“¿Dónde está la sabiduría que
extraviamos en el conocimiento?
¿Dónde está el conocimiento que perdimos en la información?”
― T.S. Eliot
¿Dónde está el conocimiento que perdimos en la información?”
― T.S. Eliot
Para Blanca Lilia,
Tania y Agustín con aprecio
Por: Octavio Díaz García de León
La idea: El gobierno
gasta recursos cuantiosos en darle transparencia a su gestión porque el acceso
a la información pública es un derecho plasmado en la Constitución. Son ya casi
20 años de estar inmersos en este proceso de transparencia pero existen
pendientes que atender. Los dos nuevos comisionados del INAI, que serán
nombrados pronto, tendrán el reto, junto con sus colegas y nuevo presidente, de
impulsar los avances que hacen falta.
El Presidente de la República lleva a cabo conferencias de prensa
diarias y con ello, satisface la necesidad de una buena parte de la población
por conocer que es lo que hace su gobierno. La Secretaría de Salud proporciona
información todos los días sobre la pandemia. Ambas conferencias son una
muestra de transparencia de la actual administración y si bien generan
polémica y debate, de eso se trata: de que haya información para que la
sociedad conozca y opine.
La transparencia en la actividad gubernamental se logró mediante
un fuerte impulso de la sociedad civil y ha tenido dos hitos legislativos en
nuestro país: uno en 2002 y otro que inicia en 2014. El primero sentó las bases
del acceso a la información y la protección de datos personales con
sencillez y el segundo hizo la tarea de transparencia más compleja. Esta
última fortaleció al organismo garante federal, el INAI, pero quizá le
dio más atribuciones de las que ha podido digerir.
Posiblemente en la última reforma hubo excesos al multiplicar las obligaciones
de transparencia, pero fue un gran logro que aumentara el número de sujetos
obligados. Para el INAI acentuó una dicotomía: garantizar el acceso a la
información pública y por otra parte proteger los datos personales,
además de que le dio muchas responsabilidades adicionales.
El Estado mexicano gasta mucho en transparencia y no me refiero al INAI,
que es una institución austera y cuyos recursos, ante las tareas encomendadas, más
bien son insuficientes.
Me refiero al gasto que implica mantener actualizadas las
obligaciones de trasparencia que pueden llegar a ser hasta 78 por institución.
Al gasto por dar respuesta en plazos cortos a solicitudes de información
cuyo alcance no tiene límite, lo cual en ocasiones implica un trabajo
institucional extraordinario. Al gasto que implica la elaboración de
libros blancos e informes que se realzan al finalizar cada sexenio y a una gran
cantidad de informes que las instituciones producen cotidianamente.
Quizá tenemos abundancia de oferta de información pública, pero no
suficiente demanda de la misma. ¿Está la sociedad sacando provecho de toda esa información?
¿Le es realmente útil?
Por ejemplo, sería interesante que el INAI publicara estadísticas
de cuantos accesos tienen cada una de las obligaciones de transparencia
por institución. O cuantas personas consultan los libros blancos o cuantos leen
los informes que los órganos internos de control presentan cada semestre.
Quizá sería conveniente, también, el separar en otra institución la
tarea de protección de datos personales y crear una Ley de Secretos de Estado por
razones de Seguridad Nacional.
En cuanto a la información pública gubernamental quizá sea
conveniente mejorar la oferta, no en cantidad, que eso solo juega a favor de la
opacidad, sino en calidad, confiabilidad
y veracidad de la misma;
impulsando el uso de lenguaje ciudadano.
En este sentido, en un artículo reciente, Diego Valadés (https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/derecho-a-la-verdad-2020-05-20/op180424?pc=102 ) propugnaba por
un “derecho a la verdad” en el cual todo funcionario público estuviese obligado
a decir la verdad. No basta el derecho al acceso a la información, es
necesario que ésta sea veraz.
En cuanto al uso de la información púbica se requiere
despertar el interés de la sociedad por la misma, no solo para mostrar donde se
encuentra y como conseguirla, sino como usarla y entender materias como el
presupuesto, las adquisiciones y la obra pública.
Ya existen académicos y
periodistas que han sabido utilizar la información pública para
desenmascarar actos de corrupción como en el caso de la ”Estafa Maestra”, pero
una sociedad vigilante sobre el quehacer gubernamental requiere saber que significa
la información que se está generando.
Por otra parte, a pesar de los avances en transparencia, se sigue
practicando la opacidad, intentando ocultar información. Se debe seguir
combatiendo estas prácticas con sanciones ejemplares.
Al INAI se le presenta una gran oportunidad ahora que ingresan
dos nuevos comisionados y que renovará su presidencia, para hacer un
alto en el camino, repensar lo que se ha hecho, analizar el costo/beneficio
de la transparencia para la sociedad y plantear iniciativas que mejoren
esa relación.
Una nueva etapa de renovación podría suceder si los nuevos
comisionados tienen el perfil adecuado y la nueva presidencia aporta una visión
renovadora para encabezar la transformación del INAI. Ojalá el Senado
incorpore a los mejores candidatos para este propósito.
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