REPLANTEAR EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

     La idea: El Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema complejo, de difícil coordinación y poco eficaz. Su falta de resultados no es porque no se le haya dado  tiempo para funcionar  o por no haber  incorporado los elementos que aún le hacen falta. Más bien, no se tomó en cuenta la dinámica propia de las instituciones que conforman el Sistema,  dado que el combate a la corrupción no es su objetivo central y por lo tanto, no están enfocadas a ese tema.  Podría ser oportuno replantear el cómo combatir la corrupción.

     El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) está formado por siete instituciones: la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía Especializada en Combata a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana (CPC), uno de cuyos integrantes preside al SNA. Esta integración se replica en cada una de las 32 entidades federativas

    Una de las complejidades del SNA es que de las instituciones que pertenecen al Sistema, solo una de ellas, la Fiscalía Anticorrupción,  tiene como objetivo central el combate a la corrupción.  Las demás instituciones han tratado de incidir en el tema, pero al no estar en sus atribuciones, lo hacen de manera indirecta.

    Los titulares de las siete instituciones que conforman el SNA, convergen en reuniones periódicas, pero no se tocan casos específicos de corrupción o se toman acciones que permitan atender con urgencia el combate a la misma. Además,  hace falta la participación de otras instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

    Por otra parte, a la Secretaría Ejecutiva del SNA la ha faltado visibilidad y empujar los temas a su cargo, mientras que  el  CPC,  quien tiene la presidencia del Comité Coordinador del  SNA,  no ha tenido la fuerza política necesaria para mover al resto de los integrantes del Sistema.

    La presidencia rotatoria del SNA, a cargo del CPC,  dura solo un año y no les da tiempo suficiente a sus presidentes para lograr un impacto de fondo.

    Otro problema que requiere atención urgente es la Ley General de Responsabilidades Administrativas la cual impide tener una acción eficaz en el combate a la corrupción por ser una ley garantista, por exigir capacidades que falta desarrollar a quienes la implementan y por serias deficiencias jurídicas, todo lo cual abona a la impunidad.

    Respecto a las declaraciones 3 de 3 ya he expuesto con anterioridad, algunos de los problemas que presentan, tales como la falta de continuidad entre la información histórica y los nuevos formatos aprobados. Por otra parte, el hacerlas públicas puede ocasionar riesgos de seguridad a los servidores públicos sin que su publicidad ayude al combate a la corrupción.

    Y es que el problema medular de las declaraciones 3 de 3 consiste en verificar la información que se presenta. Ni la SFP, ni sus OIC, ni otras instancias,  tienen aún la capacidad suficiente para realizar dichas verificaciones ahora que el número de obligados asciende a casi 5 millones de servidores públicos.

    Respecto a los nuevos formatos de las 3 de 3, el CC del SNA, a petición de la Dra. Sandoval, Secretaria de la Función Pública, aceptó revisarlos y no entrarán en vigor  hasta finales de este año, después de ser simplificados.

    Es tiempo de analizar si el SNA es el instrumento adecuado para combatir la corrupción. Se podrían replantear algunos aspectos:

  1.    Darle el liderazgo del combate a la corrupción a la institución que sí tiene ese mandato, que es la Fiscalía Anticorrupción y que ella sea la encargada de articular la investigación de casos específicos de corrupción que cruzan transversalmente a diferentes instituciones.

  2.    En lugar de un Comité Coordinador crear  una Comisión Interinstitucional que incorpore a otras instancias de la APF, como al INEGI, el SAT y  la UIF, presidida por la SFP y con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del SNA.

  3.    Para la parte preventiva se podría privilegiar la actuación de la SFP para que tenga el liderazgo en esta materia en toda la APF a través de una Comisión Intersecretarial que impuse programas preventivos anticorrupción.

  4.    Que la SFP convoque a la sociedad civil a colaborar en tareas de  vigilancia ciudadana, investigación de casos de corrupción, denuncia de los mismos  y propuesta de políticas públicas.

  5.    Revisar y reformar el marco jurídico aplicable al combate a la corrupción para volverlo más eficaz.

Sería conveniente que, de llevarse a cabo nuevas reformas, se hagan de la mano de quienes tendrán que implementarlas, para evitar el divorcio entre su diseño y su implementación como ocurrió el sexenio pasado. Es el momento oportuno para replantear la forma de combatir la corrupción de una manera más sencilla y eficaz ante la urgencia por dar resultados.

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PRESIDENTE FILÓSOFO

Por: Octavio Díaz García de León

    La idea: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, es un mandatario con un perfil fuera de lo común. Filósofo, administrador público, financiero, pianista, novelista y político consumado. Si bien en los últimos meses su gobierno está siendo acosado por grandes protestas de los “chalecos amarillos”, sus ideas para gobernar son muy interesantes.

    Según Platón en su diálogo La República, los filósofos son quienes deberían ser   gobernantes y propone una larga educación de  más de 30 años para que lleguen a gobernar. Estas ideas son contrarias al ideal democrático, como lo criticó Karl  Popper.

    Pero en el fondo, tiene sentido. Se requieren gobernantes bien preparados, no solo desde el punto de vista técnico, sino como lo propone Platón, se debe conocer qué es el bien para poder hacer el bien.

    En estos tiempos donde el populismo de izquierda o derecha avanza en una buena parte del mundo y surgen sistemas como la democracia iliberal, hacen falta gobernantes preparados que sean capaz de conducir los destinos de una nación.

    Y qué  mejor que se elijan por la vía democrática.  Es así que en Francia se eligió a Emmanuel Macron en 2017. Un presidente filósofo  quien no se avergüenza de serlo y  aplica su intelectualismo en el discurso y la acción de gobierno.

   En un libro reciente, titulado  “Revolution Francaise. Emmanuel Macron y la Búsqueda para Reinventar una Nación”  (https://www.bloomsbury.com/uk/revolution-francaise-9781472948618/), la periodista Sophie Pedder  hace un retrato muy interesante de este personaje. Cito a continuación las características que identifica la autora:

    Macron fue educado en un colegio jesuita y al mismo tiempo estudió piano en el Conservatorio de Amiens, donde llegó a ganar premios. Proveniente de una familia laica, decidió abrazar el catolicismo a los 12 años. Estudió dos carreras: Ciencias Políticas y Filosofía. Posteriormente estudió en la elitista Escuela Nacional de Administración.

   Se casó con quien había sido su profesora en la secundaria,  24 años mayor que él y cuyos hijos tienen la edad de Macron. Fue discípulo de uno de los más importantes  filósofos franceses, Paul Ricoeur.

   Fue un banquero muy exitoso con la Banca Rotschild que lo hizo millonario,  para luego incursionar en el gobierno llegando a ser Ministro de Economía en la administración  del  presidente Francoise Hollande. Escribió tres novelas aún no publicadas y lee ficción y poesía todos los días. Su compositor favorito es Bach.

   Viendo la disfuncionalidad de los partidos políticos, creó su propio movimiento político, “En Marche”, que lo llevó a la presidencia de su país a los 39 años de edad.

   Su ideología es netamente pragmática. Está a favor de reducir el gasto púbico, pero promueve grandes proyectos de inversión. Apoya el libre comercio y la globalización y al mismo tiempo busca proteger a Europa de sus competidores. Cree en la economía de mercado pero pide regulación para enfrentar los excesos del capitalismo

    Su agenda política oscila entre la izquierda y la derecha pero siempre buscando el bien común. Esto se deriva de la influencia de Ricoeur quien estaba en contra del dogmatismo filosófico  y para quien era necesario otorgar derechos iguales a interpretaciones opuestas.

  Macron desarrolló la convicción  de que la sociedad debe trabajar colectivamente hacia el bien común,  así como una creencia en la necesidad constante de confrontar las ideas con la realidad.  

   Sus ideas parten del racionalismo ilustrado creyendo en la perfectibilidad del hombre y en la necesidad de liberar las capacidades individuales. Su idea no es dirigir la vida de las personas.

   A aquellos a quienes no les vayan bien les ofrece protegerlos de los grandes accidentes de la vida. De acuerdo con las ideas de Rawls y Sen, quiere que la relación entre Estado e individuo haga explotar las capacidades de los individuos en lugar de frenarlas.

   Por décadas, izquierda y derecha han intentado aplicar una ideología a la realidad, lo cual es un error. Para Macron lo correcto es un enfoque pragmático. Aplicar ideas que funcionan, a la realidad. Pretende alcanzar un balance entre libertad y protección,  en el cual el Estado habilitador se vuelva una herramienta para el progreso del individuo.

   Él ha dicho que si la solución fuera altos impuestos y gasto excesivo para combatir la pobreza y el desempleo, Francia hubiera eliminado ambas hace mucho tiempo  y no ha sucedido así.

   La sociedad francesa, debido a la influencia de la Iglesia Católica, se estructuró verticalmente y retiene la expectativa de una autoridad central. Los franceses anhelan un monarca.  Macron construye grandes narrativas basado en el pasado glorioso de Francia y se presenta como algo parecido a un monarca.

    Tiene fe en la meritocracia y la competencia técnica y está determinado a quitar a los políticos de carrera que solo buscan extraer rentas.

    Parece que Macron logrará sobrevivir las protestas de los “chalecos amarillos”. Sus ideas y acciones, orientadas al pragmatismo en la búsqueda del bien común y a la protección de la libertad de los individuos, son un aire fresco ante la avalancha de mandatarios populistas y autoritarios  que han llegado al poder para no soltarlo y coartar las libertades individuales y la democracia.  Ojalá hubiese más gobernantes filósofos como lo pretendía Platón;  Macron puede ser un ejemplo de ello.

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CONFLICTO DE INTERÉS Y CORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

    La idea: Uno de los problemas graves del país es la corrupción estructural: aquella donde empresas poderosas infiltran en el gobierno funcionarios que los favorecen o bien los compran a cambio de dádivas, empleos posteriores y otros beneficios. Se requiere desbaratar estas redes de intereses y complicidades entre funcionarios y empresarios como un paso importante para combatir la gran corrupción.

    Una de las herramientas para tratar de identificar los posibles conflictos de interés de los servidores públicos, los de sus cónyuges, concubina o concubinario y/o sus dependientes económicos, es la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.  

    La Secretaría de la Función Pública recibe esas declaraciones y cuando el funcionario manifiesta algún posible conflicto de interés, se turna al órgano interno de control (OIC)  correspondiente para su investigación.

    Los OIC investigan si las empresas u organizaciones en las que el funcionario declara que tiene intereses, tienen alguna relación con la institución, como proveedores, entes regulados o receptores de permisos y concesiones.

    Se revisa también si el funcionario está en un puesto en donde se pueda materializar el posible conflicto de interés. Por ejemplo, la esposa del funcionario puede trabajar con un proveedor de la institución, pero si el funcionario no tiene ninguna responsabilidad en la contratación o interacción con dicho proveedor, no se concreta  el conflicto de interés.

    Sin embargo, los funcionarios corruptos es muy probable que no manifiesten en su declaración patrimonial y de intereses que tienen relaciones de negocios  a través de las cuales se benefician  al favorecer a empresas u otros particulares.

    Como lo he expresado antes, las  3 de 3 o declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal no sirven para nada si no se les verifica a fondo.

    Partir de la mera declaración patrimonial y de intereses para detectar casos de corrupción, rara vez dará resultados. Se requiere otro tipo de investigación. Una que permita establecer verazmente y no partiendo de lo que el servidor público declara, sus redes de vínculos, movimientos bancarios, adquisición de propiedades, participación en sociedades mercantiles y otra información que pueda ayudar a detectar posibles conflictos de interés.

  Tampoco sirve de mucho dar a la publicidad las declaraciones patrimoniales y de intereses. Seguramente los funcionarios corruptos no pondrán información fidedigna mientras que los funcionarios honestos que sí den a conocer con verdad su patrimonio, se exponen a ser víctimas de la delincuencia.

    Valdría la pena replantearse la utilidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses como herramienta para detectar posibles actos de corrupción, ya que no parecen ser muy eficaces, y complementarlas con  otras alternativas.

    La llegada de una nueva administración constituye una buena oportunidad para tratar de identificar a aquellos servidores públicos en funciones que tengan conflictos de interés. Es conveniente realizar  investigaciones utilizando labores de inteligencia para detectar esas relaciones ilícitas y armar casos que permitan juzgarlos.

    Asimismo, será importante que se identifiquen los conflictos de intereses reales, potenciales y aparentes en las personas que se incorporan a nuevas labores dentro de la administración entrante. Una forma sería  aplicando controles de confianza, especialmente en los niveles más sensibles de la administración pública.

    Otra forma podría ser invitando a algún organismo internacional, neutral e independiente,  similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG), organismo financiado por  Naciones Unidas que opera en dicho país  investigando y sancionando a muy altos funcionarios, para que investigue a los nuevos funcionarios,  impidiendo la infiltración de aquellos con vínculos con empresarios corruptos.

   No se puede permitir que casos como los de la  Casa Blanca de las Lomas,  en donde un empresario contratista del gobierno construye y financia una residencia a la esposa del presidente,  se vuelvan a repetir en esta administración que ha hecho del combate a la corrupción su principal bandera.

   La corrupción estructural o capitalismo de compadres le ha causado mucho daño al país. No solo se causa  un daño al erario, sino que la impunidad va legitimando con el tiempo las enormes fortunas producto de la corrupción.

    Basta recordar el caso del Prof. Carlos Hank González quien de ser un humilde profesor rural y sin haber trabajado nunca en la iniciativa privada,  hizo una enorme fortuna que hoy disfrutan sus hijos y nietos como  empresarios.

   Ojalá que el presidente López Obrador logre acabar con la corrupción estructural que tanto ha dañado al país. Por lo pronto, es oportuno  investigar a funcionarios de anteriores administraciones que continúan en funciones, de los que se sospeche pudieran estar coludidos con empresarios para realizar actos de corrupción  y por otra parte,  impedir que ingresen servidores públicos con nexos empresariales que busquen solo beneficiarse  a través del tráfico de influencias y desvío de recursos.

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