29 de octubre de 2014

AYOTZINAPA: ¿CALLEJÓN SIN SALIDA?


POR: OCTAVIO DÍAZ G. L.
 @octaviodiazg

      Ya se cumplió más de un mes del asesinato de 6 personas, de haber resultado   20 heridos y  43 desaparecidos y sigue sin resolverse el caso aunque ya hay órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala,  su esposa y el jefe de la policía de dicho municipio. Lo peor es que, al momento de escribir estas líneas, aún no se sabe el paradero de los 43 desaparecidos aunque su búsqueda se ha intensificado.

      La crisis política derivada de estos acontecimientos ya cobró sus primeras víctimas. No solo desapareció el alcalde de Iguala sino que también ya renunció el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre - ambos miembros del PRD - por lo que ese Partido ha sufrido un grave deterioro en su imagen junto con prominentes personalidades de ese Partido que les dieron  apoyo para llegar a sus puestos. El gobierno federal, por su parte, ha enviado contingentes de policías federales, gendarmería y personal de la PGR a buscar a los desparecidos e investigar quienes fueron los autores de los lamentables hechos. Si bien el presidente Peña ha salido casi todos los días a condenar el lamentable acontecimiento y a darle seguimiento  desde Los Pinos con su gabinete de seguridad, una nota del “Financial Times” lo compara desfavorablemente con el ex presidente Calderón, quien, junto con su esposa, fue a Cd. Juárez y confrontó a los familiares de las víctimas cuando la masacre de Villas Salvárcar en donde perdieron la vida 16 estudiantes, mientras que el presidente Peña no se ha acercado a Guerrero para hablar con los familiares.

      Aunque lo que pasa en los estados no es la total responsabilidad del gobierno federal, la sociedad espera que el presidente Peña y su equipo ayuden a resolver los problemas de seguridad en Guerrero y especialmente que aparezcan los secuestrados. No ayudó el que saliera información de que el gobierno federal  sabía desde hace tiempo de los vínculos del alcalde de Iguala y especialmente de su esposa, con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. También se había  acusado al alcalde de otros asesinatos que quedaron impunes. Si ya se sabía todo esto, la pregunta  es ¿por qué no se actuó antes contra estas personas? También es importante saber porqué  y quienes, movilizaron a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa hasta  Iguala, que se encuentra a más de 100 kilómetros. De acuerdo con declaraciones de un líder de Guerreros Unidos - capturado recientemente - el ataque contra los estudiantes fue porque supuestamente habían sido infiltrados por  un grupo de criminales de la banda rival de “Los Rojos”, aspecto que ya investiga la PGR.

     La desaparición de los 43 normalistas ha generado movimientos de protesta en todo el país y en el extranjero como no se había visto antes durante  este sexenio. La prensa internacional se ha volcado contra el presidente Peña. Una campaña de imagen positiva que había sido muy exitosa en los medios extranjeros se ha derrumbado repentinamente y ha puesto por los suelos la imagen del país en tan solo unos cuantos días. Por lo pronto, los escenarios son difíciles  para el gobierno federal:

a)    Si ya están muertos los 43 secuestrados como dice el padre Solalinde y  diversos testigos, entonces puede haber un movimiento de radicalización estudiantil,  aprovechado por otros actores sociales interesados en causar problemas. Difícil de saber hasta dónde podría llegar este movimiento. A diferencia de las protestas que encabezó el poeta Javier Sicilia con otros líderes sociales por los muertos del sexenio pasado, cuyas manifestaciones  fueron vehementes pero pacíficas, en el caso de Guerrero es posible que se dé una reacción más violenta. Ya el grupo guerrillero ERPI declaró la guerra contra  Guerreros Unidos. Es difícil que la escalada de violencia en Guerrero se extienda a otras partes del país pero en ese estado la situación podría alcanzar niveles todavía más preocupantes.

b)    Si siguen vivos y sólo están secuestrados, es una hipótesis poco probable, ya que tener secuestrado un contingente tan grande cuando todo mundo los busca, no es fácil de ocultar; alguien los hubiera visto o quizá alguno de ellos podría haber escapado. En todo caso, el Secretario de Gobernación ha indicado que los buscan en más de 100 lugares. Si los llegasen a encontrar vivos – y todos esperamos que así sea - este sería uno de los mayores triunfos de esta Administración y la amenaza de inestabilidad se desinflaría.

      Una de las consecuencias inesperadas de estos acontecimientos fue el encontrar decenas de fosas clandestinas con al menos 30 cadáveres. Aunque las autoridades han dicho que no se trata de los normalistas,  por otra parte dicen que  necesitan varias semanas para identificarlos, por lo que quedan más dudas que certezas. A los normalistas desaparecidos se suman ahora estos otros asesinados que nadie sabe de quién se trata aunque era sabido por los vecinos que esa zona era un camposanto clandestino ¿Quiénes fueron los culpables de esas muertes? ¿Se les va a perseguir y se va a investigar a fondo o simplemente regresará al olvido en que esos crímenes estaban?

      La estrategia del gobierno federal parece ser ganar tiempo en la identificación de cadáveres y esperar que se calmen un poco las cosas, cosa que no ha sucedido. Habrá una fuerte reacción si se encuentran muertos y habrá que estar preparados. Pero se tienen que encontrar –vivos o muertos - ya que el gobierno difícilmente seguirá resistiendo  la presión nacional e internacional  si siguen desaparecidos.
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23 de octubre de 2014

INICIATIVA PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN



POR: OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN
 @octaviodiazg

     Detrás de los acontecimientos de Iguala, en donde aún está sin resolverse el destino  de 43 estudiantes secuestrados, se encuentra  una historia de corrupción. En general, en el problema de seguridad que aqueja  a nuestro país, se encuentra la corrupción de autoridades de todo tipo que se vuelven cómplices de bandas criminales. Pero también la corrupción aqueja  a los hogares de todos los mexicanos como lo han demostrado los estudios de Transparencia Mexicana en donde se ha encontrado que los hogares con ingresos menores a un salario mínimo, dedicaron el 25% de su ingreso a pagar mordidas para obtener servicios públicos y, en promedio, los hogares mexicanos destinaron el 14% de su ingreso para este propósito. Por si fuera poco, también existe la corrupción de “alta escuela” que se da  en las grandes contrataciones, concesiones y permisos que realiza el sector público y en donde se dan sobornos millonarios que van a enriquecer a funcionarios corruptos y a beneficiar a empresarios cómplices, en detrimento de las finanzas públicas y de la sociedad. Todo esto ocurre, desafortunadamente, en la casi total impunidad.

     Por ello, una de las principales reformas que propuso el presidente Peña Nieto al inicio de su mandato, fue  la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción (CNA),  al tiempo que desapareció a la Secretaría de la Función Pública (SFP). Pero la falta de acuerdos entre partidos dejó en la congeladora una de las iniciativas más importantes del Presidente y a la SFP en el limbo. El pasado lunes 20 de octubre, el PAN hizo una propuesta para formar un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que fue respaldada - en términos generales - por todos los partidos. Con esta propuesta se descarta la creación de la CNA.

     El PAN tomó las  ideas que han impulsado desde hace tiempo el Mtro. Eduardo Bohórquez  de  Transparencia Mexicana, así como el Dr. Mauricio Merino del CIDE y de la Red por la Rendición de Cuentas. Ellos argumentan que no hay necesidad de crear nuevos organismos para combatir la corrupción, sino articular las instituciones ya existentes y enfocarlas a atacar mejor dicho problema. En la propuesta del PAN se recogen sus ideas y se propone articular en el SNA a instituciones hoy desvinculadas o debilitadas y corregir deficiencias de diseño institucional.  De acuerdo como lo ha comunicado el PAN, la propuesta contiene 6 elementos básicos:

1.    Crear un Consejo Nacional donde participen todos los órganos públicos que intervienen en el SNA y los ciudadanos. Quizá similar a como opera el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que será necesario crear un Secretariado Ejecutivo Anticorrupción que se encargue de coordinar al SNA.

2.    Un Comité Ciudadano para la ética pública, que instale  observatorios ciudadanos en todo el territorio nacional,  encargado de formular denuncias y proponer políticas públicas para el combate a la corrupción. Estos observatorios serán intermediarios con las autoridades y por lo tanto  deberán contar con  la plena confianza de la sociedad para que ésta acuda a ellos.

3.    En cuanto al control interno se propone fortalecer a la SFP  en materia de auditoría e investigación. Con ello se daría marcha atrás a la desaparición de la SFP y se podrían desarrollar aspectos como un servicio profesional para contralores y desligar sus nombramientos de factores políticos.

4.    En materia de control externo, se proponen dos órganos independientes del Poder Ejecutivo, que sean los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar posibles actos de corrupción:

A)   La Auditoría Superior de la Federación (ASF), modificando la Constitución para otorgarle las más amplias facultades en materia de auditoría, antes, durante y después del ejercicio del gasto y para  investigar quejas y denuncias ciudadanas. En este caso se fortalece y se le otorgan nuevas atribuciones, a la ASF.

B)   La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con las más amplias facultades de investigación, actuación ante denuncias ciudadanas y responsable de ejercer acción penal contra  quienes cometan actos de corrupción. El fiscal será independiente del Poder Ejecutivo. Muchas de las funciones que se habían pensado para la Comisión Anticorrupción las podrá desarrollar ésta fiscalía.

5.    ­­Retirar la facultad de sanción a las contralorías que dependen de los presidentes municipales, gobernadores y Presidente de la República y otorgar las facultades de sanción a los jueces en materia penal (ante acusaciones de la Fiscalía), y en materia administrativa, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). Así se terminaría el actual conflicto de interés de las contralorías que investigan y sancionan, al  dejar en manos de un tribunal especializado el proceso sancionatorio. Requerirá una reingeniería al TFJFA y quizá dividir sus facultades en materia fiscal y administrativa en dos tribunales diferentes.

6.    Reproducir por mandato constitucional el sistema en el ámbito de los Estados y  Municipios. Esto es indispensable, pues los actos de corrupción en el ámbito local son tanto o más perjudiciales para la población que los federales.

     Se cuenta  pues ya con una nueva propuesta para combatir la corrupción que ha generado consensos políticos. Habrá que tener cuidado en el aterrizaje y diseño de las leyes secundarias respectivas - una vez se aprueben las reformas constitucionales necesarias – para que sean lo suficientemente eficaces y combatan este grave problema que aqueja a nuestro país y atienda un gran reclamo de la sociedad.

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15 de octubre de 2014

LA MUERTE EN LOS TIEMPOS DEL ÉBOLA


POR: OCTAVIO DÍAZ G.L. 

      En mi anterior artículo escribía que acontecimientos como los que ocurrieron en Iguala donde se dio muerte a 6 personas y desaparecieron 43 normalistas secuestrados por la policía,  son amenazas a la gobernabilidad del país y por tanto a la seguridad nacional. Pero si ya llovía sobre mojado en ésta materia, ahora diluvia: una nueva amenaza se cierne no solo sobre México sino sobre el mundo. Una vez más se podría presentar el riesgo de una pandemia de consecuencias incalculables, en esta ocasión protagonizada por el virus del Ébola. Hace pocos días se reportó que la enfermedad está creciendo a un ritmo exponencial en el oeste de África (Liberia, Guinea y Sierra Leona). Según un artículo de la revista “New England Journal of Medicine” entre el 30 de diciembre de 2013 y el 14 de septiembre de 2014 se han reportado 4,507 casos con una tasa de mortalidad de 70.8%. Al 10 de octubre,  la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportaba 8,396 enfermos y 4,032 defunciones. La cifra está aumentando exponencialmente y el número de casos para noviembre podría alcanzar a 20,000.

      Pero lo que parecía una enfermedad exótica en países lejanos ya apareció en Norteamérica y Europa. Una persona se trasladó de Liberia a Estados Unidos siendo portador del virus. Cuando se sintió mal acudió al Hospital Presbiteriano en la ciudad de Dallas donde fue diagnosticado con la letal enfermedad y ya falleció. Por ello Estados Unidos entró en una emergencia nacional. Además, dos de las  enfermeras que lo atendieron, a pesar de haber  seguido todos los protocolos de protección, se contagiaron, lo que ha demostrado que también los protocolos han fallado. Misma situación en España donde otra enfermera que atendió a uno de los enfermos repatriados de África a  ese país, también se ha contagiado de la enfermedad. El peligro de que la enfermedad aparezca en México proviene de la cercanía que tenemos con la ciudad de Dallas donde están los enfermos, pero también existe la posibilidad de que entren viajeros portadores de la enfermedad provenientes de África e incluso de España.

      Es conveniente recordar que los virus son estructuras orgánicas pero no se clasifican como seres vivos sino como algo intermedio entre lo orgánico e inorgánico. Tienen material genético y se reproducen mediante el auto ensamble pero no tienen metabolismo ni estructura celular que los pueda caracterizar como seres vivos. Al multiplicarse toman material de la célula invadida y la destruyen, pasando a infectar células sanas para seguir el mismo proceso. Tal es el caso del virus del Ébola que se trasladó de un animal a un ser humano y es altamente contagiosa entre seres humanos.

     De acuerdo con la OMS se identificó que los murciélagos frugívoros son  portadores naturales de este virus  y se han detectado casos de infección asociados a la manipulación de estos murciélagos, chimpancés, gorilas, monos, antílopes y puercoespines infectados. Los primeros dos brotes identificados en seres humanos  ocurrieron en Sudán y en Congo en 1976.  Los síntomas son: aparición súbita de fiebre, debilidad intensa  y dolores musculares, de cabeza y de garganta, seguida de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos casos, hemorragias internas y externas.  El periodo de incubación (intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas) oscila entre 2 y 21 días. La transmisión de esta enfermedad se da  por contacto directo o indirecto  con los fluidos del enfermo y la tasa de mortalidad entre humanos puede alcanzar un 90%.

     Se pensaba que, a diferencia de las enfermedades transmitidas por aire como la influenza, el Ébola no  lo hacía. Sin embargo en el caso de las enfermeras contagiadas - de acuerdo con un artículo de la Universidad de Minnesota -   aparentemente  el contagio se dio no por contacto directo sino a través del aire, con fluidos del enfermo transmitidos en forma de aerosol,  aspecto que no se había entendido lo suficientemente y que pudo ocasionar el contagio al no tenerse el equipo protector adecuado. Dicha Universidad recomienda que los que atiendan a los pacientes usen máscaras con respiradores de aire purificado.

      Así como ya se aprobó la iniciativa para que México participe en las fuerzas de paz de los Cascos Azules de la ONU sería deseable que un contingente de trabajadores del área de salud se traslade a los países de África donde está en su apogeo el brote de Ébola, para que no solo ayuden a las personas afectadas sino para que tomen experiencias de primera mano en la problemática que México tendría que enfrentar en el caso de un brote de esa enfermedad en nuestro país.

     Un brote de Ébola  en nuestro territorio podría presentar el riesgo de extenderse sin control y rebasar nuestros sistemas de salud. No solo es necesario tener mecanismos de inteligencia para detectar enfermos en los puertos de entrada, sino estar alertas en todo el territorio ante cualquier indicio de la enfermedad. La clave para evitar su diseminación es que se detecte en forma muy temprana para aislar a los enfermos y posibles contagiados. El impacto de ésta  enfermedad en México  puede ser catastrófico por lo contagiosa, por el alto  índice de mortalidad y porque no hay vacuna ni remedio que la cure. Todos los esfuerzos que se hagan para evitar un brote valdrán la pena.
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11 de octubre de 2014

LAS CIFRAS DEL DELITO. NOTA ACLARATORIA

POR: OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN

Agradezco a la Sra María Elena Morera, gran luchadora social contra el delito a través de su organización Causa en Común, quien me hizo ver que las cifras del FASP son diferentes a lo  mencionado en mi artículo "Las Cifras del Delito" . 

El presupuesto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 2014, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2014 Tomo III Gobernacion) es de  $8,083 MDP millones de los cuales $7,401 MDP son subsidios a través de dos programas (PEF 2014 Subsidios SESNSP):

Programa U002 También llamado "SUBSEMUN" "Otorgamiento de subsidios en  materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el Distrito Federal" por $4,733 MDP, dedicado a subsidiar municipios principalmente.

Programa U003, también llamado SPA : "Otorgamiento de subsidios a entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial" por $2,668 MDP, para las entidades federativas.

Agradezco al Lic. Oscar Estrada, Director General de Planeación en el SESNSP la información respecto a los programas de subsidio SUBSEMUN y SPA.

Con respecto al FASP, aunque administrado por el SESNSP, este programa pertenece al Ramo 33 FASP, que son transferencias que hace la federación a las entidades federativas, similar a otros programas en materia de salud y educación. Por ello no aparace en el presupuesto del SESNSP. El monto aprobado en el PEF 2014 para el "FASP" (Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de Estados y el Distrito Federal" asciende a $7,921.6 MDP. De acuerdo con las reglas de operación del Fondo, las entidades federativas tienen que aportar la misma cantidad de recursos que la federación y está etiquetado para proyectos de seguridad muy específicos.

En conclusión, por lo menos a través del SESNSP, la federación dedica $15,322.6 MDP para apoyar a municipios y entidades federativas en materia de seguridad pública. Sin embargo, de acuerdo a la ENVIPE 2014 y a diferentes hechos recientes en materia de asesinatos, policías cooptadas y otros problemas en las entidades federativas, el uso de estos recursos no se está reflejando en los resultados que la sociedad espera. 

9 de octubre de 2014

LLUEVE SOBRE MOJADO


POR: OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN
 @octaviodiazg

Llueve sobre mojado pero no debido a los efectos del devastador  huracán Odile que afectó  Baja California Sur ocasionando daños superiores a los 14 mil millones de pesos y por las lluvias que se abatieron sobre gran parte de la república en estas últimas semanas, sino por otros acontecimientos que han venido a poner a prueba  la gobernabilidad de nuestro país.

1.    Contaminación. En Sonora a principios de agosto ocurrió uno de los “peores desastres ambientales en la industria minera de los tiempos modernos”, de acuerdo con autoridades federales. Un derrame de sulfato de cobre proveniente de una mina  propiedad de Grupo México contaminó  tres ríos afectando a más de 24 mil personas en 9 municipios de ese estado. La pregunta que surge es ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la explotación de yacimientos de gas o petróleo de  esquisto usando el método para extraerlo llamado “fracking” que es una preocupación para ambientalistas por sus riesgos? ¿Están preparados estados y federación para hacer frente a contingencias ambientales cuando  se exploten estos yacimientos?

2.    Ejecuciones. En Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, un grupo de soldados se enfrentó a un grupo de delincuentes en donde perdieron la vida 22  presuntos criminales y un soldado resultó herido. El asunto no había pasado a mayores hasta que a mediados de septiembre un reportaje de la revista Esquire y la  Associated Press dio a conocer el testimonio de dos testigos quienes declararon que el Ejército ejecutó a los detenidos. Las investigaciones llevaron a la detención de trece militares pero la culpa no es solo de los detenidos. Hacen falta acuerdos del más alto nivel acerca de cual debe ser la función del ejército en labores de seguridad pública, ya que no debería estar dedicado a estas tareas. No se han llevado a cabo las reformas necesarias para justificar la actuación del Ejército en materia de seguridad pública o seguridad interior, lo que jurídicamente deja endeble su actuación; tampoco se le ha capacitado y equipado para realizar labores policiales. Los gobiernos estatales y las fuerzas policiacas federales han dejado un hueco que el Ejército ha tenido que llenar, pero que es una labor para la cual no está diseñado. 

3.    Politécnico. En la ciudad de México, estalló un conflicto estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN)  por modificaciones al reglamento interno y por cambios a planes de estudios en algunas carreras. Los estudiantes en número de alrededor de 30,000 se movilizaron de manera ordenada y pacífica en las calles de esa ciudad. El Secretario de Gobernación salió personalmente a atender sus peticiones y una semana  después el gobierno federal  aceptó todas  las demandas del pliego petitorio, incluyendo la renuncia de la directora del IPN. Al escribir estas líneas los estudiantes habían rechazado la propuesta del gobierno por “incompleta e imprecisa” por lo que la movilización  continúa. La efervescencia estudiantil está a flor de piel  no solo por las circunstancias de su propia vida estudiantil sino por el futuro incierto que les espera ya que la economía y la seguridad no mejoran. Se requiere atender el fondo de estas preocupaciones para lo cual la economía tiene que crecer a un ritmo más acelerado.

4.    Ayotzinapa. Quizá el incidente más grave de los últimos días se dio en Iguala, Estado de Guerrero, el pasado 26 de septiembre, cuando estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales, quienes dispararon contra ellos, mataron a seis personas, hirieron a 20 y hubo 43 desaparecidos. Después de la captura de tres criminales se descubrieron 6 fosas clandestinas con 28 cadáveres que parecen ser de los normalistas secuestrados. Dos sicarios confesaron que habían matado  a por lo menos 17 de los estudiantes y los habían arrojado a dichas fosas por órdenes - o en “auxilio” - de la policía de Iguala. El alcalde de Iguala está prófugo y se ha demostrado que él y su esposa tenían nexos con la banda de los Beltrán Leyva. La desintegración de las instituciones en algunos estados de la república, tomadas por el crimen organizado, son una amenaza  para la seguridad nacional. El que la federación tenga que intervenir para salvar a estados fallidos como Michoacán o tenga que intervenir luego en estados como Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca muestra la incapacidad de las autoridades locales o su complicidad con el crimen organizado, por lo que urge una limpia a fondo. Por otra parte, el hecho de que grandes capos vivan en ciudades como Querétaro y se hagan pasar por empresarios respetables - como en el caso del recientemente capturado Héctor Beltrán Leyva - también es una señal de alarma para ciudades supuestamente seguras. Es tiempo de poner las barbas a remojar en Aguascalientes.

Todos estos eventos han puesto a prueba la gobernabilidad del país ante  la incapacidad de gobernadores como el de Guerrero – que está a punto de convertirse en estado fallido -  para atender sus problemas de seguridad y vigilar  sus recursos naturales. Estos acontecimientos  se han convertido en una gran prueba para el gobierno federal ya que por su gravedad han trascendido fronteras,  han deteriorado seriamente la imagen de México en el extranjero y han causado grandes movilizaciones de protesta en varias ciudades del país. Ante la implosión de algunos gobiernos estatales, el gobierno federal deberá enfocar su prioridad, no a las próximas elecciones, sino a tomar medidas urgentes para rescatar a esos estados antes de que se acaben de colapsar sus instituciones.

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2 de octubre de 2014

LAS CIFRAS DEL DELITO



POR: OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN
 @octaviodiazg

     Uno de los grandes problemas para entender mejor el fenómeno del delito en México es la falta de cifras confiables en esta materia. Ya se ha visto la discusión sobre el conteo de homicidios, una de las cifras que debería ser mejor cuantificada por tratarse de uno de los delitos más graves; sin embargo, existen miles de desaparecidos que no se sabe si fueron asesinados y hay  desacuerdos sobre las cifras reportadas.
  
     Se da, además, la dificultad de que la mayor parte de los delitos no son denunciados. Por ello el INEGI  realiza desde el 2011 la “Encuesta Nacional De Victimización Y Percepción Sobre Seguridad Pública” (ENVIPE) que en 2014 se aplicó a 95,516 viviendas para conocer qué está pasando con el delito en México. El INEGI señala que esta encuesta no permite conocer delitos como los de narcotráfico, delincuencia organizada o tráfico de migrantes, entre otros, ya que estos no necesariamente afectan a hogares.

     Se acaban de publicar los resultados de la ENVIPE 2014 y no son alentadores. Para empezar, en el 33.9% de las viviendas del país reportan haber sido víctimas de algún delito y el total de delitos ocurridos en el país durante 2013 fue de 33.1 millones (Un delito por segundo) que afectaron a 22.5  millones de víctimas de 18 años o más, lo que arroja una tasa de 28.2 víctimas por cada 100 habitantes. Asimismo el 58% de los encuestados consideran que el problema más importante que aqueja a su entidad es la inseguridad, seguido por 46.1% para el desempleo y un 37.7% para el aumento de precios.

     Como en años anteriores, llama la atención el hecho de que el 93.8% de los delitos no se denuncie o no se inicie averiguación previa.  Únicamente en el 3.1% de los casos hubo inicio de averiguación previa;  solo en el 0.45% de los casos se puso a disposición de un juez a los delincuentes; y hay un 1.44 % de casos en trámite. Además, el poner a disposición de un juez  no implica que se vaya a sancionar a los inculpados, sino que se les va a juzgar. Sería interesante saber en cuántos de estos casos realmente se castiga a los delincuentes. La tasa de impunidad alcanza un 98% lo cual es un gran aliciente para que los delincuentes continúen con sus actividades delictivas porque no hay consecuencias.

     Otras cifras que llaman la atención es que el costo del delito en el año 2013 se estima en $213.1 mil millones de pesos (MDP) equivalentes al 1.27% del PIB, más $64 mil MDP que fue el costo de las medidas preventivas que tomaron los hogares para defenderse de los delitos. La cifra de secuestro también creció de 2012 a 2013 en forma alarmante ya que  pasaron de 105,682  a 131,946 (25% más) y el número de víctimas de secuestro pasó de 94,438 a 123,470 (31% más).

     Por lo que respecta a Aguascalientes el número de víctimas del delito disminuyó entre 2012 y 2013 en un 1.6% mientras que a nivel nacional aumentó en un 3.2%. Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León disminuyeron en 17.9%, 16% y 15.3% respectivamente. En cuanto al número de delitos, en Aguascalientes disminuyó en 23.7%, la mayor disminución a nivel nacional, seguido por Baja California Sur y Tamaulipas (reducción de 23.6% y 23.1% respectivamente);  los estados que más aumentaron son Estado de México con 69.9%, Chiapas 49.8% y Baja California 45.2%. En cuanto a qué tan inseguro es el estado, el 49.1% de los encuestados  opinaron que  Aguascalientes era inseguro vs. 73.3% a nivel nacional, mientras que Yucatán con 29.5%, Querétaro, con 38.5% y BCS con 39.3% fueron los más bajos. Los peor calificados son el Estado de México donde el 92.6% de la población piensa que es inseguro, seguido de Morelos con 89% y Tabasco con 86.1%. Con respecto a homicidios, Aguascalientes tiene solo 4 por cada 100,000 habitantes, solo superado por Yucatán que tiene 2. La media nacional es de 19. Los estados más violentos son Guerrero, Chihuahua y Sinaloa con 63,59 y 41 respectivamente.

     Es importante hacer notar que la los delitos que se mencionan en esta encuesta son delitos del fuero común, esto es, responsabilidad de las procuradurías y  tribunales estatales, y de las policías municipales y estatales. Por ello, la solución a los problemas de la delincuencia reflejada en la ENVIPE no está en manos del gobierno federal, sino de los estados y municipios. Si bien la federación dedica $7,401 MDP en subsidios a entidades federativas y municipios a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con los programas “SUBSEMUN” y  “FASP”, es importante que estos recursos se liguen a resultados y haya una adecuada  rendición de cuentas por parte de los receptores de estos apoyos. Que se cuenten con indicadores  para medir si estos recursos están dando los resultados que la sociedad espera de ellos y que existan condiciones de cumplimiento amarrados al otorgamiento de estos fondos en el futuro. Otro programa a cargo del SESNSP que tiene una incidencia directa en la prevención del tercer delito más mencionado en la ENVIPE - el robo de vehículos -  es el Registro Público Vehicular (REPUVE) por lo que es urgente lograr la cobertura universal de este registro.

     Los resultados de la ENVIPE demuestran que el problema de la delincuencia se está agravando, por lo que estados y municipios, auxiliados por la federación, deberán redoblar esfuerzos para abatirlo.


NOTA:

Agradezco a la Sra María Elena Morera, gran luchadora social contra el delito a través de su organización Causa en Común, quien me hizo ver que las cifras del FASP son diferentes a lo aquí mencionado. Me explico:

El presupuesto del SESNSP para 2014, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación es de  $8,083 MDP millones de los cuales $7,401 MDP son subsidios a través de dos programas:

Programa U002 "Otorgamiento de subsidios en  materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el Distrito Federal" por $4,733 MDP.

Programa U003: "Otorgamiento de subsidios a entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial" por $2,668 MDP.

Es posible que a estos dos programas se le denomine SUBSEMUN. Estoy por confirmarlo.

Con respecto al FASP, aunque administrado por el SESNSP, este programa pertenece al Ramo 33, que son transferencias que hace la federación a las entidades federativas, similar a otros programas en materia de salud y educación. Por ello no aparace en el presupuesto del SESNSP. El monto aprobado en el PEF 2014 para el "FASP" (Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de Estados y el Distrito Federal" asciende a $7,921.6 MDP. De acuerdo con las reglas de operación del Fondo, las entidades federativas tienen que aportar la misma cantidad de recursos que la federación y está etiquetado para proyectos de seguridad muy específicos.

En conclusión, por lo menos a través del SESNSP, la federación dedica $15,322.6 MDP para apoyar a las entidades federativas en materia de seguridad pública. Sin embargo, de acuerdo a la ENVIPE 2014 y a diferentes hechos recientes en materia de asesinatos, policías cooptadas y otros problemas en las entidades federativas, el uso de estos recursos no se está reflejando en los resultados que la sociedad espera. 

de los cuales $7,401,425
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