EMPODERAR AL CIUDADANO: LA NUEVA REFORMA ANTICORRUPCIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Recientemente, la presidenta Sheinbaum anunció la intención de reformar al Sistema Nacional Anticorrupción. En sus declaraciones señaló que el objetivo es empoderar al ciudadano en el combate a la corrupción, al considerar que el sistema no ha funcionado adecuadamente y que se requieren modificaciones para que las denuncias presentadas por la población tengan consecuencias efectivas. Su anuncio es relevante, ante la muy baja calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (Calificación 27/100 y lugar entre países: 141/182) pero exige una transformación más profunda del sistema anticorrupción.

 Antecedentes históricos

   La posibilidad de denunciar actos indebidos de servidores públicos no es una innovación reciente. Desde la época virreinal existía la figura del Visitador que recibía denuncias de cualquier súbdito, y era el encargado de inspeccionar, corregir y, si era necesario, sancionar a las autoridades locales, incluido el propio virrey. Durante el siglo XIX se desarrollaron diversas disposiciones sobre responsabilidades administrativas. Posteriormente, la Constitución de 1917 incorporó en su Título Cuarto las bases del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, estableciendo un marco constitucional que sigue vigente.

    En la etapa contemporánea, un punto de inflexión se dio en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, cuando se fortalecieron los mecanismos para recibir y atender denuncias ciudadanas desde la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, posteriormente denominada Secretaría de la Función Pública y ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno,  y sus equivalentes en estados y municipios. Desde entonces, la recepción de denuncias forma parte estructural en los tres órdenes de gobierno.

La reforma de 2015-2016

    La transformación institucional más significativa ocurrió en 2015 y 2016 con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas reformas redefinieron competencias, establecieron la separación entre autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras, y dotaron a los procedimientos de una estructura más formal y garantista. Sin embargo, el rediseño procesal incrementó la complejidad de los expedientes sin que se fortalecieran los recursos humanos, tecnológicos y presupuestales de los encargados de aplicarla. La consecuencia fue un sistema más complejo en lo normativo e ineficaz en los resultados.

 La denuncia ciudadana

   Como vimos, la posibilidad de presentar denuncias ciudadanas ha existido a lo largo de nuestra historia. Así, los órganos internos de control reciben miles de quejas y denuncias cada año y cuentan con atribuciones para investigarlas. El problema central no radica en la ausencia de mecanismos de denuncia, sino en la calidad de las investigaciones, la capacidad probatoria y la obtención de sanciones firmes.  

   Hablar de empoderamiento ciudadano requiere definir con claridad su alcance. Facilitar la presentación de denuncia es deseable, pero no debe traducirse en la afectación de garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Problemas estructurales en la práctica

    Uno de los desafíos más frecuentes es la baja calidad de muchas denuncias. En numerosos casos los escritos carecen de datos verificables o elementos mínimos para iniciar una investigación formal. Otras denuncias corresponden a conflictos laborales o personales que no constituyen faltas administrativas. También existen denuncias anónimas que, aunque legítimas, dificultan la ampliación de información cuando no contienen pruebas suficientes. Otro elemento crítico es la falta de homologación y robustez tecnológica en los sistemas de recepción y gestión de denuncias. Además, no se cuenta con acceso ágil a bases de datos patrimoniales y herramientas analíticas que permitan investigar redes complejas de corrupción.

    A esto se suma la carga de trabajo derivada de incumplimientos formales, como la omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales o actas de entrega-recepción, que absorben gran parte de la capacidad operativa de las áreas investigadoras.

 Hacia una reforma sólida

    Si se pretende que las denuncias tengan consecuencias reales, la reforma debería orientarse a fortalecer las capacidades técnicas de investigación, profesionalizar al personal, homologar sistemas y mejorar la coordinación entre la vía administrativa y la penal.

    Incrementar el número de denuncias sin mejorar su calidad ni dotar de mejores herramientas a las autoridades podría traducirse en mayor saturación, pero no necesariamente en más sanciones efectivas.  La administración de la presidenta Sheinbaum podría aprovechar la experiencia de décadas para encontrar las mejores prácticas e introducir herramientas de investigación más adecuadas para descubrir actos de corrupción y que permitan ser judicializados para que puedan ser sancionados.  

 El combate a la corrupción exige fortaleza institucional. Es indispensable garantizar canales accesibles para la ciudadanía y asegurar que toda denuncia sea atendida con seriedad. Pero también es fundamental preservar la presunción de inocencia, el debido proceso y la certeza jurídica.

 Solo mediante procedimientos sólidos, con sustento probatorio suficiente y capacidad real de judicialización, el empoderamiento ciudadano podrá traducirse en resultados tangibles y en un fortalecimiento auténtico del estado de derecho.