ENFOCARSE EN LO IMPORTANTE

 

Por: Octavio Díaz García de León.

     Uno de los retos que enfrento para escribir un artículo es la elección del tema. Inevitablemente, una fuente fértil de asuntos son las conferencias mañaneras de nuestro presidente las cuales casi siempre son motivo de polémica. Él fija la agenda, él dice de qué se habla y de allí surge el coro de las lamentaciones contra sus dichos por parte de aquellos que no están de acuerdo con él y, por otro lado, el coro de las alabanzas de quienes lo apoyan. Todo lo cual amplifica sus mensajes de manera que no es fácil ignorarlos.

    Desde luego que en el espacio de dos o más horas de conferencia de prensa diarias el presidente habla de muchos temas. Algunos importantes, otros no. Pero basta un par de frases o comentarios para dominar el resto del día y, a veces semanas, la discusión pública, aunque estos no tengan relevancia.

     Entre ellos, por ejemplo, la polémica que surgió por sus comentarios contra la clase media a la cual pertenecemos, él mismo y la mayoría de quienes tenemos oportunidad de comentar sus dichos. La tentación al escribir estas líneas era unirme a esa discusión. Pero creo que al respecto ya se habló en demasía y hubo quien lo hizo con especial brillantez como Jesús Silva-Herzog.

     A veces le damos más importancia a las palabras que a los hechos y eso es un gran distractor, pues el espacio público se llena de debates que no llevan a ninguna parte. Este efecto comunicativo suele distraernos de lo que está sucediendo en nuestro país y de cómo se están resolviendo los grandes problemas de México.

    En el entorno nacional hay señales buenas y malas. Entre las primeras, tenemos que no hay protestas sociales, no hay grupos guerrilleros levantados en armas, no hay intentos golpistas, no hay escasez de alimentos y no hay una crisis de gobernabilidad. Decenas de millones de personas fueron a votar en paz y se respetó el voto.  Existe estabilidad macroeconómica a pesar de los semáforos amarillos en las finanzas nacionales, pero no existen los problemas que sufrimos en los años ochenta y mediados de los noventa, en parte porque se ha respetado la autonomía del Banco de México, el INEGI y otras instituciones clave, a pesar del discurso en su contra.

    Sin embargo, las noticias malas en 2020 y lo que llevamos del 2021 son alarmantes. Nos ha tocado vivir (o sobrevivir, más bien) la peor pandemia desde la influenza española de hace un siglo, la cual ha costado más de medio millón de vidas (el 0.5% de la población mexicana) y secuelas de por vida para millones de personas. Además, la pandemia no ha terminado por más que se haya tratado de minimizarla, aunado a que el sistema público de salud sigue con graves problemas, incapaz de dar atención a todos los que lo necesitan y que acusa falta de medicamentos, vacunas e insumos.

    Vivimos la peor crisis de inseguridad de este siglo que marca ya 72,723 homicidios en lo que va de este sexenio lo que demuestra el grado extremo de violencia que padecemos. Lo vimos con el asesinato de candidatos durante las pasadas elecciones y por los avances que ha realizado la delincuencia organizada al gobernar cada vez más territorios, desplazando al Estado mexicano.

    También tenemos tragedias urbanas tal como el accidente del metro en la Ciudad de México que dejó 26 muertos y 80 heridos y que dejará sin ese servicio a una zona de la ciudad, pero también por la inseguridad y la falta de servicios públicos.

    Estamos pasando por la peor recesión económica desde los años treinta del siglo pasado, la cual tomará años en recuperarse y que ha producido la pérdida de millones de empleos, el cierre de empresas y el aumento del número de pobres. Se están llevando a cabo proyectos de infraestructura de poca viabilidad económica en lugar de inversiones estratégicas que estimulen a la economía y se han cancelado proyectos que hubieran impulsado el crecimiento económico. Millones de niños no han podido acudir a las escuelas, en deterioro de la calidad educativa, ya de por sí bastante mala. 

    El rescate de PEMEX y CFE se está haciendo a costa de sacrificar la inversión privada cuando ni estas empresas ni el gobierno tienen los recursos para invertir y no se atienden las causas de fondo, como son los contratos colectivos onerosos, la corrupción, la ineficiencia y las pensiones que ahogan a ambas paraestatales.

    Para salir adelante como sociedad es urgente atender los problemas que he mencionado, sin descuidar los aspectos positivos que han permitido mantener la paz social y unas finanzas públicas relativamente sanas.   

    Más que estar al pendiente de las ocurrencias del día en las redes sociales o de los distractores cotidianos, pidamos conocer los planes que resolverán los grandes problemas nacionales en el mediano y largo plazo para debatirlos, darle seguimiento a su implementación y ver si están dando resultados. Hay que enfocarse a lo importante y no distraernos con lo trivial.

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  Twitter: @octaviodiazg

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Hace un par de años escribí  acerca del régimen de responsabilidades que aplica a los miembros del Servicio Exterior Mexicano.  El Poder Judicial de la Federación también tiene un régimen distinto al que aplica al Poder Ejecutivo y puede tener variaciones entre los organismos que lo conforman: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal).

    Aquí me referiré al régimen disciplinario que aplica al Tribunal. Lo primero que hay que señalar es que el régimen está incompleto porque no se terminó de realizar la armonización normativa en materia disciplinaria según lo requería el decreto  que modificaba la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tal como elaborar un acuerdo general en materia de responsabilidades que debió estar publicado a fines de 2018.  Ahora que se reformó dicha Ley de nuevo, se podría aprovechar para armonizar estas normas y emitir aquellas que estén pendientes.  

    Esté régimen disciplinario tiene complejidades. Entre ellas, el que existen cuatro grupos de servidores públicos que son tratados de manera diferente:  los magistrados de Sala Superior, el personal con labores jurisdiccionales, el personal administrativo y el de la Contraloría Interna. Por otra parte, seis autoridades intervienen en el proceso, a diferencia del Poder Ejecutivo donde normalmente operan dos.

   En el Poder Ejecutivo el régimen disciplinario no distingue entre personal de áreas sustantivas y áreas administrativas. Tampoco se tienen procedimientos disciplinarios diferenciados dependiendo del nivel jerárquico de los servidores públicos.   

    Entre las reformas que se hicieron para adaptar el régimen disciplinario del Tribunal a la nueva Ley de Responsabilidades, se creó una Dirección General de Investigaciones en Responsabilidades Administrativas para evitar que una misma autoridad fuera la que investigue y, a la vez, lleve los procedimientos de responsabilidades. Sin embargo, aunque se separaron las dos autoridades, ambas dependen de la Comisión de Administración, por lo que tal independencia es relativa.

   En el Poder Ejecutivo, ambas actividades las hacen los órganos internos de control, tratándose de faltas no graves.  Por ello, en el Tribunal estas funciones podrían estar en la Contraloría, como ocurre en el Poder Ejecutivo.

   En la investigación de quejas y denuncias participan diversas áreas del Tribunal. Si bien, solo una de ellas tiene la atribución de actuar como autoridad investigadora, de conformidad con la Ley de Responsabilidades, algunas actividades que realizan las autoridades substanciadoras, en este caso la Contraloría y la Visitaduría Judicial, tales como auditorías, evolución patrimonial y visitas de inspección, se pueden considerar como investigaciones, por lo que la separación no es clara. 

   Las causas de responsabilidad administrativa de acuerdo con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de las que prevé la Ley de Responsabilidades, contemplan quince conductas adicionales, de las cuales once se califican como graves, aunque su sanción podría ser similar a la de faltas no graves.

   La Sala Superior, integrada por siete magistrados, es la facultada para investigar y desahogar casos de responsabilidades de sus propios miembros, lo cual podría plantear un posible conflicto de interés. Sería más conveniente que estos asuntos se desahogaran en una instancia independiente del Tribunal.

   La Visitaduría Judicial es la que investiga al personal jurisdiccional con respecto a las actividades jurisdiccionales y la Contraloría los puede auditar siempre y cuando sean temas administrativos. Este diseño resulta complejo y podría plantear una duplicidad innecesaria. La Visitaduría podría también formar parte de la Contraloría Interna, por la similitud de funciones que realizan.

   Tanto la Contraloría como la Visitaduría informan de posibles irregularidades a la Dirección de Investigaciones para que ésta termine de integrar la investigación y en su caso, realice un informe de presunta responsabilidad administrativa para turnarlo al área que desahogue el procedimiento de responsabilidades: la Visitaduría, en el caso de personal jurisdiccional o la Contraloría para el resto. Esta división plantea una posible duplicidad ya que ambos procedimientos podrían ser llevados por una sola instancia.

   Quien resuelve y sanciona los asuntos de responsabilidades por faltas graves o no graves son: la Sala Superior cuando se trata de alguno de sus integrantes y la Comisión de Administración para el resto de los servidores públicos, a diferencia del Poder Ejecutivo en donde no se separa la resolución del expediente del proceso de substanciación, en los casos de faltas no graves.

   El Poder Judicial de la Federación está formado por personal de muy alta especialización técnica y, salvo casos excepcionales, con personas de comportamiento ético destacado.  Para mantener el control interno ha desarrollado un régimen disciplinario que, en el caso del Tribunal, resulta complejo, podría estar duplicando estructuras y plantea posibles conflictos de interés.

   Habrá que ver si este diseño legal e institucional responde a las crecientes demandas por un mejor control interno que evite actos de corrupción tales como el nepotismo. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación hace especial énfasis en resolver este problema, pero siempre habrá oportunidad para buscar mejoras al sistema disciplinario que los rige.