Por:
Octavio Díaz García de León.
@octaviodiazg
Para Estefanía
En días pasados representantes
de siete partidos políticos se retiraron de la sesión del Consejo del Instituto
Nacional Electoral (INE) en protesta por haberse quitado del orden del día
proyectos de acuerdos referentes a evitar la ejecución de programas sociales
con fines electorales y evitar la propaganda gubernamental. Y es que la
canalización de recursos ilegales a las campañas políticas es un enorme foco de
corrupción y atenta contra la democracia al evitar que haya una contienda
electoral justa. ¿Han ayudado la alternancia y la democracia a reducir la
corrupción en nuestro país o por el contrario la alimentan más?
Se ha documentado que
los partidos políticos incurren en gastos de campaña más allá de lo que permite
la Ley y han recurrido a todo tipo de artimañas para obtenerlos y aplicarlos.
Desde los arreglos con la delincuencia organizada hasta sofisticados esquemas
de lavado de dinero, pasando por el uso de recursos públicos para favorecer a
un partido o sus candidatos. Transitamos de un sistema dominado durante décadas por un solo partido, a la competencia
democrática y la alternancia; pero se heredaron las prácticas que viciaban
antes las campañas electorales: la venta
de favores para obtener recursos ilícitos y la compra de votos para ganar
elecciones. Ahora lo hacen todos los partidos.
Desde que
Transparencia Internacional ha venido midiendo la corrupción en todo el mundo a
través de su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) a partir de 1995, la calificación de México, en una escala de 0
a 100, ha sido de 33 en promedio con un
máximo de 37 y un mínimo de 26.6. En cuanto al lugar que ocupa con el resto de
los países está en el percentil 43 en promedio en el mismo periodo.
En este lapso de
tiempo llegamos a la alternancia en el gobierno a partir de
1997 cuando el PRI pierde mayoría en el Congreso federal y durante dos sexenios
el PAN gana la Presidencia de la República. En términos generales, aunque en el
sexenio de Zedillo el promedio de calificación es un poco más bajo y en el sexenio
de Peña ligeramente más alto que en los sexenios panistas, la democracia y la alternancia
no han tenido efectos para impactar este Índice.
La calificación de
nuestro país es bastante mala. El hecho de que estemos en el percentil 43 no es
halagüeño y ciertamente una calificación de 33 sobre 100 habla
de que los problemas de corrupción que enfrenta el país son bastante
serios. Es probable que la calificación en este índice se deteriore para cuando
se publique el de 2015 debido a que la
corrupción ha llenado los titulares noticiosos en los últimos meses.
Uno de los grandes
retos para nuestro sistema electoral es
que las campañas se han vuelto demasiado caras y que las asignaciones de
recursos que obtienen los partidos legalmente, o no les son suficientes, o los
partidos no quieren circunscribirse a ellos. Esto les motiva a buscar dinero
ilícito con lo que se abre la puerta a
la corrupción ya que cualquier particular que aporta fondos a una campaña,
espera recibir un favor a cambio una vez
que el partido o candidato apoyado reciba el cargo al que aspira. Este pago de
favores se da en el mejor de los casos con asignaciones directas de obras
públicas, asignaciones directas para la adquisición de bienes y servicios o mediante
licitaciones simuladas en donde el ganador ha sido seleccionado previamente y
en el peor de los escenarios, entregando la plaza a los delincuentes como ha
ocurrido en Guerrero y Michoacán.
Otra forma de
corrupción ligada con las campañas electorales es la desviación de recursos
públicos o el uso de programas de apoyo a la población como instrumentos de
coerción o compra del voto. En el sexenio del Presidente Fox, la entonces
Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales, María de los
Ángeles Fromow, ahora Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para
Implantar el Sistema de Justicia Penal, implementó,
junto con la Secretaría de la Función Pública, un programa de blindaje
electoral para evitar el uso de recursos
públicos para apoyar campañas, tales como usar personal del gobierno,
vehículos, y usar los programas sociales
para comprar el voto. Valdría la pena que un programa similar se implementara urgentemente
para las próximas elecciones.
La evidencia muestra
que más democracia y la alternancia en el poder no han servido para mejorar la
calificación en materia de corrupción. Paradójicamente, cuando un nuevo partido
entra a gobernar no se ha llevado a cabo la persecución de actos de corrupción
de sus antecesores o bien los resultados han sido muy modestos. Ante la avidez
de recursos para las campañas, pareciera que los partidos han optado por una pasividad que
los beneficia, en lugar de un combate frontal a estas prácticas. La aprobación
de las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción es un
primer paso aunque queda mucho por
hacer. Quizá en esta reforma faltó reforzar el combate a la corrupción derivada
de los procesos electorales. Allí el INE también deberá fortalecer sus
capacidades en la materia.
Si queremos que la
democracia sobreviva y se abatan los niveles de corrupción asociados a las campañas
electorales urge que los esfuerzos anticorrupción se enfoquen también a este
tema. La democracia no ha mejorado los
niveles de corrupción, pero la
corrupción sí ha deteriorado a la democracia.
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Correo: odiazgl@gmail.com
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