INSTITUCIONES EN RIESGO POR ESPIONAJE

Por: Octavio Díaz García de León

      Hace unos días el periódico The New York Times publicó en su primera plana un artículo donde revelaba el espionaje que supuestamente agencias del gobierno mexicano realizaban a periodistas, activistas de derechos humanos, expertos anti corrupción y a algunos de sus familiares. El espionaje se realizó mediante la infiltración en los teléfonos “inteligentes” de estas personas, de un software llamado Pegasus, el cual les extrae toda la información y los convierte en instrumentos de espionaje permanente. Los autores del artículo suponen que el espía fue el gobierno federal porque, según lo dicho por el fabricante de Pegasus, la empresa israelí NSO Group, esta solo vende a instituciones de gobierno y únicamente para combatir delincuentes y terroristas. Según otras notas periodísticas, la empresa les vendió esta plataforma a tres instancias del gobierno federal.

     El incidente es muy lamentable. Primero por tratarse de un acto ilegal, ya que la intervención de comunicaciones solo se puede hacer con orden de juez y segundo, de ser cierto que lo hicieron instancias de gobierno, éstas se habrían apartado de su mandato que consiste en recabar inteligencia solo de aquellos que representen una amenaza a la seguridad pública o nacional, que no es el caso de los espiados. Urge pues se investigue lo sucedido, empezando por determinar si el proveedor efectivamente solo le vendió al gobierno federal, o también a algún gobierno estatal y/o a particulares. Un aspecto de la mayor importancia es quien hará la investigación, ya que se ha cuestionado que lo haga la PGR dado que es usuaria de Pegasus. 

     Las otras instituciones que adquirieron este software fueron la SEDENA y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).  En particular el CISEN siempre resulta sospechoso porque las labores de inteligencia que realiza, contemplan la intervención de comunicaciones.

    El CISEN se creó en 1989, fusionando a las direcciones generales de Investigación y Seguridad Nacional y la de Investigaciones Políticas y Sociales ambas de la Secretaría de Gobernación. Cuando el presidente Fox llega a la presidencia, intentó desaparecer al CISEN por considerar que más que estar al servicio del Estado mexicano protegiendo la seguridad nacional, estaba dedicado a espiar a los adversarios políticos del régimen, entre ellos al propio Fox cuando era candidato. Lo que sí ocurrió ese sexenio, fue un desmantelamiento que lo debilitó mucho.

      El CISEN sobrevivió al gobierno de Fox y se ha fortalecido mucho en los últimos dos sexenios. En el actual su presupuesto aumentó de manera extraordinaria, especialmente a través de la partida de seguridad nacional, la cual llegó a ascender a casi dos veces el presupuesto normal del CISEN. La partida de seguridad nacional se maneja con absoluta secrecía y casi no se rinden cuentas sobre su uso. Tan solo en 2015 el CISEN, ejerció 4.2 mil millones de pesos en esta partida, siendo que el sexenio pasado no pasaba de 150 millones de pesos por año.

     El CISEN es una gran institución del Estado mexicano cuya existencia no se debería poner en entredicho como lo ha hecho López Obrador, quien piensa desaparecerlo. Su permanencia es necesaria porque México, como cualquier nación del mundo, está obligado a proteger su seguridad nacional y los organismos de inteligencia son pieza clave para hacerlo.  

     El problema es que, así como para la DFS fueron factores para su desaparición, el CISEN también podría destruirse si se le dedicara a realizar espionaje político y   labores de combate al narcotráfico. Lo primero porque es ilegal y lo segundo porque el problema de la delincuencia organizada y el narcotráfico corresponde a las instancias de seguridad pública como PGR, procuradurías estatales y policías y al involucrarse en tareas que no le corresponden, corre el riesgo de ser penetrado por los narcotraficantes.

     El mandato y atribuciones del CISEN se encuentran en la Ley de Seguridad Nacional. Sus tareas, entre otras, consisten en identificar los riesgos que enfrenta la seguridad nacional y generar inteligencia sobre aquellos factores que constituyan amenazas al Estado mexicano. Por ejemplo, movimientos subversivos que intenten tomar el poder por la vía violenta; terrorismo que trate de desestabilizar al país; gobernadores que amenacen la integridad del pacto federal; o bien las amenazas externas, provenientes de Estados Unidos y de la frontera sur.

     Para garantizar la sobrevivencia del CISEN es necesario que la sociedad tenga confianza en que sus labores no se apartan de su mandato y los dineros que se le asignan no se utilicen más que para el propósito legal que tienen. La investigación que se realice sobre este caso de espionaje ilegal deberá dejar en claro que esta institución no participó en ello y en caso contrario, se deberá sancionar a los responsables y establecer candados institucionales para que no vuelva a ocurrir. 

     El Congreso, a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a través de la Auditoría Superior de la Federación, tiene una gran tarea para vigilar que el CISEN no se desvíe de su mandato. No es desapareciendo a una institución indispensable para el Estado mexicano como se podría evitar su mal uso sino asegurándose de que rinda cuentas y si fuera el caso, de que no se desvíe de las tareas que le encomendó la Ley.  

 Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

____________________________________________________________

Twitter: @octaviodiazg                             Correo: odiazgl@gmail.com

PREVENIR EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Por: Octavio Díaz García de León

      La Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3) entra en vigor el próximo 19 de julio después de un año de ser promulgada.  Entre los aspectos controvertidos que tuvo inicialmente esta Ley era la obligación de publicar las declaraciones de situación patrimonial, de posibles conflictos de interés y la fiscal de todos aquellos obligados a presentarlas. Dicha disposición fue modificada mediante veto presidencial, dejando en manos del trabajador del gobierno la decisión de si quiere hacer o no pública esa información.  Esta modificación a la Ley fue impugnada ante la Suprema Corte por diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes pretendían que forzosamente se hicieran pública esas declaraciones. Hace unos días la Suprema Corte determinó que no procedía la impugnación, quedando protegidos esos datos si así lo considera el declarante.

      La obligación de presentar declaraciones patrimoniales en México viene por lo menos desde la primera Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos promulgada el 31 de diciembre de 1982, la cual obligaba a presentarla a los funcionarios de cierto nivel jerárquico hacia arriba o a quienes realizaban labores de inspección, vigilancia o manejo de valores. A nivel federal, la Secretaría de Contraloría, hoy Secretaría de la Función Pública, se ha encargado desde entonces de recabar dichas declaraciones: la de inicio, conclusión y la de modificación patrimonial.  Los otros poderes federales tienen procedimientos diferentes para recabar dicha información, pero sus funcionarios también tienen la obligación de presentarla.  

     ¿Cuál es el objeto de que los trabajadores del gobierno presenten sus 3 de 3? El propósito es detectar enriquecimiento ilícito, identificar negocios donde el servidor público tuviera interés y se viera beneficiado indebidamente al usar su puesto, y verificar que sus declaraciones de impuestos sean congruentes con sus ingresos.

     La idea de publicarlas tiene por objeto que la sociedad pudiera revisar esta información y detectar aquellos casos donde la vida que se da el funcionario sea notoriamente incongruente con los ingresos que percibe, con lo cual los ciudadanos podrían denunciarlo ante las autoridades para que se investigue. Sin embargo, ya vimos que, con la decisión de la Suprema Corte, la publicidad de esta información dependerá de si el funcionario quiere hacerlo.

    Tuve la oportunidad de conocer las experiencias de Francia y Rumania respecto a las declaraciones patrimoniales, las cuales han sido muy exitosas dado que ha servido para procesar a funcionarios, ya sea porque no presentan datos fidedignos en sus declaraciones ocultando sus ingresos y bienes o porque a través de ellas se han detectado situaciones irregulares lo cual quiere decir que en México también podría funcionar para reducir la corrupción si se hace adecuadamente.

    Si bien la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial tiene por lo menos 35 años en México, con la nueva Ley 3 de 3, viene un gran cambio ya que el número de personas obligadas a presentar sus declaraciones pasará de 200 mil a alrededor de 5 millones. Es decir, cualquier persona que trabaje en el gobierno deberá presentar estas declaraciones (La declaración fiscal solo aquellos que estén obligados). En esa lista se encuentran todos los trabajadores al servicio del Estado, por ejemplo, soldados, policías, maestros, carteros, enfermeras, médicos, mensajeros, choferes, trabajadores sindicalizados de cualquier tipo, marinos, oficinistas, secretarios, directores generales, ministros, magistrados, diputados, senadores y hasta el presidente.

    Quizá valdría la pena, antes de pasar a su total implementación, hacer un diagnóstico de que tanto han servido estas declaraciones para combatir a la corrupción en los últimos 35 años y ver que necesita mejorarse para que realmente cumpla con su objetivo.

     Un aspecto que impactará en la eficacia de esta medida será el tener los medios para establecerla, dado el enorme crecimiento del número de quienes estarán obligados. Se deberán recabar 5 millones de declaraciones para lo cual se requerirá tener preparados los sistemas de cómputo para recibir y procesar esta información. Luego se deberá contar con la capacidad para investigar la veracidad de dicha información.  Para ello será necesario tener acceso a las bases de datos que contengan información patrimonial (Registros públicos de la propiedad y del comercio, registros vehiculares, cuentas bancarias, etc.) para cruzarlas con las declaraciones patrimoniales y detectar las inconsistencias. También se tendrá que investigar en campo las declaraciones para verificar que sean verídicas, para lo cual se requerirán muestreos aleatorios ya que será imposible revisar al 100%.

    Para hacer más eficaz el manejo y análisis de las declaraciones patrimoniales sería conveniente tener diferentes tipos de formatos para recabar la información. Esto se haría segmentando a los sujetos obligados de acuerdo a un mapa de riesgos. Podría haber tres tipos de formatos: los funcionarios más expuestos, dados los montos que manejan y las oportunidades que tienen para cometer actos de corrupción; los que están expuestos a la pequeña corrupción como policías, inspectores, etc., y los que prácticamente no tienen riesgo. Para estos últimos se debería replantear si es necesario que la presenten.

    Este es uno más de los retos que enfrentará el Sistema Nacional Anticorrupción a partir del 19 de julio de este año. Ojalá no se pierda de vista que el objetivo de las declaraciones patrimoniales es la detección de actos de corrupción y no un trámite burocrático más.

Las opiniones en esta columna son a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución..

__________________________________________________________________

   Twitter: @octaviodiazg                           http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/                        Correo: odiazgl@gmail.com

SEGUIR LA PISTA DEL DINERO

Por: Octavio Díaz García de León

    En las novelas de detectives una de las recomendaciones para resolver el misterio que plantea su trama suele ser “busca a la mujer” (Cherchez la femme) implicando que detrás de cualquier problema o misterio, la causa suele ser una dama. En los misterios que rodean a la corrupción, un buen lugar por donde empezar es “seguir al dinero” (Aunque no es mala idea buscar también a la dama).

    Por su naturaleza, el dinero de la corrupción no desfila a la vista de todo mundo, pero deja huella. Aunque los actos de corrupción se intentan disimular y  se les suele representar como una acción  “en lo oscurito”, “por debajo de la mesa”, con un billete escondido en la mano al saludar o  un favor discreto para ayudar al amigo a cambio de un dinero, de alguna manera la corrupción se deja entrever y por ello los investigadores de actos de corrupción requieren tener la habilidad para detectar esas señales que indican que los ingresos del personaje no concuerdan con sus gastos para investigarlos a fondo.   

   Desde luego no se puede ocultar totalmente el dinero producto de la corrupción. ¿Para qué robar dinero si no se puede usar para comprar todo tipo de cosas o para darse vida de rey en viajes de lujo o para tirar el dinero en los mejores casinos del mundo? ¿Qué caso tendría dedicar el ingenio y arriesgar (No mucho, por cierto) el pellejo solo para guardar el dinero bajo el colchón?

     En este sentido las leyes de transparencia son un auxiliar para que la sociedad pueda conocer si los funcionarios públicos viven de manera congruente con sus ingresos.  Por ello son importantes las iniciativas que piden publicitar los ingresos y los bienes que tienen los funcionarios públicos. Claro, esto no sirve si no hay una sociedad observante de estos comportamientos irregulares de los funcionarios que denuncie los comportamientos sospechosos, de alguien que verifique que lo que declaran los funcionarios sea cierto y de la existencia de autoridades competentes dispuestas a investigar a fondo.    

    Desafortunadamente son pocas las denuncias ciudadanas respecto a fortunas que surgen aparentemente de la nada, o bien estas no tienen consecuencias porque no se investigan apropiadamente.  Afortunadamente los periodistas sí usan las leyes de transparencia y son quienes con más fuerza han denunciado actos de corrupción.  Falta una respuesta más contundente de las autoridades ante estas denuncias.

    Si bien el papel de los ciudadanos es importante, serán los investigadores especializados en temas de corrupción quienes deberán ser capaces de descubrir las rutas del dinero mal habido y procesar a los presuntos culpables. Para ello sus investigaciones deberán desarrollarse en torno a aspectos tales como:

   Movimientos de dinero. La Secretaría de Hacienda (SHCP) a través del Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen todas las herramientas para detectar movimientos sospechosos de dinero. Si bien la SHCP no es parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sería conveniente que la SHCP proporcione todas las facilidades para tener acceso a la información financiera de funcionarios que se sospeche realizan actos de corrupción.

    Adquisición de bienes.  Para identificar movimientos ilícitos en materia de adquisición de inmuebles hace falta tener acceso a los registros públicos de la propiedad para identificar las propiedades no solo de los funcionarios, sino de su red de vínculos. Armar una red de vínculos requerirá realizar labores de inteligencia, pero el conocer estas redes es una herramienta indispensable para seguir la pista del dinero.  También se deberán aplicar técnicas para la detección de operaciones de lavado de dinero. Los corruptos en realidad no se distinguen de los delincuentes de otro tipo: realizan sus fechorías para obtener recursos que luego intentan legitimar mediante el lavado.   

   Por lo que respecta a la adquisición de otro tipo de bienes tales como automóviles, yates o aviones habrá que recurrir a los registros gubernamentales respectivos para ver si son propiedad de los funcionarios o de su red de vínculos.  En el caso de joyas, obras de arte y metales preciosos, se deberían establecer mecanismos para reportar operaciones de compra/venta que por su cuantía se pudieran clasificar como operaciones relevantes, tal y como se hace con los movimientos bancarios. Podrían ser, por ejemplo, aquellas operaciones con montos superiores a los 100 mil pesos.

   Inversión en empresas. Se deberá investigar las actividades empresariales de los funcionarios y sus redes de vínculos consultando los registros públicos de comercio, sus actividades mediante sus declaraciones fiscales y ver si tienen actividades legítimas a través de las cámaras industriales y de comercio.

    Una de las grandes motivaciones de las personas que se corrompen es el obtener dinero y bienes para su uso personal. Para detectar casos de corrupción, se requiere seguir la pista del dinero y sus transformaciones en bienes de todo tipo. Por ello sería conveniente que la Secretaría Ejecutiva del SNA, así como las nuevas autoridades investigadoras que existirán en algunas de las instancias del SNA, cuenten con investigadores especializados en lavado de dinero y sean capaces de identificar actos de enriquecimiento ilícito en el patrimonio de los funcionarios corruptos y sus redes. Este será uno más de los retos que enfrente el Sistema Nacional Anticorrupción.

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

________________________________________________________________

  Twitter: @octaviodiazg         http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/                        Correo: odiazgl@gmail.com

QUE SIGUE EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

       Todos los días surgen noticias sobre problemas de corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción está lejos de entrar en funcionamiento.  Organizaciones como mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el periódico en internet Animal Político y en general los medios de comunicación, constantemente reportan casos de corrupción. Uno de los más recientes se refiere a sobornos que la empresa brasileña Odebrecht le dio al gobierno de Michoacán encabezado entonces por el perredista Leonel Godoy. Por su parte, en las recientes elecciones estatales, las acusaciones de compra de votos, cuyos recursos seguramente vienen de actos de corrupción, fueron denunciados durante los procesos electorales.

      Pero sigue sin haber consecuencias. Las denuncias públicas no se traducen en casos administrativos o penales que lleven a los acusados a proceso. La captura del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, en Panamá es un avance, pero aún está por verse que vengan a dar a una cárcel mexicana los ex gobernadores que saquearon a sus estados.

     La semana pasada se nombró al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pero la lista de nombramientos pendientes en el Sistema sigue siendo larga: el fiscal anticorrupción, los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el nombramiento de contralores en los órganos autónomos. Tan solo armar la estructura de la Secretaría Ejecutiva del SNA, requerirá incorporar una plantilla de alrededor de 200 personas. Todo ello ha tomado demasiado tiempo y tomará más. Lo malo es que las expectativas son muy altas y la paciencia de la sociedad muy corta.

      En esta nueva etapa de combate a la corrupción (Desde 1982 ha habido muchos intentos por combatirla desde adentro del gobierno) la sociedad civil ha asumido un papel protagónico, tanto en el diseño de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3) como por su participación en el Comité de Participación Ciudadana del SNA y al haber asumido la presidencia del Comité Coordinador de dicho Sistema.

     Con ello la sociedad civil asume una función de gobierno y una gran responsabilidad por dar resultados. Se pone a prueba su capacidad de gestión, primero para conseguir recursos para operar y luego para mover a las estructuras burocráticas que coordinan. Ambos resultan un reto tal que en ello suelen fracasar hasta los burócratas y políticos más avezados.    

     La apuesta para la sociedad civil es elevada. Si da resultados pronto, se abrirán más caminos para que autoridades no elegidas por la vía electoral sino por procesos meritocráticos o en base a cuotas partidistas, lleven a cabo funciones de gobierno. De darse por la vía meritocrática, entonces el ideal de Platón en su República se podría ver cristalizado con el gobierno de los filósofos desplazando a los políticos de sus funciones tradicionales. De darse el segundo caso, se pueden poner en riesgo las instituciones al nombrar personas que tomarán decisiones con criterios políticos y no técnicos. Por otra parte, de no tener éxito el experimento de llevar al poder a la sociedad civil, se podría dañar el papel de esta en temas de gobierno y ser ignorados en el futuro.  

     Por lo pronto y ya puestos en la realidad cotidiana, el Comité Coordinador del SNA tiene que moverse muy rápido para lograr resultados. Por principio de cuentas tiene que coordinar a instituciones muy bien establecidas, con sus propias agendas y mandatos, los cuales actualmente no están alineados al propósito de combatir a la corrupción sino con las tareas propias que les dan las leyes que los rigen. También deberán vencer intereses creados de todo tipo, redes de protección entre funcionarios y otros obstáculos que serán difíciles de vencer.  Sin embargo, les ayudaría que se dieran unos golpes rápidos contra la corrupción y se publicitaran adecuadamente.

    Empezando por pedir resultados inmediatos sobre los casos más notorios como el de Odebrecht, empresa que a la fecha sigue sin ser inhabilitada, la farmacéutica Teva, el caso de CAPUFE, el uso para efectos personales de helicópteros por parte del ex director de PEMEX que denunció la Auditoría Superior de la Federación, etc.  

     Los brazos operativos del SNA, tanto la Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control junto con la Auditoría Superior de la Federación seguramente tienen casos de corrupción ya identificados cuya judicialización se puede concretar en el muy corto plazo. Ya se ha visto que aun sin Fiscal Anticorrupción, la PGR ha podido realizar acciones para que se capturen a los ex gobernadores prófugos y sus colaboradores, así que solo se requiere procesar los casos que ya están maduros. 

    El Comité Coordinador podría darles seguimiento puntual a esos casos relevantes. Si bien la Secretaría de Hacienda no es parte del Comité Coordinador del SNA, la información que tienen el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera permitiría seguir la huella del dinero mal habido de los corruptos con lo que se solidificarían los casos más notorios.

     El Comité Coordinador del SNA se podría empezar a colgar algunas medallas de los asuntos relevantes que las instituciones bajo su Coordinación ya están cocinando y con ello ganar credibilidad para mostrar que el SNA puede dar resultados rápidos. Ojalá lo hagan pronto y no sigan esperando otras cosas.

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

________________________________________________________________

Twitter: @octaviodiazg                 http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/                        Correo: odiazgl@gmail.com

NOMBRAMIENTO EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

El pasado 30 de mayo fue nombrado el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Para ello se inscribieron 24 candidatos al proceso de selección, un número bajo para este tipo de puestos dada su visibilidad, reto y buena remuneración, con el atractivo adicional de que será un nombramiento por cinco años.

De los 24 aspirantes, once pasaron a entrevista con el Comité de Participación Ciudadana (CPC), de la cual surgió una terna a proponerse al Comité Coordinador (CC) del SNA. En ella quedaron Alejandra Rascón, abogada, con amplia experiencia en el tema de transparencia quien ejerció diversos puestos en el gobierno federal y en Transparencia Mexicana. Otro fue Max Kaiser, abogado, actualmente Director Anticorrupción en el Instituto Mexicano de la Competitividad (Impulsores de la reforma anticorrupción y de la Ley 3 de 3) quien fue funcionario de la Secretaría de la Función Pública el sexenio pasado donde fue titular de los órganos internos de control en SEMARNAT y en la SEP, Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental y Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas. Escribió un libro sobre combate a la corrupción.

El tercero fue Ricardo Salgado Perrilliac, hasta ese día Titular de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien fue nombrado secretario técnico. Abogado, desarrolló su carrera en el ámbito jurídico, dedicado a temas muy especializados de competencia económica; también fue director jurídico del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) un par de veces, por lo que conoce bien los temas de acceso a la información pública gubernamental. (http://cpc.org.mx/2017/05/15/expedientes-de-candidatos-a-secretario-tecnico/).

 Por cierto, el Lic. Salgado intentó infructuosamente ser comisionado del nuevo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuando se dio la integración de los nuevos comisionados de dicho Instituto en 2014, apoyado en su intento por uno de los integrantes del CPC del SNA, José Octavio López Presa. El Lic. Salgado también trabajó en el IFAI cuando la actual presidenta del CC del SNA, la Dra. Peschard era presidenta del IFAI.  El Lic. Salgado salió del INAI posteriormente al no entenderse con los nuevos comisionados. (http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/ifai/cvp/102.pdf).

Ante la presión de personalidades como el senador Pablo Escudero, presidente del Senado e integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas, el CPC dio a conocer este 2 de junio los criterios de selección de la terna y las cédulas de calificación de los finalistas. Allí se puede observar que cada uno de la terna obtuvo la más alta calificación por parte de dos de los 5 integrantes del CPC (La Dra. Peschard dio la misma calificación a Rascón y a Salgado). (http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Evaluacion-Candidatos-Secretario-Tecnico.pdf)

Llama la atención que, en las cédulas de las entrevistas, la experiencia en el tema de combate a la corrupción, transparencia o rendición de cuentas haya sido solo uno de los 18 aspectos evaluados dándosele importancia especial en la selección de la terna a la capacidad de trabajar en órganos colegiados e interaccionar con la sociedad civil. Si bien estas habilidades serán requeridas quizás se debió privilegiar el conocimiento sobre combate a la corrupción.  (http://cpc.org.mx/2017/06/02/criterios-para-la-seleccion-de-la-terna-de-candidatos-a-secretario-tecnico-st-de-la-secretaria-ejecutiva-se/)

Al momento de escribir estas líneas aún falta dar a la publicidad los criterios de selección y las evaluaciones que el Comité de Coordinación del SNA realizó de los tres finalistas para conocer las razones por las cuales seleccionó al Lic. Ricardo Salgado. Ya con este último paso se podrá cerrar el ciclo de transparencia en el proceso.

He mencionado antes en esta columna que desde que se promulgó la primera Ley de Transparencia, se ha confundido transparencia con combate a la corrupción. Una cosa es el garantizar el acceso a la información pública gubernamental y otra combatir la corrupción. Si bien el acceso a la información puede ayudar en el combate a la corrupción de manera indirecta, el know how de la transparencia no es el que se requiere para combatir la corrupción. Se requieren habilidades más enfocadas a la inteligencia, la fiscalización, la explotación de bases de datos y otras capacidades relacionadas con la persecución de delitos. Por ello, sería conveniente que las personas que se integren a la Secretaría Ejecutiva sepan de estos temas y no necesariamente sean expertos en transparencia.

Por lo pronto el nuevo secretario técnico tiene retos importantes, tales como demostrar su liderazgo ante los integrantes del CC y ante los gobiernos de las entidades federativas para que formen y operen sus sistemas estatales anticorrupción. Deberá conseguir dinero y plazas ante la Secretaría de Hacienda y ante el Congreso Federal, aspecto que en esta época de austeridad se ve muy difícil. Redactar el estatuto orgánico de la Secretaría Ejecutiva, seleccionar y contratar a sus directivos clave y empezar a operar cuanto antes. Si se quiere demostrar ante la sociedad que el SNA sirve, tiene que buscar que las instituciones integrantes del CC den resultados tangibles de corto plazo. Si no, se corre el riesgo de no lograr apoyo de la sociedad y podría desaparecer el próximo sexenio.  

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución pública o privada.

___________________________________________________________

    Twitter: @octaviodiazg           http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/                        Correo: odiazgl@gmail.com