9 de diciembre de 2023

ESPIONAJE TELEFÓNICO


Por: Octavio Díaz García de León

 

    En mi artículo anterior en esta columna mencioné la existencia del malware de intervención telefónica llamado Pegasus, desarrollado por la empresa israelita NSO. Este programa permite espiar a través de teléfonos celulares, sin que la persona atacada se entere, con el cual se puede tener acceso a toda la información que está en el aparato y escuchar y leer todas sus comunicaciones.

    Además, permite tener acceso al micrófono para escuchar lo que ocurre en el entorno del teléfono y a las cámaras del aparato para observar lo que estas captan, sin importar si está el aparato apagado.  Con este malware, el smartphone se convierte en uno de los aparatos de espionaje más poderosos que se han desarrollado.

   De acuerdo con notas publicadas en el periódico Reforma y Animal Político, en días recientes ha sido llevado a juicio un empleado de una filial de la empresa Grupo KBH propiedad de dos personas de origen israelita, la cual,  bajo contrato con autoridades del gobierno mexicano, en el sexenio de Peña Nieto intervino con Pegasus a periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y  empresarios destacados como Germán Larrea, Carlos Slim y directivos de Televisa.

   Un testigo protegido que proporcionó esta información dijo que la lista de los objetivos de espionaje contenía 1,500 teléfonos, pertenecientes a personajes relevantes de la vida nacional. Las intervenciones las realizaba esta empresa por   del entonces Secretario de Gobernación y del entonces Director General del CISEN.

   Según el libro Pegasus recién publicado y escrito por quienes encabezan a la organización Forbidden Stories, quienes dirigieron a un consorcio de periodistas  de todo el mundo para investigar el uso ilegal de Pegasus, revela como recibieron una lista de 50,000 teléfonos intervenidos, de los cuales 15,000 números eran de México, haciendo a nuestro país el usuario más grande del mundo de Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto. 

   De acuerdo con notas del New York Times,  Pegasus continúa siendo utilizado de forma exclusiva por los militares mexicanos y ahora ellos  son el usuario más grande a nivel mundial, de este malware. Entre las personas espiadas en esta administración se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios, etc.  El gobierno de México ha pagado 60 millones de dólares por usarlo.

    Seguramente Pegasus ha sido adquirido mediante las partidas presupuestales, dedicadas a gastos de seguridad nacional, las cuales en el sexenio de Peña crecieron significativamente, ya que entre 2013 y 2018 ascendieron a 65 mil millones de pesos, de los cuales 14 mil millones fueron ejercidos por el CISEN, cifra que representó el 45% de su presupuesto.

   Estas partidas se manejan con un alto grado de secrecía y carecen de una rendición de cuentas adecuada.  Actualmente buena parte de este dinero se utiliza para pagar bonos extraordinarios a funcionarios que se supone corren riesgos, aunque revisando la lista, para muchos de ellos es solo un sobresueldo que no se justifica.

    Este malware es de gran utilidad para combatir a la delincuencia organizada, a funcionarios y empresarios corruptos y a otros malhechores.  Pero que sea utilizado para espiar a ciudadanos inocentes representa una falla en la operación de la inteligencia gubernamental, al estarse violando leyes y con ello, amenazar a nuestro régimen democrático.

    Por ello, requiere que haya supervisión y vigilancia independiente sobre su uso, para evitar espiar a personas sin vínculos criminales o que se pretenda utilizar esta información para poner en riesgo vidas o someter a presiones y amenazas a personas que pueden ser molestas para el régimen en turno.  

   Sería conveniente una revisión a la Ley de Seguridad Nacional ya que actualmente la única instancia que puede solicitar intervenciones de comunicaciones es el Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN, y darle un sustento legal adecuado a las actividades de espionaje que legítimamente realiza el gobierno federal.

    Es conveniente, a la vez, que haya un estricto control de las importaciones tanto de hardware como de software para el espionaje,  las cuales deben ser tratadas con las restricciones propias de armas ofensivas de uso militar, pues ya se vio que la empresa israelita NSO operó libremente en México vendiendo este malware a gobiernos estatales y empresas privadas.   

    También se requiere una mayor supervisión y limitación a los gastos de las partidas de seguridad nacional, ya que como se vio, los gastos al amparo de estas partidas en el sexenio de Peña Nieto se convirtieron en la nueva partida secreta del presidente o de los secretarios que la ejercieron y, más recientemente,  en pretexto para pagar importantes sobresueldos.

   Es conveniente que el gobierno use estas herramientas de espionaje de grado militar para combatir a la delincuencia pero, a su vez, debe existir una regulación estricta que impida su uso para violar los derechos humanos de personas inocentes. 

26 de noviembre de 2023

DEPENDER DE TELÉFONOS INTELIGENTES

 

Por: Octavio Díaz García de León

    El teléfono, patentado por Alexander Graham Bell en 1876, fue un gran avance técnico. La posibilidad de comunicarse a distancia entre dos personas amplió las posibilidades de actuación de los seres humanos. Sin embargo, al estar conectados los teléfonos mediante cables,  hacía imposible su movilidad.  

    En la década de los cincuenta del siglo pasado surgieron los primeros teléfonos inalámbricos. Eran aparatos difíciles de transportar y solo podían funcionar unos pocos al mismo tiempo. No fue hasta finales de los años setenta que se desarrolló la tecnología celular, con la cual se puede reutilizar el espectro radio eléctrico y elevar la capacidad de la red, casi sin límites. 

   Los teléfonos móviles pasaron de ser toscos y muy caros hasta alcanzar tamaños de bolsillo y precios accesibles. Pero su uso estaba limitado a hacer llamadas de voz y mandar algo de texto. La introducción del iPhone de Apple en 2007 ocasionó una revolución en el mundo de la tecnología personal. Esto, aunado a la evolución de la tecnología celular, la cual ya va en la quinta generación (5G), y la liberación de nuevas frecuencias, permitió la explosión del mercado de telefonía móvil en todo el mundo. En México hay 97 celulares por cada 100 personas,  similar al resto del mundo.

   Son tales las capacidades del celular “inteligente”, que la dependencia de estos se ha vuelto preocupante. Por ejemplo el acceso a servicios bancarios.  Desde el celular se manejan ahorros, pagos, transferencias, cobros y se sustituyen los pagos con tarjetas o en efectivo. 

    Estos celulares han sustituido a las cámaras fotográficas y de video. Los álbumes fotográficos pueden residir en estos aparatos o en la “nube”. Se puede acceder a toda la música grabada comercialmente; a películas, series documentales y cualquier material audiovisual; sintonizar la televisión o el radio; recibir y enviar correos;  leer un libro, periódico o revista; ver la hora, el clima, recibir alertas sísmicas, etc.

    Para abordar un avión, entrar a un espectáculo o a cualquier lugar que antes requería un boleto físico, ahora basta con presentar un código generado en el teléfono. También se puede solicitar un viaje en carro de alquiler; un cuarto de hotel o un alojamiento vía servicios como Airbnb. Con las redes sociales se posibilita la comunicación con grandes auditorios.

   También se puede vigilar el estado de salud personal, el ejercicio realizado, observar los signos vitales y compartir esto con el médico en tiempo real. Además, en caso de emergencia,  se realizan llamadas automáticas de auxilio y se puede localizar a una persona extraviada, mediante su celular.

    Se usan para conducir un vehículo mediante un mapa electrónico que guía al conductor en tempo real,  con información de embotellamientos y ofreciendo rutas alternativas.  Existen millones de servicios y aplicaciones a las que se puede acceder a través de un teléfono “inteligente”.

  Todo esto va creando una riesgosa dependencia del aparato y los servicios que provee, de lo cual somos poco conscientes,  hasta que perdemos el aparato.

   Si a eso agregamos que gracias a programas de espionaje como el malware Pegasus, del que las autoridades de México son el usuario más grande del mundo (El gobierno de México cuenta con alrededor de 15,000 licencias para intervenir teléfonos), el panorama se puede volver distópico.

   El malware de Pegasus permite a quien interviene el teléfono, sin que la persona atacada se entere,  tener acceso a toda la información que está en este, tal como fotos, direcciones, agenda, mensajes o correos y puede escuchar o leer cualquier tipo de comunicación. También otorga acceso al micrófono, a la cámara y a la ubicación en tiempo real, no importando si está encendido el teléfono o no. Para el espía se convierte en la mejor herramienta para conocer toda la vida e información del espiado. 

   En teoría,  solo los gobiernos pueden tener acceso a estas licencias para combatir a delincuentes,  pero en México no es un consuelo, porque si bien se sabe que se espía a malhechores, con gran frecuencia se usa para espiar a periodistas, opositores, altos funcionarios y otros objetivos de interés para el gobierno. Las autoridades solo deberían usar estas herramientas por razones legalmente válidas y dejar de espiar a opositores y personajes incómodos. 

    Ser tan dependientes de los teléfonos “inteligentes”, por útiles y avanzados que sean todos los servicios que ofrecen,  es preocupante. Especialmente cuando de ellos pueden depender salud, finanzas, seguridad y vida privada de los usuarios. El hecho de que toda esa información y actividad pueda ser extraída y usada en perjuicio de las personas,  es un ataque a la privacidad y al estado de derecho.  

    Es oportuno valorar hasta donde se está dispuesto a depender de estos aparatos considerando los riesgos que implica su uso. En todo caso, se deben tomar medidas para evitar una dependencia excesiva de ellos; para no exponer la privacidad,  la seguridad física y la financiera;  y evitar que gobiernos los usen de forma ilegal.

 

13 de noviembre de 2023

COMBATE A LA CORRUPCIÓN: PROMESA INCUMPLIDA

 

Por: Octavio Díaz García de León


     Está por terminar el sexenio del presidente López Obrador y más allá de que no le dejará al país un sistema de salud como el de Dinamarca después de los 800 mil muertos por el mal manejo de la pandemia, el acabar con la corrupción será otra de sus grandes promesas incumplidas.

   De nada le sirvió al presidente repetir en sus conferencias mañaneras que la corrupción había terminado, siendo que en su administración ocurrió el peor caso de corrupción por monto económico de que se tenga memoria: el de Segalmex por alrededor de 20 mil millones de pesos. En comparación, los casos de la “Estafa Maestra”, el “Toallagate” o la “Estela de Luz” en los sexenios de Peña, Fox y Calderón respectivamente, son muy menores.  

   Además, quedaron impunes los principales actores de la “Estafa Maestra” y nunca aparecieron los supuestos actos de corrupción relacionados con el cancelado aeropuerto de Texcoco o con los fideicomisos desaparecidos.

   Pero no es el único caso de corrupción en esta administración. De quedar la oposición al frente del gobierno el próximo sexenio, probablemente se revelen, investiguen y sancionen los casos que han permanecido ocultos. Pero, de continuar el mismo partido, difícilmente se investigarán casos de corrupción mayores o incluso aquellos donde se copiaron los mecanismos de la “Estafa Maestra”. Por ello, es importante la alternancia como mecanismo de combate a la corrupción.

    ¿Qué es lo que ha sucedido en materia de combate a la corrupción este sexenio? El Sistema Nacional Anticorrupción se volvió prácticamente irrelevante. No ha tenido iniciativas significativas que mitiguen la corrupción. Contribuye a ello el poco impacto que tienen en materia de combate a la corrupción los integrantes del Sistema, dado que solo uno de estos tiene como mandato legal el combatirla. Por ejemplo:

 ·         El INAI, con problemas por manejos inadecuados al interior de la institución y por la falta de nombramiento de comisionados, ha tenido poco impacto en divulgar información pública de posibles actos de corrupción. Especialmente cuando el gobierno ha aducido motivos de seguridad nacional para no transparentar información de los proyectos emblemáticos de esta administración.

      ·         El Tribunal Federal de Justicia Administrativa continúa teniendo incompleta la Tercera Sección de la Sala Superior, especializada en materia de responsabilidades administrativas,  aunque eso no ha impedido que lleve a cabo sus labores. Sin embargo, los casos que atiende resultan poco relevantes para combatir la corrupción por las deficiencias tanto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas como de las instancias investigadoras.

     ·         La Fiscalía Anticorrupción, dada su gran limitación en recursos,  ha tenido pocos casos de servidores públicos corruptos que hayan sido sancionados con ejemplaridad, siendo que esta Fiscalía debería ser el eje del combate a la corrupción.

      ·         La Secretaría de la Función Púbica, a un año de terminar el sexenio, entró en un proceso de reestructuración radical de los órganos internos de control, desapareciendo una gran cantidad de ellos, cambiándoles atribuciones y centralizando muchas de sus funciones. También quitó de la denominación de sus áreas más importantes,  la referencia al combate a la corrupción, que había prevalecido en la gestión de la exsecretaria, la Dra. Sandoval, ya que en su mandato legal no está el combatir la corrupción. Tampoco ayuda el que se hayan reunido en esta Secretaría las adquisiciones consolidadas del gobierno federal y funciones relacionadas con adquisiciones, al convertirse en fiscalizador y actor en esta materia,  con el posible conflicto de interés que conlleva. Esta cirugía mayor,  difícilmente se consolidará en lo que resta del sexenio como para dar resultados tangibles.

    ·         El Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a la cual querían desparecer, han mantenido un perfil muy bajo de actuación y poco se sabe de cómo contribuyen a combatir la corrupción.

     Por ello,  los indicadores más importantes que miden la corrupción, uno derivado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que elabora el INEGI y otro, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que produce Transparencia Internacional, no han reflejado ninguna mejoría significativa en el combate a la corrupción en este sexenio. El IPC se ha sostenido sin cambios en los últimos tres años, manteniendo una muy mala calificación y posicionamiento de México,  con respecto al resto de las naciones.  

    La tarea para el próximo sexenio, si es que existe un verdadero interés en combatir la corrupción, será monumental. Las reformas que se requerirán pasan por replantear el Sistema Nacional Anticorrupción, modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas que tiene tantas deficiencias,  fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción aumentando muy significativamente sus recursos, volver a replantear la estructura y el papel de la Secretaría de la Función Pública,  y ya no etiquetar a las otras instituciones como combatientes de la corrupción ya que no tienen en su mandato legal el hacerlo. Ojalá ahora sí,  en el próximo sexenio, se haga algo por combatir la corrupción.

30 de octubre de 2023

LA TRAGEDIA EN ACAPULCO

 

 

“Errados filósofos que proclaman “Todo está bien”,

Acudan, contemplen estas ruinas horrendas,

Estos deshechos, estos jirones, estas cenizas malaventuradas,

Estas mujeres, estos niños apilados los unos sobre los otros,

Bajo los mármoles quebrados, sus miembros desperdigados;

Cien mil desdichados devorados por la tierra,

Sangrando, desgarrados, agonizantes,

Sepultados bajo sus techos, acaban sus lamentables días,

Desamparados, en el horror de los tormentos.

 

Voltaire

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

      Una tormenta tropical que parecía no representar ningún peligro para la costa de Guerrero, en el lapso de 12 horas se convirtió en un huracán categoría 5, es decir el máximo en fuerza y peligrosidad, entrando por Acapulco con toda su potencia.

    El daño causado al puerto de Acapulco es incalculable y la prioridad es ayudar al millón de habitantes que resultaron afectados gravemente. Al momento de escribir estas líneas la cifra oficial de muertes ascendió a 43 personas, pero es probable que la cifra sea mucho más alta. Las autoridades habían reportado 36 desaparecidos, pero también quizá sean muchos más. Aún peor, se puede dar una enorme tragedia humanitaria por la falta de agua y alimentos si no se atiende la emergencia. Por lo pronto, se estiman las pérdidas económicas entre 10 y 15 mil millones de dólares.

   Voltaire, en su Poema sobre el desastre de Lisboa, pone en duda la existencia de un Dios benevolente y de que este sea el mejor de los mundos posibles, como lo argumentaba Leibnitz, ante el enorme terremoto, tsunami e incendio que destruyó Lisboa el 1 de noviembre de 1755, causando alrededor de 100 mil muertos.

   En nuestro país, el actual gobierno ha tratado de vendernos que el México de la 4T es el mejor México posible y que los gobernantes emanados de MORENA son benevolentes. Esto a pesar de su responsabilidad en las 800 mil muertes por la pandemia de COVID, en el fallecimiento de los niños con cáncer por falta de tratamiento, en los 35 mil asesinados por la inseguridad cada año y en atender a los damnificados en Acapulco.  Desafortunadamente hay muchos cándidos que creen en las bondades del actual gobierno, a pesar de las evidencias.

   La reacción ante el desastre de Acapulco es una muestra más de la incapacidad de los tres niveles de gobierno, todos de MORENA en este caso. No fueron capaces de reaccionar a tiempo para advertir a la población, a pesar de que una aplicación para celulares podía haber advertido del peligro unas horas antes; no previeron lo necesario para hacer frente a un desastre de esta magnitud porque no estaban preparados para esperar lo peor. Tampoco han sabido reaccionar con rapidez ante la magnitud de la tragedia y en lugar de aplicar toda la fuerza del Estado, su presencia ha sido ineficiente. Aunque al principio parecía que había órdenes a los militares de detener las ayudas de la sociedad, ésta ya está fluyendo.   

   Algunos reclamos sobre el manejo del desastre se han concentrado en la desaparición del FONDEN, un fideicomiso que contaba con recursos para afrontar calamidades como la que se acaba de presentar en Acapulco y que el actual gobierno desapareció. Pero el problema no es el dinero, ya que este puede obtenerse de alguna parte, sino la capacidad del Estado mexicano para usar bien ese dinero y responder a esta contingencia. Desafortunadamente, ya había una ausencia del Estado en Acapulco al dejar el puerto en manos del crimen organizado,  quien vive del tráfico de drogas,  del cobro de derecho de piso y del robo, en total impunidad. Ante esta tragedia,  se resiente aún más la ausencia del Estado mexicano.

  En el corto plazo urge resolver el problema de seguridad, buscar a los desaparecidos, abastecer de electricidad, gasolina, medicinas, servicios médicos, alimentos, agua, techo, etc. a la población. En el largo plazo, la reconstrucción deberá acelerarse para que el millón de habitantes de la zona recupere sus viviendas y fuentes de sustento.  De otra forma se generará un problema social de enormes dimensiones. Pero esta tarea tardará años.

  La sociedad civil ya está respondiendo con la solidaridad que le caracteriza y se puede repetir la experiencia del gobierno de Miguel de la Madrid cuando,  ante  su pasividad y lentitud ante el sismo de septiembre de 1985,  la sociedad tomó en sus manos el rescate de la ciudad de México. El gobierno no debe temer a este ayuda, sino encabezarla. Lo que urge es salvar las vidas de los cientos de miles de damnificados.

  La reconstrucción de Acapulco será difícil y tomará tiempo. Hará falta la ayuda de los empresarios para recuperar puestos de trabajo y del gobierno para restaurar servicios básicos y la seguridad.  Como en 1985, parece que la única respuesta a la tragedia es la solidaridad de la sociedad ante la falta de preparación de los gobiernos para hacer frente a estas desgracias.   

 

16 de octubre de 2023

ORGANISMOS AUTÓNOMOS SÍ, PERO PROFESIONALES

 

Por: Octavio Díaz García de León


    El presidente López Obrador ha venido criticando la actuación de organismos que no dependen del Poder Ejecutivo y ha pedido que se les reduzca el presupuesto o que simplemente se les desaparezca, como fue el caso del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Estos ataques van dirigidos al Poder Judicial, así como a organismos con autonomía constitucional,  tales como el INE, el INAI, la COFECE, el IFETEL, etc. En estas circunstancias han surgido muchas voces para defender a las instituciones agredidas.

    Sin embargo, es necesario reconocer que tienen áreas de mejora en su manejo interno. Una de sus deficiencias, es que, en algunas de ellas, sus más altas autoridades las manejan como si fueran de su propiedad, disponiendo discrecionalmente de sus recursos.

   Por ello, no hay que confundir la defensa de las instituciones con la defensa de quienes las dirigen, algunos de ellos, indefendibles.  

  Tomemos, por ejemplo,  al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta institución se fundó en 2003, como IFAI, gracias a organizaciones de la sociedad civil que consideraron a la transparencia gubernamental como un derecho fundamental de los ciudadanos y como una herramienta para mitigar la corrupción, entre otros beneficios. La estatura intelectual de los comisionados del IFAI y el profesionalismo de quienes allí laboraron, dio resultados importantes.

   El IFAI contaba con una estructura de cinco comisionados y un presupuesto moderado con lo cual funcionaba bastante bien. La reforma que en 2014 dio autonomía al IFAI y lo convirtió en INAI, fue un retroceso, al crecer a siete el número de comisionados, agregarle indebidamente la protección de datos personales e hinchar su estructura.

   A diferencia de la COFECE y el IFETEL, donde se crearon sistemas muy sólidos de selección de comisionados, para asegurarse que solo llegaran los más capacitados, el INAI quedó a merced de nombramientos basados en cuotas partidistas y cuates.

   Si bien en el IFAI no existía un servicio profesional, la selección de nuevos funcionarios públicos y las promociones, se hacían basados en méritos. En el INAI, sus nuevos comisionados decidieron repartirse las plazas del Instituto para entregarlas a amigos, parientes y compromisos, aspecto que subsiste todavía.

   El INAI cuenta con alrededor de 800 plazas. Tiene en su estructura cuatro secretarías ejecutivas que resultan excesivas y dos de ellas les fueron asignadas recientemente por sus pares, a ex comisionados que terminaron sus encargos, para no dejarlos sin chamba. Cuenta con 27 direcciones generales, algunas de las cuales no se justifican. Estas plazas se asignan por cuotas de los comisionados, sin mucha consideración a las capacidades profesionales de los nombrados, con sus honrosas excepciones, y la repartición se da en cascada hasta los puestos más bajos del Instituto.

   Cuando desde Palacio Nacional iniciaron los ataques al INAI, no hubo grandes manifestaciones en su defensa como sí las hubo a favor del INE. Esto se debe a que quien se beneficia de la transparencia es un grupo reducido de periodistas y académicos. La protección de datos personales sí tiene más impacto, pero no se ha sabido divulgar su importancia.   

   Los comisionados del IFAI y luego el INAI, no han podido convencer de la utilidad que tiene la transparencia y la protección de datos personales para la mayoría de los mexicanos y eso se refleja en la falta de apoyo social que sufre esta institución.  Algunos comisionados han preferido dedicar su tiempo a eventos dirigidos a sus “clientes frecuentes” viajando por todo el país y el extranjero, sin que este activismo, que más parece pretexto para pasear y salir en la foto, tenga impacto en la mayoría de la población.  

   Todo ello ante la falta de contrapesos y una débil supervisión externa. Existe un consejo consultivo del INAI, cuyo impacto ha sido menor. Se le podría fortalecer dándole mayores atribuciones de supervisión y rendición de cuentas. Por otra parte, cuenta con un órgano interno de control autónomo, pero su actividad está enfocada al control interno de la operación del Instituto.  

  Es necesario defender a los organismos autónomos para que cumplan con su función de proteger los derechos fundamentales que resguardan, pero tiene razón en parte el presidente López Obrador,  al criticar los excesos que ocurren al interior de ellos. En lo que no tiene razón es en como pretende corregir estas deficiencias.

  Urge una revisión a fondo del diseño institucional de estos organismos para operar con sobriedad. Ya que es difícil que las instituciones se reformen a sí mismas, sobre todo cuando implica que sus directivos pierdan privilegios, será tarea del próximo gobierno federal reformarlas para evitar su manejo como si fuera patrimonio de sus dirigentes. Hará falta nombrar órganos de dirección profesionales y crear contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas eficientes, para que estas instituciones no se conviertan en feudos de quienes las gobiernan.

  

25 de septiembre de 2023

VIDAS DESTRUÍDAS POR LAS DROGAS

 

Por: Octavio Díaz García de León

Para: Alejandro Hope.

 In Memoriam.

Miré a las mentes más brillantes de mi generación

destruidas por la locura, famélicas histéricas desnudas,

arrastrándose por las calles de los negros al amanecer

buscando un pinchazo con coraje…”

Allen Ginsberg

 

   Vi recientemente un video escalofriante de lo que sucede por el abuso de drogas,  la carencia de alojamiento y la pobreza que viven decenas de personas en uno de los suburbios de Filadelfia, en el área de Kensignton. Pude constatar hace unos días que lo mismo ocurría en pleno centro de la ciudad de Filadelfia. Desafortunadamente estas escenas se repiten en otras grandes ciudades de los Estados Unidos.

   Tienen razón los americanos en estar preocupados por esta tragedia humanitaria que les causó 111 mil  muertes por sobredosis en el periodo de abril 2022 a abril 2023, especialmente por causa del fentanilo. Se estima que han muerto por esa razón, más de un millón de personas en ese país entre 1999 y 2021 (Datos de CDC). Pero no solo son trágicas las muertes,  sino también las vidas de millones de personas, quienes padecen adicciones y viven abandonados a su suerte o causando graves problemas a sus familias y en su entorno. Además, el tráfico de drogas ocasiona una serie de delitos que incrementa la inseguridad en los lugares donde prevalece su consumo.

   Siendo México uno de los principales proveedores de drogas al país del norte, no debemos permanecer indiferentes a la tragedia humanitaria que allí ocurre. Nuestro país tiene una gran responsabilidad en contener este tráfico. Desafortunadamente, han fallado los gobiernos de ambos países en reducir el fenómeno.

   La sociedad de ambos países debe ayudar a detener esta tragedia humanitaria, fortaleciendo, por ejemplo, las ligas binacionales de la sociedad civil para combatir este tráfico. Donde los gobiernos han fracasado, es posible que la sociedad tenga una respuesta,  impulsando, entre otras acciones, el combate a la corrupción que lo hace posible.   

    Esta tragedia humanitaria ocurre también en México. No solo por el consumo de drogas que ha venido aumentando,  sino por la forma como operan las estructuras criminales que sostienen estos negocios, las cuales asesinan, extorsionan, secuestran,   roban y ocasionan una violencia extrema, al grado que ya se habla de que vivimos en un narcoestado. Prueba de esta violencia son los cerca de 35,000 homicidios que se cometen al año.

   La estructura criminal que sostiene este tráfico de drogas y otros delitos en México es enorme, como lo han demostrado en un artículo recientemente publicado en la prestigiosa revista Science, sus autores, Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli y Alejandro Hope, este último, gran analista de seguridad, fallecido a fines de abril de 2023.

   Entre sus principales conclusiones, encontraron que existen 175 mil personas que trabajan para los cárteles dedicados al tráfico de drogas, haciéndolos la quinta fuente de trabajo más grande de nuestro país, excluyendo gobierno. Dado el número de muertos, deserciones y encarcelamientos que minan a estos cárteles, los autores estiman que se requieren reclutar entre 350 y 370 personas por semana  (Cerca de 19,000 personas al año) para mantenerlos operacionales.

    Para sostener una nómina de este tamaño se requiere mucho dinero y armas. Un estudio estimaba que dicho tráfico generaba a los cárteles ingresos anuales de entre 35 mil y 45 mil millones de dólares con una utilidad del 80%.

   Como menciona en su libro Tom Wainwright, los cárteles tienen problemas similares a los que enfrentan empresas legales. Para los cárteles, como para otras empresas, su principal problema son los recursos humanos. Requieren contratar desde financieros muy sofisticados para lavar dinero, hasta sicarios desalmados que puedan cometer los peores actos de violencia.

    El estudio publicado en Science muestra que uno de los problemas principales para los cárteles es el reclutamiento de personas. Mantener una plantilla de 175 mil personas trabajando cuando las bajas son de cerca de 20 mil al año (11%), requiere una estructura de reclutamiento muy importante y en ocasiones muy violenta. Se recluta en cárceles, pero también a niños y jóvenes de barrios marginados, a empresarios, a financieros que sepan trabajar con paraísos fiscales, a ingenieros que puedan cavar túneles de varios kilómetros con alta precisión, a personal con alta formación militar, a químicos, a transportistas, etc.. Sobre todo, gran parte de los recursos se dedica a reclutar y corromper a las autoridades.

   Detener el desperdicio de vidas por el consumo de drogas en Estados Unidos y la violencia y corrupción que genera en México, requiere una cooperación binacional, no solo entre gobiernos,  sino también entre organismos de la sociedad civil. Habrá que buscar cómo la sociedad de ambos países pueda encontrar   los mecanismos para detener esta tragedia que causa 150 mil muertos al año y millones de afectados. Lo que no es posible es ignorar esta inmensa tragedia.

20 de agosto de 2023

VIOLENCIA NACIONAL

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Los videos del muy probable asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno han llenado los espacios informativos, las redes sociales y las conversaciones privadas. El grado de sadismo de los sicarios rebasa la imaginación más perversa de la mayoría de los mexicanos que,  asombrados, contemplamos estos hechos de violencia.

    Pero cada semana nos asomamos a los abismos del horror con acontecimientos de este tipo. Al mismo tiempo que circulaba esta noticia, también se supo de la aparición de 17 cuerpos mutilados en Poza Rica, depositados en hieleras, y el asesinato de una mujer en León, acuchillada por un criminal. Todo ocurriendo ante nuestros ojos a través de videos, en donde se puede observar la crudeza del mal.

    La violencia nos rodea y ahoga: 83 asesinados en promedio diariamente, 110 mil desaparecidos en este sexenio (Tan solo en Lagos de Moreno, 365), 2 mil 710 fosas clandestinas, 800 mil muertos por la pandemia, miles más de muertos por un sistema de salud desmantelado por este gobierno, asaltos en carreteras,  asaltos en calles y casas, extorsiones y amenazas a negocios y a productores del campo.

   México es víctima de una violencia nacional producida por los dirigentes criminales, sicarios, autoridades y una sociedad que permite que todo esto pase. El chiste que contó el presidente López Obrador cuando supuestamente no escuchó lo que le preguntaban reporteros sobre lo acontecido en Lagos de Moreno, o cuando se rio de un periódico que informaba de las matanzas cotidianas, es un reflejo de lo que ocurre con la autoridad: indiferencia, burla, sordera, incapacidad y, posiblemente, complicidad.

   Pero también hay una violencia oculta, cotidiana,  que ocurre en todas partes. Empieza por la violencia que ejercen los padres sobre los hijos con el pretexto de educarlos. La violencia intrafamiliar que afecta especialmente a las mujeres. La violencia del acoso escolar en escuelas primarias y secundarias,  de la cual también hemos sido testigos por videos donde vemos que niños matan a otros niños. La violencia que algunos maestros de educación media y superior ejercen sobre los alumnos y viceversa.

   Está también la violencia que se ejerce en los lugares de trabajo. El acoso laboral y sexual es un tema cotidiano en oficinas y todo tipo de centros de trabajo. Jefes que, una vez empoderados, abusan de sus subordinados. Funcionarios de alto nivel que usan la violencia desde sus posiciones de poder para lograr sus fines de beneficio personal.

   En todos los casos,  fallan los mecanismos institucionales para contener la violencia. Quienes rodean a los violentos se vuelven cómplices, con su silencio,  de las tropelías que cometen.  

   Las autoridades encargadas de la seguridad pública, hoy en día militarizadas a nivel nacional,  han fracasado para contener la violencia de los criminales organizados.

  Las autoridades de salud, responsables de la muerte de cientos de miles de mexicanos, siguen impunes y continúan haciendo de las suyas, sin importar las muertes ya sea en un quirófano bañado por goteras, en un elevador sin mantenimiento donde murió prensada una niña o por la simple carencia de medicinas y vacunas a nivel nacional, produciendo miles de víctimas por falta de atención médica.

   La sociedad se ve impedida de contener toda esta violencia porque, por ejemplo, no tiene las armas para defenderse de los criminales que matan, extorsionan, secuestran, cobran derecho de piso, etc. Tampoco las soluciones institucionales han sido eficaces. La impunidad prevalece y no hay justicia para los agraviados.

   El surgimiento de movimientos de autodefensa en lugares como Michoacán y Guerrero es una solución desesperada ante la incapacidad del Estado mexicano. ¿Será ese el camino que deba seguir la sociedad, armarse, entrenarse, crear grupos paramilitares para defenderse de los criminales?  ¿Hace falta en México un Bukele o un Duterte para frenar a los delincuentes?  

   Pero hace falta combatir no solo a la violencia externa que nos acongoja, sino también a la violencia soterrada que ocurre dentro de las familias, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las oficinas regenteadas por desquiciados.

   La sociedad mexicana anhela paz y tranquilidad en todos los ámbitos de la vida. Estamos viviendo una escalada de violencia, desde la confrontación, la amenaza y el insulto que diariamente emite el presidente de la República desde sus conferencias mañaneras,  hasta la violencia cotidiana familiar y en los centros de trabajo.

   Tendremos que ser conscientes de cuando nosotros mismo ejercemos violencia para controlarla, y de cuando los que nos rodean la ejercen, para no permitirlo. Habrá que empezar en nuestra inmediatez y seguir luego por exigir a las autoridades que arreglen esta situación de violencia de la que estamos rodeados. Será una tarea monumental para el próximo presidente si no queremos que el país se acabe de incendiar y una tarea retadora en nuestro entorno, para no consentirla. 

  Pero es un hecho que  los mexicanos merecemos vivir en paz y sin miedo.

6 de agosto de 2023

TABLETAS EN LUGAR DE LIBROS DE TEXTO

 

Por: Octavio Díaz García de León

Para mi mejor maestro, mi papá, donde esté.


   La publicación y el escrutinio público de los nuevos libros de texto han causado una gran polémica entre especialistas, académicos, articulistas y en redes sociales. Se han evidenciado los múltiples errores que contienen y han sido objeto de discusión temas como los contenidos para educación sexual, la disminución de contenidos en matemáticas y la ideologización que permea en varios de ellos, la cual intenta adoctrinar a niños y maestros con la visión particular del segmento más radical de la administración morenista.

   En los años sesenta, la iniciativa del libro de texto único y gratuito tenía sentido porque no se tenían los medios tecnológicos con los que hoy contamos y los niños y maestros no tenían acceso a libros y otros materiales como ahora.

  Pero desde entonces, esos libros tuvieron un propósito ideológico para sostener al PRI a través de los mitos históricos que crearon y cuya herencia aún persiste. Esta visión sesgada de la historia nacional es la que ha favorecido el discurso ideológico del actual gobierno, que construye su apoyo social en base a aquellas mentiras y leyendas que se enseñaron en los libros de texto de hace décadas y que hoy influyen a millones de votantes. No es de extrañar que haya un interés por perpetuar esos errores e introducir otros para favorecer a la clase gobernante mediante la manipulación ideológica de las masas.

  La enseñanza en nuestro siglo debe fomentar el uso de la razón, la capacidad crítica, la voluntad, despertar el interés y la curiosidad de los alumnos y darles los medios y la orientación para satisfacer esas necesidades de conocimiento. Para ello se requieren herramientas flexibles que los libros de texto no proporcionan. Se necesitan,  además, maestros que sepan motivar, guiar y enseñar por lo menos lo básico,  para que sus alumnos puedan ir descubriendo por sí mismos lo que su deseo de saber los lleve a profundizar.

   Mas allá de los contenidos de los libros de texto que podrían ser muy mejorables y ayudar un poco más a los niños a aprender, el concepto en sí me parece obsoleto,  en el siglo de la internet, las redes sociales y la inteligencia artificial.

   Primero, porque los libros están hechos de papel. Los formatos electrónicos superan por mucho al uso de libros de papel ya que no tienen problemas de transporte y distribución, se actualizan de manera instantánea en millones de dispositivos, tienen una enorme flexibilidad, su capacidad de almacenar información es infinitamente mayor, etc.

   Segundo, porque son únicos. En un mundo que vive una enorme diversidad y en el cual la información y el conocimiento están ampliamente difundidos, pretender que haya un libro de texto único es un anacronismo absurdo.  

   Tercero, los contenidos de los libros de texto único siempre estarán sujetos a los sesgos ideológicos de los gobernantes en turno, y rara vez a las necesidades pedagógicas que se requieren para tener alumnos de alta calidad. Tampoco ofrecen la flexibilidad que les permita adaptarse a los modos de aprendizaje de las millones de mentes, cada una tan diferente, que estarán aprendiendo de ellos.  

   Quizá lo único rescatable es que sean “gratuitos”, es decir, pagados con los impuestos de todos, pero aún así,  ese dinero se podría utilizar de manera mucho más eficiente.

  Hoy esto es posible gracias a la tecnología. En lugar de repartir libros de texto de papel, se podrían repartir tabletas electrónicas que contuvieran una biblioteca de miles de libros, videos, música, podcasts,  encabezados por libros guía que enseñen a acceder a toda la vastedad de información disponible en internet.

   Si a estas tabletas se les agrega una conexión a internet, las posibilidades de aprendizaje se multiplican de manera exponencial al tener acceso a bibliotecas electrónicas, publicaciones científicas, museos, música clásica, juegos como ajedrez y las herramientas de inteligencia artificial. Estas tabletas podrían estar diseñadas para que les duraran toda la primaria.

   Todo esto es posible siempre y cuando el objetivo no sea satisfacer las necesidades políticas del gobernante en turno, sino enseñar a los niños a pensar y tener las habilidades que requiere el siglo XXI. En lugar de estar discutiendo contenidos rígidos de libros de texto mal hechos, podríamos discutir cómo aplicar la tecnología a la educación para facilitar realmente el aprendizaje.

   Seguir utilizando libros de texto únicos, impresos en papel, con contenidos rígidos, limitados e ideologizados, es condenar a la ignorancia y la pobreza a los más desfavorecidos de este país. Las familias de mayores ingresos ya tienen acceso a las tecnologías que les permiten a sus niños crecer intelectualmente cuando están bien orientados por sus padres. Si no eliminamos estas discrepancias en oportunidades para aprender, la brecha entre el México moderno y el ancestral seguirá creciendo y la ignorancia será el fertilizante para que florezcan malos gobiernos.