LA
SILLA ROTA OPINIÓN
Por: Octavio Díaz García de León
Twitter:
@octaviodiazg
La sociedad civil ha venido tomando un papel
protagónico en la lucha contra la corrupción al grado de asumir un papel de
alta responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Pero ello
también ha tenido su costo. Desde las críticas recientes que han recibido por
el proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana (CPC), las críticas anteriores por la selección del Secretario
Técnico del Secretariado Ejecutivo, hasta el espionaje de que fueron víctimas quienes
realizaron propuestas clave para el Sistema Anticorrupción. ¿Cuál será el
futuro para la sociedad civil que ha decidido tomar un papel relevante en el
combate a la corrupción? Se pone en juego su prestigio y posiblemente, la tranquilidad
personal de sus integrantes.
Cuando hablo de sociedad civil en este
artículo, no me refiero a todos los que podrían formar parte de ella. Una
definición de sociedad civil es “todos aquellos individuos con el título de
ciudadanos de una sociedad determinada que actúan de manera colectiva, con el
objetivo de tomar decisiones en lo concerniente al ámbito público, por fuera de
cualquier tipo de estructura gubernamental” (https://www.definicionabc.com/social/sociedad-civil.php). Esto es demasiado amplio y millones de personas participan de una
manera u otra en organizaciones de la sociedad civil tales como clubes
deportivos, cámaras, asociaciones de todo tipo, etc.
Me refiero a personas que colaboran en organizaciones dedicadas a estudiar el problema y proponer políticas públicas en materia de combate a la corrupción y a algunos académicos quienes han incidido en la formación del Sistema Nacional Anticorrupción. Estas personas pertenecen a organismos e instituciones que en su mayoría se encuentran en ciudad de México; tienen amplio acceso a medios de comunicación; son muy solicitados como interlocutores por funcionarios del gobierno; son personas con un alto perfil académico, muchos de ellos con estudios avanzados en universidades extranjeras; y en conjunto, quizá no pasen de ser un grupo de 100 personas altamente especializadas y motivadas.
¿Representan
a la sociedad en su conjunto? No en el sentido clásico de haber sido elegidos
como tales. Tampoco son una muestra representativa de la sociedad civil. Sin
embargo, por su acceso a los medios de comunicación y a funcionarios
gubernamentales tienen gran influencia ante la opinión pública educada y el
gobierno, en materia de combate a la corrupción.
La Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción prevé que la sociedad civil participe en el Sistema a través de
los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, el cual “tiene como
objetivo coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos
del Comité Coordinador”. El Comité Coordinador está integrado por: los
titulares de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la
Federación, la Fiscalía Anticorrupción, el presidente del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un
representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa y un representante del CPC, quien lo
presidirá. Por ello, ni el presidente,
ni el resto del Comité de Participación Ciudadana tendrán responsabilidad
directa por la operación cotidiana de las instituciones que forman parte del
Comité Coordinador.
La misma Ley dice que los miembros del CPC no
son empleados de la Secretaría Ejecutiva y que serán remunerados por la vía de
honorarios sin vínculo laboral con ella, aunque por otra parte esta Ley dice que
de acuerdo al artículo 108 Constitucional, se les considera servidores públicos
para efectos de responsabilidades administrativas.
A partir de abril, tal y como lo dispuso la
Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, cinco integrantes de la sociedad civil,
proveniente de este selecto grupo especializado en el tema de combate a la
corrupción, se incorporaron al Comité de Participación Ciudadana y uno de ellos
asumió el cargo de presidente del Comité Coordinador del Sistema. Además, para operar, al Comité Coordinador se
le ha dado una Secretaría Ejecutiva con un presupuesto de 214 millones de pesos
en este año que servirán para contratar a 117 personas (Ver). Esta Secretaría Ejecutiva está encabezada
por un Secretario Técnico, el Lic. Ricardo Salgado Perrilliat, quien fue
elegido por el Comité Coordinador de entre una terna propuesta por el Comité de
Participación Ciudadana.
El
Secretario Técnico junto con los cuatro integrantes del Comité de Participación
Ciudadana que en ese momento no presidan al SNA, integran una Comisión
Ejecutiva que “tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios
para que el Comité Coordinador realice sus funciones”. Por todo ello, la
participación de la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción tiene
la mayor relevancia y en sus manos está buena parte del éxito de dicho Sistema.
Estas disposiciones son un poco
contradictorias. Por una parte, se les quiere dar un carácter de “externos” a
los integrantes de la sociedad civil que participan en el SNA, pero por otra
parte participan de lleno en las labores de coordinación, inclusive presidiéndolas
y son factor clave para el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción. Con ello
la sociedad civil ha cruzado un umbral interesante al involucrarse de lleno en
tareas de gobierno.
Afortunadamente, a pesar de la reciente controversia
donde el presidente del Senado, Pablo Escudero, expresó preocupación por el
proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana,
los elegidos cuentan con una larga trayectoria en temas de transparencia,
rendición de cuentas y derechos humanos, temas que, de alguna forma, están
relacionados con el combate a la corrupción. Algunos de ellos incluso han
tenido puestos de muy alto nivel dentro del gobierno federal, tanto en
secretarías como en organismos autónomos.
Sin embargo, queda la duda si esta incursión
de la sociedad civil en tareas de gobierno y ya no como mero observador crítico
de las mismas, no tiene sus riesgos. Recientemente me decía un alto funcionario
francés de una de las agencias anticorrupción de su país, que en su institución
no participa la sociedad civil, ya que para ello están y para eso les pagan, a
sus funcionarios. Esto no quiere decir que en Francia no haya
una sociedad civil muy activa, sino que no interviene directamente en
actividades propias del gobierno. Por lo menos no en la agencia del funcionario
mencionado. Y es que en Francia y en otros países con instituciones sólidas, no
es necesario que la sociedad civil realice funciones de gobierno ya que para
eso hay servidores públicos que realizan con eficacia sus tareas o bien, de no cumplir
con sus deberes, son removidos.
Desafortunadamente, debido a la debilidad de algunas
de nuestras instituciones y los problemas que las rebasan, tales como la
seguridad pública y la corrupción, la misma sociedad civil que impulsó el
Sistema Nacional Anticorrupción y diseñó en gran parte este Sistema, ha
decidido tomar un papel protagónico en estas labores y asumir tareas
sustantivas en el gobierno.
Con ello se le pasa una gran parte de la
responsabilidad por el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción a estas nuevas
instancias ciudadanas y se corre el riesgo de que se diluya la responsabilidad de
dar resultados. Ya no se trata de un gobierno en funciones que debe realizar
sus tareas, sino ahora también será la responsabilidad de la sociedad civil el
que se disminuya la corrupción en nuestro país. ¿Será conveniente para la
sociedad civil haber dado este paso desde una posición externa al gobierno, a
formar parte del mismo? El tiempo dirá.
Las opiniones vertidas en esta columna son
exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna
institución.
