Por: Octavio Díaz García de León
Como ocurre en cada sexenio desde que el presidente Fox introdujo en
2002 el primer código de ética para el gobierno federal, en noviembre de 2025
la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó una nueva versión de este
instrumento (Código 2025).
De la conducta
individual a la integridad institucional
El Código 2025 representa un avance respecto del anterior emitido en 2022
porque este último estaba más centrado en el cumplimiento formal y en el
combate a la corrupción y el nuevo documento incorpora temas como
sostenibilidad, igualdad, trato digno, prevención del acoso, uso responsable de
los recursos públicos, cuidado del entorno y solución de dilemas éticos.
La corrupción y las malas prácticas no se combaten únicamente
sancionando conductas indebidas. También se requiere construir instituciones
capaces de prevenir riesgos, orientar decisiones y generar ambientes laborales
donde la integridad sea una práctica cotidiana. En ese sentido, el Código 2025
reconoce que la ética pública no depende sólo de la voluntad individual de cada
servidor público, sino también del diseño institucional y de los mecanismos de
seguimiento.
Un documento demasiado
amplio
Sin embargo, el Código 2025 también presenta limitaciones importantes. Una relevante es su dimensión excesiva. El documento contiene demasiados conceptos,
lo que afecta su eficacia a la hora de aplicarse. La extensión del código —con
12 principios, 6 valores, 11 reglas de integridad y 170 conductas deseables y
prohibidas — dificulta la memorización y supera fácilmente lo que una persona
puede recordar o aplicar en la práctica cotidiana.
Un código de ética debe ser claro, breve y funcional.
Su utilidad depende de que una persona pueda entenderlo, recordarlo y usarlo
cuando toma una decisión. Si el código contiene demasiadas categorías,
principios y reglas, corre el riesgo de convertirse en un documento formal que
se firma al ingresar al gobierno, pero que rara vez se consulta o interioriza.
La
confusión entre ética y responsabilidad administrativa
Otro problema es la relación entre el Código de
Ética y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). En términos
generales, los códigos de ética buscan orientar comportamientos y construir una
cultura institucional. Por ello, resulta inapropiado sancionar violaciones al
código de ética como pretende la LGRA. En
ella se estableció que la violación al
código de ética era también una falta administrativa no grave. Así, se mezcló
indebidamente el cumplimiento de un código de ética con el cumplimiento de esta
Ley. Para agravar la confusión, diversos artículos del Código 2025 se
refieren a conductas que, de no cumplirse, de todas maneras ya están
contempladas en la LGRA como faltas administrativas. Así, se producen
contradicciones importantes: por una parte, la violación al código de ética es
una falta no grave, pero algunas conductas violatorias del código, serían una
falta grave bajo dicha Ley. (Ver artículo)
Lo
que enseña el sector privado
En mi experiencia en empresas multinacionales, los
códigos de ética funcionan porque suelen ser breves, estar vinculados a riesgos concretos y promueven
comportamientos deseados. Además, son impulsados desde el más alto nivel de la
organización. El presidente del consejo, el director general y los principales
ejecutivos participan en su difusión, explican su importancia y dejan claro qué
conductas son inaceptables. El seguimiento diario recae en áreas con jerarquía,
recursos y autoridad suficiente.
En contraste, en el gobierno federal estos
instrumentos suelen quedar en manos de comités de ética, áreas administrativas
de bajo nivel u órganos internos de control. El código de ética gubernamental pierde
fuerza cuando no es promovido y cumplido de manera visible por los titulares de
las dependencias, entidades y máximas autoridades de organismos y poderes
autónomos.
Un
avance que puede quedarse en aspiración
El Código 2025 representa un avance sobre el de
2022. Introduce una visión más moderna de integridad pública, incorpora
herramientas para atender dilemas éticos y reconoce la necesidad de prevenir
riesgos antes de que se conviertan en irregularidades. Sin embargo, mantiene
debilidades estructurales: exceso de conceptos, baja operatividad, confusión
con el régimen de responsabilidades administrativas, ausencia de indicadores
claros y poca vinculación con los riesgos específicos de cada institución.
El comportamiento ético de los servidores públicos no
mejora sólo con publicar un nuevo código. Mejora cuando entienden qué se espera
de ellos, cuando sus superiores predican con el ejemplo, cuando existen canales
confiables de consulta y denuncia y cuando las instituciones responden de
manera consistente frente a conductas indebidas. Por ello, el éxito del Código
2025 dependerá de que se traduzca en capacitación práctica, liderazgo
institucional, indicadores verificables y comités de ética con verdadera
capacidad de actuación. De lo contrario, seguirá siendo un documento bien
intencionado, pero de eficacia limitada.
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