Por:
Octavio Díaz García de León.
@octaviodiazg
Las
noticias sobre corrupción, entre ellas el conflicto de interés, no son nuevas y
desde hace años ocupan buena parte de las noticias nacionales. Sin
embargo, desde hace cuatro meses se ha desbordado en la opinión pública la preocupación por
estas conductas anti sociales que tanto dañan al país. El caso más reciente fue
dado a conocer por el periódico The New
York Times en una investigación que reveló las compras de bienes raíces en
Estados Unidos que realizó el ex gobernador de Oaxaca José Murat y su familia, entre ellos su hijo Alejandro ahora
Director General del INFONAVIT.
Ésta investigación periodística revela los mecanismos que utilizan personajes
de dudosa fama de todo el mundo para adquirir propiedades en Estados Unidos. Crean
empresas cuyo único propósito es la adquisición de estas propiedades ocultando a
los verdaderos dueños. La preocupación en Estados Unidos es que podría tratarse
de casos de lavado de dinero o de personajes perseguidos por la justicia en sus
países de origen. El periódico presentó en su extenso reportaje de manera
destacada a cuatro personas originarias
de India, Rusia, México y Malasia que adquirieron propiedades muy caras en
Estados Unidos y cuya fortuna es de dudosa procedencia. Desafortunadamente
México, a través de la familia Murat, está en este selecto club de la sospecha.
Nuevamente
tenemos el caso de un gobernador que se hace de una fortuna inexplicable. Pero esto
ya parece la regla y no la excepción.
Por ejemplo, el actual gobernador Duarte de Chihuahua, el
ex gobernador Reynoso de Aguascalientes, el ex gobernador Granier de Tabasco,
el ex gobernador Yarrington de Tamaulipas, el ex gobernador Vallejo de
Michoacán, el ex gobernador Montiel del Estado de México etc., etc. Ahora está en curso una investigación que involucra al hermano del gobernador con licencia de Guerrero,
Ángel Aguirre, y a otros miembros de su familia en connivencia con un grupo de
amigos cercanos.
Como
mencionaba en un artículo anterior, la corrupción no es innata
al mexicano, ni cultural, sino producto de la debilidad de las
instituciones de nuestro país. Quizá la
corrupción se haya aceptado con resignación
debido a la impotencia por evitarla pero se ha convertido ya en un clamor
nacional, incluso en el extranjero, que se haga algo por combatirla. Algo similar
está ocurriendo en materia de seguridad donde la sociedad ya también está
alcanzando su límite de tolerancia, ante la incapacidad del Estado.
¿Por
qué se está llegando al límite? A las notas que divulga la prensa todos los días, se suma la experiencia
cotidiana de millones de personas, desde aquellas a las que se les pide soborno en trámites
sencillos o violaciones menores a reglamentos,
hasta empresarios honestos de todos los tamaños que son desplazados en
contrataciones públicas por empresarios y funcionarios cómplices en compras
amañadas. También ha influido en llegar al límite el que se haya desatado recientemente
una corrupción avorazada. Como decía en su columna del 13 de febrero en Reforma
Manuel J. Jáuregui: “…antes los funcionarios cochambrosos se conformaban con
“un módico 10%” de moche, hoy no se mueve un asunto por menos del 30 por ciento
¡de ida y de venida! Esto es, cuando
otorgan el contrato y luego a la hora de liquidar su costo.”
Los
empresarios ya han enfocado sus esfuerzos a combatir la corrupción. Esa es su
nueva prioridad. Aunque la seguridad pública no ha dejado de ser gran motivo de
preocupación, la importancia del combate a la corrupción ha cobrado relevancia.
Recientemente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aprobó un Código de Integridad y Ética Empresarial (Ver documento) y su presidente emitió una importante
declaración el pasado 9 de febrero (Ver documento) para proponer una lucha frontal contra la
corrupción. Dice el presidente del CCE: “Los niveles de corrupción existentes,
en la percepción pública y en los hechos, la indignación de los mexicanos por
la impunidad, el daño que todo esto ocasiona a la confianza social, a la
estabilidad institucional y al erario público, además de la imagen del país,
son incompatibles con la nación nueva que todos tenemos que seguir
construyendo, con el desarrollo de la economía y de la democracia.”
Ante
este descontento público y los cuestionamientos a nivel internacional que han
deteriorado la imagen de nuestro país, urge no solo que se implemente el
sistema anti corrupción de inmediato, sino que empiece a dar resultados lo más
pronto posible. No importa cual sistema anti corrupción sea. Lo importante es
que ya funcione y se vaya perfeccionando con el tiempo. No se trata de diseñar
algo perfecto sino de pasar a la acción de inmediato.
Si
no hay una contención a la corrupción, el descontento social va a seguir
creciendo de forma tal que los tres
poderes, los tres órdenes de gobierno y los organismos autónomos sufrirán un
creciente desprestigio, perdiendo
efectividad en su actuar y amenazando incluso a la gobernabilidad. Seguirle apostando a la pasividad y
conformidad de la gente puede ser una receta peligrosa. La primavera árabe se
dio sin aviso y se desencadenó por
incidentes aparentemente menores. En México, el otoño pasado ya tuvimos señales
de alarma que no hay que dejar pasar.
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