BANAMEX: VENTA FRUSTRADA

 

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Citibank, el dueño de Citibanamex, anunció a principios de enero de 2022 que se desprendería de sus negocios de banca de consumo y para pequeñas empresas,  conservando  su banca corporativa. Al anuncio siguió un largo proceso de venta que involucró a muchos inversionistas. Todo ello finalmente quedó en nada.

   El último postor, Grupo México,  encabezado por Germán Larrea,  sufrió el embate del gobierno hace unos días cuando se le suspendieron unas importantes concesiones ferroviarias en el Istmo de Tehuantepec y ante la falta de condiciones adecuadas, Citibank anunció que no se llevaría a cabo la venta de Banamex y en su lugar hará una oferta pública inicial de acciones.

   Jocosamente, como suele dirigirse a su base de admiradores, el presidente López Obrador, sugirió que sea el gobierno quien compre el banco, ya que, dijo, es un buen negocio, no tiene chiste manejarlo y al gobierno le sobra dinero para comprarlo.   

   ¿Conviene que el gobierno adquiera Banamex? Por supuesto que no, cuando hay otras prioridades de gran urgencia como el reconstruir el sistema de salud, el sistema educativo y recuperar la seguridad pública, entre muchos otros aspectos que requieren atención urgente.  Sería muy mala idea que el gobierno entre a un negocio que desconoce y en el que su participación no beneficia al país.

   El gobierno de México a lo largo de su historia ha creado instituciones para apoyar el crecimiento económico a través de la banca de desarrollo, la cual ha jugado un papel importante para estimular las inversiones y aportar créditos para proyectos donde la banca comercial difícilmente participa. 

   También intentó ser banquero cuando el presidente López Portillo, en un acto impulsivo y tratando de desviar la atención de la crisis que su gobierno provocó,  estatizó la banca en 1982. A partir de allí, el manejo de los bancos se politizó al darle trabajo a políticos que poco conocían del negocio y que nada aportaron para mejorar a la banca mexicana.

   Esto terminó cuando el presidente Salinas de Gortari entregó la propiedad de los bancos a empresarios “compadres”. Esta privatización fallida hizo que estuviera a punto de quebrar todo el sistema bancario en 1995, lo cual se evitó gracias al FOBAPROA. A raíz de esa crisis,  casi todos los bancos quedaron en manos de inversionistas extranjeros, tal como el propio Banamex, comprado por Citibank.  

   México quizá perdió décadas de desarrollo del sistema bancario con la decisión absurda de López Portillo de estatizar la banca y con la pésima reprivatización posterior realizada por Salinas de Gortari y Aspe, la cual le sigue costando al país miles de millones de pesos a través del FOBAPROA. Esta decisión dañina se llevó a cabo debido a la falta de contrapesos a la presidencia de la república, lo cual ilustra el daño que un presidente desequilibrado le puede hacer al país al tomar decisiones viscerales.

   Por ello, no es una buena idea que Banamex sea adquirido por el Estado.  No es un negocio sencillo de manejar como hace creer el presidente a sus admiradores, y podría poner en riesgo los ahorros de los millones de clientes con que cuenta esta institución, pues al estatizarse ese banco se manejaría con criterios políticos en lugar de empresariales. Afortunadamente Citibank cerró la posibilidad de que el gobierno compre Banamex, una vez que decidió no venderlo a Grupo México.  

   Por otra parte, el largo tiempo que tomó el proceso de venta,  no fortaleció la posición de mercado de Citibanamex pues sus ejecutivos dedicaron la mayor parte de estos largos meses a prepararse para la venta y no para mejorar su estrategia de servicio e intentar recuperar a los clientes que han perdido.

  Valdría la pena que,  ahora que Citibank decidió conservar el banco, se enfoquen en mejorar sus servicios, ampliar su cobertura y aumentar su línea de productos, porque si algo hace falta en nuestro país son servicios bancarios con mejor alcance, calidad y precio.

 El fracaso de la venta de Banamex es desafortunado para los posibles inversionistas que dedicaron tanto tiempo y recursos para realizar sus análisis. Lo peor es que el desenlace fue precipitado por la inoportuna intervención del gobierno en perjuicio de Grupo México.

 El gobierno de López Obrador dio una vez más la señal de que no hay buenas condiciones para que el sector privado invierta en México, si no es mediante contratos con el propio gobierno, los cuales se ganan por medio de corrupción, bajo un esquema de capitalismo de “compadres”.

    Pensar en estatizar la economía, es no querer ver la historia del fracaso que ello representó en los años del populismo priísta, especialmente durante los sexenios de Echeverría y López Portillo. Es querer regresar a un pasado donde el país pierde. Por lo pronto,  qué bueno que Citibanamex siga en manos de sus actuales dueños. Ojalá mejoren sus servicios y recuperen mercado.  

¿NUEVO MAXIMATO?

 

                                                                   Por: Octavio Díaz García de León

   Prácticamente todos los presidentes de México han intentado dejar como sucesor a alguien que les permita continuar su proyecto, o mejor aún, seguir ejerciendo el poder. Casi todos han fracasado. ¿Será el presidente López Obrador la excepción? Esta es la gran pregunta ante la andanada de reformas que está impulsando al final de su gobierno y que perfilan la creación de un régimen autoritario, sin contrapesos y con un poder centralizado en la presidencia.

    Algunas de esta medidas recientes son,  por ejemplo, el intento de obtener la mayoría calificada en 2024 para MORENA en el Congreso, haciendo campaña desde su conferencia matutina; el uso de todo el poder del estado para ganar elecciones locales para su partido; el ataque al Poder Judicial; el intento de desparecer organismos autónomos como el INE y el INAI (desapareció al INEE); el empoderamiento de los militares en tareas que antes manejaban civiles; y el conservar clientelas mediante dádivas y corrupción.  Todas ellas son acciones que apuntan a revertir los avances democráticos que, con sus deficiencias, ya tenía nuestro país.

    La incógnita de si lo logrará la irán despejando los precandidatos a la presidencia por parte de MORENA. En la mas acendrada tradición del PRI hegemónico que gobernó a México por 70 años, los actuales precandidatos buscan el ser designados candidatos a la presidencia por AMLO, demostrando una lealtad sicofante. El tapadísimo y todos sus rituales han vuelto a resurgir.  El presidente es quien decide quien será su sucesor.  

    En el ritual del tapado en los tiempos del viejo PRI, llegó a haber debates entre precandidatos, “consultas” a las bases y otras ficciones que disfrazaban el hecho de que el que decidía era el presidente. En la tradición del obradorismo, su equivalente son las encuestas: ellas deciden si se cancela la construcción de un aeropuerto o si se juzga o no a un presunto delincuente. Se usan también para escoger a los candidatos. En esta simulación, siempre está muy claro que el que decide es el presidente.

   López Obrador ya ha enviado muchas señales de que su candidata a la presidencia es Claudia Sheinbaum y ha puesto en funcionamiento la aplanadora morenista con el uso de los recursos de la ciudad de México, del gobierno federal y de los estados gobernados por su partido. Los demás precandidatos, si no han tomado nota y aún tienen esperanza de ser los elegidos, se llevarán una fuerte decepción.

     Lo cual deja fuera a un buen candidato. Marcelo Ebrard ha demostrado lo que es gobernar bien a la ciudad de México y, como Canciller, asumir con solvencia responsabilidades que no le correspondían tales como el abasto de insumos para la pandemia y hacerse cargo de la estrategia de inmigración. Merecería un proceso justo que le permita competir por la candidatura de MORENA.

   Más allá de estas consideraciones que deberán resolver los propios precandidatos,  y su partido MORENA, queda aún la duda si la Dra. Sheinbaum será la persona fácilmente manipulable y obediente que hoy aparenta ser ante AMLO, en caso de ser electa presidente de México. Lo más probable es que no.

    Porque una cosa es el juego palaciego, en donde doblar la cerviz es la mejor estrategia, y otra es el gobernar empoderada, ante un presidente que intenta mantener un Maximato. Si bien Calles tuvo la fuerza para manipular a Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, bastó la llegada de Cárdenas para que, sin violencia y aspavientos, enviara a Calles al exilio y destituyera a los callistas de su gabinete. En este país no caben dos presidentes en la misma silla.

   ¿Será presidente la Dra. Sheinbaum? Ante la implosión de la oposición, de un PRI cada vez más dispuesto a cambiar de chaqueta ante el regreso del viejo PRI reencarnado en MORENA, que muchos de sus militantes añoran, y ante un PAN capturado por una dirigencia incompetente y ambiciosa que le impide moverse, el escenario se ve muy probable.

   ¿Será Claudia la presidente que espera AMLO, para seguir gobernando más allá de su mandato e imponer su proyecto de regresar al México del siglo pasado? ¿Estará de acuerdo Claudia en continuar ese retroceso y mantener sometido el país a una clase política corrupta y ambiciosa, o será ella quien lleve al país a la modernidad y la prosperidad? Habrá que ver si su preparación académica e intelectual, su capacidad y convicciones serán suficientes para producir a una estadista,  o no le servirán de nada y será solo una marioneta.

    La otra alternativa ante la sucesión presidencial es que la sociedad decida romper con su inercia y asuma su responsabilidad para lograr el gobierno que merecen los mexicanos. Por lo pronto, los partidos políticos no han estado a la altura de ese reclamo y no se ve como la sociedad pueda impedir el regreso del viejo PRI,  que tardó 70 años en derrotar.

 

RETO PARA FISCALIZADORES

 

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Nunca ha sido fácil el trabajo de los Órganos Internos de Control (OIC) y sus equivalentes,  las contralorías internas. Empezando porque muy pocas personas entienden cuál es su papel y ese desconocimiento incluye a veces a sus propios jefes. Los OIC y contralorías, han existido en nuestro país con diversos nombres desde la época colonial. Más recientemente cobraron fuerza a partir de la reforma anticorrupción que llevó a cabo el presidente Miguel de la Madrid a partir de 1983 cuando crea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF).

    Con esta reforma se crearon los órganos de control interno  (luego les cambiaron el nombre) que dependían inicialmente de los titulares de las instituciones y que posteriormente pasaron a depender directamente de la SECOGEF. Esta Secretaría también fue cambiando de nombre y hoy se llama Secretaría de la Función Pública (SFP). También se creó un grupo de comisarios y delegados encargados de verificar el control interno desde los órganos de gobierno de entidades y dependencias. Este esquema fue replicado en las entidades federativas e incluso en los municipios.

   Asimismo, en 1983 se reformó la ley de responsabilidades de los servidores públicos. El diseño institucional de la Secretaría y de los OIC estaba hecho para llevar el control interno del gobierno. Pero con el paso del tiempo, ese propósito se fue distorsionando y se le dio más peso a que estas instancias combatieran la corrupción, siendo una responsabilidad para la cual no están diseñados ni la Secretaría,  ni los OIC.

   La confusión sobre quien debe combatir la corrupción se ha acentuado, especialmente a raíz de la reforma anticorrupción de 2016 que promulgó el presidente Peña y que creó un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) donde participan instituciones cuyo propósito no es el combatir la corrupción, con excepción de una de ellas.

   Por ejemplo, el antiguo IFAI,  ahora INAI, fue objeto de esa confusión impulsada por comisionados anteriores, quienes en su discurso quisieron presentar a esta institución como una garantía de que con su labor se iba a disminuir la corrupción.

    Partieron de la premisa falsa de que a mayor transparencia menor corrupción y como se ha documentado, no existe tal causalidad. El INAI y las demás instituciones que participan en el SNA pueden auxiliar de manera indirecta en el combate a la corrupción, pero ninguna de ellas, excepto la Fiscalía Anticorrupción, tienen como misión combatirla.

   En este contexto, es importante destacar las presiones a las que están expuestos los contralores y titulares de OIC.  Empezando porque en muy contados casos tienen autonomía. La gran mayoría dependen en última instancia de las instituciones a las que fiscalizan.

     Lo cual no estaría mal si los titulares de las instituciones entendieran el papel de los OIC como auxiliares para el control interno y de lo importante que son para cumplir con los objetivos de las instituciones. Pero lo lamentable es que muy pocas instituciones tienen claros sus objetivos y sin ellos de nada sirve el control interno;  además, tampoco entienden el control interno.

    En lugar de ser los OIC y la Secretaría, instancias puramente técnicas en donde se audita, se promueven buenos controles internos, se investigan denuncias y se sancionan a los servidores públicos que incumplen con la normatividad, su labor se ve mermada por consideraciones políticas.

   En ocasiones, los responsables de las instituciones intentan usar a los OIC como instrumento para ocultar malos manejos o para realizar acciones que son contrarias a la norma. Presionan a los OIC y sus jefes para que, en lugar de sancionar responsables, los encubran.

   Otro aspecto, sobre todo cuando arrancan los sexenios, es dedicar a los OIC a buscar las conductas ilícitas de sus predecesores, lo cual está bien,  sobre todo si los órganos de fiscalización anteriores se dedicaron a cubrir los pasos de los corruptos que actuaron antes, pero este propósito se desvirtúa cuando se usan como instrumento de venganza política.

   El caso de la Estafa Maestra es un buen indicador. Durante el sexenio de Peña no se actuó con firmeza al descubrir estas irregularidades y al inicio de este sexenio, en lugar de prestar atención a este enorme fraude, se dio preferencia a revivir casos del sexenio de Calderón, aunque fueran conductas ya prescritas.

   Una muestra del valor de la independencia de las instancias de fiscalización es que el mega fraude en SEGALMEX lo descubrió la Auditoría Superior de la Federación,  la cual tiene independencia del Poder Ejecutivo.

   En este sentido, es importante que los OIC y contralorías gocen de independencia,  se les permita trabajar con un enfoque puramente técnico para que sirvan como verdaderos instrumentos de control interno y no como tapaderas de los gobiernos en turno, ni como instrumentos de venganza política y que su labor se entienda como auxiliares en el combate a la corrupción, no como responsables de este.