CORRUPCIÓN SIN CORRUPTOS

 

Por: Octavio Díaz García de León

    La idea: El combate a la corrupción ha sido uno de los principales ofrecimientos del presidente López Obrador, especialmente combatir a aquella que ocurría en sexenios pasados. Para ello se ha dedicado a destruir herencias de gobiernos anteriores. Lo que no ha habido es castigo a los supuestos corruptos, porque no se sabe quiénes fueron, ni tampoco se sabe cuáles fueron sus actos de corrupción.

   En la administración del presidente López Obrador se han desmantelado proyectos e instituciones que vienen de sexenios anteriores, con la excusa de la austeridad y el combate a la corrupción. Sin embargo,  no ha habido denuncias, investigaciones ni responsables respecto a esa supuesta corrupción. Se dice que hubo corrupción, pero no hay corruptos. Tampoco se aprecia en que ha ayudado la austeridad.  

    Algunos de estas acciones son:

 

  1.    Cancelación del nuevo aeropuerto. El costo de cancelar este proyecto se estima en cerca de medio billón de pesos (Entre 113 y 331 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación, derivado de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco,  más 80 mil millones de pesos del Aeropuerto Felipe Ángeles). ¿Cuánto fue el ahorro en posibles actos de corrupción comparado con el costo de cancelarlo? No hay una justificación adecuada para este gasto tan extraordinario.    

 

  2.    Cancelación de todos los fideicomisos. Se trasladaron al gasto corriente los ahorros de décadas de gobiernos anteriores que se encontraban en los fideicomisos cancelados. Si bien los recursos de todos los fideicomisos contemplados ascendían a 740 mil millones de pesos, se estima que se pudo disponer de entre 50 y 200 mil millones de pesos, según un estudio de la Cámara de Diputados. Se argumentó que había corrupción en el manejo de los fideicomisos a pesar de que eran entes muy auditados y supervisados, pero no se presentó ningún caso donde se pudieran observar actos de corrupción.  

 

  3.   Cancelación de compras de medicinas. Se cancelaron las compras consolidades de medicamentos que realizaba el IMSS por supuestos actos de corrupción. Estas compras se intentaron centralizar primero en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, quien no pudo con la encomienda,  y posteriormente en el INSABI, la cual,  ante la falta de capacidad técnica y operativa para realizar la labor,  encargó a la UNOPS  estas compras,  a pesar de que esta agencia no tenía experiencia en el tema, no rinde cuentas en México, no le aplica la Ley de Transparencia, cobra una comisión que equivale a más del presupuesto anual de la Secretaría de la Función Pública y ella misma ha tenido problemas de corrupción. No existe ningún investigado o acusado por corrupción en las compras que se realizaban antes a través del IMSS y el problema del desabasto de medicinas se ha convertido en una tragedia humanitaria en nuestro país.

 

   Si bien hay dos casos emblemáticos de combate a la corrupción en este sexenio, el encarcelamiento de Rosario Robles por la Estafa Maestra y el de Emilio Lozoya por el soborno de Odebrecht, fuera de ellos y el procesar a algunos funcionarios menores, el castigo a la corrupción de la Estafa Maestra y a la que ocurre en PEMEX, siguen siendo asignaturas pendientes.  

    Es probable que hubiese indicios de corrupción en los proyectos e instituciones canceladas, pero esto no derivó en investigaciones que permitan castigar a los culpables. Por otra parte,  el gobierno ha pagado un costo elevadísimo por estas acciones sin quedar claro cuál fue el beneficio para la nación. Esto por sí mismo, podría ser un enorme acto de corrupción.

    El combate a la corrupción debe encontrar a los responsables, llevarlos a la cárcel y recuperar el dinero que se robaron. Este combate tampoco puede estar dirigido solamente contra los funcionarios del pasado, sino que debe ser un esfuerzo permanente.

    Por ejemplo,  en el caso de la investigación periodística del supuesto conflicto de interés y posible tráfico de influencias del hijo del presidente López Obrador a cambio del uso de una mansión en Houston, es necesario que las autoridades competentes inicien una investigación al proveedor involucrado y sus contratos con Pemex.

   Sin embargo,  es muy difícil hacer este tipo de investigaciones desde una institución que en última instancia depende del presidente de la República. Recordarán la investigación que realizó la Secretaría de la Función Pública, entonces a cargo de Virgilio Andrade, sobre la compra a un proveedor del gobierno de una casa en Las Lomas,  que realizó la entonces esposa del presidente Peña Nieto. Andrade concluyó que no hubo irregularidades, a pesar de que había indicios de que las hubo.

   Sería mejor si hubiese una agencia anticorrupción realmente independiente o una agencia internacional que operara en México para investigar estos casos con mucha visibilidad política.

   Usar la bandera del combate a la corrupción que existía en el pasado para desmantelar instituciones y proyectos en los que se dijo que había corrupción, pero nunca se probó que hubiese, representa un retroceso en la lucha contra la corrupción.