28 de noviembre de 2015

LA "CASA BLANCA" NO FUE OTRO WATERGATE


Por: Octavio Díaz García de León

      Hace un año, la periodista Carmen Aristegui, entonces conductora de uno de los programas de noticias por la radio de mayor audiencia y su equipo de reporteros de investigación, publicaron el reportaje  acerca de la casa que estaba construyendo  la Sra. Angélica Rivera, esposa del presidente Peña, en la colonia Lomas de Chapultepec de la Cd. de México. Dos aspectos llamaban la atención: un avalúo que estimaba el costo de la mansión en unos 7 millones de dólares y el hecho de que fuera construida por Grupo HIGA, contratista de los gobiernos del Estado de México y el federal; esta empresa, junto con otros socios, acababa de ganar uno de los contratos más grandes de este sexenio, el tren México - Querétaro con un costo de 58 mil millones de pesos.

     Los reporteros que realizaron aquella investigación publicaron recientemente un libro describiendo como llevaron a cabo dicha investigación y sus hallazgos. Parte del éxito de esta investigación fue gracias a las leyes de transparencia.

      Se podría pensar que este reportaje no tuvo mayores consecuencias pero no es así.  Los periodistas fueron despedidos y la conductora Carmen Aristegui, perdió su programa en la radio; la construcción del tren México-Querétaro fue cancelada y ya no se construirá este sexenio; la primera dama tuvo que vender la famosa “Casa Blanca”; el presidente Peña nombró Secretario de la Función Pública, secretaría que tenía dos años acéfala, para pedirle  que investigara este caso y la adquisición de otra casa ubicada en Malinalco,  hecha por el ahora Secretario de Hacienda, ambas casas  ligadas al mismo contratista, Grupo Higa,  del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú; asimismo,  después de dos años de estar detenidas, el presidente impulsó las reformas constitucionales anticorrupción. El reportaje afectó la imagen del presidente quien se vio cuestionado por la prensa nacional e internacional y las redes sociales explotaron con comentarios negativos. El reportaje  pues, tuvo consecuencias importantes.

     Pero un sector de la opinión pública, esperaba algo más,  incluso pedían  la destitución del presidente, como si esto fuera posible.  Y es que de acuerdo al Art. 108 Constitucional al presidente solo se le puede juzgar por traición a la patria y delitos graves del orden común. Así que no había materia para juzgar al presidente por este asunto. Sin embargo, el propio presidente Peña pidió que el caso fuera investigado por la Secretaria de la Función Pública. Al concluir la misma, el Secretario Andrade determinó que no hubo falta alguna. Los  resultados de la investigación  están a la vista de todos (http://www.gob.mx/sfp/documentos/expedientes-investigacion-y-resolucion-sobre-conflicto-de-interes).

    Si consideramos que México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo (http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/03/24/10-cifras-sobre-la-violencia-contra-periodistas-en-2014), cualquier periodismo de investigación puede adquirir dimensiones  heroicas. No me refiero al caso de la periodista Aristegui y su equipo,  quienes por su visibilidad gozaban de una protección que no tienen tantos otros que han sido agredidos y hasta asesinados  en estados y municipios donde realizaban sus labores. Pero aún para una periodista con la visibilidad de Aristegui, este reportaje le costó perder su noticiero en la radio y a sus reporteros,  su empleo.

    El periodismo de investigación es muy necesario en cualquier democracia ya que es un elemento de la rendición de cuentas. Uno de los casos emblemáticos del periodismo de investigación fue el caso Watergate que llevó a que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon renunciara. Las investigaciones de los reporteros del Washington Post,  Woodward y Bernstein, no fueron propiamente los que hicieron renunciar al presidente: su reportaje detonó un proceso institucional el cual ocasionó la caída de Nixon. Por una parte se nombró a un fiscal especial para investigar el caso, en la fiscalía general de aquel país perteneciente al poder ejecutivo. Tan independiente resultó, que Nixon lo destituyó  en medio de un gran escándalo.  El juez encargado de investigar a los ladrones que irrumpieron en las oficinas del partido demócrata en el complejo Watergate, profundizó en el caso sin importar a que personajes tocara. La Cámara de Senadores estableció una comisión investigadora que empezó a citar e interrogar  a los más altos funcionarios de aquella administración y sus audiencias fueron televisadas. La Suprema Corte de Justicia obligó a entregar grabaciones incriminatorias que había hecho Nixon.  La Cámara de Representantes preparó los primeros artículos para proceder a la destitución del presidente;  de no haber renunciado Nixon, la Cámara de Senadores lo hubiera condenado a la cárcel. Como podemos apreciar, la renuncia de Nixon no se dio gracias a un trabajo de investigación periodístico bien hecho, sino a que las instituciones de ese país funcionaron; a que el balance de poderes es genuino y permitió hacer la investigación a pesar de la oposición del presidente Nixon.  

     En México no tenemos las leyes adecuadas ni una división de poderes lo suficientemente fuerte como para realizar investigaciones al más alto nivel del gobierno si fuera necesario. Tuvo que ser el propio presidente Peña quien ordenara a uno de sus colaboradores el investigar sobre los posibles casos de conflicto de interés. Quienes podían realizar una investigación independiente, los poderes Legislativo y el Judicial, no lo hicieron.

    Es necesario que haya periodismo de investigación serio para que avance la democracia y el combate contra la corrupción y la delincuencia. Pero mientras no haya una clara división de poderes e instituciones independientes y fuertes,  no habrá un caso como Watergate en México.
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21 de noviembre de 2015

ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA


Por: Octavio Díaz García de León
Twitter: @octaviodiazg


      El gobierno federal ha retomado los temas del combate a la corrupción, el impulsar la ética en el servicio público y el prevenir el conflicto de interés. Ello  a raíz de la polémica  que surgió hace un año en torno a la adquisición de casas por parte de la esposa del presidente Peña y del Secretario de Hacienda, compradas a un contratista de los gobiernos del Estado de México y del federal (Grupo HIGA);  de licitaciones poco claras en materia de obra pública como lo fue el caso del tren México a Querétaro que tuvo que ser cancelado; del caso de la empresa constructora española OHL involucrada en actividades de corrupción; y de una percepción generalizada de que la corrupción está incontenible en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes.

     En este proceso se está reviviendo a una debilitada Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual había desaparecido con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 2 de enero de 2013 y mantenida con vida mediante un artículo transitorio de dicha Ley. Para ello se nombró a su secretario ya que dicha Secretaría estaba en manos de un encargado del despacho; y se impulsaron las reformas constitucionales denominadas Reforma Anticorrupción. Sin embargo, el Congreso ha decidido posponer la discusión en torno a las leyes secundarias que den vida a estas reformas a pesar del clamor público de que se haga algo al respecto.
     
      Mientras en el Congreso las reformas están detenidas, el nuevo Secretario de la Función Pública, el Mtro. Virgilio Andrade,  publicó el pasado 20 de agosto un Acuerdo que tiene por objeto emitir un nuevo código de ética de los servidores públicos del gobierno federal,  las reglas de integridad y  los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos e implementar acciones que favorezcan el comportamiento ético a través de comités de ética y de prevención de conflictos de interés. Los comités de ética ya existían en todo el gobierno federal pero ahora se les está dado la tarea de prevenir los conflictos de interés. Por otra parte, a fines de octubre se modificó el reglamento interior de dicha Secretaría y se creó la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Para encabezar a esta Unidad, el Secretario Andrade nombró al Mtro.  Benjamín Hill quien es  un experto en el tema.

     Uno de los retos que enfrenta esta nueva Unidad es el cómo impulsar el tema de la ética cuando ni siquiera existe un estado de derecho. He mencionado en antes que las cifras de impunidad llegan al 98% de los delitos que se cometen. En materia de combate a la corrupción los resultados tampoco son halagüeños. La fiscalía anticorrupción cuenta con solo 40 ministerios públicos y consigna a alrededor de 25 averiguaciones previas al año (Fuente: Ensayo del Lic.  César Chávez Flores en el proceso de selección del Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con            Hechos de Corrupción). Por lo que hace a las sanciones administrativas, en realidad no se castiga a la corrupción como tal, sino que lo que normalmente sancionan los Órganos Internos de Control, la SFP y la Auditoría Superior de la Federación son las desviaciones del cumplimiento de la normatividad ocasionadas por negligencia, omisión, ignorancia o dolo, pero no necesariamente por actos de corrupción.

     La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) no contempla la figura de actos de corrupción. Tampoco el Código Penal. Si bien algunas de las faltas al artículo 8 de esta Ley se pueden identificar como actos de corrupción (Ver : http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2013/01/control-interno-y-combate-la-corrupcion.html) no se han tipificado como tales.  No así en el caso del conflicto de interés que está definido en la fracción XII del Art. 8 de la LFRASP aunque su definición es limitada. Hace falta concretar las reformas anticorrupción a la brevedad posible para subsanar estas deficiencias.

     ¿Cómo impulsar la ética entre los servidores públicos? Lo primero que habría que enfatizar, aunque resulte obvio, es que cumplan con la Ley; que haya sanciones creíbles y palpables para quienes no lo hagan. Por ello el Código de Ética recientemente publicado por la SFP hace énfasis precisamente en que los servidores públicos cumplan con la Ley. El siguiente reto será que los comportamientos apegados a la ética se impulsen desde el nivel más alto. Quizá ayudaría para ello la creación de una Comisión Intersecretarial encabezada por el presidente Peña en donde se enfatice este mensaje con el ejemplo. Luego habrá que desarrollar tareas específicas para todos los comités de ética del gobierno federal a fin de que ayuden a crea un ambiente en las instituciones donde se premie el comportamiento ético. Finalmente, habrá que dar una gran capacitación a todos los servidores públicos sobre estos temas para que no haya dudas sobre lo que se espera de ellos.

     La tarea por delante para la SFP y su nueva Unidad no será fácil. Tratar de impulsar comportamientos éticos cuando lo que se observa son altos niveles de corrupción, es un gran reto. Pero la tarea de concientización de los servidores públicos quizá pueda incidir en reducir esas prácticas que hoy se ven tan naturales y que están carcomiendo el tejido social como un cáncer. Ojalá tenga éxito.


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14 de noviembre de 2015

FORTALECER A MÉXICO ANTE EL MUNDO



Por: Octavio Díaz García de León
Twitter: @octaviodiazg

     México no ha tenido presencia militar fuera de su territorio desde el Imperio de Iturbide cuando trató de consolidarse como una potencia regional.  Las luchas internas, invasiones extranjeras y  un vecino demasiado poderoso,  han debilitado a las fuerzas armadas y alejado a México de cualquier papel que involucre el uso de la fuerza en el extranjero. Pero el mundo ha cambiado y quizá sea tiempo de revisar la Doctrina Estrada, que data de 1930, pues las amenazas en el mundo ya no provienen solo de estados nacionales con los que se puede usar la diplomacia sino de grupos terroristas, ejércitos religiosos radicales y delincuentes sin nación.

      El debilitamiento de las fuerzas armadas también tuvo su razón política. Durante todo el siglo XIX y principios del XX, incontables jefes militares se rebelaron contra los gobiernos establecidos. A partir de Miguel Alemán los gobiernos en turno se encargaron de reducirlas y dedicarlas a labores internas, con carácter  ceremonial y  humanitario para ayudar a la población en caso de desastres. Díaz Ordaz vino a violentar ese esquema al usar al Ejército para acabar con  las protestas estudiantiles de 1968. El exceso de fuerza usado contra estudiantes desarmados fue un error que  manchó  a dicho gobierno. También la guerra fría hizo innecesario cualquier intento de fortalecer  a las fuerzas armadas. Los Estados Unidos no iban a permitir que el país se convirtiera en un satélite soviético. En esa época las fuerzas armadas fueron usadas para combatir los pequeños intentos de subversión comunista. Más recientemente,  fue necesaria su intervención ante el levantamiento zapatista en Chiapas,   el cual,  más que una amenaza al Estado Mexicano, fue una provocación. Afortunadamente el exceso de uso de  fuerza contra los zapatistas se detuvo pronto y se evitó una tragedia mayor. En los últimos 8 años se ha recurrido de nuevo a ellas para apoyar la lucha contra la delincuencia, ante la notoria incapacidad de las policías.

     Pero el hecho de que no tengamos una fuerza militar o naval  que tenga presencia en el mundo, no quiere decir que no la necesitemos.  Quizá así piensen los Estados Unidos, por ejemplo. Llama la atención  que el comandante del Comando Norte de Estados Unidos, Bill Gortney, quien dirige las operaciones militares de ese país en el hemisferio norte de nuestro continente,  haya llegado a México este viernes 13 y lo primero que hizo fue comerse unas hamburguesas  con miembros del Escuadrón 201, la última fuerza expedicionaria que haya enviado nuestro país a combatir en una guerra,  hace más de 70 años. ¿No será que desean un México más activo en cuestiones militares y añoran cuando México era capaz de enviar al extranjero una  fuerza militar por modesta que fuese?  Hace unos días, escuché un comentario de funcionarios de un gobierno europeo manifestando el deseo de tener un México más activo en las tareas militares mundiales, quizá hasta con la posibilidad de que se incorpore a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (http://www.nato.int/nato-welcome/index.html).

     Quizá nos suene  muy extraño pensar que nuestro país pueda llevar a cabo intervenciones militares en el extranjero. No creo que la limitación sea solo la Doctrina Estrada, la cual defiende el principio de no intervención y la solución pacífica de las diferencias internacionales,  sino porque no podemos vernos como actores relevantes en el contexto internacional al estar tan ensimismados con nuestros problemas domésticos. También deben pesar los fantasmas de aquellos  malos militares que alguna vez asolaron con sus rebeliones a nuestro país. ¿Será que a los políticos profesionales les da miedo fortalecer a nuestras fuerzas armadas o será que las instituciones democráticas son aún muy frágiles?

     Pero ante este nuevo contexto internacional, México requiere cambiar 180° el  enfoque hacia su doctrina de seguridad nacional que ha estado volcada hacia adentro exclusivamente;  que ve solo amenazas internas y no externas;  y que no alcanza a diferenciar entre  los  problemas de seguridad pública  y los de  seguridad nacional.

    Si bien la prioridad es pacificar a nuestro  país que actualmente sufre una guerra de baja intensidad con un promedio de 50 homicidios diarios, ésta tarea debe caer en manos de la Gendarmería o la Policía Federal  a las que hay que fortalecer  urgentemente. Las policías locales, ante su fracaso evidente, quizá  se deberían dedicar solo a vigilar el tránsito.  Las fuerzas armadas tampoco deberían participar en este esfuerzo.

     México debe fortalecer su Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de manera que pueda actuar en un contexto internacional. Por el tamaño de su población y de su economía, nuestro país tiene un papel relevante que jugar en el contexto mundial.  Si bien hay naciones como Japón que han podido vivir a la sombra de Estados Unidos sin necesidad de un ejército, esto está cambiando con el creciente poderío de China y la amenaza de Corea del Norte;  sobre todo debido al resurgimiento de un  Islam medieval enfrascado en nuevas guerras religiosas como lo demostraron los atentados de este viernes 13 en París. 

     El problema no es la falta de recursos como lo demuestra el presupuesto federal  2016 recién aprobado, sino que el dinero se dedica a satisfacer clientelas,  no a dar resultados y se pierde en corrupción,  ineficacia e ineficiencia. El dinero, si se usara bien,  podría alcanzar para poner a México en el mapa de las naciones con influencia en el mundo.
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7 de noviembre de 2015

EL PROBLEMA ES EL CONSUMO EXCESIVO



Por: Octavio Díaz García de León


      La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en días pasados a favor de otorgar un amparo a 4 consumidores de marihuana lo que les permitirá, de manera legal,    consumir, sembrar, poseer y transportar la misma  con fines recreativos y lúdicos. Este fallo puede llevar hacia la despenalización de la producción, transporte, comercialización y  consumo de esta sustancia en nuestro país y seguir el camino que otros países y algunos estados de la Unión Americana están ya transitando.

      Las drogas fueron prohibidas en México a principios del siglo XX, siguiendo el ejemplo de lo que hicieron nuestros vecinos del norte. Quizá el prohibicionismo nazca de que las drogas alteran el comportamiento de la gente, lo que les impide trabajar (Aunque la cocaína, por ejemplo, tenga el efecto contrario en el corto plazo), pueden causar daños a terceros (Por ejemplo, manejar un vehículo bajo la influencia de una droga y causar accidentes) y afectan la salud,  lo cual las convierte en un problema de salud pública. 
    
    La tentación prohibicionista ha crecido porque se sabe de cada vez más sustancias que ingerimos y que son dañinas. La reacción de los libertarios contra la intervención del Estado tampoco se ha hecho esperar. Cuando  el daño que provocan estas sustancias solo afectan  al individuo, ¿por qué debe el Estado permitir o no su consumo?

      Por otra parte el tráfico  de drogas se ha convertido en un gravísimo problema de seguridad pública que afecta ya incluso la seguridad nacional de nuestro país. Por ello la despenalización de la producción, comercialización y consumo de drogas  se ha propuesto como un remedio contra la violencia y el crimen asociado a este negocio ilegal. 
    
    El problema es que hacerlo en México sin que suceda al mismo tiempo en Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas en el mundo, no erradica el problema del tráfico ilegal de estas sustancias hacia aquél país. Tampoco garantiza que los traficantes actuales que actúan con lujo de violencia y al margen de la Ley, se conviertan, por el hecho de la legalización, en empresarios respetables que  ahora sí acaten las disposiciones que el gobierno dicte al efecto.

      Los problemas de seguridad pública asociados al tráfico de drogas no se van a solucionar con la legalización de las drogas. Aún en mercados donde el consumo y comercialización de sustancias como el tabaco es legal, se presenta el fenómeno de un mercado negro manejado por delincuentes. Acabar con los criminales requiere soluciones policiales eficaces, castigos ejemplares y un estado de derecho que permita acabar con la impunidad.

     Los libertarios tienen razón en parte. El Estado no debe coartar la libertad individual de las personas y la capacidad de decidir lo que es bueno o no para su cuerpo, pero siempre y cuando no afecten a terceros. Existen muchas sustancias que son dañinas al cuerpo: desde las  carnes procesadas, grasas animales y el tabaco que producen cáncer y enfermedades cardiovasculares  pasando por  las bebidas azucaradas que producen diabetes y obesidad, hasta drogas como las metanfetaminas que pueden destruir a las personas. Pero lo que causa daño no es solo la sustancia,  sino la cantidad y la frecuencia con  que se ingiere. El problema es el abuso.  Por lo tanto la solución no es prohibirlas a rajatabla sino moderar y controlar su consumo.

      El  consumo excesivo de estas sustancias se origina por dos vías.  Por un lado su producción se convierte en un buen negocio y entonces los productores impulsan su  consumo mediante enormes campañas de mercadotecnia haciendo que la gente las consuma aún a sabiendas de que causan daño. Las sustancias legales se promueven en medios masivos de comunicación;  las ilegales de una forma personalizada a través de narco menudistas y de forma indirecta a través de películas, novelas o programas de televisión cuando se presentan  como algo deseable. La otra vía es que la mayoría  de estas sustancias causan adicción. En ambos casos sería conveniente la intervención del Estado para moderar el consumo prohibiendo toda la mercadotecnia, encarcelando a  los “empujadores de drogas”, limitando  la producción y controlando  la comercialización.

     Un consumo moderado (Dentro de parámetros médicos) y controlado (En establecimientos especiales)  se podría dar sin afectar a la salud de las personas ni dañar a terceros. Sin embargo no es sencillo racionar el consumo, especialmente si se trata de sustancias adictivas. Es importante respetar la libertad de las personas para que usen estas sustancias; lo que debe combatirse es el consumo en exceso y todo aquello que pueda ocasionar daños a terceros. Se podría entonces legalizar las drogas dentro de ciertos límites de consumo. Quizá se requerirían aparatos como los alcoholímetros para conocer los límites de consumo permisible; quizá se podrían usar mecanismos como el de medicinas con receta para racionar su venta; quizá permitir el consumo solo en establecimientos  controlados; quizá desarrollar áreas de producción muy acotadas.  

       La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abierto el camino para un debate amplio de cómo debemos tratar el tema de las drogas y de otras sustancias que causan daño a las personas cuando son tomadas con exceso. El camino de la prohibición a ultranza no funciona. Se debe explorar el camino del consumo con moderación. Así se podrían conciliar las libertades individuales con evitar el daño a terceros y a la sociedad. _______________________________________________________________

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