Por: Octavio Díaz García de León.
La idea: Después de una gran consulta ciudadana
y de un enorme trabajo integrando
estudios y diversas opiniones, se formuló una propuesta de Política Nacional
Anticorrupción. Una contribución valiosa a la ya larga lista de estudios y
propuestas sobre combate a la corrupción. Sin embargo, el reto sigue estando en
producir resultados y no está claro si esta política los dará.
El Comité de Participación Ciudadana
junto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) publicó una propuesta de Política Nacional
Anticorrupción que consta de 185 páginas
(https://cpc.org.mx/?page_id=13916),
la cual incluyó una consulta ciudadana a
14,079 personas, 64 entrevistas a profundidad a expertos y ocho foros
regionales.
Del diagnóstico que se presenta en dicho
documento se desprende que hay altos niveles de impunidad, persistencia de
amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público, débil involucramiento
de la sociedad en el control de la corrupción y distorsión de la relación
gobierno-sociedad que propicia el uso de corrupción como norma de relación.
A partir de estos fenómenos se plantean
cuatro grandes ejes que atienden estos problemas y se proponen 60 prioridades
para atenderlos.
Una radiografía del documento nos arroja
que de las 185 páginas de la propuesta, un 15.6% se dedicó a la introducción,
metodología y referencias, un 63.2% se dedicó al diagnóstico, un 16.2% a
describir la política y solo un 4.3% del documento a lo que yo creo es el meollo del problema: a la implementación, seguimiento y evaluación de
la política. Quizás esto último sea el
verdadero reto, suponiendo que la política sea la adecuada.
Pero la política propuesta tiene algunas
deficiencias. Empezando porque es desafortunado que fueran 60 prioridades,
lo cual impide distinguir aquellas que son más importantes
pues no todas tienen la misma relevancia.
Hizo falta también conocer cuál es el
impacto que cada una de estas prioridades tendrán en reducir la corrupción y
entender cuál es la relación causa - efecto entre las prioridades propuestas y
el abatimiento de la corrupción.
En
ese sentido, no está claro cuál podría ser el impacto en reducir la corrupción de
algunas prioridades; por ejemplo: generar
un catálogo nacional de programas sociales; formar una coalición de empresas íntegras; fortalecer el papel de los Comités
de Participación Ciudadana en los procesos de comunicación a ciudadanos y otros
actores acerca de su rol e importancia en el combate a la corrupción; fomentar procesos
de colaboración interinstitucional entre el SNA y el sistema educativo en
materia de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos; promover la
generación de criterios mínimos para la elaboración y aplicación de políticas
de recursos humanos por parte de los entes públicos, etc.
Las sesenta prioridades podrían parecer un catálogo de buenas intenciones sobre una
diversidad de temas a los que se intenta conectar con el combate a la
corrupción.
El documento quizás pudo ser más
sencillo. Tener a lo mejor cinco prioridades en lugar de 60. Identificando
aquellas acciones que más impacto tienen en el combate a la corrupción con una
relación causa – efecto demostrada por las experiencias internacionales y
locales.
Por otra parte, entre las prioridades no está, por ejemplo, el revisar
y modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuyas
deficiencias propician la impunidad y dificultan de manera directa el combate a
la corrupción.
¿Qué va a pasar ahora con este documento?
Se presentará ante el Comité Coordinador del SNA. De ser aprobado, el reto
estará en llevar a cabo las 60 prioridades lo cual representará un gran
esfuerzo institucional con el riesgo de que podrían diluirse con las tareas cotidianas de
las instituciones del SNA.
Por lo pronto, con la nueva
administración federal se empiezan a ver los primeros resultados de combate a
la corrupción en casos emblemáticos, tales como la compra de la Planta de Agronitrogenados y Fertinal por
parte de PEMEX, las complicidades de funcionarios de PEMEX en el robo de
combustibles y otros casos que se están investigando.
Es interesante ver que las instituciones
encargadas del combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública, la
Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República junto
con la Fiscalía Anticorrupción están trabajando en estos casos con mucha
coordinación sin pasar por los mecanismos del Sistema Nacional Anticorrupción.
¿Implica esto que quizá el SNA ya no es
necesario? Habrá que ver qué sucede con la Política Anticorrupción propuesta y
con el propio SNA. Por lo pronto lo importante es que se vean resultados tangibles en el combate a la
corrupción.
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