26 de febrero de 2022

INAI: UN RETO DE COMUNCACIÓN

 

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

     La idea: El INAI estuvo en la mira de la opinión pública en días pasados a raíz de una petición insólita por parte del presidente López Obrador en donde este le solicitaba al INAI acciones contrarias a su mandato institucional. La respuesta fue rápida negando dicha petición. Pero ¿conoce la gran mayoría de la población cual es el papel y función del INAI? Quizás no. Y por ello no sorprende la petición del presidente,  quien siempre les habla a sus bases.   

    A raíz de la polémica que el presidente López Obrador sostiene con el periodista Loret de Mola, solicitó  del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) una investigación para hacer públicos los ingresos, bienes y el origen de estos de Loret de Mola, sus socios y familiares. Sugirió donde podían encontrar esta información.  En caso de no tener competencia para ello, preguntó al INAI si él puede dar a conocer documentos sobre los ingresos del periodista en base a documentación que obra en su poder y que le “hicieron llegar los ciudadanos”.


   La respuesta del INAI consistió en un documento de 4 páginas más 13 de anexos donde el INAI explicaba por qué no podía atender su petición, aunque entregó información sobre Loret de Mola en los anexos. El documento estaba acompañado por un comunicado de un par de páginas que sintetizaba dicho documento.

     Esta respuesta fue técnica y legalmente correcta, obsequiosa con el presidente al tratar de ayudarle con la información que buscaba en el anexo donde le había hecho parte de la tarea y en otra parte, quizá poco política, pues lo trataba como ciudadano común y corriente. Aquí la respuesta del INAI.

    Uno de los grandes retos de este tipo de comunicaciones es hacerlo con lenguaje ciudadano entendible para todos y no estoy seguro de que la audiencia a la que siempre se dirige el presiente López Obrador,  entienda comunicados como el del INAI.

   Por una parte,  el presidente hace una petición sencilla, salpicada de explicaciones con carácter de denuncia contra el periodista, fácil de comprender, aunque su petición sea incorrecta y, por otra parte,  se le responde de una manera muy técnica.  

   El presidente López Obrador siempre le está hablando a su base,  formada  quizás por unos 70 millones de mexicanos,  que poco o nada saben de las instituciones del Estado. Para quienes formamos parte de la otra audiencia,  el discurso del presidente a veces nos suena inadecuado, incongruente, erróneo, sin respeto a la legalidad. Pero no así para los demás. El presidente no se dirige a los otros millones de mexicanos que quizá se dan cuenta, por ejemplo,  que no es tarea del INAI hacer lo que solicita.

     En estos casi 20 años desde la fundación del INAI, el cual fue un gran logro del presidente Fox y la sociedad civil que lo impulsó, el acceso a la información pública ha beneficiado a millones de mexicanos. Mas recientemente también se ha beneficiado a millones de personas protegiendo sus datos personales.

    También ha ayudado al combate a la corrupción que se realiza desde la sociedad civil y el periodismo de investigación, auxiliando a descubrir posibles actos de corrupción como la “Casa Blanca” de Las Lomas del entonces presidente Peña Nieto o la Estafa Maestra.

    Pero el INAI no es y nunca ha sido una institución dedicada a investigar posibles actos de corrupción. Tampoco existe una relación directa entre a mayor transparencia,  menor corrupción,  como lo pretendieron muchos de los comisionados de dicho instituto a lo largo de su historia. Esta confusión afectó su imagen al ver la sociedad que por más transparencia que hubiera,  la corrupción no bajaba.

       El reto para el INAI y otras instituciones del Estado Mexicano, especialmente los organismos autónomos que recientemente se han visto cuestionados,  es cómo conectar con esa masa de población que tiene poca educación y poco interés en las tareas de gobierno,  para explicarles el beneficio que le ofrecen a la sociedad. Y allí es donde los enemigos de estas instituciones se aprovechan, por un lado, exhibiendo los sueldos y supuestos privilegios de los funcionarios de estos institutos altamente especializados y por otro,  su supuesta falta de utilidad o el que no están al servicio de la población.

    En el caso del INAI quizás hace falta más lenguaje ciudadano en sus comunicaciones y campañas masivas de difusión dirigidas a estas audiencias con poco conocimiento de las tareas de gobierno, explicando los beneficios que ofrecen las leyes de Transparencia y la de Protección de Datos Personales

     Se está dando una batalla de comunicación que están perdiendo algunas instituciones del gobierno, especialmente los organismos autónomos. Ojalá pudieran cambiar su discurso y acercarse al otro México, al que probablemente usted amigo lector y yo, no pertenecemos.

13 de febrero de 2022

CORRUPCIÓN SIN CORRUPTOS

 

Por: Octavio Díaz García de León


    La idea: El combate a la corrupción ha sido uno de los principales ofrecimientos del presidente López Obrador, especialmente combatir a aquella que ocurría en sexenios pasados. Para ello se ha dedicado a destruir herencias de gobiernos anteriores. Lo que no ha habido es castigo a los supuestos corruptos, porque no se sabe quiénes fueron, ni tampoco se sabe cuáles fueron sus actos de corrupción.

   En la administración del presidente López Obrador se han desmantelado proyectos e instituciones que vienen de sexenios anteriores, con la excusa de la austeridad y el combate a la corrupción. Sin embargo,  no ha habido denuncias, investigaciones ni responsables respecto a esa supuesta corrupción. Se dice que hubo corrupción, pero no hay corruptos. Tampoco se aprecia en que ha ayudado la austeridad.  

    Algunos de estas acciones son:

 

  1.    Cancelación del nuevo aeropuerto. El costo de cancelar este proyecto se estima en cerca de medio billón de pesos (Entre 113 y 331 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación, derivado de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco,  más 80 mil millones de pesos del Aeropuerto Felipe Ángeles). ¿Cuánto fue el ahorro en posibles actos de corrupción comparado con el costo de cancelarlo? No hay una justificación adecuada para este gasto tan extraordinario.    

 

  2.    Cancelación de todos los fideicomisos. Se trasladaron al gasto corriente los ahorros de décadas de gobiernos anteriores que se encontraban en los fideicomisos cancelados. Si bien los recursos de todos los fideicomisos contemplados ascendían a 740 mil millones de pesos, se estima que se pudo disponer de entre 50 y 200 mil millones de pesos, según un estudio de la Cámara de Diputados. Se argumentó que había corrupción en el manejo de los fideicomisos a pesar de que eran entes muy auditados y supervisados, pero no se presentó ningún caso donde se pudieran observar actos de corrupción.  

 

  3.   Cancelación de compras de medicinas. Se cancelaron las compras consolidades de medicamentos que realizaba el IMSS por supuestos actos de corrupción. Estas compras se intentaron centralizar primero en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, quien no pudo con la encomienda,  y posteriormente en el INSABI, la cual,  ante la falta de capacidad técnica y operativa para realizar la labor,  encargó a la UNOPS  estas compras,  a pesar de que esta agencia no tenía experiencia en el tema, no rinde cuentas en México, no le aplica la Ley de Transparencia, cobra una comisión que equivale a más del presupuesto anual de la Secretaría de la Función Pública y ella misma ha tenido problemas de corrupción. No existe ningún investigado o acusado por corrupción en las compras que se realizaban antes a través del IMSS y el problema del desabasto de medicinas se ha convertido en una tragedia humanitaria en nuestro país.

 

   Si bien hay dos casos emblemáticos de combate a la corrupción en este sexenio, el encarcelamiento de Rosario Robles por la Estafa Maestra y el de Emilio Lozoya por el soborno de Odebrecht, fuera de ellos y el procesar a algunos funcionarios menores, el castigo a la corrupción de la Estafa Maestra y a la que ocurre en PEMEX, siguen siendo asignaturas pendientes.  

    Es probable que hubiese indicios de corrupción en los proyectos e instituciones canceladas, pero esto no derivó en investigaciones que permitan castigar a los culpables. Por otra parte,  el gobierno ha pagado un costo elevadísimo por estas acciones sin quedar claro cuál fue el beneficio para la nación. Esto por sí mismo, podría ser un enorme acto de corrupción.

    El combate a la corrupción debe encontrar a los responsables, llevarlos a la cárcel y recuperar el dinero que se robaron. Este combate tampoco puede estar dirigido solamente contra los funcionarios del pasado, sino que debe ser un esfuerzo permanente.

    Por ejemplo,  en el caso de la investigación periodística del supuesto conflicto de interés y posible tráfico de influencias del hijo del presidente López Obrador a cambio del uso de una mansión en Houston, es necesario que las autoridades competentes inicien una investigación al proveedor involucrado y sus contratos con Pemex.

   Sin embargo,  es muy difícil hacer este tipo de investigaciones desde una institución que en última instancia depende del presidente de la República. Recordarán la investigación que realizó la Secretaría de la Función Pública, entonces a cargo de Virgilio Andrade, sobre la compra a un proveedor del gobierno de una casa en Las Lomas,  que realizó la entonces esposa del presidente Peña Nieto. Andrade concluyó que no hubo irregularidades, a pesar de que había indicios de que las hubo.

   Sería mejor si hubiese una agencia anticorrupción realmente independiente o una agencia internacional que operara en México para investigar estos casos con mucha visibilidad política.

   Usar la bandera del combate a la corrupción que existía en el pasado para desmantelar instituciones y proyectos en los que se dijo que había corrupción, pero nunca se probó que hubiese, representa un retroceso en la lucha contra la corrupción.