Por:
Octavio Díaz García de León.
@octaviodiazg
México ocupa el lugar
58 de 59 países en los que se calculó el Índice Global de Impunidad recientemente publicado
por la Universidad de las Américas de Puebla y el 98% de los delitos permanecen
impunes de acuerdo con cifras del INEGI. Según el Índice, el 46% de su población detenida no
tiene sentencia y existen pocos
encarcelados por homicidios respecto a los casos denunciados.
Esto
no es de extrañarse.
Basta darse una vuelta a las procuradurías, tanto federal
como estatal, para ver las pilas de expedientes que acumula cada ministerio
público. Lo mismo sucede con los juzgados. Los expedientes se acumulan y los
procesos duran años. Numerosos analistas han señalado que la impunidad es un
gran aliciente para que la inseguridad continúe porque no hay consecuencias
ante la comisión de delitos. El rezago es un componente relevante de la
impunidad.
De
acuerdo con el informe del Índice, “México tiene dos dimensiones prioritarias
que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura
de su sistema de justicia…En México no se necesita invertir cada vez más
recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que
garanticen la efectividad de sus acciones.” Y lo mismo puede decirse de los
jueces, aunque en este indicador la proporción de 4 jueces por cada 100 mil habitantes
está muy por debajo del promedio de 17 por cada 100 mil entre los países del Índice.
La
reforma que ha hecho posible los juicios orales es un avance en la dirección
correcta. Se supone que estos juicios toman menos tiempo y hay oportunidad para
conciliar a las partes lo que evita procesos inútiles. También hay tribunales de vanguardia que han
entrado al mundo de la tecnología como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa que tiene un sistema de juicios en línea.
Tanto
las procuradurías como los juzgados y tribunales de todo tipo se quejan del
volumen de casos que tienen que manejar.
Pero la solución no es tan difícil de
encontrar.
Los
procesos judiciales son eso: procesos. Los expertos en procesos no son los
abogados sino los ingenieros industriales y no me refiero a los aspectos
jurisdiccionales sino a los aspectos de optimización. El desarrollo de un
proceso judicial tiene reglas y procedimientos muy claros con tareas
repetitivas y otras características similares a cualquier proceso de servicio o
de fabricación en serie.
Así
que para atender los problemas de funcionalidad y estructurales se requieren herramientas de la ingeniería industrial y la aplicación de nuevas tecnologías de
información y comunicaciones.
Se
podría por ejemplo:
·
Hacer
pronósticos de demanda de los casos a resolver para poder planear la capacidad
necesaria para atenderlos.
·
Hacer
estudios de tiempos y movimientos en las tareas que involucran la investigación de los delitos y la sustanciación
de los juicios para optimizarlos.
·
Hacer
cálculos de Teoría de Colas u otras herramientas de Investigación de
Operaciones para que en base a ellas se puedan determinar cuántos ministerios
públicos y jueces se requieren, en base a la demanda y a los niveles de
servicio (Tiempos de atención deseados). Con ello se podría estimar cuantos
jueces y ministerios públicos se van a requerir para atender la demanda.
·
Utilizar
métodos de optimización para la localización de instalaciones a fin de saber dónde ubicar nuevos juzgados o agencias
del ministerio público y quitar a los que no se requieran.
·
Desarrollar
estándares de tiempo de atención para los casos más comunes y monitorear el
desempeño de ministerios públicos y jueces en términos de productividad y
cumplimiento de objetivos.
·
Incentivar
a quienes cumplan los estándares o los superen con bonos de productividad y
prescindir de aquellos que consistentemente no cumplan.
·
Automatizar
todo aquello que es factible de automatizarse en los procesos de impartición de
justicia. Por ejemplo, las sentencias en muchos casos contienen partes que son repetitivas
y que un sistema automatizado puede
construir incorporando los fundamentos
jurídicos, los antecedentes y hasta algunos
elementos de los casos que se pueden extraer de los documentos del proceso.
·
Utilizar
de manera intensiva herramientas informáticas que permiten la gestión de
documentos electrónicos, crear bases de
datos y realizar el análisis
automatizado de la información para la elaboración de sentencias.
·
Permitir el trabajo remoto tipo “oficina en
casa” para aprovechar mejor el tiempo de los abogados y evitar por ejemplo, en
la ciudad de México, los largos tiempos de transporte. Actualmente la videoconferencia
casera, los teléfonos, los sistemas en la “nube” y otras facilidades de bajo
costo están disponibles en los hogares y permiten realizar el trabajo.
·
Usar
tecnologías de comunicación para evitar que los actores en los juicios tengan
que acudir a los juzgados. El caso exitoso del juicio en línea se podría replicar en todo
el poder judicial y demás tribunales administrativos.
Es
posible que los ingenieros industriales no logren abatir el rezago en la
impartición de justicia, pero no dudo que puedan tener un impacto en la mejora de
la funcionalidad y la estructura de dichos procesos. Ojalá que los abogados
responsables de los mismos permitan que los ingenieros les ayuden a mejorar sus
tareas y con ello abatir el rezago y la impunidad.
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