28 de febrero de 2015

DEMOCRACIA Y CORRUPCIÓN


Por: Octavio Díaz García de León.
 @octaviodiazg

Para Estefanía

     En días pasados representantes de siete partidos políticos se retiraron de la sesión del Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) en protesta por haberse quitado del orden del día proyectos de acuerdos referentes a evitar la ejecución de programas sociales con fines electorales y evitar la propaganda gubernamental. Y es que la canalización de recursos ilegales a las campañas políticas es un enorme foco de corrupción y atenta contra la democracia al evitar que haya una contienda electoral justa. ¿Han ayudado la alternancia y la democracia a reducir la corrupción en nuestro país o por el contrario la alimentan más?

     Se ha documentado que los partidos políticos incurren en gastos de campaña más allá de lo que permite la Ley y han recurrido a todo tipo de artimañas para obtenerlos y aplicarlos. Desde los arreglos con la delincuencia organizada hasta sofisticados esquemas de lavado de dinero, pasando por el uso de recursos públicos para favorecer a un partido o sus candidatos. Transitamos de un sistema dominado durante  décadas por un solo partido, a la competencia democrática y la alternancia; pero se heredaron las prácticas que viciaban antes  las campañas electorales: la venta de favores para obtener recursos ilícitos y la compra de votos para ganar elecciones. Ahora lo hacen todos los partidos. 

     Desde que Transparencia Internacional ha venido midiendo la corrupción en todo el mundo a través de su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) a partir de 1995,  la calificación de México, en una escala de 0 a 100, ha sido  de 33 en promedio con un máximo de 37 y un mínimo de 26.6. En cuanto al lugar que ocupa con el resto de los países está en el percentil 43 en promedio en el mismo periodo.

      En este lapso de tiempo  llegamos a  la alternancia en el gobierno a partir de 1997 cuando el PRI pierde mayoría en el Congreso federal y durante dos sexenios el PAN gana la Presidencia de la República. En términos generales, aunque en el sexenio de Zedillo el promedio de calificación es un poco más bajo y en el sexenio de Peña ligeramente más alto que en los sexenios panistas, la democracia y la alternancia no han tenido efectos para impactar este Índice.

      La calificación de nuestro país es bastante mala. El hecho de que estemos en el percentil 43 no es halagüeño y ciertamente una calificación de 33 sobre 100  habla  de que los problemas de corrupción que enfrenta el país son bastante serios. Es probable que la calificación en este índice se deteriore para cuando se publique el  de 2015 debido a que la corrupción ha llenado los titulares noticiosos en los últimos meses.

    Uno de los grandes retos para nuestro sistema electoral  es que las campañas se han vuelto demasiado caras y que las asignaciones de recursos que obtienen los partidos legalmente, o no les son suficientes, o los partidos no quieren circunscribirse a ellos. Esto les motiva a buscar dinero ilícito con lo que  se abre la puerta a la corrupción ya que cualquier particular que aporta fondos a una campaña, espera recibir un favor a cambio  una vez que el partido o candidato apoyado reciba el cargo al que aspira. Este pago de favores se da en el mejor de los casos con asignaciones directas de obras públicas, asignaciones directas para la adquisición de bienes y servicios  o  mediante licitaciones simuladas en donde el ganador ha sido seleccionado previamente y en el peor de los escenarios, entregando la plaza a los delincuentes como ha ocurrido en Guerrero y Michoacán.

     Otra forma de corrupción ligada con las campañas electorales es la desviación de recursos públicos o el uso de programas de apoyo a la población como instrumentos de coerción o compra del voto. En el sexenio del Presidente Fox, la entonces Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales, María de los Ángeles Fromow, ahora Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para Implantar el Sistema de Justicia Penal,  implementó, junto con la Secretaría de la Función Pública, un programa de blindaje electoral  para evitar el uso de recursos públicos para apoyar campañas, tales como usar personal del gobierno, vehículos, y usar los  programas sociales para comprar el voto. Valdría la pena que un programa similar se implementara urgentemente para las próximas elecciones.

     La evidencia muestra que más democracia y la alternancia en el poder no han servido para mejorar la calificación en materia de corrupción. Paradójicamente, cuando un nuevo partido entra a gobernar no se ha llevado a cabo la persecución de actos de corrupción de sus antecesores o bien los resultados han sido muy modestos. Ante la avidez de recursos para las campañas, pareciera que  los partidos han optado por una pasividad que los beneficia, en lugar de un combate frontal a estas prácticas. La aprobación de las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción es un primer paso aunque queda  mucho por hacer. Quizá en esta reforma faltó reforzar el combate a la corrupción derivada de los procesos electorales. Allí el INE también deberá fortalecer sus capacidades en la materia.

     Si queremos que la democracia sobreviva y se abatan los niveles de corrupción asociados a las campañas electorales urge que los esfuerzos anticorrupción se enfoquen también a este tema.  La democracia no ha mejorado los niveles de corrupción,  pero la corrupción sí ha deteriorado a la democracia.
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21 de febrero de 2015

AVANCES DE LA REFORMA ANTICORRUPCIÓN



Por: Octavio Díaz García de León.
 @octaviodiazg

     La reforma anticorrupción está avanzando a marchas forzadas pues la idea es que quede lista antes de que termine esta legislatura federal en abril. No ha sido fácil debido a la complejidad del tema. Pero lo urgente es pasar a la acción y en este caso lo perfecto es enemigo de lo oportuno y de lo posible. Hay que recordar que el diseño original que había planteado el presidente Peña al inicio de su mandato contemplaba la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción al mando de un grupo de comisionados y con plena autonomía constitucional. La iniciativa se detuvo en el Congreso pues se quiso incorporar en la dinámica del Pacto por México buscando consensos entre las fuerzas políticas, lo que no se logró. No era una mala propuesta, como lo demuestra el camino que se va a tomar en España con una Oficina Nacional Antifraude, pero tampoco hubo prioridad en limar las diferencias para lograr acuerdos, así que dicha iniciativa se quedó durmiendo durante más de dos años. Debido a los cuestionamientos y escándalos de corrupción que han surgido en los últimos meses, nuevamente tomó importancia impulsar una  reforma anticorrupción.

     El 20 de octubre del año pasado el presidente del PAN, Ricardo Anaya, vio oportuno retomar una iniciativa que contempla la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) - la cual había sido impulsada por la Red por la Rendición de Cuentas - misma que incluso fue apoyada por el presidente Peña. 

    La Red  aglutina a un número importante de organizaciones de la sociedad civil y expertos en el tema y es  coordinada  por el Dr. Mauricio Merino del CIDE. La propuesta recoge las ideas de dicha Red, pero principalmente del Dr. Merino y  de Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana. Según esta nueva propuesta, ya no es necesario crear nuevas instituciones para combatir la corrupción sino reforzar las existentes. Los cuatro pilares institucionales del SNA son:

1.    La Secretaría de la Función Pública renovada y fortalecida.
2.    La Auditoría Superior de la Federación (ASF) con más atribuciones, mayor autonomía y reforzada.
3.    El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa transformado en un tribunal dedicado a sustanciar los procesos de responsabilidades que le turnarían los Órganos Internos de Control (OIC), la SFP y la ASF.
4.    La Fiscalía Anticorrupción dependiente de la Fiscalía General de la República.

     La propuesta es buena, pero el reto estará en los detalles. En una mesa de discusión el pasado 16 de febrero de la Red por la Rendición de Cuentas a la que el Dr. Mauricio Merino me hizo favor de invitarme y a la que asistieron, entre otros,  Luis Carlos Ugalde, José Octavio López Presa de Causa en Común, Roy Campos, María Marván y Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana,  el Ing. Rogelio Sada Zambrano, Ángel Trinidad, Mariana Campos de México Evalúa, el Dr. Enrique Cárdenas del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y diputados del PAN y el PRD, se consideró que la reforma debía considerar los siguientes aspectos:

1.    Las  cuatro instituciones deben tener  autonomía de gestión. El sistema anticorrupción no puede depender del Poder Ejecutivo.
2.    Los titulares de las instituciones y su personal deben ser imparciales y con amplias credenciales profesionales en estos temas. En algunas instituciones como la ASF, esto se ha logrado.  
3.    Las cuatro instituciones deben tener los recursos materiales y humanos para atender las tareas que implican un combate efectivo a la corrupción. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, está formada con los recursos de la  Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR que hoy en día tiene alrededor de 40 personas  y sería totalmente insuficiente para desempeñar sus tareas.
4.    El sistema anticorrupción tiene que tener alcance nacional. Es necesario que funcione en los tres poderes, organismos autónomos y en los tres niveles de gobierno y no solo en el ejecutivo federal.
5.    Se requiere un gran trabajo legislativo en materia de las leyes secundarias respectivas.
6.    Me permití sugerir en dicho foro que hará falta un Secretariado Ejecutivo que articule a todo el Sistema Nacional Anticorrupción, quizá algo parecido al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  que cuente con programas de subsidios a estados y municipios para impulsar la lucha contra la corrupción.

      Todo ello es un gran reto para el Congreso y para quien sea responsable de poner en marcha el SNA. Hizo falta que a dicha reunión acudieran diputados del  PRI, PANAL y PVEM para que escucharan a la sociedad civil. La reforma no puede tener sesgos partidistas sino ser una propuesta de estado. Entiendo que la  Red ha tenido discusiones en petit comité con funcionarios de la Presidencia de la República, lo cual ayudará también a lograr los consensos para sacar adelante la reforma.

     Sin embargo, aún si saliera pronto la reforma constitucional, faltarían meses para tener la legislación secundaria lista y luego años quizá para tener instituciones como las pretende esta reforma. Si hacemos cuentas, no alcanzará  este sexenio para tener resultados tangibles. Pero eso no impide que con lo que hoy existe se logren resultados inmediatos. No es necesario esperar a las reformas para que empiece la lucha contra la corrupción.  


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13 de febrero de 2015

LOS LÍMITES DE LA CORRUPCIÓN



Por: Octavio Díaz García de León.
 @octaviodiazg


      Las noticias sobre corrupción, entre ellas el conflicto de interés, no son nuevas y desde hace años ocupan buena parte de las noticias nacionales. Sin embargo,    desde hace cuatro meses se ha desbordado  en la opinión pública la preocupación por estas conductas anti sociales que tanto dañan al país. El caso más reciente fue dado a conocer por el periódico The New York Times en una investigación que reveló las compras de bienes raíces en Estados Unidos que realizó el ex gobernador de Oaxaca José Murat y  su familia, entre ellos su hijo Alejandro ahora Director General del INFONAVIT. 

     Ésta investigación periodística  revela los mecanismos que utilizan personajes de dudosa fama de todo el mundo para adquirir propiedades en Estados Unidos. Crean empresas cuyo único propósito es la adquisición de estas propiedades ocultando a los verdaderos dueños. La preocupación en Estados Unidos es que podría tratarse de casos de lavado de dinero o de personajes perseguidos por la justicia en sus países de origen. El periódico presentó en su extenso reportaje de manera destacada a  cuatro personas originarias de India, Rusia, México y Malasia que adquirieron propiedades muy caras en Estados Unidos y cuya fortuna es de dudosa procedencia. Desafortunadamente México, a través de la familia Murat, está en este selecto club de la sospecha.

     Nuevamente tenemos el caso de un gobernador que se hace de una fortuna inexplicable. Pero esto  ya parece la regla y no la excepción. Por ejemplo,   el actual gobernador Duarte de Chihuahua, el ex gobernador Reynoso de Aguascalientes, el ex gobernador Granier de Tabasco, el ex gobernador Yarrington de Tamaulipas, el ex gobernador Vallejo de Michoacán, el ex gobernador Montiel del Estado de México  etc., etc. Ahora está en curso una investigación que involucra al  hermano del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre, y a otros miembros de su familia en connivencia con un grupo de amigos cercanos.
 
     Como mencionaba en un artículo anterior, la corrupción no es innata al mexicano,  ni cultural,  sino producto de la debilidad de las instituciones de nuestro país. Quizá  la corrupción se haya  aceptado con resignación debido a la impotencia por evitarla pero se ha convertido ya en un clamor nacional,  incluso en el extranjero,  que se haga algo por combatirla. Algo similar está ocurriendo en materia de seguridad donde la sociedad ya también está alcanzando su límite de tolerancia, ante la incapacidad del  Estado.

    ¿Por qué se está llegando al límite? A las notas que divulga  la prensa todos los días, se suma la experiencia cotidiana de millones de personas, desde aquellas  a las que se les pide soborno en trámites sencillos o violaciones menores a reglamentos,  hasta empresarios honestos de todos los tamaños que son desplazados en contrataciones públicas por empresarios y funcionarios cómplices en compras amañadas. También ha influido en llegar al límite el que se haya desatado recientemente una corrupción avorazada. Como decía en su columna del 13 de febrero en Reforma Manuel J. Jáuregui: “…antes los funcionarios cochambrosos se conformaban con “un módico 10%” de moche, hoy no se mueve un asunto por menos del 30 por ciento ¡de ida y de venida!  Esto es, cuando otorgan el contrato y luego a la hora de liquidar su costo.”

     Los empresarios ya han enfocado sus esfuerzos a combatir la corrupción. Esa es su nueva prioridad. Aunque la seguridad pública no ha dejado de ser gran motivo de preocupación, la importancia del combate a la corrupción ha cobrado relevancia. Recientemente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aprobó un Código de Integridad y Ética Empresarial (Ver documento)  y su presidente emitió una importante declaración el pasado 9 de febrero (Ver documento)  para proponer una lucha frontal contra la corrupción. Dice el presidente del CCE: “Los niveles de corrupción existentes, en la percepción pública y en los hechos, la indignación de los mexicanos por la impunidad, el daño que todo esto ocasiona a la confianza social, a la estabilidad institucional y al erario público, además de la imagen del país, son incompatibles con la nación nueva que todos tenemos que seguir construyendo, con el desarrollo de la economía y de la democracia.”   

    Ante este descontento público y los cuestionamientos a nivel internacional que han deteriorado la imagen de nuestro país, urge no solo que se implemente el sistema anti corrupción de inmediato, sino que empiece a dar resultados lo más pronto posible. No importa cual sistema anti corrupción sea. Lo importante es que ya funcione y se vaya perfeccionando con el tiempo. No se trata de diseñar algo perfecto sino de pasar a la acción de inmediato.

     Si no hay una contención a la corrupción, el descontento social va a seguir creciendo de forma tal que  los tres poderes, los tres órdenes de gobierno y los organismos autónomos sufrirán un creciente  desprestigio,  perdiendo  efectividad en su actuar y amenazando incluso a la gobernabilidad.  Seguirle apostando a la pasividad y conformidad de la gente puede ser una receta peligrosa. La primavera árabe se dio sin  aviso y se desencadenó por incidentes aparentemente menores. En México, el otoño pasado ya tuvimos señales de alarma que no hay que dejar pasar.

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6 de febrero de 2015

¿QUIÉN DEBE INVESTIGAR LOS CONFLICTOS DE INTERÉS?


Por: Octavio Díaz García de León.
 @octaviodiazg

      El presidente Peña nombró Secretario de la Función Pública al Mtro. Virgilio Andrade el pasado 3 de febrero, después de dos años que el puesto estuvo vacante.  Esta Secretaría desapareció cuando se dio  la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en enero de 2013 pero se mantenía con vida gracias a un artículo transitorio de esa reforma. El subsecretario Olivas asumió las funciones de encargado del despacho y así funcionó esa Secretaría por 26 meses. Este nombramiento da indicios de que la reforma para crear al Sistema Nacional Anticorrupción (Ver artículo) se empieza a materializar, ya que uno de los elementos de la misma es  no desaparecer sino fortalecer a dicha Secretaría.

     El día que dio posesión al secretario Andrade, el presidente Peña instruyó a la  “…Secretaría de la Función Pública (SFP) que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados  por dependencias federales a empresas que celebraron compraventa de inmuebles con mi esposa, con el titular de la SHCP y con un servidor.” Esto con el propósito de despejar las dudas que han surgido en la prensa nacional e internacional respecto a estas operaciones.  (Ver artículo).

   El  encomendarle esa tarea al nuevo Secretario ha sido duramente cuestionado en la prensa por considerar que un subordinado difícilmente investigará a su jefe y que a su vez esa instrucción  puede representar un nuevo conflicto de interés. Gabriel Guerra, analista de Televisa,  al comentar el discurso del Presidente hizo notar que, además de darle instrucciones al Secretario para que investigara los posibles conflictos de interés,  a la vez le daba las razones por las cuales él no había incurrido en estas conductas lo cual pone en un predicamento al Secretario: tener que investigar algo sobre lo que su jefe ya le dijo que no hay nada que perseguir. 

     Mencionaba el Presidente,  con justa razón, que él no participa en los procesos de adquisiciones o de obras públicas, ni en los comités respectivos que regulan dichos procesos ya que eso lo hacen sus subordinados. Pero allí está el detalle. Sus subordinados responden a sus instrucciones. Cuando el Secretario de Comunicaciones y Transportes canceló la licitación del tren México a Querétaro dijo que lo hacía  por instrucciones del Presidente. Se puso en evidencia que las decisiones también las toma el Presidente en esas materias.

     Pero el presidente Peña está en lo correcto en el fondo del asunto. Estos casos se deben investigar para despejar cualquier duda al respecto. El problema está en que quien debió hacerlo desde hace tiempo ha sido totalmente omiso. Me refiero al Congreso Federal quien debió instaurar una comisión investigadora que aclarara si hubo o no conflictos de interés. Para eso existe la división de poderes: para que el Poder Legislativo actúe como contrapeso del Poder Ejecutivo. Debido a  esta omisión,  al Presidente no le ha quedado más que ordenar a la Secretaría de la Función Pública que investigue dichos casos.

     El conflicto de interés está tipificado en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el artículo 8 fracción XII y el incurrir en esa conducta se tipifica como falta administrativa grave; sin embargo de acuerdo al Art. 108 Constitucional tratándose del Presidente solo se le puede acusar  por traición a la Patria o delito grave de orden común. En el caso de secretarios de despacho, según mi interpretación, no habría impedimento para instaurar un proceso de responsabilidades administrativas en caso de que se contara con elementos. 

     Así que de darse una investigación sobre conflicto de interés no habría consecuencias legales en el caso del Presidente y en el caso de algún secretario, de ser encontrado responsable,  probablemente la sanción sería leve. ¿Vale la pena entonces realizar la investigación? El marco legal que existe en materia de conflicto de interés es insuficiente para que tenga algún efecto disuasivo o correctivo. Esto y la ausencia de organismos autónomos que puedan investigar estos casos junto con la reticencia del Congreso a intervenir, nos hace pensar que el asunto no llegará muy lejos y permanecerá la impresión negativa en la opinión pública.

     Hay otras consideraciones a tomar en cuenta (Ver artículo). Los funcionarios públicos deben ser muy cuidadosos en sus relaciones con empresarios. La publicación de la manifestación de interés podría ser un buen primer paso para que los funcionarios de alto nivel se abstengan de intervenir para favorecer a empresas de amigos.  Esto plantea también cambiar el paradigma al que algunos empresarios están acostumbrados: ganan contratos con el gobierno en base a sus relaciones y no gracias a que son competitivos sus productos y servicios. 

     Creo que es muy loable que el Presidente quiera aclarar estos temas que han  afectado la imagen de su gobierno. Independientemente de lo que pueda hacer el nuevo Secretario de la Función Pública respecto a esta tarea, no hay que perder de vista que  la función de la SFP  va más allá de estos casos  y su labor será de mayor  trascendencia al encabezar un esfuerzo renovado en el tema de combate a la corrupción mediante  la mejora del control interno y la prevención de actos de corrupción. Por otra parte hace falta que el Congreso haga su tarea fortaleciendo el marco legal y no dejando en manos del Poder Ejecutivo el investigarse a sí mismo.

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