Por: Octavio Díaz García de León
Está por terminar el sexenio del presidente López Obrador y más allá de
que no le dejará al país un sistema de salud como el de Dinamarca después de
los 800 mil muertos por el mal manejo de la pandemia, el acabar con la
corrupción será otra de sus grandes promesas incumplidas.
De nada le sirvió al presidente repetir en sus conferencias mañaneras que
la corrupción había terminado, siendo que en su administración ocurrió el peor
caso de corrupción por monto económico de que se tenga memoria: el de Segalmex
por alrededor de 20 mil millones de pesos. En comparación, los casos de la “Estafa
Maestra”, el “Toallagate” o la “Estela de Luz” en los sexenios de Peña, Fox y Calderón
respectivamente, son muy menores.
Además, quedaron impunes los principales actores de la “Estafa Maestra”
y nunca aparecieron los supuestos actos de corrupción relacionados con el
cancelado aeropuerto de Texcoco o con los fideicomisos desaparecidos.
Pero no es el único caso de corrupción en esta administración. De
quedar la oposición al frente del gobierno el próximo sexenio, probablemente se
revelen, investiguen y sancionen los casos que han permanecido ocultos. Pero, de
continuar el mismo partido, difícilmente se investigarán casos de corrupción
mayores o incluso aquellos donde se copiaron los mecanismos de la “Estafa
Maestra”. Por ello, es importante la alternancia como mecanismo de combate a la
corrupción.
¿Qué es lo que ha sucedido en materia de combate a la corrupción este
sexenio? El Sistema Nacional Anticorrupción se volvió prácticamente irrelevante.
No ha tenido iniciativas significativas que mitiguen la corrupción. Contribuye
a ello el poco impacto que tienen en materia de combate a la corrupción los
integrantes del Sistema, dado que solo uno de estos tiene como mandato legal el
combatirla. Por ejemplo:
·
El INAI, con problemas por manejos inadecuados al interior de la
institución y por la falta de nombramiento de comisionados, ha tenido poco
impacto en divulgar información pública de posibles actos de corrupción.
Especialmente cuando el gobierno ha aducido motivos de seguridad nacional para
no transparentar información de los proyectos emblemáticos de esta
administración.
·
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa continúa teniendo
incompleta la Tercera Sección de la Sala Superior, especializada en materia de responsabilidades
administrativas, aunque eso no ha
impedido que lleve a cabo sus labores. Sin embargo, los casos que atiende
resultan poco relevantes para combatir la corrupción por las deficiencias tanto
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas como de las instancias
investigadoras.
·
La Fiscalía Anticorrupción, dada su gran limitación en recursos, ha tenido pocos casos de servidores públicos
corruptos que hayan sido sancionados con ejemplaridad, siendo que esta Fiscalía
debería ser el eje del combate a la corrupción.
·
La Secretaría de la Función Púbica, a un año de terminar el sexenio,
entró en un proceso de reestructuración radical de los órganos internos de
control, desapareciendo una gran cantidad de ellos, cambiándoles atribuciones y
centralizando muchas de sus funciones. También quitó de la denominación de sus
áreas más importantes, la referencia al
combate a la corrupción, que había prevalecido en la gestión de la
exsecretaria, la Dra. Sandoval, ya que en su mandato legal no está el combatir
la corrupción. Tampoco ayuda el que se hayan reunido en esta Secretaría las
adquisiciones consolidadas del gobierno federal y funciones relacionadas con
adquisiciones, al convertirse en fiscalizador y actor en esta materia, con el posible conflicto de interés que
conlleva. Esta cirugía mayor, difícilmente
se consolidará en lo que resta del sexenio como para dar resultados tangibles.
·
El Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción, a la cual querían desparecer, han mantenido un
perfil muy bajo de actuación y poco se sabe de cómo contribuyen a combatir la
corrupción.
Por ello, los indicadores más
importantes que miden la corrupción, uno derivado de la Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental que elabora el INEGI y otro, el Índice de Percepción
de la Corrupción (IPC) que produce Transparencia Internacional, no han
reflejado ninguna mejoría significativa en el combate a la corrupción en este sexenio.
El IPC se ha sostenido sin cambios en los últimos tres años, manteniendo una
muy mala calificación y posicionamiento de México, con respecto al resto de las naciones.
La tarea para el próximo sexenio, si es que existe un verdadero interés
en combatir la corrupción, será monumental. Las reformas que se requerirán
pasan por replantear el Sistema Nacional Anticorrupción, modificar la Ley
General de Responsabilidades Administrativas que tiene tantas deficiencias, fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción aumentando
muy significativamente sus recursos, volver a replantear la estructura y el
papel de la Secretaría de la Función Pública, y ya no etiquetar a las otras instituciones como
combatientes de la corrupción ya que no tienen en su mandato legal el hacerlo.
Ojalá ahora sí, en el próximo sexenio,
se haga algo por combatir la corrupción.
