EL NUEVO AUDITOR SUPERIOR: FISCALIZACIÓN O POLÍTICA

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    La Cámara de Diputados eligió por amplia mayoría al nuevo Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, para un periodo de ocho años. Se trata de una designación relevante porque marcará el rumbo de una institución clave para la supervisión del uso de los recursos públicos en México.

    Se anticipa que podría existir continuidad respecto a la gestión anterior, ya que el nuevo Auditor formó parte del equipo del Auditor Superior anterior. También se ha señalado su cercanía política con la presidenta Sheinbaum, lo que ha generado cuestionamientos sobre el grado de independencia que ejercerá la institución frente al Poder Ejecutivo.

 Independencia formal y realidad política

     La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue concebida como un órgano técnico dependiente de la Cámara de Diputados para garantizar un mayor grado de autonomía frente a los Poderes Ejecutivo y Judicial. Desde esta posición institucional tiene la facultad de fiscalizar el gasto federal ejercido en todo el país, no sólo por las dependencias del gobierno federal sino también por los gobiernos estatales y municipales cuando administran recursos federales. Sin embargo, la independencia formal no siempre se traduce en independencia efectiva. En el pasado reciente se ha cuestionado si la institución ha actuado con suficiente independencia frente al poder político.

     También podría ser que, dada la cercanía política del nuevo Auditor Superior con la presidenta, la ASF podría hacer revisiones sobre irregularidades heredadas de la administración anterior, para desplazar a actores políticos indeseables. En todo caso, el nuevo Auditor Superior cuenta con preparación técnica y experiencia en la administración pública, lo que permite esperar una gestión con cierto grado de profesionalismo.  Pero todavía es demasiado pronto para anticipar cuál será el rumbo que tomará su gestión.

 Resultados recientes de la fiscalización

     De acuerdo con los informes del resultado de la fiscalización superior correspondientes a la Cuenta Pública 2024, cuyos resultados se presentaron en diversas entregas durante 2025 y febrero de 2026, la ASF contaba con aproximadamente 2,560 plazas entre personal de base y de confianza. Durante ese proceso de fiscalización se realizaron 2,264 auditorías y se generaron alrededor de 2,028 acciones u observaciones derivadas de los procesos de revisión. En conjunto, los montos por aclarar ascendieron a aproximadamente 65,169 millones de pesos. Esta cantidad representa cerca del 0.71 por ciento del presupuesto público federal ejercido en 2024, que fue el ejercicio fiscal revisado.

 Fiscalizar no es lo mismo que combatir la corrupción

    A menudo se atribuye a la ASF la función de combatir la corrupción. Sin embargo, esta interpretación resulta imprecisa. El propósito fundamental de la ASF es fiscalizar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable. Cuando en el proceso de auditoría se detectan irregularidades que podrían constituir actos de corrupción, ello suele ser un resultado indirecto del proceso de revisión.

    Las auditorías se concentran en verificar el cumplimiento de normas administrativas y presupuestales, mientras que muchos esquemas de corrupción se diseñan precisamente para aparentar legalidad. Por esa razón, los actos de corrupción rara vez son detectados directamente mediante auditorías tradicionales. Su identificación requiere herramientas propias de las investigaciones criminales, como análisis patrimoniales, inteligencia financiera o técnicas de investigación especializadas que normalmente corresponden a instituciones de procuración de justicia.

Desafíos de la nueva gestión

    El nuevo Auditor Superior inicia su mandato en un momento en el que la exigencia social de transparencia y rendición de cuentas es cada vez mayor. Su principal desafío será fortalecer la credibilidad de la institución y demostrar que la fiscalización del gasto público puede realizarse con rigor técnico y sin sesgos políticos. También deberá hacer uso más amplio de las facultades que fueron ampliadas a partir de las reformas de 2016, las cuales permiten a la ASF investigar, substanciar y resolver faltas administrativas no graves e investigar faltas graves para prevenir e inhibir de irregularidades administrativas.

    Al mismo tiempo, será necesario atender diversos señalamientos formulados por exfuncionarios de la propia ASF sobre presuntas irregularidades internas durante la gestión del Auditor Superior saliente. Aclarar cualquier duda sobre el funcionamiento interno de la institución será fundamental para fortalecer su legitimidad.

Una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas

    La responsabilidad que asume el nuevo Auditor Superior es considerable. Si la nueva administración logra ejercer sus facultades con independencia, profesionalismo y transparencia, la ASF podrá ser uno de los pilares del sistema de rendición de cuentas del país. No queda sino desear que la gestión del Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel se distinga por su rigor técnico y deje una huella positiva en la supervisión del uso de los recursos públicos federales y, en la medida de lo posible, contribuya también a mitigar prácticas de corrupción en la administración pública.Principio del formulario

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LA MUERTE DEL “MENCHO”: PUNTO DE QUIEBRE

 

Por: Octavio Díaz García de León

    La captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, sacudió al país. No solo por la relevancia de la noticia al haber eliminado a uno de los lideres criminales más notorios, sino por la oleada de ataques que siguió a su caída. La respuesta violenta mostró el alcance del CJNG: su presencia territorial, sus recursos, su capacidad operativa, su armamento y, sobre todo, el factor sorpresa con el que logró desbordar a la Guardia Nacional y poner contra las cuerdas a buena parte de las fuerzas de seguridad. Lo más grave, sin embargo, fue el saldo humano y social: la pérdida de 28 integrantes de la Guardia Nacional, decenas de víctimas adicionales, daños considerables a propiedades y una parálisis temporal de todo tipo de actividades en varios estados.

 La sorpresa y la débil respuesta

     Más allá del impacto mediático, el episodio dejó una lección: el Estado sigue teniendo dificultades para responder con rapidez y coordinación ante ataques simultáneos en distintos puntos del país. La logística criminal —bloqueos, agresiones, incendios y hostigamiento directo a instalaciones— se desplegó con una sincronía que evidenció planeación, mando y disciplina operativa. Fue una ofensiva diseñada para generar confusión, exhibir fuerza y, de paso, enviar un mensaje: aun sin su líder, el CJNG conserva capacidad de hacer daño.

 Estados Unidos: presión creciente

     Este golpe no redujo la presión del presidente Trump. Su primera reacción apuntó a que México “debe hacer más” contra el narcotráfico, acompañada de su insistencia en una participación más directa de tropas estadounidenses. Tras el despliegue de poder mostrado por el CJNG, esta propuesta debería tomarse en cuenta.

 Logro táctico, pero no el fin del CJNG

     Sin demeritar el logro de las fuerzas armadas mexicanas, conviene no confundir un golpe táctico con una victoria estratégica. La muerte de un líder desorganiza, reconfigura y abre disputas, pero no elimina el entramado que sostiene a la organización. Mientras permanezcan las condiciones que dieron origen a esta fuerza narco-militar, esta seguirá existiendo, quizá bajo nuevos dirigentes, con otro nombre o con nuevas alianzas, pero con la misma vocación de control territorial y desafío al Estado.

 Causas estructurales  

     El fenómeno se explica por los factores que la alimentan: la enorme demanda de drogas en el país vecino; la facilidad para contrabandear armas de alto poder; la corrupción de autoridades; la captura de municipios y gobiernos estatales mediante elecciones financiadas por los narcos; las complicidades con mandos de seguridad; y el desgaste institucional que implicó asignar a las fuerzas armadas, desde el sexenio pasado,  tareas ajenas a su función principal, que las distraen, las debilitan y, en algunos casos, las corrompen.

 Del “dejar hacer” a la confrontación

    El cambio de enfoque en la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum es relevante. Se ha transitado de una política tolerante a los criminales, resumida en el lema “Abrazos, no balazos”, que ya tenía 7 años de vigencia, hacia una estrategia de confrontación abierta que tiene similitudes con la estrategia de Calderón. Con este paso dado, será difícil volver a esa política de tolerancia con delincuentes.  Además, la presión de Estados Unidos vuelve políticamente inviable reabrir espacios de negociación informal con los cárteles.  Al mismo tiempo, el costo interno de tolerar la libertad con la que los estos asaltan, extorsiona y asesinan empieza a erosionar el sustento político de MORENA. Recuperar territorios ya no es solo una necesidad de seguridad: es una necesidad de gobernabilidad, y también de supervivencia política.

 La “Guerra de Sheinbaum”

    Las repercusiones políticas para la presidenta se reflejan en la reacción del crimen organizado. Los ataques a instituciones emblemáticas del sexenio anterior —como el Banco del Bienestar y la Guardia Nacional— pueden interpretarse como una señal de que hay un rompimiento, aunque haya tratado de suavizarlo permitiendo un sepelio de lujo exorbitante a "El Mencho",  protegido por las mismas fuerzas que lo abatieron y a las cuales causó tantas bajas.  En paralelo, se percibe un ambiente de alerta en el gobierno que confirma que podrían esperarse nuevas confrontaciones ya sea entre las facciones del CJGN para asegurar nuevos liderazgos y/o con las fuerzas federales.  

     Estamos quizás ante un punto de quiebre. Podría ser el inicio de una nueva etapa, con el precio político, institucional y humano que implica enfrentar al narco para recuperar gobernabilidad y apoyo popular. Si la confrontación con la delincuencia organizada se sostiene, podría llevar a la liberación del país de su yugo y la recuperación de la paz. Tal vez este sea el parteaguas que muchos esperaban del gobierno de la presidenta Sheinbaum, y quizá con el tiempo, esta decisión de enfrentar al crimen organizado acabe por conocerse con el nombre de “La Guerra de Sheinbaum”. Pero sin importar etiquetas, lo perdurable será pasar a la historia como la presidenta que pudo quitar a los delincuentes el control de buena parte del país.

EMPODERAR AL CIUDADANO: LA NUEVA REFORMA ANTICORRUPCIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Recientemente, la presidenta Sheinbaum anunció la intención de reformar al Sistema Nacional Anticorrupción. En sus declaraciones señaló que el objetivo es empoderar al ciudadano en el combate a la corrupción, al considerar que el sistema no ha funcionado adecuadamente y que se requieren modificaciones para que las denuncias presentadas por la población tengan consecuencias efectivas. Su anuncio es relevante, ante la muy baja calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (Calificación 27/100 y lugar entre países: 141/182) pero exige una transformación más profunda del sistema anticorrupción.

 Antecedentes históricos

   La posibilidad de denunciar actos indebidos de servidores públicos no es una innovación reciente. Desde la época virreinal existía la figura del Visitador que recibía denuncias de cualquier súbdito, y era el encargado de inspeccionar, corregir y, si era necesario, sancionar a las autoridades locales, incluido el propio virrey. Durante el siglo XIX se desarrollaron diversas disposiciones sobre responsabilidades administrativas. Posteriormente, la Constitución de 1917 incorporó en su Título Cuarto las bases del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, estableciendo un marco constitucional que sigue vigente.

    En la etapa contemporánea, un punto de inflexión se dio en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, cuando se fortalecieron los mecanismos para recibir y atender denuncias ciudadanas desde la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, posteriormente denominada Secretaría de la Función Pública y ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno,  y sus equivalentes en estados y municipios. Desde entonces, la recepción de denuncias forma parte estructural en los tres órdenes de gobierno.

La reforma de 2015-2016

    La transformación institucional más significativa ocurrió en 2015 y 2016 con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas reformas redefinieron competencias, establecieron la separación entre autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras, y dotaron a los procedimientos de una estructura más formal y garantista. Sin embargo, el rediseño procesal incrementó la complejidad de los expedientes sin que se fortalecieran los recursos humanos, tecnológicos y presupuestales de los encargados de aplicarla. La consecuencia fue un sistema más complejo en lo normativo e ineficaz en los resultados.

 La denuncia ciudadana

   Como vimos, la posibilidad de presentar denuncias ciudadanas ha existido a lo largo de nuestra historia. Así, los órganos internos de control reciben miles de quejas y denuncias cada año y cuentan con atribuciones para investigarlas. El problema central no radica en la ausencia de mecanismos de denuncia, sino en la calidad de las investigaciones, la capacidad probatoria y la obtención de sanciones firmes.  

   Hablar de empoderamiento ciudadano requiere definir con claridad su alcance. Facilitar la presentación de denuncia es deseable, pero no debe traducirse en la afectación de garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Problemas estructurales en la práctica

    Uno de los desafíos más frecuentes es la baja calidad de muchas denuncias. En numerosos casos los escritos carecen de datos verificables o elementos mínimos para iniciar una investigación formal. Otras denuncias corresponden a conflictos laborales o personales que no constituyen faltas administrativas. También existen denuncias anónimas que, aunque legítimas, dificultan la ampliación de información cuando no contienen pruebas suficientes. Otro elemento crítico es la falta de homologación y robustez tecnológica en los sistemas de recepción y gestión de denuncias. Además, no se cuenta con acceso ágil a bases de datos patrimoniales y herramientas analíticas que permitan investigar redes complejas de corrupción.

    A esto se suma la carga de trabajo derivada de incumplimientos formales, como la omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales o actas de entrega-recepción, que absorben gran parte de la capacidad operativa de las áreas investigadoras.

 Hacia una reforma sólida

    Si se pretende que las denuncias tengan consecuencias reales, la reforma debería orientarse a fortalecer las capacidades técnicas de investigación, profesionalizar al personal, homologar sistemas y mejorar la coordinación entre la vía administrativa y la penal.

    Incrementar el número de denuncias sin mejorar su calidad ni dotar de mejores herramientas a las autoridades podría traducirse en mayor saturación, pero no necesariamente en más sanciones efectivas.  La administración de la presidenta Sheinbaum podría aprovechar la experiencia de décadas para encontrar las mejores prácticas e introducir herramientas de investigación más adecuadas para descubrir actos de corrupción y que permitan ser judicializados para que puedan ser sancionados.  

 El combate a la corrupción exige fortaleza institucional. Es indispensable garantizar canales accesibles para la ciudadanía y asegurar que toda denuncia sea atendida con seriedad. Pero también es fundamental preservar la presunción de inocencia, el debido proceso y la certeza jurídica.

 Solo mediante procedimientos sólidos, con sustento probatorio suficiente y capacidad real de judicialización, el empoderamiento ciudadano podrá traducirse en resultados tangibles y en un fortalecimiento auténtico del estado de derecho.

¿SIGUE CUBA DESPUÉS DE VENEZUELA?

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    El deterioro de la industria petrolera de Venezuela hizo que en los últimos años se redujera de manera significativa el suministro energético a Cuba,  a quien el régimen chavista siempre apoyó. Con la caída de Maduro, el control sobre el petróleo venezolano ha permitido a Estados Unidos reducir aún más el suministro de petróleo a la isla y el presidente Trump ha amenazado con aplicar aranceles significativos a los países que vendan petróleo a Cuba.  

     México intentó sustituir parcialmente a Venezuela como proveedor de petróleo pero a un costo muy elevado. Entre julio de 2023 y septiembre de 2025, México envió a Cuba crudo y derivados con un valor cercano a los 26 900 millones de pesos. Todo indica que una parte relevante de estas operaciones terminarán como cuentas incobrables para Pemex, profundizando la crisis financiera de esta empresa. Sin embargo, recientemente la presidenta Sheinbaum suspendió el suministro a Cuba a petición del presidente Trump, acentuando la crisis cubana.

     El embargo estadounidense

     En el contexto de la Guerra Fría y tras la expropiación de propiedades estadounidenses, Estados Unidos impuso un embargo económico y financiero a Cuba. Si bien el embargo ha tenido costos reales para la isla, no explica por sí solo el colapso económico del país. No se trató de un bloqueo total que impidiera cualquier comercio con terceros países, sino de una ruptura bilateral y de restricciones a la inversión y al financiamiento. Cuba ha comerciado y comercia con múltiples países, incluido México, e incluso mantiene intercambios limitados con el propio Estados Unidos en rubros como alimentos y medicinas. Si bien el embargo ha tenido costos reales para la isla, no explica por sí solo el colapso económico del país. Su economía fallida fue sostenida muchos años por la Unión Soviética hasta el colapso de esta.

     Más de seis décadas en el poder

     El régimen castrista suma 67 años en el poder. Durante este periodo se instauró un sistema comunista de partido único, sin elecciones competitivas y con libertades civiles severamente restringidas, en el que las decisiones se toman de manera centralizada por una élite política.  

     En lo político, el modelo se asemeja al de China o Vietnam; sin embargo, mientras China y Vietnam abandonaron la planificación central rígida y permitieron la expansión del mercado, la inversión y la iniciativa privada, Cuba mantuvo un sistema económico mayoritariamente estatizado, con apenas espacios marginales para pequeñas empresas. Este modelo ha demostrado su fracaso desde el colapso de la Unión Soviética y hoy solo sobrevive, con matices, en Corea del Norte y Cuba, con un deterioro severo del nivel de vida de sus poblaciones. A los dirigentes cubanos pareció no importarles nunca la miseria en la que sumieron a su país, sino únicamente su permanencia en el poder. Optaron por preservar un modelo económico fallido y hoy están a punto de perder el poder al que tanto se aferraron.

     Dificultad para regresar a la democracia

     La historia demuestra que para las sociedades sometidas a regímenes autoritarios perniciosos es extremadamente difícil deshacerse de las camarillas enquistadas en el poder. Algunos de los casos más longevos incluyen: Corea del Norte (78 años) China (77 años), la Unión Soviética (74 años), México bajo el PRI (71 años), Cuba (67 años), Singapur (67 años), Siria (61 años), Vietnam (50 años), Irán (47 años), Rusia con Putin (27 años) y Venezuela con Chávez y Maduro (27 años).

     Lo central para los dictadores es perpetuarse en el poder, aunque, como en el caso de China o Singapur, cuando hay dirigentes inteligentes, logran sacar de la pobreza a sus ciudadanos, que no ha sido el caso de Cuba.  Por ello,  el régimen castrista podría estar acercándose a su fase final, ante la miseria extrema de su pueblo y el interés de Estados Unidos por reconfigurar su influencia hemisférica y de paso,  transformar  el sistema político y económico cubano para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

     Cuba sin aliados

     Bajo la renovada doctrina de seguridad hemisférica de Washington, Estados Unidos considera a América Latina y el Caribe como su zona de influencia estratégica.  En ese contexto, resulta improbable que Rusia, China, Irán o México apoyen a la dictadura cubana, ante una transformación del orden mundial en zonas de influencia de las grandes potencias.  Por ello, Cuba queda prácticamente aislada, profundizando gravemente su crisis económica.

     Una lección para México

     Para México, el caso cubano deja una lección clara: el riesgo de caer de nuevo en un autoritarismo, como en la época del PRI hegemónico, que frene el desarrollo y lleve al país a la pobreza, en beneficio de una camarilla. Cuando esto ocurre, quedan pocas opciones para recuperar la prosperidad y la democracia: el recurso a la violencia o la intervención de potencias extranjeras para poder recuperar libertades y prosperidad perdidas. Ojalá no sea necesario.

 

ESTADOS UNIDOS: ¿PODER LIMITADO O PRUDENCIA ESTRATÉGICA?

 

Por: Octavio Díaz García de León

El presidente Trump y su administración siguen causando asombro y controversia a nivel global.  La reciente captura y traslado del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para responder por cargos como narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, representa un hecho de enorme impacto político y geoestratégico.

 ¿Qué motivó la acción?

     Se ha debatido extensamente sobre las motivaciones de Washington para derrocar a Maduro. Sin embargo, no se trata de reestablecer un régimen democrático en dicho país, como lo esperaban los demócratas de América Latina. Por lo menos no en el corto plazo. La intervención puede ser para:  lograr el control del petróleo venezolano; reafirmar la influencia geopolítica de Estados Unidos en el continente americano (Doctrina “Donroe”);  limitar la presencia e influencia de países como China, Rusia e Irán en la región; y para quitar apoyos económicos y políticos a Cuba.

Operación limitada ante falta de apoyos

    Lo que sorprende es el carácter reducido de la intervención militar para capturar a Maduro. La acción estadounidense indica que no existe actualmente el respaldo interno suficiente en Estados Unidos para una invasión a gran escala, ni la capacidad militar para sostenerla, ni el apoyo internacional necesario. La memoria de invasiones a Corea, Vietnam, Irak y Afganistán, las cuales costaron enormes recursos y muchas vidas de soldados americanos, sigue pesando negativamente en la opinión pública estadounidense.

 Los aliados internos de Trump

     Ante estas limitaciones,  la intervención estadounidense habría requerido aliados con poder dentro del gobierno venezolano —incluido el alto mando militar— para facilitar la operación y evitar un conflicto prolongado. En este sentido, Trump encontró un aliado interno dispuesto a traicionar a Maduro, en la ahora presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, como ya se ha revelado en los medios. Estas negociaciones fueron necesarias porque, aunque existe gran inconformidad con el régimen chavista entre los venezolanos, aparentemente la oposición no tiene todavía la capacidad de controlar al país.

 El petróleo como objetivo

     Uno de los objetivos estratégicos de Trump tras la captura de Maduro es reconstruir,  para beneficio de Estados Unidos, la capacidad de producción de petróleo venezolano, ya que ésta ha caído dramáticamente bajo el chavismo y requiere inversiones masivas para su recuperación, mismas que Trump quiere que realicen las empresas petroleras estadounidenses.  Sin embargo, los directivos de estas compañías han expresado que no podrán hacerlo pronto ante la persistente inestabilidad política y la falta de garantías jurídicas para sus inversiones.

 Implicaciones para México

     La captura de Maduro, ofrece un escenario de cómo podría ser la actuación de Estados Unidos hacia México. Por una parte, no se ve factible una invasión militar masiva a territorio mexicano: no existe apoyo político interno en Estados Unidos, ni una capacidad militar y logística que lo haga viable,  dados el tamaño poblacional,  la extensión geográfica y el contexto geopolítico de México.

     Por otra parte, podrían efectuarse operaciones militares “quirúrgicas” para capturar a líderes del narcotráfico o a funcionarios mexicanos coludidos con redes criminales. Estas acciones se inscribirían más en una lógica similar a la empleada en Venezuela y que no implican una ocupación territorial. Quizá Estados Unidos esté buscando aliados dentro de MORENA para un golpe así, aunque la presidenta Sheinbaum parece ser la mejor aliada de Trump, quien está accediendo a todas sus peticiones.

     De cualquier forma las presiones no cesarán dada la falta de certidumbre jurídica y estado de derecho derivada de la reforma al Poder Judicial en México, con la consecuente incertidumbre para inversionistas extranjeros, y para aceptar intervenciones militares en nuestro país que combatan eficazmente a los cárteles de la droga, ante la incapacidad de nuestras autoridades

     Por otra parte, Estados Unidos no ha manifestado interés en el petróleo mexicano, quizá porque el deterioro de Pemex, la disminución de reservas y la ausencia de exploración de nuevos campos petroleros, no le ofrecen atractivo. Además, Pemex, al estar quebrado, no tiene la capacidad de revertir este deterioro, ni es un socio confiable. Tampoco existen certeza jurídica ni políticas públicas que sean atractivas para la inversión extranjera.

 Que se puede esperar

     El caso de Venezuela demuestra que Estados Unidos posee la capacidad de usar su poder en México de manera “quirúrgica” y ya se observa un incremento de la presencia militar estadounidense, con la llegada de un avión militar a Toluca, la captura en México por parte del FBI de un delincuente canadiense asociado al Cártel de Sinaloa y la advertencia de las autoridades estadounidenses de posibles operaciones militares en espacio aéreo mexicano.

     El mejor escenario sería que estas intervenciones se hagan en coordinación con el gobierno de México, como se ha hecho hasta ahora --- aunque en el discurso se niegue --- porque de cualquier forma, con o sin anuencia de las autoridades mexicanas, ya se vio que Estados Unidos está dispuesto o ya lo hace, a actuar militarmente o  a través de sus agencias (CIA, DEA, FBI) en territorio mexicano.  

UNA FERIA DEL LIBRO ESPECTACULAR

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Tuve la oportunidad de asistir a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, un acontecimiento que cada año resulta una referencia imprescindible en el mundo de la cultura. Este año alcanzó cifras impresionantes: más de 950 mil visitantes, 450 mil títulos exhibidos, 2790 editoriales de 64 países, 973 autores y 648 presentaciones de libros. Se trata de la feria del libro más importante del mundo hispanohablante y una de las mayores del planeta.

  El libro frente al mundo digital

    Resulta alentador constatar que el libro sigue vivo pese a la presión creciente de los medios audiovisuales, las redes sociales y las numerosas alternativas de entretenimiento que compiten con la lectura. Al mismo tiempo, la expansión del libro electrónico y del audiolibro demuestra que ha encontrado nuevas formas de circulación sin perder su fuerza original.

 Vivir la Feria desde dentro

    Asistir a la FIL como profesional permite recorrerla sin el tumulto de las horas pico y observar de cerca los acuerdos, las negociaciones y las conversaciones que definen el futuro de autores y catálogos. Por la tarde, cuando el público general entra en escena, los pasillos se llenan hasta desbordarse, y da gusto ver a miles de estudiantes de todas las edades recorrer los stands.

 Celebridades, debates y el vértigo de lo imperdible

    La oferta cultural de la FIL es tan vasta que resulta imposible abarcarla. Presentaciones de libros, mesas de diálogo, música, conferencias, debates, hacen que la competencia sea feroz y que uno deba elegir cuidadosamente a cuáles asistir. Es también un lugar privilegiado para conocer a los autores, conversar con ellos y obtener sus autógrafos.

 Descubrimientos literarios para esta temporada

    Como cada año, la FIL ofreció sorpresas memorables y una notable diversidad de obras recién publicadas. Me permito destacar algunos títulos que merecen ser leídos.

     En Miles de pececitos devoran mi neurosis, de María Elena L. Lacroix (Hachette), la autora nos conduce por las zonas más oscuras de la mente con una ironía fina y un tono aparentemente inocente. Es una novela que obliga a pensar en los misterios de la psique humana.

    Tamara Trottner presenta una nueva edición de Nadie nos vio partir (Alfaguara/Penguin), una historia basada en hechos reales vividos por la autora y llevada con gran éxito a la pantalla en Netflix. Es una novela poderosa cuya trama revela que aquello que consideramos excepcional ocurre, en realidad, con más frecuencia de lo que imaginamos.

    Ana Lilia Cepeda, ganadora del Premio de Novela Histórica Grijalbo–Claustro de Sor Juana 2025, publica A donde te lleve el tiempo, donde entrelaza su experiencia al encabezar el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México (2001-2006) con una trama que revisita, con imaginación y rigor documental, las vidas que habitaron sus edificios más emblemáticos. Una lectura absorbente que transforma la manera en que vemos la ciudad.

    Ligia Urroz ofrece Por mi gran culpa (Hachette), una novela inspirada en hechos reales del siglo XIX ocurridos en su propia familia. La historia recuerda en ciertos momentos a El crimen del padre Amaro de Eça de Queirós, aunque aquí la mirada se desplaza hacia la mujer violentada, convertida en protagonista y en símbolo de una lucha que lamentablemente sigue vigente.

    Beatriz Rivas, con una extensa trayectoria literaria, publica Voces en la sombra (Alfaguara/Penguin). La novela retrata a dos mujeres excepcionales —Anne Pingeot, amante de François Mitterrand, y Juliette Drouet, compañera por cincuenta años de Víctor Hugo— cuya influencia perdura a pesar de haber vivido en la sombra de hombres poderosos, quienes nunca se divorciaron de sus esposas, pero también fueron incapaces de prescindir de estas mujeres extraordinarias.

    Macario Schettino presenta Conspiraciones. México a través de seis siglos (Ariel), una reflexión sobre cómo la historia nacional ha sido moldeada por conspiraciones. También nos habla de la creación de un pasado “oficial”, narrativa manipulada del pasado —a semejanza de 1984 de Orwell— para servir al partido hegemónico.

    Finalmente está La razón pendular de Emilio Uranga. Una historia del existencialismo mexicano, de José Manuel Cuéllar (Herder), un estudio profundo sobre la vida y pensamiento de Emilio Uranga, figura central del existencialismo mexicano del siglo XX y polémico personaje de la política.

 Lecturas para cerrar el año

    La FIL deja, como siempre, una lista inmensa de títulos por explorar: desde El loco de Dios en el fin del mundo (Random House) de Javier Cercas hasta las obras de Roger Bartra o Juan Miguel Zunzunegui. Un libro es siempre un regalo perfecto para Navidad; por ello comparto estas recomendaciones con el deseo de que encuentren en ellas nuevas perspectivas e ideas.

     A ustedes que me hacen el favor de leerme, les deseo una muy feliz Navidad y un 2026 lleno de éxitos y, por supuesto, de libros extraordinarios.

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN?

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

Un sistema complejo que no dio resultados

    La reciente declaración de la presidenta Sheinbaum, en la que señala la necesidad de revisar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) por considerarlo un entramado institucional complejo e ineficaz, reabrió un debate necesario. El SNA, creado en el sexenio de Peña Nieto, no logró incidir en la disminución de la corrupción, y aunque existieron oportunidades para corregir su rumbo durante la administración de López Obrador, lo cierto es que se dejó deteriorar sin que hubiera una alternativa capaz de ofrecer resultados. Hoy, frente a un problema que la ciudadanía percibe como uno de los mayores desafíos del país, es indispensable replantear a fondo el sistema de combate a la corrupción.

 La voluntad política: el factor ausente en las reformas

    Cualquier intento de rediseñar la estrategia de combate a la corrupción debe partir de algo fundamental: sin voluntad política real, ningún entramado institucional funcionará. México ha creado sistemas y organismos, pero rara vez ha dado el paso decisivo de dotarlos de poder, autonomía, recursos y respaldo político suficiente para enfrentar los intereses que sostienen la corrupción. Sin ese compromiso, incluso la reforma más sofisticada corre el riesgo de repetir el fracaso del modelo actual.

 Separar el control interno del combate a la corrupción

    Un punto central para cualquier reforma futura es separar con claridad las funciones de control interno de las funciones anticorrupción. Los órganos internos de control, las contralorías estatales, la Secretaría Anticorrupción, los órganos superiores de fiscalización y los tribunales de justicia administrativa buscan asegurar que las instituciones públicas operen dentro de la ley y alcancen sus objetivos. Sin embargo, su labor sólo es auxiliar en la lucha contra la corrupción, pero no es su función sustantiva. El combate directo a la corrupción recae en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en sus equivalentes estatales. Confundir y mezclar ambos aspectos ha generado expectativas irreales sobre las capacidades de los organismos dedicados al control interno.

Marco legal ágil y eficiente

    Es necesario revisar la legislación que regula el control interno. La reforma anticorrupción de 2015–2016 volvió más lento y costoso el procedimiento administrativo sancionador, generando contradicciones jurídicas y reduciendo la eficacia del sistema. Es necesaria una actualización de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para recuperar la agilidad e inmediatez requerida.  

 La corrupción en México es multidimensional

    Comprender la corrupción en México exige reconocer su carácter múltiple y la necesidad de estrategias diferenciadas: la corrupción asociada a grupos delictivos que compran protección; la corrupción electoral que distorsiona la competencia democrática; la corrupción regulatoria que altera mercados y favorece intereses económicos; la corrupción judicial que distorsiona la impartición de justicia; y la corrupción en el manejo de recursos públicos.  

 Seguir el rastro del dinero: la pieza que falta

    Un problema clave es que la fiscalización que realizan las entidades de control interno se centra en aspectos normativos y procedimentales, por lo que es inapropiada para combatir la corrupción. La esencia de los actos de corrupción son los flujos ilícitos de dinero. Sin la capacidad para rastrear patrimonios, redes de prestanombres y vínculos, transacciones sospechosas, adquisiciones en efectivo, triangulaciones financieras y en general, lavado de dinero, cualquier sistema anticorrupción se queda incompleto. Combatir la corrupción implica seguir el dinero, no solo revisar expedientes.

 Fiscalía Anticorrupción fuerte e inteligencia anticorrupción

    México necesita una Fiscalía Anticorrupción fortalecida, con capacidades técnicas y forenses avanzadas, autonomía plena y acceso a registros patrimoniales, bancarios y de comunicaciones. A ello debería sumarse una Unidad de Inteligencia Anticorrupción especializada en identificar actos de corrupción, con herramientas comparables a las instituciones de inteligencia federal.

  Autonomía real y apoyo externo

    La autonomía es también un componente indispensable. Combatir la corrupción desde la estructura del propio gobierno es extremadamente difícil por las complicidades internas y conflictos de interés. Por ello, sería pertinente explorar modelos como el de la CICIG que estableció la ONU en Guatemala,  o el modelo de Inspectores Generales de Estados Unidos.

 La sociedad civil como pieza indispensable del sistema anticorrupción

    Ningún sistema anticorrupción puede funcionar sin la participación activa de la sociedad. Periodistas de investigación, organizaciones civiles, medios, académicos y centros de análisis han sido responsables de revelar los mayores casos de corrupción del país. Su papel debe integrarse de manera explícita en cualquier nueva arquitectura institucional.

 El punto decisivo: que haya compromiso político

    Sin un compromiso político firme, sostenido y verificable, ningún rediseño estructural tendrá impacto real. La declaración de la presidenta Sheinbaum abre una oportunidad, pero solo se materializará si existe convicción de enfrentar intereses enquistados y romper pactos de impunidad. El SNA puede transformarse o incluso desaparecer, pero si no existe voluntad de aplicar la ley y perseguir la corrupción donde realmente ocurre, ningún modelo institucional será suficiente.

EL SICARIO DESECHABLE

                                                        Por: Octavio Díaz García de León

La tragedia de Uruapan

    El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, provocó una profunda indignación en Michoacán y resonó en todo el país. Su muerte —junto con la del líder limonero Bernardo Bravo— evidencia el grado de descomposición social y el avance del crimen organizado en territorios que deberían ser gobernados por el Estado.

Dos tragedias, dos rostros del mismo país

    La muerte de hombres como Manzo y Bravo duele profundamente: líderes comunitarios que intentaban mejorar su entorno pese a amenazas constantes. Pero también debería dolernos la suerte de esos jóvenes sicarios desechables, quienes pudieron haber sido hombres de bien y terminaron convertidos en instrumentos de los señores de la muerte. Son víctimas de una sociedad indiferente, de autoridades omisas y de familias quebradas. Carne de cañón reclutada por la pobreza, la marginación y el abandono.

 El verdugo sin historia

    El caso impactó por su brutalidad y por la edad del asesino: un joven de 17 años, originario de Paracho y adicto a las metanfetaminas. Su nombre se conoce, pero no pienso repetirlo por respeto a la víctima. Es un rostro anónimo que emergió fugazmente de la invisibilidad para matar y morir en el mismo instante. Nadie sabe con certeza por qué lo hizo. Tal vez fue por dinero; quizá lo amenazaron o le prometieron drogas para alimentar su adicción. O, más probablemente, actuó siguiendo órdenes que no comprendía, bajo la lógica del miedo o la obediencia ciega.

 Un joven que pudo haber sido distinto

    Si hubiera crecido en un entorno más sano, aquel adolescente tal vez tocaría la guitarra —como las que se fabrican en su pueblo—, estudiaría la preparatoria, tendría amigos, ilusiones, una novia, y sueños de futuro. Pero no fue así. Su adicción, su contacto con bandas criminales y su destreza con las armas hablan de una vida deformada por el entorno, por la ausencia familiar y por un Estado incapaz de ofrecer alternativas. Tampoco tuvo conciencia de que lo que estaba en juego era su propia vida; o quizá simplemente no le importaba; tan degradada era esta que podía ser irrelevante cualquier cosa que le ocurriera. Su tragedia no fue solo morir; fue haber dejado de importar mucho antes.

 Una sociedad rota

    El fenómeno de los jóvenes sicarios refleja una sociedad en descomposición. Una sociedad que permite el secuestro y reclutamiento forzoso de adolescentes; que normaliza la violencia y desprecia la vida. Estos jóvenes salieron a buscar un trabajo; lo que encuentran es un entrenamiento despiadado para matar o morir. Igualmente podrida está la otra cara de la comunidad: aquella que tolera y convive con los capos como si fueran empresarios exitosos. Esa complicidad cotidiana sostiene al crimen tanto como las armas. Tenemos una sociedad descompuesta y cómplice, de lo que ocurre en nuestro país. Que elige autoridades que no hacen nada al respecto, o son incapaces o,  peor aún,  son parte de las bandas criminales.

 La economía del mal

    Lo que mueve a los criminales es la codicia desmedida, el deseo de placer inmediato y de poder que da el dinero. Son producto de una cultura consumista que ha sustituido los valores espirituales por el afán de poseer. En su lógica, matar o traficar son solo medios para obtener lo que el mercado promete: lujo, respeto y dominio. Los capos operan como empresarios sin escrúpulos. Dirigen sus negocios con eficiencia y cálculo, salvo que sus reglas se imponen con sangre, fuego y dinero. Para ellos, sus sicarios y sus víctimas, son personas sin valor alguno.

 El reflejo de una nación desgarrada

    Los más de 120 000 desaparecidos y más de 30 000 homicidios dolosos al año no son solo cifras: son síntomas de una sociedad rota. Cuando lo material vale más que la vida, surgen individuos que ven en el crimen una vía de ascenso, personas que prefieren esa vida a una vida centrada en el respeto a las demás personas, a su comunidad y basada en bienes espirituales y no materiales.  Y así, mientras algunos buscan el éxito a través del esfuerzo, otros lo hacen a través de la violencia.

 Educar para rescatar

    La raíz de esta ruptura está en la falta de educación formal y moral, en la ausencia de hogares que enseñen valores y comunidades que ofrezcan esperanza. Sin educación, sin oportunidades y sin dignidad, los jóvenes quedan expuestos al reclutamiento criminal, incapaces de entender que el valor de la vida no solo está en lo que se consume: lo que se consume acaba también por consumirlos.

     Rescatarlos no solo es un deber ético; es una necesidad nacional. Porque si el Estado y la sociedad siguen desentendiéndose, los sicarios desechables y sus víctimas, seguirán siendo el rostro más doloroso de un país que parece acostumbrarse ya a la violencia.

 

MICHOACÁN: UN ESTADO ENLUTADO POR LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

 

Por: Octavio Díaz García de León

    El homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, provocó una profunda indignación en Michoacán y reverberó a nivel nacional e internacional. Su muerte —junto con la del líder limonero Bernardo Bravo —evidencia el grado de descomposición social y el avance del crimen organizado en territorios que deberían ser gobernados por el Estado.  

 Un alcalde confrontado con la inseguridad

    Manzo se caracterizó por un discurso y una práctica de enfrentamiento a la delincuencia en su municipio. Su llamado de auxilio a instancias federales no encontró respuesta efectiva; esa soledad institucional expone la debilidad de los gobiernos locales frente a la violencia. Era, además, una figura con trayectoria política diversa: ligado al PRD y a MORENA, fue parte del grupo que apoyó a Marcelo Ebrard en su precampaña presidencial. Ganó la alcaldía como candidato independiente y desplegó un programa local con medidas de seguridad y sociales, tales como farmacias con medicamentos gratuitos.

 Cambio en la economía del crimen

    Históricamente, la actividad delictiva en México se concentró en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. En años recientes se han diversificado: grupos criminales han incorporado actividades como el robo de combustible, el huachicol fiscal y, de manera creciente, la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y pequeñas empresas. Según el INEGI, se cometieron 747,000 delitos de extorsión a empresas en 2023 y es una de las formas de victimización que más ha crecido en los últimos años.

 Pequeños empresarios como víctimas

    La extorsión no solo es el pago de piso: somete al pequeño empresario a pagar por producir, vender o transportar; a comprar insumos de proveedores impuestos y a vender en condiciones controladas por los grupos criminales. Esa presión erosiona el tejido productivo local y desplaza la lógica del mercado hacia una economía de cuotas forzadas. Eso sucede de manera destacada en Michoacán, aunque también en el Estado de México.

 Captura del poder municipal

    El control del territorio pasa también por la captura de autoridades. Los grupos delictivos imponen o condicionan la designación de alcaldes y mandos policiales; e incluso desvían presupuestos municipales.  Esa penetración institucional convierte al municipio en el eslabón más vulnerable de la cadena de seguridad pública: un alcalde aislado y valiente, por sí solo, tiene capacidad limitada para romper redes criminales que cuentan con recursos, armamento y protección interestatal y corre graves riesgos como ya se vio.

 No a la guerra al narco

    La presidenta Sheinbaum dijo recientemente que “Regresar a la guerra contra el narco no es opción” y propone a cambio, que prevalezca el estado de derecho. Pero esto puede resultar ingenuo ante la incapacidad del Estado mexicano y la agresividad de los cárteles. Es mejor plantear que el país se enfrenta a un problema de seguridad nacional que requiere un estado de excepción y que una guerra de baja intensidad como la que vivimos se debe combatir con las mismas armas y reglas que se requieren en una guerra de este tipo. 

 Romper las complicidades: prioridad estratégica

    Un punto de partida ineludible es combatir la corrupción y las complicidades que permiten la impunidad: investigar y sancionar a funcionarios corruptos, transparentar el manejo de recursos, y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas. Un programa serio de combate a la corrupción debilitaría una de las bases de apoyo del crimen organizado y restauraría la confianza ciudadana.

 El riesgo de la autodefensa

    Cuando el Estado se percibe incapaz, la población puede optar por fórmulas de autodefensa como las que se han experimentado en Michoacán. Esa opción, comprensible desde la desesperación, conlleva riesgos graves: tardarían en organizarse, pero pueden escalar las armas y la violencia a niveles comparables al de los grupos criminales, y erosionar aún más el monopolio legítimo de la fuerza que debe residir en el Estado. La disputa por territorios y rentas descendería a una lógica de confrontación con consecuencias humanitarias y económicas devastadoras.  

 Hacia un enfoque de seguridad nacional

    El asesinato de Carlos Manzo es, más que un hecho aislado, un síntoma de un problema estructural: la penetración del crimen en ámbitos locales y la persistente fragilidad de las instituciones. El desafío requiere una lectura de seguridad nacional. La estrategia debe incluir: desarticulación financiera y logística de las organizaciones criminales; fortalecimiento institucional: autonomía y capacidad operativa de municipios, coordinación efectiva entre órdenes de gobierno y depuración de cuerpos policiacos: programas de desarrollo y sustitución de economías ilícitas en regiones afectadas; transparencia y sanción contra servidores públicos corruptos que facilitan la criminalidad. De lo contrario, la violencia continuará cobrando vidas y dejando territorios fuera del control del Estado hasta convertir al país en un narcoestado.