POR:
OCTAVIO DÍAZ G. L.
@octaviodiazg
Los
acontecimientos de Iguala y lo que ocurre en otros municipios del país ha puesto de manifiesto el fracaso (con
sus excepciones) de las policías locales – estatal y municipal - que en el
mejor de los casos están mal dirigidas y en el peor, han caído víctimas de la
corrupción y la infiltración de delincuentes. Dicho fracaso es lo que más afecta a la población en materia de
seguridad. Basta ver la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre
Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) del INEGI para saber que se cometieron en 2013
más de 33 millones de delitos del fuero común y el 98% permanecen en la
impunidad, afectando a 28 de cada 100 habitantes con homicidios, secuestros, asaltos, extorsiones, robos
a casa, robos de vehículos, etc. Los
ejemplos de malas policías estatales o municipales se dan en Guerrero, Morelos,
Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y en
otros estados de la república, en donde se han puesto al servicio de las
bandas del crimen organizado o simplemente han sido rebasadas y son inoperantes.
De
poco han servido los esfuerzos de la federación para reforzar la actuación de
las policías a nivel local. Por ejemplo, no está claro qué resultados haya
dado el Acuerdo Nacional por la
Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado en agosto de 2008 por los tres
órdenes de gobierno, los tres poderes federales, por organizaciones de la
sociedad civil como ONG´s, sindicatos, iglesias, empresarios y medios de
comunicación y el cual contiene 74 compromisos. Entre estos se encuentran, por
ejemplo, el certificar a policías
locales mediante una evaluación de confianza, crear grupos antisecuestro y aportar
recursos para fortalecer los cuerpos de impartición de justicia. Pero no han
sido evaluados sus resultados y en algunos casos ni siquiera se han cumplido
los compromisos. Asimismo poco han servido los miles de millones de pesos que
se han entregado a los estados por parte de la federación en los últimos seis
años a través de programas de subsidios y transferencias como el FASP, el
SUBSEMUN y el SPA. Tan solo este año el gobierno federal destinó $15,322
millones de pesos a estos programas. Todo ello no ha tenido efecto en mejorar
la seguridad como lo demuestran las encuestas del INEGI.
¿Qué
se puede hacer para resolver el problema de seguridad en nuestro país? Alejandro
Hope - analista de seguridad – ha propuesto en su más reciente columna en El
Universal, que en lugar de certificar a
los policías en materia de control de confianza, se certifiquen a los departamentos de policía y en caso de no
aprobar, que el nivel superior de gobierno asuma la responsabilidad. En un
programa de radio, Gabriel Quadri – analista ambiental - señalaba que ante la incapacidad de estados y municipios la federación asuma
esa responsabilidad. Ambas propuestas presentan obstáculos políticos y de
implementación pero ante la emergencia nacional que vivimos, es necesario
intentar alguno de esos caminos. La propuesta de Hope es más gradual, quizá políticamente más fácil de poner
en marcha y es un modelo ya probado en Estados Unidos. Pero tomaría tiempo en tener un impacto en el problema.
La
opción de federalizar a todas las policías estatales y municipales es quizá más
radical pero de implementación más rápida, una vez que se tengan los acuerdos
políticos. De hecho, existe ya esa situación
de facto en aquellos municipios o estados con gobiernos fallidos. Cada vez que
ocurre una afectación grave a la seguridad pública en algún municipio, las fuerzas
federales llegan a sustituir a los policías de la localidad, a desarmarlos, a
investigarlos y en ocasiones a encarcelarlos. Recordemos la intervención masiva del
gobierno federal en Cd. Juárez el sexenio pasado o en Michoacán en este.
Con
todos los defectos que puedan tener las instituciones federales, éstas son
mucho más sólidas que las instituciones estatales y municipales por lo que
sería una solución el que la federación se haga cargo de las policías en todo
el país. Podrían tomar el mando de esas policías, someterlas a control de
confianza en dependencias federales o en centros locales confiables, seleccionar
a los mejores elementos y dar de baja a los malos, establecer políticas de
recursos humanos uniformes incluyendo sueldos y prestaciones, fortalecer las
áreas de asuntos internos y contraloría, mejorar la seguridad interna y la contrainteligencia
para evitar su infiltración, y darles mandos profesionales que hayan demostrado
resultados (Por ejemplo, los casos de Tijuana y Cd. Juárez y en menor grado
Nuevo León).
Se
puede argumentar que sería darle mucho poder a la federación, que la corrupción
en lugar de afectar a departamentos de policías más pequeños podría afectar a esa
policía nacional con el riesgo que ello implica y otras razones similares; pero
es tiempo de tomar decisiones de gran calado. El presidente Peña ha anunciado
la firma de un nuevo Pacto por la Seguridad. Al momento de escribir estas
líneas aun no se conocía su contenido pero habrá que analizarlo a fondo.
También habrá que evaluar el Acuerdo que se firmó en 2008 para no repetir
los errores. Está bien que haya grandes
acuerdos nacionales, pero sin una implementación adecuada y una evaluación de
sus resultados para corregir lo que no funciona, difícilmente se avanzará en
resolver el problema. Por ello no basta
con que haya voluntad para firmarlo. Lo que urgen son medidas eficaces ante
un problema que por su gravedad amenaza a la Seguridad Nacional. El país ya no
puede esperar.
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