POR:
OCTAVIO DÍAZ G. L.
@octaviodiazg
En
las noticias sobre la mansión ubicada en Sierra Gorda 150 en las Lomas de Chapultepec de la Cd. de
México, que ha sido bautizada por los medios como la “Casa Blanca”, y que pasaría a ser propiedad de la Primera Dama Angélica Rivera aunque ya indicó que venderá los derechos del contrato de adquisición de la casa, se ha puesto
el acento en cuestionar si este es un posible caso de corrupción que podría involucrar
al Presidente, su familia y a funcionarios de la SCT o bien si hubo omisiones de carácter administrativo que deben ser subsanadas y sujetas a
investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Pero
en las notas que circulan en la prensa nacional y extranjera, no he visto nada acerca
de la posible responsabilidad que pudiera tener la empresa Ingeniería
Inmobiliaria del Centro. Esta empresa construyó
dicha casa y financió el total del valor de la propiedad ($54 millones de pesos) a la Primera Dama quien la pagaría en 55 mensualidades de $560,000 pesos y 5 anualidades de $7 MDP con los 3 años iniciales pagando sólo intereses sobre el capital. Al final la Primera Dama habría tenido que pagar $80.5 MDP según mis cálculos, de los cuales en diciembre de este año llevaría pagados ya $14.5 MDP ($405,000 pesos mensuales de intereses y no está claro si todas estas cifras incluyen los IVA´s respectivos) Ésta empresa
pertenece al Grupo HIGA, al igual que una de las empresas - Constructora
Teya - que ganaron la licitación del
tren rápido a Querétaro. Aunque posteriormente dicha licitación fue cancelada por el Secretario Ruiz Esparza, en los medios y redes sociales se ha supuesto
que existe relación entre ambos asuntos. Grupo HIGA es propiedad de Juan
Armando Hinojosa Cantú en donde también participaba su hijo, fallecido en un
accidente aéreo, Juan Armando Hinojosa García, ambos amigos del presidente
Peña. Este Grupo recibió contratos por más
de 8 mil millones de pesos durante la administración del gobernador Peña Nieto
en el Estado de México, de acuerdo a diversas notas periodísticas. Además según nuevas notas periodísticas, también en este sexenio es importante contratista del gobierno federal.
En
cuanto a la “Casa Blanca”, de acuerdo con el comunicado dado a conocer por la
Primera Dama este 18 de noviembre por la noche, procederá a vender los derechos del contrato que tiene con la empresa Ingeniería Inmobiliaria
del Centro. Con sus declaraciones a través de un vídeo, la Primera Dama ha procedido a transparentar una operación comercial entre particulares pero en el que el constructor de la casa de las Lomas es y ha sido un importante contratista del gobierno del Estado de México y del gobierno federal durante las administraciones del entonces gobernador y ahora presidente Peña. Todavía falta aclarar si hubo alguna relación entre la construcción de la casa y la licitación del tren México-Querétaro que llevó a cabo la SCT y también es muy importante que el empresario
Hinojosa Cantú aclare cuál ha sido su papel en estos acontecimientos.
Para
que haya un acto de corrupción se requieren dos partes: el servidor público que
acepta un soborno y, tratándose de contrataciones públicas, el empresario que lo ofrece. De haberse realizado algo
inapropiado, el empresario tendría que enfrentar su responsabilidad también.
Además, hay que recordar que no era sólo Constructora Teya quien ganó la
licitación. En el consorcio ganador estaban también China Railway Construction
Corporation, Prodemex de Olegario Vázquez Adir y GIA de Hipólito Gerard, cuñado
del ex presidente Salinas de Gortari (Ver nota aquí) por lo que, de ser necesario, también estas empresas tendrán que deslindarse
del asunto.
Lo importante ahora es determinar si Grupo
HIGA y sus socios ganaron la licitación
del tren México a Querétaro que realizó la SCT a cambio de la “Casa Blanca”; o
bien si la construcción de la casa tuvo alguna relación con los contratos que
ganó en el Estado de México; o si la construcción de la casa se trata de una
relación de tipo comercial entre dos particulares a quienes une un lazo de amistad; o, finalmente,
una combinación de estas tres posibilidades.
Si
la PGR y la SFP llegan a investigar el caso y se considera que hay elementos
suficientes, el empresario Hinojosa
Cantú podría estar sujeto a procesos
penales y administrativos. La Ley es clara al respecto. El Código Penal Federal
en su artículo 222 respecto al Cohecho, dice que cometen el delito de cohecho “
II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a...
(servidor público o interpósita persona)… para que cualquier servidor público
haga u omita un acto… relacionado con sus funciones.” Delito que es penado con
prisión y decomiso de los bienes entregados como cohecho. Por otra parte está la Ley Federal Anticorrupción
en Contrataciones Públicas que en su artículo 8 dice que las personas físicas, morales
o sus representantes que ofrezcan dinero o dádivas a servidores públicos que intervengan o
tengan injerencia en una contratación pública para obtener una ventaja o
beneficio indebidos en las contrataciones públicas federales serán sujetos a
procedimientos administrativos y en su caso a sanciones que van desde inhabilitaciones hasta multas
con montos muy elevados.
Antes
deberán realizarse las investigaciones respectivas. Con los indicios que se han
dado a conocer, la PGR seguramente podrá abrir una investigación del Grupo HIGA
y sus socios y la SFP deberá determinar si hubo violaciones a la Ley
Anticorrupción. Esto con independencia de las posibles responsabilidades de los
servidores públicos que participaron en la licitación del tren, todos ellos de
la SCT. Lo importante es no perder de vista la responsabilidad de los empresarios
involucrados en ambos asuntos, de comprobarse acciones indebidas.
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