Por:
Octavio Díaz García de León
Hace unos días el periódico The New York
Times publicó en su primera plana un artículo
donde revelaba el espionaje que supuestamente agencias del gobierno mexicano
realizaban a periodistas, activistas de derechos humanos, expertos anti
corrupción y a algunos de sus familiares. El espionaje se realizó mediante la
infiltración en los teléfonos “inteligentes” de estas personas, de un software
llamado Pegasus, el cual les extrae
toda la información y los convierte en instrumentos de espionaje permanente. Los
autores del artículo suponen que el espía fue el gobierno federal porque, según
lo dicho por el fabricante de Pegasus,
la empresa israelí NSO Group, esta solo
vende a instituciones de gobierno y únicamente para combatir delincuentes y
terroristas. Según otras notas periodísticas, la empresa les vendió esta
plataforma a tres instancias del gobierno federal.
El incidente es muy lamentable. Primero
por tratarse de un acto ilegal, ya que la intervención de comunicaciones solo
se puede hacer con orden de juez y segundo, de ser cierto que lo hicieron
instancias de gobierno, éstas se habrían apartado de su mandato que consiste en
recabar inteligencia solo de aquellos que representen una amenaza a la
seguridad pública o nacional, que no es el caso de los espiados. Urge pues se investigue
lo sucedido, empezando por determinar si el proveedor efectivamente solo le
vendió al gobierno federal, o también a algún gobierno estatal y/o a particulares.
Un aspecto de la mayor importancia es quien hará la investigación, ya que se ha
cuestionado que lo haga la PGR dado que es usuaria de Pegasus.
Las otras instituciones que adquirieron este
software fueron la SEDENA y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(CISEN). En particular el CISEN siempre
resulta sospechoso porque las labores de inteligencia que realiza, contemplan la
intervención de comunicaciones.
El CISEN se creó en 1989, fusionando a
las direcciones generales de Investigación y Seguridad Nacional y la de
Investigaciones Políticas y Sociales ambas de la Secretaría de Gobernación. Cuando
el presidente Fox llega a la presidencia, intentó desaparecer al CISEN por considerar
que más que estar al servicio del Estado mexicano protegiendo la seguridad
nacional, estaba dedicado a espiar a los adversarios políticos del régimen, entre
ellos al propio Fox cuando era candidato. Lo que sí ocurrió ese sexenio, fue un
desmantelamiento que lo debilitó mucho.
El CISEN sobrevivió al gobierno de Fox y
se ha fortalecido mucho en los últimos dos sexenios. En el actual su
presupuesto aumentó de manera extraordinaria, especialmente a través de la
partida de seguridad nacional, la cual llegó a ascender a casi dos veces el
presupuesto normal del CISEN. La partida de seguridad nacional se maneja con
absoluta secrecía y casi no se rinden cuentas sobre su uso. Tan solo en 2015 el
CISEN, ejerció 4.2 mil millones de pesos en esta partida, siendo que el sexenio
pasado no pasaba de 150 millones de pesos por año.
El CISEN es una gran institución del
Estado mexicano cuya existencia no se debería poner en entredicho como lo ha
hecho López Obrador, quien piensa desaparecerlo. Su permanencia es necesaria
porque México, como cualquier nación del mundo, está obligado a proteger su
seguridad nacional y los organismos de inteligencia son pieza clave para
hacerlo.
El problema es que, así como para la DFS
fueron factores para su desaparición, el CISEN también podría destruirse si se
le dedicara a realizar espionaje político y
labores de combate al narcotráfico. Lo primero porque es ilegal y lo
segundo porque el problema de la delincuencia organizada y el narcotráfico corresponde
a las instancias de seguridad pública como PGR, procuradurías estatales y policías
y al involucrarse en tareas que no le corresponden, corre el riesgo de ser
penetrado por los narcotraficantes.
El mandato y atribuciones del CISEN se
encuentran en la Ley de Seguridad Nacional. Sus tareas, entre otras, consisten
en identificar los riesgos que enfrenta la seguridad nacional y generar
inteligencia sobre aquellos factores que constituyan amenazas al Estado
mexicano. Por ejemplo, movimientos subversivos que intenten tomar el poder por
la vía violenta; terrorismo que trate de desestabilizar al país; gobernadores
que amenacen la integridad del pacto federal; o bien las amenazas externas,
provenientes de Estados Unidos y de la frontera sur.
Para garantizar la sobrevivencia del
CISEN es necesario que la sociedad tenga confianza en que sus labores no se
apartan de su mandato y los dineros que se le asignan no se utilicen más que
para el propósito legal que tienen. La investigación que se realice sobre este caso
de espionaje ilegal deberá dejar en claro que esta institución no participó en
ello y en caso contrario, se deberá sancionar a los responsables y establecer
candados institucionales para que no vuelva a ocurrir.
El Congreso, a través de la Comisión
Bicameral de Seguridad Nacional y a través de la Auditoría Superior de la Federación,
tiene una gran tarea para vigilar que el CISEN no se desvíe de su mandato. No
es desapareciendo a una institución indispensable para el Estado mexicano como
se podría evitar su mal uso sino asegurándose de que rinda cuentas y si fuera
el caso, de que no se desvíe de las tareas que le encomendó la Ley.
Las
opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no
representan puntos de vista de ninguna institución.
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Twitter: @octaviodiazg Correo: odiazgl@gmail.com
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