26 de diciembre de 2015

UN CUENTO ANARQUISTA



Por: Octavio Díaz García de León

     Había una vez un lejano reino en el Asia Central por donde transitaban las caravanas que unían Europa con el Lejano Oriente. Su capital era bulliciosa, llena de mercaderes que intercambiaban mercancías de todo el orbe; tenía lugares acogedores para dar descanso a los viajeros. Sus esplendores se comparaban con Samarcanda y Bukhara, situada en medio de llanuras sin fin, desiertos inhóspitos y al pie de las montañas más altas del mundo. Había quien llamaba a estos lugares tan cercanas al cielo, la región más transparente del aire. Las ciudades eran los lugares más habitables del reino y por ello estaban hacinadas. Allí transcurría la vida y ocurría la muerte de la mayoría de sus habitantes, rodeados de entretenimientos sencillos, ocupaciones honestas, entre calles estrechas saturadas de personas, carruajes y bestias de carga.

    Había palacios donde habitaban los mercaderes más ricos del reino, pero eran pocos. La mayor parte de las ciudades tenían casas sencillas de adobe con lo indispensable para habitarlas. Pero no todos tenían la suerte de tener un techo bajo el cual dormir. Los pobres abundaban y deambulaban sin más propósito que conseguir el pan suficiente para sobrevivir el día y por las noches se cobijaban de estrellas en las pequeñas plazas. Los mercaderes y demás trabajadores simplemente los ignoraban porque no tenían el tiempo ni el interés por ayudarlos.

    El rey, sus ministros y cortesanos, vivían en el palacio más grande de la capital, pero no era ostentoso. Los pocos impuestos que se cobraban servían para mantener el palacio, un pequeño ejército, calles limpias y las fuentes con el agua corriendo.

    Se acercaba la celebración del dios Sol al principio del invierno y el rey quiso darles algún regalo a los pobres; pero sus arcas no tenían suficiente oro.  Así que decidió crear el impuesto del Sol. Se cobraría por única vez. Hubo pequeñas protestas entre quienes tendrían que pagarlo, pero al final todos contribuyeron. El dinero se usó para dar algo de pan y un poco de ropa a los pobres; pero sobre todo se gastó en montar el mayor circo que se tenga memoria, trayendo a los mejores trapecistas del reino, a payasos, magos y otros espectáculos sorprendentes. El rey quería darles la alegría que nunca tenían a los miserables y, de pasada, a quienes habían pagado ese impuesto.

     Hubo felicidad durante las festividades; pero a las pocas semanas se acabó el pan, las ropas se convirtieron en andrajos y el recuerdo del circo se empezó a desvanecer. El rey vio que los pobres querían tener de nuevo todo eso. Así que decidió convertir el impuesto del Sol,  en permanente. Esta vez hubo más protestas entre quienes lo pagaban, pero los pobres tuvieron un poco para comer y vestir, y se instaló un gran circo con funciones cotidianas, con lo que se distraía a las multitudes. El rey vio que con el impuesto alcanzaba, además, para embellecer su palacio, crear nuevos ministerios, tener más cortesanos y agregar esposas a su harén. Aquél parecía el reino perfecto.

     Pero los pobres empezaron a pedir más, pues ya querían mejor comida y ropas más duraderas, sin tener que trabajar; y las multitudes pedían más y mejores espectáculos.  Así, el rey fue aumentando los impuestos, pero tuvo que crecer el ejército para obligar a que los pagaran. Pronto los pobres tenían un poco más sin dejar de ser pobres y el circo era el mejor del mundo; el palacio del rey fue el más lujoso de Asia Central; se crearon más ministerios y contrataron más empleados; y el harén del rey era uno de los más espléndidos que se tenga memoria.

    Sin embargo, quienes pagaban impuestos empezaron a huir del reino pues ya no podían pagar más; no les quedaba dinero para ellos. Al irse los mercaderes, las caravanas dejaron de pasar por el reino; se fueron los artesanos y las posadas cerraron sus puertas. Dejó de haber dinero en el reino.

    El rey, entonces, empezó a pedir prestado a otros reinos pues si dejaba de otorgar dádivas, los pobres se rebelarían; sus ministros y cortesanos lo derrocarían si no pagaba sus jugosos sueldos; y sus esposas serían capaz de envenenarlo si no les daba lo que les tenía acostumbradas. Un día, no pudo dar ya más, pues no hubo ya quien le prestara. Los pobres saquearon el palacio y le cortaron la cabeza a él y sus ministros. Entonces, ellos también empezaron a huir pues ya no había para comer. El reino quedó en ruinas, abandonado.

    Como los mercaderes sabían que el país estaba situado en una posición clave para las caravanas, decidieron regresar y reconstruirlo. Enseñaron a trabajar a los pobres que habían huido y entre todos empezaron a reconstruir el país. El príncipe heredero quiso convertirse en el nuevo rey, pero no lo dejaron. Los habitantes decidieron que ya nunca habría rey, ni ministros, ni cortesanos que vivieran de los impuestos. Pero también vieron que no iban a permitir que hubiera pobres para que no volviera a ocurrir lo mismo. Y pusieron a trabajar a todos, incluso a aquellos cortesanos que quisieran ayudarles.

    Y en aquél lejano país de Asia no fueron necesarios impuestos, ni hubo pobres sin trabajo, ni rey, ni cortesanos y el circo fue prohibido. El país prosperó y las caravanas, llenas de admiración, partían llevando la buena nueva. Y vivieron felices para siempre.
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19 de diciembre de 2015

SEGURIDAD NACIONAL: LA CONFUSIÓN


Por: Octavio Díaz García de León


      En México no existe una buena comprensión de lo que es la Seguridad Nacional.  La Ley de Seguridad Nacional vigente tiene que ver más con la operación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Consejo de Seguridad Nacional  que con un concepto amplio que incluya el papel de las fuerzas armadas y especifique aspectos como el de seguridad interior. Es una Ley de alcance limitado y hace falta que se actualice.

     Se puede definir a la Seguridad Nacional como el conjunto de acciones encaminadas a garantizar la integridad del Estado: proteger a su población, a su territorio y a sus instituciones de las amenazas externas (otras naciones y grupos terroristas sin nación) o internas (grupos subversivos  y separatistas, entre otros).

     En los países con influencia mundial tales como los países desarrollados de Europa,  Rusia, China, Japón y Estados Unidos; en países cuya existencia está amenazada por sus vecinos como Israel, Irán, India, Pakistán y las dos Coreas; o bien en países que sufren amenazas separatistas como España y Gran Bretaña, sus ciudadanos y gobernantes  tienen claro  lo que implica garantizar la seguridad nacional.  

     Pero en México hay muchas distorsiones derivadas de la falta de comprensión en esta materia. Por ejemplo, algunos burócratas federales invocan razones de seguridad nacional para no tener que licitar la adquisición de bienes y servicios porque prefieren adjudicar contratos a sus empresas o personas favoritas. La  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  contempla entre las excepciones para no llevar a cabo una licitación, las de seguridad nacional. Por ejemplo, se justifica esta excepción en casos de compra de armamento, equipo de intervención telefónica o la compra de vehículos para actividades de inteligencia. Pero en casos como el de la construcción del hangar presidencial, es menos justificable la adjudicación directa del contrato por razones de seguridad nacional. Si se hubiera elegido a una empresa de reconocido prestigio internacional en construcción de hangares especiales para aplicaciones militares o similares, podría ser adecuado. Pero en el caso del hangar presidencial parece que se confunde el que la información de los planos y las instalaciones deba tratarse como reservado por motivos de seguridad nacional, lo cual se justifica, y el asignar el contrato directamente a la empresa de un contratista amigo que ni siquiera es especialista en la materia.  

     También existe una proliferación de instancias de seguridad nacional, no solo porque se facilita asignar contratos discrecionalmente, sino también para no cumplir con la Ley del Servicio Profesional de Carrera  que requiere que los puestos de Dirección General hasta Jefe de Departamento sean concursados. Como dicha Ley no aplica a las instancias que pertenecen al sistema de seguridad nacional, se aprovecha para nombrar directamente a los funcionarios sin hacerlos concursar. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes existen 11 instancias de seguridad nacional, 5 en la Secretaría de Hacienda y 4 en la Secretaría de Relaciones Exteriores  (http://www.cisen.gob.mx/snSSNacTema4.html). No estaría demás revisar si se justifica la existencia de  todas estas instancias.

     En materia de transparencia ocurre lo mismo. La Ley en la materia prevé el reservar información si se justifica por razones de seguridad nacional. Pero invocar dicha excepción para  negar las bitácoras de vuelo de aeronaves que utilizan funcionarios para cuestiones personales es torcer el espíritu de la Ley. (Ver: http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2015/08/golpe-la-transparencia.html)

    También existen las partidas para gastos de seguridad nacional, las cuales han crecido de manera destacada. En 2007 estos gastos ascendían a $395.2 millones de pesos (MDP) (Partidas 3823 y 5802 de presupuesto ejercido. Ver Cuenta Pública 2007 en el sitio Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda) y en 2015 se habían presupuestado $4,930.8 MDP (Partidas 33701 y 55101, presupuesto modificado del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 vía INFOMEX), o sea  un crecimiento de 1,247%. Y es que los gastos asociados con esta partida no se hacen públicos ni se fiscalizan de forma adecuada. Con este crecimiento y la falta de rendición de cuentas sobre el mismo se corre el riesgo de que este tipo de gastos se convierta en el equivalente a la antigua “partida secreta” que usaba de forma discrecional el Presidente de la República.

    Finalmente también asociado al concepto de Seguridad Nacional está el pago por riesgo a funcionarios. Este pago se contempló como una compensación extraordinaria para aquellos servidores públicos que exponen su vida en sus actividades cotidianas, como pueden ser policías, agentes del CISEN y otros funcionarios que exponen su vida al realizar su trabajo en materia de seguridad pública o seguridad nacional. Pero es menos justificable el  que los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, los ministros de la Suprema Corte, o Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Ver: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=723180&md5=f0e6af23f14d50c578350a8f9e5fe3dc&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe)
reciban un pago por riesgo. Primero porque la información que manejan difícilmente pone en riesgo sus vidas por tratarse de información con poco valor táctico y segundo porque cuentan  con dispositivos de seguridad que les protegen día y noche y que incluyen choferes, guardias, escoltas en vehículos de acompañamiento y camionetas blindadas. Este gasto ha crecido un 3,621% entre 2007 y 2015, pasando de $34.3 MDP a $1,242.2 MDP (Partidas 1514 de presupuesto ejercido en 2007 y 15902 de presupuesto modificado en el 2015; ver cuenta pública 2007  y Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 vía INFOMEX) y se ha desvirtuado el espíritu del pago convirtiéndose más bien en un jugoso sobresueldo.

    La confusión en el concepto de Seguridad Nacional no para allí. Otro aspecto lamentable es que se haya puesto a realizar labores de custodia carcelaria a agentes del CISEN, lo cual se evidenció en el caso del Chapo, siendo que las labores del CISEN no tienen nada que ver con actividades de vigilancia de cárceles. El lamentable secuestro del delegado del CISEN en el Estado de México pudo deberse a que se haya puesto a esta institución a realizar labores de seguridad pública relacionadas con el narcotráfico,   tal y como ha sucedido cuando se pone a trabajar al Ejército Nacional y a la Marina Armada de México en labores de seguridad pública, poniendo en entredicho su función legítima que debe estar dedicada a tareas de seguridad nacional. 

    Hace falta acabar con la confusión de lo que es y significa la Seguridad Nacional y usar sus conceptos, instituciones y herramientas legales para lo que fueron creados. De continuar estas distorsiones y malentendidos incluso  se podría afectar a la misma seguridad nacional.

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12 de diciembre de 2015

FISCALIZAR A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS


Por: Octavio Díaz García de León

     En los últimos años han venido creándose organismos del  gobierno federal a los cuales la Constitución les ha dado autonomía. De tal forma que a los tres poderes se han agregado alrededor de 15 instituciones autónomas,  sin contar a las universidades públicas.  La mayoría no son de nueva creación sino que se montaron en órganos ya existentes que dependían del Poder Ejecutivo y se les ha dado mucho más recursos. Sus órganos de gobierno, ya con plena autonomía, han tenido la posibilidad de  contratar  más personal, mejorar los sueldos y prestaciones  para ellos y sus colaboradores  y han podido usar los recursos a su cargo con menos restricciones. Esto se debe en parte a que antes los fiscalizaba la Secretaria de la Función Pública a través de sus órganos internos de control (OIC) y con la autonomía ha dejado de hacerlo.

      No está mal que tengan más personal y ganen más,  después de todo hay un mercado laboral muy competido y riesgos de corrupción muy elevados, pero desafortunadamente la autonomía y las mejores condiciones para sus funcionarios  no han mejorado significativamente  los resultados que estos organismos le dan a la sociedad ni se han reflejado en beneficios tangibles para la población. Inclusive la percepción es que los resultados de algunos de ellos han sido más pobres que cuando no eran autónomos, tenían menos empleados, peores sueldos y menores recursos a su disposición.

      Pero no es que los organismos autónomos hayan actuado de manera contraria a las normas.  Sus órganos de gobierno han actuado conforme a lo que consideran son los mejores intereses de quienes laboran en dichas instituciones para alcanzar su mandato. Al final de cuentas sus presidentes informan directamente al Congreso de sus actividades y la Cámara de Diputados les autoriza sus presupuestos, sus sueldos y prestaciones. Quien realmente no ha sido meticuloso en revisar la actuación de estos organismos y sus evaluaciones han sido solo rituales sin profundidad,  es el propio Congreso Federal. En publicaciones anteriores mencionaba  como el Congreso no ha sido un verdadero contrapeso al poder Ejecutivo y la historia se repite con los organismos con autonomía constitucional ahora que se han multiplicado y crecido sin mayor control.

      La llamada reforma constitucional anticorrupción del 27 de mayo de 2015 le dio atribuciones a la Cámara de Diputados para “designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación”. El mandato para nombrar a estos titulares de OIC ya existía en la propia Constitución para organismos tales como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros. Sin embargo la Cámara de Diputados ha sido omisa durante más de dos años para nombrar titulares de estos OIC´s.

     Ante el crecimiento de los  presupuestos,  el número de personal que allí labora, la mejora de sueldos y prestaciones y el gasto en consultorías, vehículos y otros aspectos que podrían ser superfluos, es necesaria una mayor vigilancia por parte del Poder Legislativo a estos organismos.  Por ejemplo, notas periodísticas  (http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=677627&v=2&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=677627&v=2&po=4) dan cuenta de este fenómeno para el presupuesto 2016.

     Para implementar la facultad que se le dio a la Cámara de Diputados de nombrar titulares de OIC´s en organismos autónomos, en algunos casos requiere que se modifiquen leyes secundarias. Por ejemplo,  en el caso del INEGI, en donde su actual normatividad prevé que el contralor será nombrado por su junta de gobierno, deberá ser modificada para que dicho nombramiento venga de la Cámara de Diputados. Otro caso es la PGR que una vez que se convierta en Fiscalía General de la República, la Cámara de Diputados  deberá nombrar al titular del OIC. Por cierto,  en este caso se podría aprovechar para  unificar en una sola instancia fiscalizadora al OIC y a la Visitaduría General con el consiguiente ahorro de recursos.

    Algunos de los organismos autónomos presentan riesgos de corrupción importantes no tanto por cómo manejen sus presupuestos, sino por las decisiones que toman. Por ejemplo, el presupuesto de la COFECE no llega a los $500 millones de pesos al año pero cada decisión que toman sus comisionados puede afectar intereses económicos cuyo impacto se mide en miles de millones de dólares.

     Para logar  una rendición de cuentas adecuada de estos organismos autónomos es necesario que la Cámara de Senadores profundice en el análisis del desempeño que han tenido y ver si están cumpliendo realmente con su cometido. La Cámara de Diputados, por su parte,  deberá nombrar a la brevedad posible a los  titulares de los OIC para que la auxilien en la fiscalización de estos organismos. Estas designaciones deberán realizarse  mediante un proceso de selección que privilegie la experiencia, la preparación y  la probidad de los candidatos. Que se sometan los  candidatos a  un proceso exhaustivo de control de confianza donde se verifique su situación socioeconómica, se les someta a  polígrafo, se apliquen pruebas psicológicas  y se haga una revisión de sus antecedentes profesionales.

    Ya que el Congreso ha creado tantos organismos autónomos nuevos, ahora es necesario y urgente que  el propio Congreso exija rendición de cuentas, prevenga actos de corrupción  y fiscalice adecuadamente el gasto de estos organismos autónomos.  
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5 de diciembre de 2015

MECÁNICA NACIONAL

Por: Octavio Díaz García de León

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     A principios de los años setenta llegó a las pantallas de cine la película “Mecánica Nacional” del director Luis Alcoriza, con actores como Manolo Fábregas, Sara García y Héctor Suárez. La película es una comedia que retrata a personajes típicos de la ciudad de México, llena de crítica social con humor. La anécdota del filme es sencilla. Una familia se traslada desde un día antes  a ver el final de una carrera de autos en las cercanías de la Cd. de México. El tiempo del paseo transcurre entre fiesta, borrachera y todo tipo de episodios chuscos. Al final de la película llegan veloces los coches de carreras y las personas prácticamente no saben nada de lo que ocurrió en ella;  el protagonista ni siquiera puede ver como cruzan la meta y lo lamenta amargamente.

     La película me recordó la reciente carrera de “Fórmula Uno” que se llevó a cabo en el renovado Autódromo Hermanos Rodríguez de la Cd. de México.  Gran parte de los más de 100,000 espectadores que presenciaron la carrera quizá tampoco supieron mucho de la carrera. En la recta donde pasaban los autos a más de 300 km por hora o en la sección de las curvas donde iban más despacio seguramente era difícil saber cómo se estaba desarrollando el resto de la carrera.

     Pero para muchos aficionados había que estar allí para ver pasar a los bólidos y también para  dejarse ver. Seguramente con las anécdotas de quienes acudieron a ver la carrera se podría hacer la segunda parte de “Mecánica Nacional”. Por lo menos las secciones de sociales de los periódicos proporcionaron indicios de estas historias.  En ellas pudimos observar a los empresarios más ricos y a los políticos más  poderosos de México, mientras que en las tribunas generales se dio cita la clase media alta y la clase media con aspiraciones.

     Los boletos tuvieron un costo de entre $1,500 y $18,750 pesos (http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2015/02/23/1009844) cuando salieron a la venta, equivalentes a entre 21 y 268 salarios mínimos diarios. Con la reventa hubo boletos que alcanzaron precios de hasta $80,000 pesos. Para hacerse notar, los poderosos llegaron en helicópteros,  de tal forma que se estableció nuevo record de vuelos al realizarse 479 para llevar personajes a la carrera.

     La carrera fue un gran negocio. Traerla de regreso a México costó 360 millones de dólares (mdd), de los cuales el gobierno federal puso $210 mdd. Los ingresos que generó la carrera se estiman en $250 mdd. Dado lo rentable del espectáculo para los organizadores (http://www.forbes.com.mx/formula-1-negocio-redondo-en-mexico/)  no se entiende porqué  el gobierno tuvo que aportar dinero del erario a un espectáculo que no aportaba nada a la mayoría de los mexicanos y solo benefició a los más ricos; los inversionistas privados hubieran podido solventar la carrera sin necesidad de la intervención estatal.  

    Aunque para los gobiernos es una buena forma de promover al país y para los políticos, de promoverse, seguramente hay formas más eficientes de gastar el dinero especialmente si  la iniciativa privada lo pudo haber solventado sola. Las prioridades en la Cd. de México son otras, considerando que el Autódromo se usa muy pocas veces al año. La ciudad está colapsada por el tráfico, no tiene  transporte público suficiente, tiene obras mal hechas como la línea doce del Metro y las calles de la ciudad son intransitables por los baches.  

    En su momento también se promovió aquí en Aguascalientes la construcción del autódromo para carreras del tipo NASCAR o el traer al Necaxa a jugar en nuestra ciudad,  mientras la obra del nuevo Hospital Hidalgo que inició construcción en 2008, aún no se ha terminado.  Pareciera ser que algunos  gobiernos prefieren promover o invertir en  obras para el entretenimiento que en servicios necesarios para la población.  Quizá la mira esté puesta más  en la próxima elección  que en  elevar el nivel de vida de los mexicanos o inspirada en la costumbre populista que tan bien practicaban los gobernantes romanos: al pueblo, pan y circo. No es por casualidad que en Roma esté uno de los estadios (El Coliseo Romano) más antiguos y espectaculares del mundo. 

     Se dice que los ingresos de los gobiernos no alcanzan a pesar del enorme crecimiento de las deudas de los gobiernos federales y estatales. Pero el problema no son los ingresos sino como se gastan los recursos. Mientras se dé prioridad a construir estadios de fútbol o autódromos para beneficiar intereses de empresarios privados; se hagan carreteras que privilegien a las clases medias y altas;  se construyan  trenes que nunca serán rentables; se repartan millones de televisiones, cuando los contenidos televisivos son lamentables y su reparto  sea para  beneficiar  a las televisoras privadas, no habrá dinero que alcance.
   
     En publicaciones anteriores he propuesto por ejemplo, que se construya un canal interoceánico en Tehuantepec. El impacto económico positivo para el país sería enorme y su importancia geoestratégica aún más. O bien, en lugar de regalar televisiones, se podrían regalar tabletas electrónicas con bibliotecas y videotecas incluidas,  para elevar el nivel cultural de la población.
De seguir la estrategia de pan y circo, los presupuestos serán como las careras de autos: muchos verán pasar los recursos a gran velocidad, muy pocos sabrán que sucedió con esos recursos y los verdaderos ganadores del dispendio se podrán contar con los dedos de la mano. Habría que cambiar la “mecánica nacional”.
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