Por: Octavio Díaz García de León
La reciente publicación del libro El Rey del Cash, de la periodista Elena Chávez, causó gran polémica
y se convirtió en uno de los libros más vendidos. Este testimonio confirma cómo
se obtiene dinero para las campañas políticas en México. Si bien se sabía ya de
estos manejos por videos que se han filtrado y otros testimonios, en este libro
la autora, como testigo privilegiada, revela casos específicos.
En El Rey del Cash la autora revela algunas prácticas, tales
como el desvío de recursos públicos, la corrupción en contrataciones públicas y
la extorsión a empleados de gobierno.
A pesar de los mecanismos de vigilancia con que cuenta el Instituto
Nacional Electoral (INE), las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y la fiscalización de instituciones como la Auditoría
Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, el financiamiento y gasto ilegal para las campañas
políticas es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestra democracia
porque permite “comprar” las elecciones y es una gran fuente de corrupción.
Para los operadores políticos, el manejar una campaña equivale a
sacarse la lotería. Los sobres, las maletas y los costales llenos de billetes, son
una bonanza para ellos, porque no le rinden cuentas a nadie y lo usan como
quieren. Además, estos fondos, por su naturaleza clandestina y en efectivo, no dejan huella, por lo que una buena parte
del dinero se quedará en sus manos para aumentar su patrimonio personal.
Si gana su candidato, tendrán acceso a más dinero ilícito mediante la corrupción
por la asignación irregular de contratos para repagar los “favores” y, sin
duda, también recibirán una comisión. Pero tampoco les molesta si pierden sus
candidatos, pues siempre habrá otras elecciones. Por eso hay partidos políticos
que se manejan más como negocio que como verdaderas opciones políticas.
Este fenómeno no es nuevo. Por décadas, las elecciones se han llevado a
cabo con manejos ilegales de recursos y también ha sido notorio el
enriquecimiento inexplicable de algunos de estos personajes que coordinan
campañas, dirigen partidos y de los propios candidatos. Aunque estos últimos
llevan más que perder, pues a veces apuestan su patrimonio, ya que incluso las candidaturas se venden al
mejor postor. Por ello, es pertinente aquella frase que se le atribuye al Prof.
Carlos Hank González: “Un político
pobre es un pobre político”.
Para conocer mejor acerca del
financiamiento y gasto ilegal en las campañas políticas, recomiendo el libro de Casar y Ugalde Dinero Bajo la Mesa. Para ellos, las fuentes de financiamiento ilícito son: el
desvío de recursos públicos, las contribuciones ilegales de particulares y el
financiamiento del crimen organizado.
Para dimensionar el fenómeno, Casar y Ugalde recurren a cifras del
Banco de México en donde se muestra que en los primeros meses del 2018, durante
las campañas, aumentó el flujo de efectivo en 58 mil millones de pesos vs. 5
mil millones que creció el año anterior. Este crecimiento inusual lo atribuyen
en buena parte al uso ilícito de efectivo en las campañas. En contraste, el
tope legal de todos los gastos de campaña de ese año ascendió a 5,193 millones
de pesos.
¿Es difícil acabar con toda esta corrupción? Sí, pero no imposible. Hay que seguir la pista del dinero. Como lo he reiterado en esta columna, la mejor forma de encontrar a los corruptos y
que también serviría para identificar el financiamiento y gasto ilegal en las
campañas políticas, es investigando los flujos de dinero asociados con estos
procesos.
Existen las instituciones para hacerlo, pero tienen la desventaja de que carecen de
autonomía, ya sea por depender de los
partidos políticos o del gobierno en turno. En este sentido, el INE es una
institución con la autonomía y capacidad para tratar de mitigar el fenómeno, pero requiere ayuda de otras instituciones
tales como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia
y el SAT entre otros, para ser más eficaz. Sin embargo, no se aprecia que más allá del INE, exista
interés por combatir estos flujos ilegales.
El financiamiento y gasto ilegal en campañas políticas daña a nuestra
democracia pues permite “comprar” las
elecciones y no ganarlas en una competencia justa. Pierde el gobierno con la
corrupción en las contrataciones públicas que se hacen para pagar “favores” y con
el desvío de recursos para las campañas políticas. Pierden los trabajadores del
gobierno a quienes se les obliga a “cooperar” con la causa. Pierden empresarios
y particulares que creen que se beneficiarán de esta corrupción.
Pierde la democracia en general, pues las elecciones se venden al mejor
postor.
Para que México tenga una verdadera democracia es necesario evitar la corrupción
que hace fluir dinero ilícito hacia las campañas políticas e impedir que los
operadores políticos se enriquezcan. De otra forma, tendremos los gobiernos que los grupos de
interés que cuenten con los recursos, partidos y puestos públicos, puedan
comprar.
