese sentido:

   1.    Una mayor exigencia de transparencia, apertura y rendición de cuentas del sector privado, especialmente en aquellos ámbitos donde proveen servicios “públicos”, aunque la definición de “públicos” puede ser muy amplia.
   
   2.    Un combate a la corrupción enfocado al sector privado,  las élites económicas y sus aliados dentro del gobierno.
  
   3.    Una limpia de operadores burocráticos y tecnocráticos enquistados que operan a favor de las “oligarquías y grupos económicos privilegiados”.
   
    4.    Un reforzamiento del Estado.
   
  5.    Una revisión a fondo de las operaciones de las APP y el evitar que estos esquemas u otro tipo de privatizaciones sigan creciendo.
   
  6.    Tratar de erradicar el fraude electoral derivado de la corrupción y romper las ligas entre el poder económico y el político.
  
   7. Acotar el abuso del poder , reducir la impunidad y aumentar la participación ciudadana. 

   Conectar la teoría con la práctica será uno de los grandes  retos de la Dra. Sandoval, especialmente para hacer rendir cuentas al sector privado en la provisión de servicios que pueden considerarse como “públicos”, tales como los servicios bancarios. 

   Romper la corrupción estructural, requerirá un marco legal apropiado e investigaciones de carácter criminal que permitan romper vínculos de corrupción, pero sobre todo, se requerirá de mucha voluntad política. 
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20 de noviembre de 2018

EL PLAN DE SEGURIDAD Y LA CORRUPCIÓN


LA SILLA ROTA

         
Por: Octavio Díaz García de León

    La idea:  El Plan Nacional de Paz y Seguridad contempla erradicar la corrupción en toda la administración pública, como uno de sus ejes estratégicos y con ello se espera que reduzca los índices delictivos. Ante un fenómeno tan extendido como es la corrupción, convendría que el Plan se enfocara a combatirla en las fuerzas de seguridad.

    El Plan plantea el combate a la corrupción como el propósito más relevante del próximo gobierno y para ello enumera 16 acciones. Habría que ver si la futura secretaria de la Función Pública, la Dra. Sandoval, encargada del combate a la corrupción, está de acuerdo con ellas.

   Por lo pronto, una de las medidas propuestas ya está en vigor desde hace año y medio: la obligación de que todos los servidores públicos presenten sus 3 de 3 declaraciones.

   Otra, el prohibir las adjudicaciones directas, podría obstaculizar la marcha del gobierno y no necesariamente disminuiría la corrupción. El que se pudiera abusar de ellas no implica que la solución sea desaparecerlas porque hay razones válidas para tener ese mecanismo de contratación.  

    Sería mejor identificar cuales excepciones a la licitación que prevé la Ley de Adquisiciones, son las que más usan las áreas de seguridad para auditar dichos casos y de ser necesario, acotarlas.

   Por ejemplo, una excepción que se usa y se abusa de ella es la que invoca razones de seguridad pública o nacional (Art. 41, fracción IV de la Ley de Adquisiciones).

    Otro aspecto que se puede prestar a actos de corrupción es la partida de seguridad nacional sobre la cual casi no se rinden cuentas y de la cual, en este sexenio que termina, se gastaron más de 65 mil millones de pesos. (Ver cifras)

    La propuesta de centralizar las instancias de contraloría, tiene sus desventajas (Transformar a la SFP)  y parece que no es la intención de la futura secretaria de la Función Pública, la Dra. Sandoval, aunque hace unos días apareció la noticia de que sí pensaban hacerlo.  

   Más allá de seguir revisando las medidas anticorrupción que contempla este Plan y que se refieren a competencias de la Secretaría de la Función Pública, convendría que dicho Plan se enfocara a la corrupción que afecta al tema de seguridad, distinguiendo dos tipos de fenómenos de corrupción:  

   Interna. Proviene del desvío de recursos públicos para beneficio personal que realizan los funcionarios corruptos a través de adquisiciones, fraude, peculado, nepotismo y otros fenómenos relacionados con el manejo de recursos de la institución.  

   Externa. Proviene del dinero, bienes muebles e inmuebles, joyas, obras de arte, etc.  con que se soborna a las autoridades, directa o indirectamente, para que dejen de hacer su trabajo (por omisión) o con el cual se compran a las autoridades para que trabajen a favor de los delincuentes y/o se les vuelva socias de los delincuentes (por complicidad).

   Es importante distinguirlas porque las estrategias de combate a la corrupción deben ser diferentes.

   Para la corrupción interna se deben aplicar las medidas de fiscalización, vigilancia y control de los servidores públicos, de manera similar a lo que se hace en el resto de la administración pública. En este caso, le correspondería a la Secretaría de la Función Pública.

  El combatir la corrupción que proviene directamente de los delincuentes requiere otro tipo de actuaciones y no le corresponde a la Secretaría de la Función Pública. Se requiere no solo investigaciones criminales internas, sino también programas de apoyo a las fuerzas de seguridad: desde esquemas de seguridad social y protección familiar hasta sueldos altos que les permitan resistir la oferta de “plata o plomo”.

   Para la parte correctiva del fenómeno se cuenta ya con las áreas de asuntos internos en las instituciones de seguridad a las cuales se les debe reforzar y darles capacidades de actuación mayores con auxilio de otras autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República e incluso con la Guardia de Finanzas que plantea el Plan.

   Estas áreas de asuntos internos se podrían centralizar en una Visitaduría especializada en materia de seguridad para evitar su posible vinculación con los funcionarios de las instituciones vigiladas.  

   Otras medidas preventivas son la aplicación de controles de confianza al personal, el asegurarse de que se tengan los perfiles adecuados contando con un servicio profesional de carrera, el tener métodos de vigilancia que los disuadan de efectuar actos de corrupción, etc.

   Para no dispersarse en aspectos de corrupción que no son del ámbito de la seguridad sería bueno enfocar la estrategia en función de los tipos de corrupción que enfrentan las fuerzas de seguridad, dándole prioridad a la corrupción más dañina: aquella que proviene directamente de los delincuentes.
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16 de noviembre de 2018

CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD



Por: Octavio Díaz García de León

     La idea:  Uno de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Paz y Seguridad es el erradicar la corrupción en toda la administración pública y se espera que esto reduzca los índices delictivos. Sin duda reducir la corrupción puede reducir la delincuencia, pero ante un fenómeno tan extendido, convendría enfocar prioritariamente el combate a la corrupción en las fuerzas de seguridad.

    El Plan plantea el combate a la corrupción como el propósito más relevante del próximo gobierno. Este enumera 16 acciones en materia de combate a la corrupción las cuales habría que ver si la futura secretaria de la Función Pública, encargada del combate a la corrupción, está de acuerdo con ellas.

    Por lo pronto, una de las medidas propuestas ya está en vigor desde hace año y medio: la obligación de que todos los servidores públicos presenten sus 3 de 3 declaraciones.

     Otra, el prohibir las adjudicaciones directas, podría obstaculizar la marcha del gobierno y no necesariamente disminuiría la corrupción. El que se pudiera abusar de ellas no implica que la solución sea desaparecerlas, porque hay razones válidas para tenerlas.  

    En este sentido, habría que revisar cuales excepciones, que prevé la Ley de Adquisiciones para no hacer licitaciones, son las que más usan las áreas de seguridad, para fiscalizar dichos casos. Sin duda una excepción que se usa y se abusa de ella es la que invoca razones de seguridad pública o nacional (Art. 41, fracción IV de la Ley de Adquisiciones).

   Otro aspecto que se puede prestar a actos de corrupción es la partida de seguridad nacional sobre la cual casi no se rinden cuentas y la cual en este sexenio que termina, creció de manera muy importante alcanzando la cifra de más de 65 mil millones de pesos. (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/08/cisen-la-joya-de-la-corona.html)

   Otra propuesta, el centralizar las instancias de contraloría, ya he escrito sobre sus desventajas y parece que no es la intención de la futura secretaria de la Función Pública, la Dra. Sandoval. (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/10/transformar-la-secretaria-de-la-funcion.html)

   Una medida interesante que proponen es homologar sueldos entre un ministerio público federal, un policía federal y un juez federal con la idea de pagarles más a los policías y a los ministerios públicos, con lo cual se reconoce que, para reducir la corrupción, hay que pagarles bien a los servidores públicos.

   En ese sentido, habrá que valorar el impacto debido a la reducción de sueldos que sufrirán los altos mandos de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad e impartición de justicia. Si bien, los altos funcionarios son menos susceptibles a corromperse por tener sueldos bajos, se está abriendo esa posibilidad.

   En el tema de combate a la corrupción en las fuerzas de seguridad convendría que dicho Plan distinguiera dos tipos de fenómenos de corrupción:  

    Interna. Proviene del desvío de recursos públicos para beneficio personal que realizan los funcionarios corruptos a través de adquisiciones, fraude, peculado, nepotismo y otros fenómenos similares.  Esta es la corrupción más tradicional que afecta no solo a las áreas de seguridad, sino a todo el gobierno.

   Externa. Todo aquel dinero, bienes muebles e inmuebles, joyas, obras de arte, etc.  con que se soborna a las autoridades, directa o indirectamente, para que dejen de hacer su trabajo (por omisión) o con el cual se compran a las autoridades para que trabajen a favor de los delincuentes y/o se les vuelva socias de los negocios ilícitos (por complicidad).

   Es importante distinguirlas porque las estrategias de combate a la corrupción deben ser muy diferentes.

   Para la corrupción interna se deben aplicar las medidas de fiscalización, vigilancia y control de los servidores públicos, de manera similar a lo que se hace en el resto de la administración pública. En este caso, la Secretaría de la Función Pública podría hacerse cargo de ello.

   El combatir la corrupción que proviene directamente de los delincuentes requiere otro tipo de actuaciones y no le corresponde a la Secretaría de la Función Pública. Se requiere un enfoque no solo punitivo, como investigaciones criminales internas, sino también programas de apoyo a las fuerzas de seguridad: desde esquemas de seguridad social y protección familiar hasta sueldos altos que les permitan resistir la oferta de “plata o plomo”.

    Para la parte punitiva se cuenta ya con las áreas de asuntos internos a las cuales se les debe reforzar y darles capacidades de actuación mayores con auxilio de otras autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República e incluso con la Guardia de Finanzas que plantea el Plan.

  Estas áreas de asuntos internos se podrían centralizar en una Visitaduría especializada en materia de seguridad para evitar su posible vinculación con los funcionarios de la dependencia a la que estén adscritos.

   Otras medidas preventivas son la aplicación de controles de confianza, el asegurarse de que tengan los perfiles adecuados contando con un servicio profesional de carrera, el tener métodos de vigilancia permanentes que los disuadan de efectuar actos de corrupción, etc.

    El Plan presenta ideas esquemáticas de cosas que se pueden hacer para combatir la corrupción. Sería bueno diseñar la estrategia en función de los tipos de corrupción que enfrentan las fuerzas de seguridad, dándole prioridad a la corrupción más dañina: aquella que proviene directamente de los delincuentes.
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11 de noviembre de 2018

PERSPECTIVAS EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN




Por: Octavio Díaz García de León.

    La idea: Uno de los grandes reclamos de la sociedad es el que se combata a la corrupción. El presidente electo construyó su triunfo en base a la promesa de que acabará con ella. Tiene el mandato y el reto. Habrá que modificar la estrategia y construir sobre lo existente.

   La corrupción ha sido un mal endémico en nuestro país desde la Colonia. No es algo que se pueda terminar en el corto plazo, sobre todo si la sociedad la acepta, pero hoy en día existe una gran molestia por la corrupción y se debe aprovechar que la sociedad ya no está dispuesta a tolerarla.

   El presidente Peña le hereda a López Obrador una reforma anticorrupción inconclusa, ineficaz y sin resultados. La nueva administración tendrá que partir de ese legado para reformar lo que sea necesario y dar resultados en el corto plazo.

   La Dra. Sandoval, próxima secretaria de la Función Pública, recibió la encomienda del presidente electo de encabezar el combate a la corrupción en la próxima administración.

    Para ello, ha indicado que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tendrá una subsecretaría de combate a la corrupción y otra de combate a la impunidad (http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/26/anuncia-proxima-titular-de-sfp-plan-para-denunciar-corrupcion-1920.html) y seguramente habrá una reestructura de los órganos internos de control.

    Algunos aspectos en que se podría enfocar la nueva administración son:

    1.    Respecto al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA):

a.    Hacer menos complejo su diseño.
b.    Reforzar a su Secretaría Ejecutiva y a la Fiscalía Anticorrupción.
c.    Agregar a la Secretaría de Hacienda a través del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera; al INEGI como responsable de la medición de la corrupción; y al CISEN para que aporte inteligencia para el combate a la corrupción.
d.   Modificar la Ley de Responsabilidades que tiene deficiencias.
e.  Impulsar que los miembros del Comité de Participación Ciudadana se dediquen de tiempo completo a estas tareas y sean verdaderos expertos en combate a la corrupción y no en otras materias

     2.    Respecto a la Secretaría de la Función Pública (SFP):

a. Cambiarle su mandato, de estar dedicada al control interno, dedicarla al combate a la corrupción.
b.   Fortalecer a la dirección general de información e integración y darle la tarea de las investigaciones de situación patrimonial.
c.  Fortalecer las áreas de denuncia ciudadana para impulsar la denuncia de actos de corrupción y protección de denunciantes.
d.   Reinstaurar el programa de usuario simulado.
e. Desarrollar programas de concientización con la sociedad para erradicar la tolerancia a todo tipo de corrupción.
f.  Establecer programas de combate a la corrupción transversales a toda la Administración Pública Federal. Que se convierta en responsabilidad de cada uno de los titulares de las instituciones del gobierno federal el combate a la corrupción en su institución.
g. Trabajar con las entidades federativas para combatir la pequeña corrupción que se da en trámites y servicios que prestan estados y municipios.

    3.    Respecto a los órganos internos de control (OIC) sería importante que:

a.  La próxima secretaria Sandoval nombre sus titulares de acuerdo con las aptitudes de los candidatos y no se deje influenciar por quienes quieran imponerle titulares a modo.
b.  Se instaure un servicio profesional de carrera para OIC.
c.  Reorientar los objetivos y el trabajo de los OIC, hoy dedicados al control interno, para enfocarlos al combate a la corrupción.
d.  A las áreas de Quejas, quienes son las autoridades investigadoras, se capacite a su personal y se les dé herramientas para realizar investigaciones anticorrupción.
e.  Las áreas de mejora de la gestión pública y la responsabilidad sobre el control interno se transfieran a las instituciones, quitando estas áreas de los OIC.
f.  Se consoliden en unos pocos OIC con gran alcance, por ejemplo, por sector del gobierno (Salud, Energía, Seguridad, etc.)  dejando la estructura de soporte de los OIC en las instituciones. Esto podría abonar a su independencia rompiendo posibles vínculos desarrollados por la cercanía con la institución.
g.  Las áreas de auditoría se enfoquen menos a vigilar el cumplimiento de la norma y más al combate a la corrupción a través de auditorías forenses y otras herramientas que permitan detectar actos de corrupción.

    El nuevo gobierno puede construir sobre lo heredado, pero es necesario reorientar los trabajos y el diseño del SNA, de la SFP y reforzar a la Fiscalía Anticorrupción, hoy acéfala.

     Si bien es posible combatir a la corrupción desde adentro del gobierno, no basta la reestructuración de las instituciones encargadas de la tarea y las modificaciones al marco legal. Se requiere mucha voluntad política y compromiso de todos los que participen en las tareas de gobierno y no dejarle toda a responsabilidad a la Secretaría de la Función Pública, para poder ser eficaces y dar resultados.  

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