Por: Octavio Díaz
García de León
Twitter: @octaviodiazg
El gobierno federal ha
retomado los temas del combate a la corrupción, el impulsar la ética en el
servicio público y el prevenir el conflicto de interés. Ello a raíz de la polémica que surgió hace un año en torno a la
adquisición de casas por parte de la esposa del presidente Peña y del
Secretario de Hacienda, compradas a un contratista de los gobiernos del Estado de
México y del federal (Grupo HIGA); de
licitaciones poco claras en materia de obra pública como lo fue el caso del
tren México a Querétaro que tuvo que ser cancelado; del caso de la empresa
constructora española OHL involucrada en actividades de corrupción; y de una
percepción generalizada de que la corrupción está incontenible en todos los
niveles de gobierno y en los tres poderes.
En este proceso se está
reviviendo a una debilitada Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual había
desaparecido con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
del 2 de enero de 2013 y mantenida con vida mediante un artículo transitorio de
dicha Ley. Para ello se nombró a su secretario ya que dicha Secretaría estaba
en manos de un encargado del despacho; y se impulsaron las reformas
constitucionales denominadas Reforma Anticorrupción. Sin embargo, el Congreso
ha decidido posponer la discusión en torno a las leyes secundarias que den vida
a estas reformas a pesar del clamor público de que se haga algo al respecto.
Mientras en el Congreso las
reformas están detenidas, el nuevo Secretario de la Función Pública, el Mtro. Virgilio
Andrade, publicó el pasado 20 de agosto
un Acuerdo que tiene por objeto emitir un nuevo código de ética de los
servidores públicos del gobierno federal,
las reglas de integridad y los
lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos e
implementar acciones que favorezcan el comportamiento ético a través de comités
de ética y de prevención de conflictos de interés. Los comités de ética ya
existían en todo el gobierno federal pero ahora se les está dado la tarea de prevenir
los conflictos de interés. Por otra parte, a fines de octubre se modificó el
reglamento interior de dicha Secretaría y se creó la Unidad Especializada en
Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Para encabezar a esta Unidad, el
Secretario Andrade nombró al Mtro. Benjamín Hill quien es un experto en el tema.
Uno de los retos que enfrenta
esta nueva Unidad es el cómo impulsar el tema de la ética cuando ni siquiera
existe un estado de derecho. He mencionado en antes que las cifras de impunidad
llegan al 98% de los delitos que se cometen. En materia de combate a la
corrupción los resultados tampoco son halagüeños. La fiscalía anticorrupción
cuenta con solo 40 ministerios públicos y consigna a alrededor de 25
averiguaciones previas al año (Fuente: Ensayo del Lic. César Chávez Flores
en el proceso de selección del Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de
Delitos Relacionados con
Hechos de Corrupción). Por lo que hace a las sanciones administrativas, en
realidad no se castiga a la corrupción como tal, sino que lo que normalmente
sancionan los Órganos Internos de Control, la SFP y la Auditoría Superior de la
Federación son las desviaciones del cumplimiento de la normatividad ocasionadas
por negligencia, omisión, ignorancia o dolo, pero no necesariamente por actos
de corrupción.
La Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) no contempla la figura de
actos de corrupción. Tampoco el Código Penal. Si bien algunas de las faltas al
artículo 8 de esta Ley se pueden identificar como actos de corrupción (Ver : http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2013/01/control-interno-y-combate-la-corrupcion.html)
no se han tipificado como tales. No así
en el caso del conflicto de interés que está definido en la fracción XII del
Art. 8 de la LFRASP aunque su definición es limitada. Hace falta concretar las
reformas anticorrupción a la brevedad posible para subsanar estas deficiencias.
¿Cómo impulsar la ética entre
los servidores públicos? Lo primero que habría que enfatizar, aunque resulte
obvio, es que cumplan con la Ley; que haya sanciones creíbles y palpables para
quienes no lo hagan. Por ello el Código de Ética recientemente publicado por la
SFP hace énfasis precisamente en que los servidores públicos cumplan con la
Ley. El siguiente reto será que los comportamientos apegados a la ética se
impulsen desde el nivel más alto. Quizá ayudaría para ello la creación de una
Comisión Intersecretarial encabezada por el presidente Peña en donde se
enfatice este mensaje con el ejemplo. Luego habrá que desarrollar tareas
específicas para todos los comités de ética del gobierno federal a fin de que
ayuden a crea un ambiente en las instituciones donde se premie el
comportamiento ético. Finalmente, habrá que dar una gran capacitación a todos los
servidores públicos sobre estos temas para que no haya dudas sobre lo que se
espera de ellos.
La tarea por delante para la
SFP y su nueva Unidad no será fácil. Tratar de impulsar comportamientos éticos
cuando lo que se observa son altos niveles de corrupción, es un gran reto. Pero
la tarea de concientización de los servidores públicos quizá pueda incidir en
reducir esas prácticas que hoy se ven tan naturales y que están carcomiendo el
tejido social como un cáncer. Ojalá tenga éxito.
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