Por: Octavio Díaz García de León
Ya están definidos los candidatos a la presidencia y ahora lo importante
es que nos digan que harán con los temas más candentes de la agenda actual: corrupción,
inseguridad, pobreza y economía, entre otros.
Transparencia Internacional acaba de publicar su Índice de Percepción
de la Corrupción y México ha empeorado su calificación cayendo al lugar 135 de
180 países con una calificación de 29 de 100 (100 es sin corrupción). El año
pasado tuvo una calificación de 30 y ocupó el lugar 123 de 176.
La calificación de 2017 es una de las más bajas en los últimos años.
Por ello, el combate a la corrupción requiere atención urgente. Me permito proponer
algunas ideas de lo que la próxima administración federal podría hacer al
respecto.
Recordemos que existen dos vías para combatir la corrupción. Una por la
vía penal: en el Código Penal Federal se especifican cuáles
son los delitos por corrupción. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción, si
algún día llega a funcionar, y sus equivalentes en los estados, serán los
responsables de perseguirlos.
La otra es por la vía administrativa, mediante la nueva Ley General de
Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), aunque ésta no habla de
conductas de corrupción sino de faltas graves. Los responsables de aplicarla son
la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus pares en las entidades
federativas.
Sin embargo, son tantas las deficiencias de la nueva Ley de Responsabilidades
que urge que el legislador le haga una reforma y para lo cual ya se han creado
grupos de trabajo organizados por el Sistema Nacional Anticorrupción.
Además de sus deficiencias, esta Ley es garantista, por lo que será
mucho más difícil castigar a los corruptos, ya que les otorga muchas
protecciones. Lo único que queda a las instancias responsables de aplicar esa
Ley es la capacitación y la mejora de sus habilidades técnicas.
Así que el escenario no es bueno: una Fiscalía Anticorrupción sin
funcionar y una nueva Ley de Responsabilidades con muchas fallas, lo cual hace
mucho más difícil castigar a los corruptos.
El otro problema es de percepción pública. Los ciudadanos no pensarán
que se está combatiendo a la corrupción hasta que vean a los corruptos en la
cárcel. Esto es, esperan que se combata la corrupción por la vía penal. Y es
entendible. Las sanciones por la vía administrativa son menos fuertes y no
llevan a nadie a la cárcel. Además, el meter a la cárcel a los corruptos es
mucho más disuasivo que sancionarlos administrativamente.
En ese sentido es importante que sea la Fiscalía General de la
República quien encabece el esfuerzo contra la corrupción, como veremos más
adelante.
Es importante que para inicios del próximo sexenio ya estén resueltas
los problemas de funcionamiento de la Fiscalía General de la República y la
Fiscalía Anticorrupción, se hayan corregido las deficiencias de la Ley de
Responsabilidades y profesionalizado a los encargados de aplicarla. Lo
siguiente que se deberá hacer es encontrar a los corruptos para sancionarlos.
Para ello, mi propuesta es darle
un enfoque moderno a un viejo problema: hay que seguir la huella del dinero
en los casos de la mediana y la gran corrupción (Ver mi artículo: Seguir la pista del dinero); y en los casos de
pequeña corrupción, implantar una estrategia disuasiva ( Ver mi artículo: Una estrategia anticorrupción). En ambos casos,
haciendo uso intensivo de las tecnologías de información y comunicaciones y desarrollando
labores de inteligencia.
La corrupción deja a los funcionarios públicos un beneficio rastreable
en la mayoría de los casos, a través de transferencias de dinero, adquisición
de bienes muebles e inmuebles, tenencia de acciones en empresas, etc. Por lo tanto, deberá seguirse la huella de esas
transacciones.
Las declaraciones de situación patrimonial casi no sirven. Los
corruptos no darán información fidedigna de su patrimonio. En este sentido es
un exceso de la nueva Ley de Responsabilidades el pedir que 5 millones de
servidores públicos presenten una declaración que tendrá poca o nula utilidad.
Entonces, ¿Por dónde empezar? A continuación, algunas ideas:
·
Áreas
proclives a la corrupción. Identificar las áreas de más alto riesgo en materia
de corrupción como son la contratación de obras públicas, adquisiciones mayores,
adjudicaciones directas de montos altos, el otorgamiento de permisos y
concesiones, reparto de subsidios en programas sociales, resoluciones de
organismos autónomos, entre otras áreas de riesgo.
·
Funcionarios
de alto riesgo. Identificar a los funcionarios de alto riesgo y específicamente aquellos
que estén en las áreas más proclives a la corrupción; investigar su situación
patrimonial utilizando técnicas informáticas para dar seguimiento a sus
propiedades, sus movimientos bancarios y en general sus patrones de consumo, usando para su análisis, minería de datos en
bases de datos financieras, del comercio, de la propiedad y del SAT entre
otras, para detectar esquemas de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito
de los funcionarios y sus dependientes.
· Auditorías
especiales. Realizar auditorías forenses sobre actividades sospechosas en procesos
de licitación, para detectar, por ejemplo, empresas fantasmas y otros esquemas
de lavado y desvío de recursos.
·
Inteligencia
anticorrupción. También es importante recopilar inteligencia anticorrupción que incluya
intervenciones telefónicas (que habrá que regular), darles seguimiento a personas
sospechosas, realizar investigaciones en fuentes abiertas y redes sociales y
demás mecanismos de recopilación de inteligencia.
·
Instituciones. Por las
consideraciones anteriores, el combate a la corrupción debería ser
responsabilidad primordial de la Fiscalía General de la República (FGR) con la
independencia necesaria. Tendría tres brazos para actuar:
o
La Fiscalía Anticorrupción fortalecida.
o
El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate
a la Delincuencia dedicada a tareas de inteligencia sobre combate a la
corrupción.
o
Transferir la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
a la FGR.
·
Poder
Judicial. Por lo que respecta al Poder Judicial, recientemente el ministro Pérez
Dayán, propuso desarrollar tribunales especializado en temas administrativos, tales
como lo han hecho para atender asuntos en materia de competencia económica y
competencia en telecomunicaciones.
El Sistema Nacional Anticorrupción podrá auxiliar en estas tareas, pero
la función principal de combate a la corrupción deberá recaer en la Fiscalía
General de la República.
Es tiempo de escuchar propuestas por parte de los candidatos a la
presidencia sobre uno de los temas que más reclama la población. Se necesitan
propuestas serias y no solo poses de campaña. Que haya compromisos firmados por
todos los partidos. De otra manera, el disminuir la corrupción y hacer de
México un país libre de ese cáncer, solo será un buen deseo.
