Por: Octavio Díaz García de León
La idea: El Sistema
Nacional Anticorrupción es un sistema complejo, de difícil coordinación y poco
eficaz. Su falta de resultados no es porque no se le haya dado tiempo para funcionar o por no haber incorporado los elementos que aún le hacen
falta. Más bien, no se tomó en cuenta la dinámica propia de las instituciones
que conforman el Sistema, dado que el
combate a la corrupción no es su objetivo central y por lo tanto, no están
enfocadas a ese tema. Podría ser oportuno
replantear el cómo combatir la corrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) está formado por siete
instituciones: la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Consejo de la
Judicatura, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la
Fiscalía Especializada en Combata a la Corrupción, el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana (CPC),
uno de cuyos integrantes preside al SNA. Esta integración se replica en cada
una de las 32 entidades federativas
Una de las complejidades del SNA es que de las instituciones que pertenecen
al Sistema, solo una de ellas, la Fiscalía Anticorrupción, tiene como objetivo central el combate a
la corrupción. Las demás instituciones han
tratado de incidir en el tema, pero al no estar en sus atribuciones, lo hacen
de manera indirecta.
Los titulares de las siete instituciones que conforman el SNA,
convergen en reuniones periódicas, pero no se tocan casos específicos de
corrupción o se toman acciones que permitan atender con urgencia el combate
a la misma. Además, hace falta la
participación de otras instituciones como la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, a la Secretaría Ejecutiva del SNA la ha faltado
visibilidad y empujar los temas a su cargo, mientras que el CPC,
quien tiene la presidencia del Comité
Coordinador del SNA, no ha tenido la fuerza política necesaria para
mover al resto de los integrantes del Sistema.
La presidencia rotatoria del SNA, a cargo del CPC, dura solo un año y no les da tiempo suficiente
a sus presidentes para lograr un impacto de fondo.
Otro problema que requiere atención urgente es la Ley General de
Responsabilidades Administrativas la cual impide tener una acción eficaz en
el combate a la corrupción por ser una ley garantista, por exigir capacidades
que falta desarrollar a quienes la implementan y por serias deficiencias
jurídicas, todo lo cual abona a la impunidad.
Respecto a las declaraciones 3 de 3 ya he expuesto con
anterioridad, algunos de los problemas que presentan, tales como la falta de continuidad
entre la información histórica y los nuevos formatos aprobados. Por otra parte,
el hacerlas públicas puede ocasionar riesgos de seguridad a los servidores
públicos sin que su publicidad ayude al combate a la corrupción.
Y es que el problema medular de las declaraciones 3 de 3 consiste en
verificar la información que se presenta. Ni la SFP, ni sus OIC, ni otras
instancias, tienen aún la capacidad
suficiente para realizar dichas verificaciones ahora que el número de obligados
asciende a casi 5 millones de servidores públicos.
Respecto a los nuevos formatos de las 3 de 3, el CC del SNA, a petición
de la Dra. Sandoval, Secretaria de la Función Pública, aceptó revisarlos y no
entrarán en vigor hasta finales de este
año, después de ser simplificados.
Es tiempo de analizar si el SNA es el instrumento adecuado para
combatir la corrupción. Se podrían replantear algunos aspectos:
1. Darle el liderazgo
del combate a la corrupción a la institución que sí tiene ese mandato, que es
la Fiscalía Anticorrupción y que ella sea la encargada de articular la
investigación de casos específicos de corrupción que cruzan transversalmente a
diferentes instituciones.
2. En lugar de un
Comité Coordinador crear una Comisión
Interinstitucional que incorpore a otras instancias de la APF, como al
INEGI, el SAT y la UIF, presidida por la
SFP y con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del SNA.
3. Para la parte
preventiva se podría privilegiar la actuación de la SFP para que tenga el
liderazgo en esta materia en toda la APF a través de una Comisión
Intersecretarial que impuse programas preventivos anticorrupción.
4. Que la SFP convoque
a la sociedad civil a colaborar en tareas de vigilancia ciudadana, investigación de casos
de corrupción, denuncia de los mismos y
propuesta de políticas públicas.
5. Revisar y reformar
el marco jurídico aplicable al combate a la corrupción para volverlo más
eficaz.
Sería conveniente
que, de llevarse a cabo nuevas reformas, se hagan de la mano de quienes tendrán
que implementarlas, para evitar el divorcio entre su diseño y su implementación
como ocurrió el sexenio pasado. Es el momento oportuno para replantear la forma
de combatir la corrupción de una manera más sencilla y eficaz ante la
urgencia por dar resultados.
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