POR:
OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN
@octaviodiazg
Detrás
de los acontecimientos de Iguala, en donde aún está sin resolverse el destino de 43 estudiantes secuestrados, se encuentra una historia de corrupción. En general, en el
problema de seguridad que aqueja a
nuestro país, se encuentra la corrupción de autoridades de todo tipo que se
vuelven cómplices de bandas criminales. Pero también la corrupción aqueja a los hogares de todos los mexicanos como lo han
demostrado los estudios de Transparencia Mexicana en donde se ha encontrado que
los hogares con ingresos menores a un salario mínimo, dedicaron el 25% de su
ingreso a pagar mordidas para obtener servicios públicos y, en promedio, los
hogares mexicanos destinaron el 14% de su ingreso para este propósito. Por si
fuera poco, también existe la corrupción de “alta escuela” que se da en las grandes contrataciones, concesiones y permisos
que realiza el sector público y en donde se dan sobornos millonarios que van a
enriquecer a funcionarios corruptos y a beneficiar a empresarios cómplices, en
detrimento de las finanzas públicas y de la sociedad. Todo esto ocurre,
desafortunadamente, en la casi total impunidad.
Por
ello, una de las principales reformas que propuso el presidente Peña Nieto al
inicio de su mandato, fue la creación de
una Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), al tiempo que desapareció a la Secretaría de
la Función Pública (SFP). Pero la falta de acuerdos entre partidos dejó en la
congeladora una de las iniciativas más importantes del Presidente y a la SFP en
el limbo. El pasado lunes 20 de octubre, el PAN hizo una propuesta para formar
un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que fue respaldada - en términos
generales - por todos los partidos. Con esta propuesta se descarta la creación
de la CNA.
El
PAN tomó las ideas que han impulsado
desde hace tiempo el Mtro. Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana, así como el Dr.
Mauricio Merino del CIDE y de la Red por la Rendición de Cuentas. Ellos argumentan
que no hay necesidad de crear nuevos organismos para combatir la corrupción,
sino articular las instituciones ya existentes y enfocarlas a atacar mejor dicho
problema. En la propuesta del PAN se recogen sus ideas y se propone articular
en el SNA a instituciones hoy desvinculadas o debilitadas y corregir
deficiencias de diseño institucional. De
acuerdo como lo ha comunicado el PAN, la propuesta contiene 6 elementos
básicos:
1.
Crear
un Consejo Nacional donde participen todos los órganos públicos que intervienen
en el SNA y los ciudadanos. Quizá similar a como opera el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, por lo que será necesario crear un Secretariado Ejecutivo
Anticorrupción que se encargue de coordinar al SNA.
2.
Un
Comité Ciudadano para la ética pública, que instale observatorios ciudadanos en todo el
territorio nacional, encargado de
formular denuncias y proponer políticas públicas para el combate a la
corrupción. Estos observatorios serán intermediarios con las autoridades y por
lo tanto deberán contar con la plena confianza de la sociedad para que ésta
acuda a ellos.
3.
En
cuanto al control interno se propone fortalecer a la SFP en materia de auditoría e investigación. Con
ello se daría marcha atrás a la desaparición de la SFP y se podrían desarrollar
aspectos como un servicio profesional para contralores y desligar sus
nombramientos de factores políticos.
4.
En
materia de control externo, se proponen dos órganos independientes del Poder
Ejecutivo, que sean los responsables de auditar el uso de los recursos públicos
e investigar posibles actos de corrupción:
A)
La Auditoría Superior de la Federación
(ASF), modificando la Constitución para otorgarle las más amplias facultades en
materia de auditoría, antes, durante y después del ejercicio del gasto y para investigar quejas y denuncias ciudadanas. En
este caso se fortalece y se le otorgan nuevas atribuciones, a la ASF.
B)
La
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con las más amplias
facultades de investigación, actuación ante denuncias ciudadanas y responsable
de ejercer acción penal contra quienes cometan
actos de corrupción. El fiscal será independiente del Poder Ejecutivo. Muchas
de las funciones que se habían pensado para la Comisión Anticorrupción las
podrá desarrollar ésta fiscalía.
5.
Retirar
la facultad de sanción a las contralorías que dependen de los presidentes
municipales, gobernadores y Presidente de la República y otorgar las facultades
de sanción a los jueces en materia penal (ante acusaciones de la Fiscalía), y
en materia administrativa, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa (TFJFA). Así se terminaría el actual conflicto de interés de las
contralorías que investigan y sancionan, al
dejar en manos de un tribunal especializado el proceso sancionatorio. Requerirá
una reingeniería al TFJFA y quizá dividir sus facultades en materia fiscal y
administrativa en dos tribunales diferentes.
6.
Reproducir
por mandato constitucional el sistema en el ámbito de los Estados y Municipios. Esto es indispensable, pues los
actos de corrupción en el ámbito local son tanto o más perjudiciales para la
población que los federales.
Se cuenta pues ya con una nueva propuesta para combatir
la corrupción que ha generado consensos políticos. Habrá que tener cuidado en
el aterrizaje y diseño de las leyes secundarias respectivas - una vez se
aprueben las reformas constitucionales necesarias – para que sean lo
suficientemente eficaces y combatan este grave problema que aqueja a nuestro
país y atienda un gran reclamo de la sociedad.
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