28 de diciembre de 2013

VEINTE AÑOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO


 
 

     Los años ochenta no solo fueron una década perdida para México sino una época de innumerables pequeñas tragedias personales. Venía el país de un periodo de crecimiento económico durante la década anterior, alimentado por el gasto excesivo del gobierno, por su endeudamiento y basado en los descubrimientos de petróleo. Un gobierno sin oposición y populista impuso políticas económicas que dañaron al país de forma extraordinaria. La falta de contrapesos propició una corrupción rampante que corroía a todos los sectores del gobierno y de la sociedad. La súbita caída de los precios internacionales del petróleo  hizo que el sistema implosionara ante la caída de los ingresos del gobierno y su incapacidad para pagar sus deudas. En 1982 inició la debacle que se extendió por el resto de la década y que provocó una serie de devaluaciones del peso, inflaciones que llegaron a superar el 120% anual, la estatización de la banca, el control de cambios, la ausencia total de crédito y el estancamiento económico entre otras calamidades. Ello también impulsó  el nacimiento de una oposición política de importancia ante el desastre que sufría el país.

 

     A escala personal, en las familias de la clase media y en general para el resto de la población, la tragedia aparecía en el día a día: los ahorros en dólares súbitamente fueron confiscados y se convirtieron a pesos a una tasa de cambio muy inferior a la de mercado.  No había divisas y, por ejemplo, era muy difícil viajar ante la escasez de moneda extranjera. No había empleo. Empresas endeudadas en dólares, quebraron. Todo se debía de adquirir en efectivo y rápido antes de que el peso perdiera valor. Las tiendas amanecían saqueadas después de las devaluaciones. En el mercado no había pasta de dientes por que el tubo que las contenía era importado. Pero en general  tampoco había  bienes importados. Comprar una casa o un departamento solo podía hacerse en efectivo. No había crédito. Se luchaba porque los ahorros no perdieran valor gastándolos en bienes que conservaran algo del valor. Los ahorros de muchas personas se perdieron destruidos por la inflación ya que los bancos pagaban tasas de interés  por debajo de la inflación.

 

     Varios cambios fundamentales lograron acabar con la pesadilla de los setenta y ochenta: la reducción del déficit del gobierno, la renegociación de la deuda, la autonomía del Banco de México para contener la inflación; la alternancia política y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Este último con un éxito ampliamente documentado para los tres países. El comercio en 1993 en América del Norte ascendía a 290 mil millones de dólares. Hoy asciende a 1.1 billones de dólares (Cuatro veces más) y la economía en el subcontinente se duplicó en ese periodo pasando el PIB de 8 a 19 billones de dólares en ese período formando un mercado de 470 millones de personas. En el caso de México las exportaciones pasaron de 60 mil millones de dólares a 400 mil millones en 2013.

 

     A nivel familiar, gracias al TLCAN, se hizo posible encontrar en el mercado local bienes antes inalcanzables. Por ejemplo, en los supermercados se encuentran bienes de todo tipo, nacionales e importados. Existen decenas de marcas de automóviles y más de un centenar de modelos de donde escoger (En los ochenta había cinco o seis marcas de autos en México y unos pocos modelos por marca). Los productos electrónicos antes solo disponibles mediante contrabando hoy se encuentran en cualquier tienda. Con la estabilidad financiera regresó el crédito y con él planes de financiamiento de todo tipo para autos, compra de vivienda y  crédito al consumo no solo en tarjetas de crédito. También gracias al tipo de cambio libre no hay escasez de divisas. No todo fue consecuencia del TLCAN pero mucho influyó.

 

     Los beneficios para Estados Unidos y Canadá han sido muy importantes. Si bien para México hubo aspectos positivos como los antes mencionados, nuestro país no ha generado empleo suficiente ni de mayor valor agregado y continúan deteriorándose aspectos de  la relación entre México y E.U. tales como el migratorio con la construcción de muros que recuerdan más a la cortina de hierro soviética y al muro de Berlín o respecto al tráfico de drogas hacia el norte y de dinero y armas hacia el sur que han generado una escalada de violencia en nuestro país.  

 

     Hay pues una promesa incumplida del TLC. La promesa de una más fructífera unión con nuestros vecinos del norte, asunto que por lo pronto no está en sus prioridades ya  que prefieren mirar hacia otros intereses geopolíticos que hacia sus vecinos del sur. Por lo que hace a nuestro país, hace falta imaginación e iniciativa para cambiar la relación entre los dos países. Quizá ahora con la reforma energética  se despierte nuevamente el apetito de nuestros vecinos del norte por tener una relación más estrecha con México para hacer a Norteamérica autosuficiente en materia de energía. A veinte años del TLC la reforma energética puede ser el nuevo detonante para un mayor acercamiento entre los tres países. Aprovecho para desearles un muy feliz y próspero 2014 y que cumplan todas sus metas.

 

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22 de diciembre de 2013

NOTAS AL VUELO


 

         El poder y sus milagros. Se aprobaron este año reformas constitucionales importantes. Faltan aún sus leyes secundarias y que den frutos. Lo que maravilla es que algunas de estas reformas estuvieron detenidas por quince años durante los cuales  la oposición al gobierno federal  en turno fue intransigente. Pero ahora  lo antes impasable se volvió obligación de patriotas y quienes se oponen, enemigos de la nación. No importa que no haya consistencia en las posiciones a través del tiempo. Algunos de los que hoy impulsan las reformas antes esgrimieron razones para oponerse: las mismas de quienes hoy se oponen.   Al fin y al cabo lo menos que existe en este país es memoria de corto plazo, pero eso sí,  un culto a una historia mítica que nunca existió sino que fue fabricada y que se ha vuelto inamovible en las conciencias de la gran mayoría de mexicanos. Se puede cambiar de posición como de vestimenta. Se puede impulsar la reforma energética largamente anhelada por el PAN así como una miscelánea fiscal que pareció diseñada por el PRD. Se puede impulsar la reforma educativa para enseguida negociarla con la CNTE y dar marcha atrás en algunos puntos fundamentales. Se puede impulsar una reforma política que es un engendro que no satisface a nadie. Como decía recientemente Silva-Herzog Márquez: lo importante es negociar, no lo que se pretenda lograr ni principio alguno que defender. En estas condiciones ser operador político no es nada difícil si de lo que se trata es de lograr acuerdos sin importar cuales o qué resulte de ellos.

      El asedio a Apatzingán. Sorprende que centenares de personas armadas, llamadas fuerzas de autodefensa, se muevan en caravanas de decenas de vehículos en los municipios que rodean la capital y sede de Los Templarios, Apatzingán, en un movimiento envolvente para tomarla. Ni fuerzas federales ni estatales impiden el movimiento de estas fuerzas paramilitares. De hecho en un reportaje de Denise Maerker se ve como cooperan las fuerzas federales con estos grupos. De ser legítima la acción de las fuerzas de autodefensa, sobre todo si le creemos a su vocero el Dr. José Manuel Mireles, (Circulan por You Tube las declaraciones de este personaje así como las de su némesis La Tuta) esto parece algo muy loable. Por fin alguien podrá acabar con el imperio del mal de Los Templarios. Sin embargo  en esta estrategia de dejar hacer por parte de las autoridades federales y estatales, hace falta una mejor explicación de lo que está pasando. ¿Ya hay certeza de que las fuerzas de autodefensa son genuinas y  no como se ha dicho un grupo delincuencial rival de Los Templarios? ¿Por qué se les permite libertad de tránsito, el poder tomar municipios a la fuerza y conservarlos aún cuando sean acciones evidentemente ilegales? ¿Es una acción concertada con las autoridades federales? Esta sí sería una estrategia novedosa y que pudiera dar resultados siempre y cuando no se salga de control y se cree una nueva autoridad paralela basada en la fuerza. Faltaría justificarlo legalmente pero ante la emergencia y por razones de estado se podría obviar por un tiempo en lo que se destruye a Los Templarios. Sorprende por lo pronto que una operación paramilitar de esta envergadura que conlleva  sitiar al municipio de Apatzingán para arrebatar el control de Los Templarios esté ocurriendo sin mayores explicaciones.


      Morir en Zacapu.  Podría ser una estadística más de homicidio de las que a diario vemos en las noticias y ante las que nos hemos vuelto insensibles. Pero no debería serlo. Fue una ejecución al estilo del crimen organizado. Un empresario cae víctima de dos disparos de escopeta en la cara. Sin mediar palabra. A sangre fría. No hay explicación. Los asesinos pueden portar una escopeta impunemente en el centro de Zacapu y ejecutar a quien se les dé la gana. En un Michoacán asolado por las extorsiones a empresarios y profesionistas no hay nadie que lo impida. Lo peor es la excusa que a veces se da cuando ocurren estas tragedias: “quien sabe en que haya estado metido el muerto”. La víctima se vuelve cómplice de su propia muerte. Presunto culpable de su asesinato: él lo provocó, entonces no hay crimen, no hay que investigar nada. Él se lo buscó.  Se repitió hasta el cansancio el sexenio pasado: es una guerra entre delincuentes. Así que si los mataron, parece ser el mensaje implícito,  es que se lo merecían. Una forma de trivializar los asesinatos. Sin saber verdaderamente si son o no parte de un conflicto o meras víctimas ajenas a la delincuencia.  ¿Cuántas miles de víctimas inocentes han sido estigmatizados por su propia muerte? ¿Cuándo se hará justicia por partida doble, castigando a los asesinos y reivindicando la memoria de los muertos?

      Estas tres estampas nos muestran que son  muchos los pendientes que tenemos que resolver. Yo espero que en el 2014 sean temas superados. Les deseo por lo pronto una muy Feliz Navidad y un muy próspero año nuevo.

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LA ESCLAVITUD DE LOS HORARIOS





     La administración  del tiempo a través de agendas y calendarios  se ha vuelto un elemento clave para que funcione la sociedad por la necesidad de sacarle más provecho al tiempo de las personas ante el crecimiento de las actividades en las que están involucradas.  Pero también se han convertido en una esclavitud. Trabajo, familia y una serie de obligaciones han hecho que el tiempo de cada quién esté cada vez más ocupado por innumerables actividades que no necesariamente agregan valor a la vida pero que sí la ocupan de manera preponderante.  Ante la escasez de tiempo, todos  anhelan tener más tiempo libre para hacer lo que se les dé la gana; y es que la vida se construye a partir del tiempo en el que transcurre y no hay nada que tenga mayor valor para las personas. El tiempo de vida de cada uno es finito y está acotado entre el nacer y el morir.  Además, nadie sabe cuánto será ese tiempo que se tiene disponible porque muy pocos saben cuándo van a morir. Quizá si se  supiera se dejarían de realizar tantas  actividades que solo consumen tiempo inútilmente.

     Cuando las actividades que predominaban eran agrícolas, los horarios eran muy largos: se trabajaba mientras hubiera luz o el clima lo permitiera; había algo de tiempo para comer y en la noche un poco de tiempo para convivir y el resto simplemente para  descansar y dormir. En la sociedad industrial las cosas cambiaron y se empezó a distribuir el tiempo de otra manera al ver que había una relación entre la producción y tiempo que se le dedica. Por ejemplo, las fábricas que utilizan mano de obra para realizar una tarea productiva. Tan era importante que los padres de la ingeniería industrial  Frederick W. Taylor,  Frank y Lilian Gilbreth, estudiaron los tiempos y movimientos que realizaban  los seres humanos al  fabricar un producto y desarrollaron métodos para optimizarlos y hacerlos más productivos. El ser humano se volvió una máquina más eficiente en los procesos de producción gracias a estas y otras técnicas de la ingeniería industrial. Con la era industrial, los horarios fijos de trabajo se fueron extendiendo y generalizando al resto de las instituciones y  hoy en día todo está sujeto a horarios y  calendarios.

      Pero hay instituciones que no funcionan con esa lógica de producción industrial. Por ejemplo la burocracia. Cuando la única forma de atender un trámite con el gobierno era a través de una ventanilla, entonces era muy importante que hubiese horarios de atención al público. Afortunadamente las nuevas tecnologías de información permiten ya que muchos trámites se hagan vía internet. Pero existen muchos otros segmentos de la burocracia – los que no son de ventanilla -  que no necesariamente tienen que operar bajo horarios rígidos y que no requieren las 8 horas diarias de presencia en oficinas y tienen tiempos muertos en sus horarios no porque no se quiera trabajar sino porque a veces no hay nada que hacer. En contraparte existen otros segmentos de los servicios públicos como los hospitales o las fuerzas de seguridad que tienen que operar los 365 días del año durante 24 horas y eso desde luego no lo puede hacer una sola persona sino deben dividirse los horarios en tramos manejables dependiendo del estrés de los trabajos. 

     Para empeorar las cosas existen culturas burocráticas donde lo importante es aparentar que se trabaja mucho y se tienen horarios absurdos con más de 14 horas diarias de presencia en oficinas para atender “bomberazos”, por mala planeación, o bien  por la costumbre ya vieja de que las personas deberán estar al pendiente en sus lugares de trabajo para ver que se les ofrece a los jefes, no importa las horas ni si haya o no algo que hacer.  El presidente Zedillo intentó acabar con esta cultura  que trastorna tanto la vida de los trabajadores del gobierno y dispuso en una norma que los horarios de trabajo en el gobierno federal deberían ser entre nueve de la mañana  y seis de la tarde, la cual sigue aún vigente pero  casi nadie la obedece.

     Las nuevas tecnologías y el funcionamiento  de las sociedades postindustriales, permiten que se cambie el concepto de los horarios de trabajo y el lugar donde se trabaja. Existen ya muchas tareas para las cuales no se requiere la rigidez de un horario o lugar fijo de trabajo.  Las herramientas antes solo disponibles en las oficinas hoy cualquier hogar las puede tener.  Por ello hay aspectos que podrían cambiar:

1.    Las personas no tienen que ir a una oficina para trabajar.
2.    Los horarios no son importantes, lo que importa es cumplir con  los resultados esperados del trabajo.
3.    Se puede trabajar a cualquier hora.
4.    Para interaccionar con el gobierno ya no es necesario acudir a una oficina.  

     Si los gobiernos aplicaran alguna de estas medidas no solo les daría mayor calidad de vida a  sus trabajadores, sino los haría más productivos; también se podría ahorrar mucho dinero en renta de espacios, en traslados, en uso de vehículos, etc. y todo ello en beneficio de las personas que trabajan para el gobierno y de las personas a quienes sirven.  
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7 de diciembre de 2013

LAS UNIDADES DE AUDITORÍA PREVENTIVA


 
     Con la próxima creación de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) desaparece la Secretaría de la Función Pública (SFP) y entrarán en funcionamiento las Unidades de Auditoría Preventiva (UAP) en sustitución de los Órganos Internos de Control (OIC) que dependían de la SFP – conocidas como contralorías - en las instituciones del gobierno federal. Las UAP ahora dependerán solamente de los titulares de las instituciones del gobierno federal y recibirán algunos lineamientos de actuación de la Secretaría de Hacienda (SHCP). Será  entonces importante definir  el papel que tendrán las UAP en la Administración Pública Federal.

     A partir de la administración del presidente Fox se dio prioridad a  que la SFP combatiera la corrupción en las instituciones enfocando las revisiones de auditoría y el resto de las funciones de los OIC´s a ello  en detrimento del asegurarse que la institución a la que estaban asignados cumpliera sus objetivos y diera resultados. Ello ocasionó un divorcio entre los objetivos de la institución y los de la Secretaría de la Función Pública y sus OIC’s. Si bien la corrupción impide el cumplimiento de los objetivos de las instituciones, se habían descuidado otros factores de incumplimiento por lo que  no había mecanismos de control que aseguraran que la institución diera resultados.

     Es importante que una institución orientada a resultados se apegue a los siguientes criterios y las UAP lo verifiquen:

·         Economía. Las actividades de la institución deberán evitar el desperdicio, desvío o uso inadecuado de los recursos públicos.

·         Eficacia. Todas las actividades de la institución deberán estar orientadas al logro de sus objetivos y encaminadas a lograr el impacto deseado en la población.

·         Eficiencia. Todas las actividades de la institución  deberán ser realizadas de tal forma que se logre el máximo de sus metas con el mínimo de recursos.

·         Honradez. Los servidores públicos deberán evitar actos de corrupción y actuar con honradez.

     Un gobierno orientado a resultados requiere monitoreo constante de desviaciones en su actuación y acciones correctivas inmediatas. Las UAP´s deberán ser factor para que la institución dé resultados. Para ello se requieren que las UAP´s se aseguren de que haya:

1.    Objetivos apropiados. Que los objetivos planteados para cada una de las “Unidades Responsables (UR)”  de las instituciones  estén bien hechos: sean claros, medibles, cumplibles y calendarizados adecuadamente.

2.    Objetivos alineados. Los objetivos deberán estar alineados en todos los niveles de la institución. Partiendo del Plan Nacional de Desarrollo, siguiendo por los planes sectoriales, el institucional, el de las UR´s,  el de los directores de área, los subdirectores etc. hasta cada uno de los individuos que laboran en la institución.

3.    Recursos alineados. Los objetivos tendrán también que estar alineados a los recursos con que cuenta la institución de tal forma que lo que se pretende hacer tenga los recursos necesarios y si no, para que ajustarlos.

4.    Seguimiento. Se deberá darle seguimiento a los avances en el cumplimiento de los objetivos en tiempo real a fin de poder corregir cualquier desviación en el cumplimiento de los mismos y corregirlo oportunamente. La UAP podrá darle seguimiento a través de herramientas tales como un tablero de control y alertar sobre posibles desviaciones.

5.    Impacto social. Se deberá medir el impacto que la actuación de la dependencia tiene en la sociedad especialmente en los temas que le competen. La UAP medirá estos impactos para alertar si la institución y sus objetivos realmente están logrando tener incidencia positiva en el país.

6.    Retroalimentación. Si en alguna de las etapas de revisión se detectan que no se está teniendo el impacto deseado en la población, entonces la UAP deberá proponer reiniciar el proceso replanteando objetivos y alineándolos a personas y recursos.

La estructura de la UAP podría tener diferencias importantes respecto a las del OIC como sigue:

·         Auditoría. Esta área deberá cambiar su enfoque a actividades preventivas. Su actividad se orientará a revisiones en tiempo real de lo que está ocurriendo. Podrá utilizar metodologías de auditoría del tipo de revisiones al desempeño pero tendrá que desarrollar herramientas para la auditoría en tiempo real. Las auditorías de carácter tradicional se podrían dejar en manos de la Auditoría Superior de la Federación y así evitar duplicidades.

·         Mejora de la Gestión. Esta área trabajará sobre los resultados detectados por el área de auditoría y será la encargada de proponer a la institución las medidas correctivas necesarias para modificar las desviaciones detectadas por el área de auditoría.

·          Quejas. Las quejas y denuncias en materia de corrupción deberán transferirse a la CNA para que se investiguen. El resto se podrán atender en las UAP´s.

·         Responsabilidades. La UAP continuará teniendo atribución para sancionar, pero deberá estar limitada a faltas administrativas relacionadas con incumplimiento de metas y desviaciones  a la normatividad. Aquellas que tengan que ver con actos de corrupción deberán pasar a la CNA.

     Asimismo se van a transferir actividades de los OIC´s y la SFP a la Secretaría de Hacienda. Además se tendrá que modificar la Ley Federal de Responsabilidades para que sean dos instancias las competentes para atender las violaciones a la Ley: las de la UAP y las de la CNA. Todos estos cambios y el replanteamiento de la función de las contralorías ahora llamadas UAP´s deberán contribuir a un mejor desempeño del gobierno federal. Estaremos esperando las reformas respectivas.

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POR UN SISTEMA INTEGRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA MÉXICO



1.    Introducción

Los procesos de rendición de cuentas forman parte de los sistemas de gobernanza de un país, o para el caso, de cualquier institución pública o privada.  Entiendo  la gobernanza en un país como la capacidad de su gobierno para llevar a cabo las tareas que las leyes les encomiendan con un enfoque  de honestidad, eficacia y eficiencia. En México la gobernanza  aún no se ha desarrollado como el país requiere. Esto se puede apreciar en las mediciones que el Banco Mundial realiza sobre este tema y las cuales lo sitúan a la mitad de la tabla de los países que mide dicha institución. Estudios del propio Banco Mundial han demostrado una alta correlación entre la gobernanza y el desarrollo de los países. Lo que ha encontrado dicho Banco  es que de nada sirve otorgar recursos a una nación si no tiene los mecanismos para hacer buen uso de ellos y evitar que se pierdan, por ejemplo, en actos de corrupción. El objetivo de este trabajo es analizar solo uno de los factores que contribuyen a la buena gobernanza de un país. En este caso la rendición de cuentas. Por ello y por las limitaciones de espacio,  me concentraré principalmente en los requerimientos de rendición de cuentas del poder ejecutivo federal y proporcionaré  un esbozo de la problemática y posibles mecanismos de rendición de cuentas en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno. El poder ejecutivo federal es el que actualmente cuenta con los mejores sistemas de rendición de cuentas pero aún allí existen importantes áreas de oportunidad en este ámbito. Por su parte los poderes Judicial y Legislativo federales cuentan con pocos mecanismos de rendición de cuentas y por lo que respecta a  estados y municipios, sus carencias son también importantes. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), ante la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal,  tiene ahora en sus manos un papel muy relevante para impulsar este y otros temas que en su momento impulsó dicha Secretaría y para ello quizá tenga que reformarse su marco legal para llenar los huecos de responsabilidad que ésta desaparición ha ocasionado. Por lo pronto la rendición de cuentas debería ser una prioridad del gobierno para lograr el consenso social y el apoyo que requiere su  actuación no solo a través de informar acerca de los resultados de la gestión pública,  sino exigiendo cuentas a los funcionarios responsables de implementar los mandatos legales a su cargo.

2.    Gobernanza

Es necesario situar a la rendición de cuentas en el contexto más amplio del que proviene. Esto es, como parte de un sistema de gobernanza. Toda institución  privada o de la administración pública requiere cumplir con mejores prácticas de gobernanza a fin de poder garantizar a sus “grupos de interés” que los directivos de las instituciones cumplan con los propósitos y fines de  su organización tal y como han sido establecidos por las autoridades competentes, de una manera eficaz, eficiente  y honesta. En la iniciativa privada estos grupos de interés son, desde el punto de vista interno: empleados,  gerentes y propietarios;  externo: proveedores, sociedad,  gobierno, acreedores y  clientes. En una institución de gobierno, los grupos de interés internos serían  empleados y   directivos, mientras que  los externos serían la sociedad que se beneficia de sus acciones y los ciudadanos que eligen a sus gobernantes.   El Banco Mundial desde 1996 ha venido construyendo  su Índice de Gobernanza Mundial mediante seis indicadores con el propósito de medir la gobernanza. Estos son:

 1. Voz y rendición de cuentas.

2. Estabilidad política y ausencia de violencia.

3. Efectividad del gobierno.

4. Calidad regulatoria.

5. Imperio de la Ley.

6. Control de la corrupción.

 Como se puede observar, la rendición de cuentas es uno de los elementos que utiliza el Banco Mundial para medir la gobernanza. En las mediciones que ha realizado dicha institución  desde 1996  podemos ver cuál ha sido el desempeño de nuestro país en relación al resto de los países del mundo que mide el Banco, en particular del indicador llamado  “Voz  y Rendición de Cuentas”. Como podemos observar en la gráfica, hubo un máximo en 2004 y a partir de allí disminuyó siendo el peor año 2007 con un repunte en los últimos cuatro años.   En términos generales México ha permanecido  un poco por encima de la media del resto de los países evaluados desde el año 2000. Esto no es alentador ya que el mismo Banco Mundial considera que para que el país tenga un desarrollo adecuado, se requiere contar con estos mecanismos de gobernanza que permitan realizar mejor las tareas de gobierno.

POSICIÓN DE MÉXICO CON RESPECTO A LOS DEMÁS PÁISES

INDICADOR “VOZ Y RENDICIÓN DE CUENTAS”

 

 

 

 

3.    Rendición de Cuentas.

Como ya comenté, un elemento relevante de la gobernanza es la rendición de cuentas. Una definición[1] de la rendición de cuentas,  o como se conoce en inglés “accountability”,   es que “a los directivos de cualquier organización se les hace responsables por llevar a cabo una serie de deberes a la vez que cumplan con las reglas y estándares aplicables a sus puestos.” Otros autores[2] plantean que la definición de este concepto es difícil y confusa. No solo este concepto sino también el de transparencia,  gobernanza y combate a la corrupción, como veremos más adelante. Estos autores definen el concepto así: “Rendición de Cuentas: describe la esencia de la relación entre el gobierno y sus gobernados; a mayor rendición de cuentas, mayor la respuesta del gobierno a las necesidades y expectativas del público al que sirve. Los esfuerzos para aumentar la rendición de cuentas se basan en la transparencia así como en otros insumos tales como la voz ciudadana, capital social, y procesos democráticos.” Otra definición es la de José Antonio Crespo[3] quien dice que “el principio de la rendición de cuentas busca conciliar el interés colectivo con el interés particular de los gobernantes” y luego cita a “El Federalista”, libro que recoge los documentos de los fundadores de la nación Estadounidense y que reúne diversos ensayos en donde defienden el principio del federalismo que fue incorporado en la Constitución de dicho país. Crespo extrae de allí el comentario de que la responsabilidad gubernamental consiste en hacer cumplir la ley y hacerlo de una manera eficaz.  

Un aspecto teórico que ha sido incorporado a la discusión del porqué es necesaria la rendición de cuentas es el problema  Agente-Principal que fue desarrollado por economistas para explicar la asimetría de la información que existe entre los propietarios y los administradores  de una empresa. Esta situación se da cuando  un grupo de accionistas (Principal) delega en administradores o gerentes  (Agente) la administración de una empresa y surge conflicto entre ellos cuando los objetivos de unos y otros difieren: los propietarios desean maximizar sus ganancias y los administradores buscan maximizar su propio beneficio; esto ocasiona el conflicto entre los objetivos de ambos  ya que los administradores pueden sacar provecho para su beneficio  de la información que poseen acerca de la empresa, misma que los propietarios pueden no tener por no estar involucrados en el manejo diario de la misma. Este modelo se ha llevado a la administración pública en donde los ciudadanos (Principal) asignan la responsabilidad de gobernar a una serie de funcionarios  (Agente) y entonces  es del interés de los ciudadanos asegurarse que estos funcionarios, en lugar de perseguir sus propios intereses, cumplan con las tareas que les fueron encomendadas. En este sentido podríamos considerar que la rendición de cuentas es el proceso  en el cual los funcionarios públicos explican a los ciudadanos como han cumplido su mandato legal y asuman las consecuencias  por no hacerlo adecuadamente.  El tema de las consecuencias es muy importante porque sin ellas no hay incentivos para conciliar el interés particular con el interés superior de los ciudadanos, dando pie a la desviación en la consecución de los objetivos que lleven al bien común. El costo, como menciona Crespo, de no tener mecanismos adecuados de rendición de cuentas, llevaría a un país al extremo de una revolución como único medio para quitar a un mal gobernante, mientras que si las instituciones democráticas funcionan adecuadamente y existe una rendición de cuentas eficaz, esto permite remover al mal gobierno de una manera pacífica sin tener que recurrir a una revolución. Un ejemplo de como sí funciona la rendición de cuentas en el marco de una democracia fue el del Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que cometió serios abusos en el ejercicio de su poder y que antes de someterse ante el Congreso de su país a un juicio de destitución,  prefirió renunciar a su cargo en 1974.

Como ya se ha mencionado, esta  dificultad para definir conceptos  tan complejos, ha causado confusión. Algunos de ellos se utilizan indebidamente de manera intercambiable. Esto es,  a veces se equipara transparencia con combate a la corrupción o transparencia con rendición de cuentas. Aunque es indudable que estos procesos están concatenados y se apoyan los unos a los otros, es necesario establecer las diferencias. Por ello me gustaría hacer algunas precisiones sobre estos aspectos y describir lo que propongo llamar “Cadena de rendición de cuentas”. Además, es necesario introducir en  esta Cadena un concepto nuevo pero necesario para que se dé un proceso de rendición de cuentas apropiado.  La “Cadena de rendición de cuentas” entendida como pasos eslabonados de un proceso quedaría entonces como sigue:

LA CADENA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

1.                  Transparencia o acceso a la información pública gubernamental. Es un derecho que garantiza a la población el acceso a documentos en posesión del gobierno. Requiere archivos bien organizados y debe garantizar la protección de datos personales y secretos de estado.

2.                  Comparecencias en foros públicos. Contempla el que el funcionario exponga su actuación en foros públicos ante todo tipo de audiencias y su exposición requiere de que exista transparencia en la información y posibilidad de verificarla.  

3.                  Capacidad de  análisis de la información. Consiste en poder entender el quehacer de los servidores públicos, sus decisiones, actuación y resultados con capacidad para analizar sus documentos y juzgar sus actuaciones. Requiere de transparencia y los mecanismos de información a los ciudadanos por parte de los servidores públicos.

4.                  Responsabilidades de los servidores públicos. La actuación de los servidores públicos debe estar acompañada de un sistema de  consecuencias en caso de incumplimiento de sus obligaciones y que consiste en someterlos a un proceso administrativo o en su caso penal, dependiendo del carácter de los mismos. Si bien en la iniciativa privada el premio al buen desempeño es un componente muy importante del sistema de incentivos, en la administración pública no se contempla algo similar. Esto puede deberse a que, en la tradición Juarista que hemos heredado, el trabajar en el gobierno como funcionario es un  servicio público,  en el cual dicho funcionario se hace acreedor  solo a lo estrictamente indispensable para satisfacer sus necesidades y su premio debería ser solo la satisfacción del deber cumplido. Si bien esto en parte debe ser así y los puestos públicos no son  lugares para enriquecerse,  lo cierto es que desde un punto de vista gerencial y de motivación, deberían existir también  sistemas de incentivos positivos para quienes trabajan en la administración pública.

 

La “Cadena de Rendición de Cuentas” que he presentado reduce los espacios para la actuación inapropiada de los servidores públicos orientándolos a comportamientos que de manera eficaz y eficiente cumplan con los resultados que les han sido encomendados,  fomenta la discusión pública informada y documentada sobre el quehacer gubernamental  y ayuda a combatir la corrupción.

Nuestro país tiene grandes avances en materia de transparencia y acceso a la información, sobre todo en el poder ejecutivo federal; en menor grado en los poderes ejecutivos estatales y en los  poderes legislativo y judicial de los tres órdenes de gobierno. Hay avances en materia de rendición de cuentas como veremos más adelante, pero una de las grandes deficiencias que se tienen hoy en día lo constituyen la capacidad que tiene la sociedad para analizar la información gubernamental y por lo tanto para poder tener una rendición de cuentas con interlocutores que puedan cuestionar y aportar ideas a los informes que  proporcionan los funcionarios del gobierno. También existen  limitaciones en la asignación de responsabilidades a los servidores públicos, por falta de una fiscalización más adecuada y por la dificultad para reunir los elementos necesarios que requieren los procesos administrativos de responsabilidades y los penales. A ello contribuye en ocasiones la falta de independencia de los organismos fiscalizadores. Si funcionase adecuadamente esta Cadena y sus cuatro elementos,  la transparencia y el acceso a la información, los foros públicos para que comparezcan los funcionarios responsables, la capacidad de análisis y el sistema de responsabilidades,  se podría mejorar la rendición de cuentas.

 

 

4.    El marco legal de la cadena de rendición de cuentas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en diversas disposiciones un marco para la rendición de cuentas. Si bien el alcance de estas disposiciones pudiera parecer limitado, existen aspectos importantes  en este sentido.

 

4.1.  Transparencia y acceso a la información.

El  artículo 6 de la Constitución tiene por objeto  garantizar la libertad de expresión,  el acceso a la información pública gubernamental,  garantizar la protección de datos personales y la obligatoriedad de los sujetos obligados de mantener archivos que faciliten el acceso a la información.

 

4.2. Foros de comparecencia y revisiones de actuación.

El artículo 74 cuyo objetivo es determinar las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados dice que “en lo que respecta a la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación…”,   se contempla que  debe  “comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos…”  y en el caso de que se solicite ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá comparecer  “en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven”.  Otro aspecto muy relevante es la facultad de la Cámara de Diputados, a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación  (ASF) para “…revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas”. Asimismo, “…si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley”. En el caso de la revisión del cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos.  En cuanto a las atribuciones que la Constitución otorga a la ASF es importante destacar que  tendrá a su cargo: “Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales.” También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica.

Por lo que respecta a las obligaciones de rendición de cuentas del Poder ejecutivo, la Constitución en su artículo 93,  mandata que  “… los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.” Por otra parte en el mismo artículo se contempla que  “Las Cámaras…, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria…”. Asimismo,   “…las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito... “

 

 

 

4.3.  Responsabilidades de los servidores públicos.

 El artículo 74 también prevé que la Cámara de Diputados  podrá “Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución”.  Asimismo podrá  “Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.”  Por su parte “… la entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes; también deberá “… determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales.”  Así pues la ASF tiene la facultad no sólo para revisar la cuenta pública y el desempeño de los entes auditados sino también para sancionar o promover las sanciones correspondientes en los casos que así lo ameriten.

 Por lo que respecta a las responsabilidades de los servidores públicos, es decir las consecuencias que deben asumir en caso de incumplimiento de sus mandatos, la Constitución dedica el Título Cuarto para determinar lo referente a las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado. El artículo 108 dice que Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.” Asimismo  Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.”  En el artículo 109  se determina queEl Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad”. El artículo 110 menciona que “… las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.” Finalmente el artículo 113 dice que “Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad.” y “... La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.

 

5.    Carencias y problemática.

 

5.1 .  Gobierno Federal.

Poder Ejecutivo. Como ya hemos visto  la Constitución prevé que los titulares de las dependencias, los titulares de los organismos constitucionalmente  autónomos y los titulares de las entidades comparezcan ante el Congreso. Sin embargo las comparecencias de estos servidores públicos en el Congreso no necesariamente llevan a consecuencias por el desempeño o por las acciones analizadas. Como hemos visto, para que exista una rendición de cuentas eficaz se requieren consecuencias y no existe ningún caso documentado en el pasado reciente de que el Congreso haya promovido la destitución o acusación a alguno de estos funcionarios por razón de su desempeño. Otra deficiencia es que fuera de los funcionarios antes mencionados que responden ante el Congreso, el resto de los funcionarios gubernamentales sólo responden ante  sus jefes y no ante los ciudadanos.

Poder Legislativo. Los diputados y senadores deben rendir cuentas a sus electores quienes  deberían poder reclamarles su actuación. Desafortunadamente la imposibilidad de reelección no incentiva el que los legisladores rindan cuentas. Por el contrario, salvo por delitos graves, no hay manera de que los legisladores tengan consecuencias en su actuación. Tampoco se someten a leyes de transparencia. En todo caso responden a sus dirigencias partidistas  lo cual no necesariamente coincide con el interés público.

Poder Judicial. Sus decisiones no siempre son entendidas o aprobadas por los ciudadanos ya que por su naturaleza el propio Poder Judicial es la última instancia en su materia y  no están sujetos a opiniones externas a ellos, aunque se pida parecer en temas con dificultad técnica. En cuanto a su gobierno interno obedecen a sus propias reglas.  Por ejemplo su contralor es nombrado por el propio Poder Judicial. Asimismo no hay quien revise la actuación de la Suprema Corte desde un punto de vista de desempeño institucional sustantivo. Solamente la ASF puede revisarla desde el punto de vista presupuestal. Existen carencias en aspectos tales como transparencia, combate a la corrupción, eficacia y eficiencia.  En la página de internet del Consejo de la Judicatura se presentan por ejemplo,  indicadores de desempeño, pero  no se muestran las metas ni se prevén consecuencias ante posibles incumplimientos de las mismas.

5.2.   Estados y Municipios

La rendición de cuentas en estados y municipios es aún más limitada que en el ámbito federal. Rebasa los alcances de este trabajo abundar en ello pero ciertamente las mayores áreas de oportunidad se presentan en estos ámbitos, por lo que habrá que impulsar medidas de gobernanza a nivel subnacional que permitan mejorar la actuación en estos niveles de gobierno.

 

6.    Áreas de Mejora.  

En esta sección propondré algunas medidas para mejorar  algunos aspectos de la Cadena de la Rendición de Cuentas.

Si bien tenemos un sistema de transparencia y acceso a la información ya bastante maduro a nivel federal, los demás elementos del proceso de rendición de cuentas  requieren esfuerzos de mejora. Algunos avances y áreas de oportunidad son:

6.1 . Transparencia. La reforma sobre Transparencia que está ya por ser votada  en el Congreso contempla, entre otros aspectos, el elevar a órgano constitucional autónomo al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI); aumentar el número de comisionados de cinco a siete; aumentar los sujetos obligados para incluir a sindicatos y partidos políticos que reciben recursos públicos; darle autonomía a los órganos de transparencia equivalentes de en los estados; darle al IFAI la capacidad de que pueda atraer casos de estados y municipios,  etc. Con ello se podrá seguir avanzando en la consolidación de los sistemas de transparencia en México.

6.2 .  Comparecencias. Se requiere encontrar nuevas formas de intercambio, diálogo y discusión de la actuación pública. La comparecencia de funcionarios públicos ante ciudadanos permiten informar a la opinión pública acerca de las actividades y decisiones que llevan a cabo los servidores públicos. No basta el acceso a la información o los informes que de vez en cuando algún funcionario da a la opinión pública. Se requiere de un ejercicio sistemático de comunicación e intercambio de ideas y opiniones por parte  de aquellos responsables de la operación del gobierno al nivel de lo que se conoce como titulares de las Unidades Responsables. Si bien podría parecer excesivo el número de funcionarios que tendrían que comparecer, lo cierto es que por el monto de los recursos que manejan y las decisiones que tienen que tomar al respecto resulta de la mayor importancia impulsar este tipo de ejercicios con una periodicidad de al menos cada año. Se podría argumentar en contra de este ejercicio  el que si los funcionarios tuvieran que dar cuenta de su actuación frecuentemente podría cohibir la toma de decisiones en un ambiente demandante y que requiere acciones constantes. Pero lo mismo se podría argumentar de las disposiciones de transparencia que ya existen al hacer accesible al público la información referente a la actuación de los servidores públicos y ya hemos visto que no se ha producido este efecto negativo. Lo positivo es que los funcionarios tienen que sustentar mejor sus decisiones al poder ser cuestionadas por analistas, ciudadanos, periodistas,  partidos políticos o por las instancias de fiscalización. Otro efecto positivo sería hacer más sensibles  a los funcionarios a las necesidades de la sociedad y los sectores que afectan con sus decisiones; llevarlos a  reflexionar más sobre su actuación y aprender a explicar su actuación con argumentos sólidos. No se trata que a través de esta rendición de cuentas se obstaculice el proceso de dirección, ni se intente realizar una búsqueda constante de consensos pues esto sí podría paralizar la acción de gobierno. Se trata de estimular la conducción de diálogos constructivos que enriquezcan la actuación de los funcionarios y en  donde el funcionario exponga las razones de sus  decisiones y asuma las consecuencias de sus actos.

 

6.3 .  Capacidad de análisis de la sociedad. Se requiere aumentar la capacidad de análisis de la sociedad a fin de que pueda interpretar la información que reciba a través de la transparencia y la rendición de cuentas y pueda exigir consecuencias a la actuación de los servidores públicos.  Esta tarea no es sencilla porque requiere de actores capacitados e informados para poder exigir una rendición de cuentas adecuada.

 

6.4 .  Responsabilidades de los servidores públicos. Los funcionarios deben tener un sistema claro de indicadores que midan su desempeño  y una serie de metas que deben cumplir. Los incentivos y castigos derivados de su actuación deberán ser  especificados de tal forma que haya claridad en las consecuencias de su actuación. Actualmente la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) se ha circunscrito a los hallazgos derivados de auditorías realizadas por las instancias de fiscalización, las quejas y denuncias presentadas ante los órganos internos de control  (OIC´s) o la propia Secretaría de la Función Pública y las investigaciones que en el ámbito administrativo realizan los OIC´s. El tipo de faltas que se sancionan tiene que ver en su gran mayoría con incumplimientos a las normas. Estos incumplimientos pueden ser triviales, es decir que no afectan de fondo la operación observada, o en el otro extremo, pueden comprender graves violaciones a las leyes y a la normatividad. Sin embargo se ha observado que en materia de cumplimiento de metas, objetivos y tareas encomendadas, las sanciones son mucho menores en caso de incumplimiento. Es decir que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP)  no  considera como grave el incumplimiento de metas y  resultados. En consecuencia la mayor parte de las sanciones tienen que ver con incumplimientos a las normas, y se ha soslayado la importancia de que los servidores públicos tengan un desempeño eficaz y eficiente además de honesto. A esto hay que sumar que si bien se ha avanzado en la desregulación, tala normativa y la mejora regulatoria, aún estamos muy lejos de tener la normatividad que realmente responda al logro de los objetivos de las instituciones. Hace falta un ejercicio de alineación de normas al cumplimiento de los fines que debe perseguir la institución y que los mecanismos de control que en muchos casos impulsan las normas no sean contradictorios y obstaculicen el logro de resultados, alcanzando un balance justo para permitir operar mejor.

 

 

7.    Propuestas.

7.1.  Transparencia.

Queda aún pendiente el que el IFAI tenga la capacidad para sancionar a quienes  no acaten sus resoluciones y se podría abrir un frente contencioso al tener la posibilidad el Consejero Jurídico de la Presidencia de impugnar la apertura de información en materia de seguridad nacional. Pero la propuesta de reforma contiene aspectos muy valiosos que harán avanzar aún más los alcances en esta materia, especialmente en estados y municipios.

7.2.  Comparecencias.

Para complementar las disposiciones que ya existen en materia de comparecencia para la rendición de cuentas por parte  de funcionarios públicos propongo para el poder ejecutivo federal un esquema de comparecencias más completo con las  siguientes características:

·         Todos los funcionarios responsables de una unidad administrativa, generalmente de nivel director general hacia arriba, tendrán obligación de presentar un informe en público cada año acerca de sus actividades y actuación, presentado en foros exprofeso dentro de las propias entidades y dependencias, que se transmitan por internet y otros medios de comunicación. Tendrán audiencia en vivo y podrán ser acompañados de informes por escrito. Serán de cuando mucho dos horas de duración y una hora de preguntas y respuestas.

·         Se deberá invitar a los actores de la sociedad que tengan interés en los temas específicos, aunque serán foros abiertos a cualquier persona.

·         Los comités, consejos directivos, juntas de gobierno y demás órganos directivos o de toma de decisiones  que prevean las normas deberán tener sesiones públicas salvo en aquellos casos que se pudiera dañar el interés nacional, la información confidencial de entes privados o afectar la economía y las relaciones internacionales.

·         La Auditoría Superior de la Federación, como instancia neutral y externa al Poder Ejecutivo,  deberá tomar un papel más activo en los procesos de rendición de cuentas y ser el garante de estos foros de rendición de cuentas,  como una extensión de las facultades del Congreso de pedir cuentas a los Secretarios y titulares de empresas paraestatales. Para ello deberá formarse dentro de la propia ASF  una instancia que ayude a organizar los procesos aquí propuestos incluyendo la emisión de  lineamientos de cómo llevarlos a cabo, resuelva los aspectos no previstos y regule  todo el proceso de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal para que este proceso fluya de manera adecuada y rinda los frutos que se requieren.

7.3.  Capacidad de Análisis.

De nada sirve tener acceso a la información del desempeño de las instituciones a través de transparencia y  comparecencias si no tenemos una sociedad con capacidad de analizar y juzgar la actuación de los servidores públicos. Esta tarea no es fácil pero propongo:

·         Fomentar la creación de  ONG´s cuyo propósito sea aumentar la cultura de la rendición de cuentas entre los ciudadanos.  Esto se podría lograr con fondos federales que apoyen la creación de estas organizaciones, asegurando su solvencia intelectual e independencia al exigir que no estén asociadas a partido alguno y que los recursos otorgados no tengan condicionamientos que afecten su imparcialidad.

·         Los partidos políticos tienen una tarea relevante en fomentar  instancias de análisis y estudios que vigilen la rendición de cuentas.

·         Las instituciones de educación superior podrían ser otras instancias que contribuyan al análisis de la información para la rendición de cuentas. A través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y otras asociaciones de educación superior, impulsar la creación de estos centros de estudio sobre rendición de cuentas con apoyos federales.

·          El propio gobierno  podría, a través de ejercicios de lenguaje ciudadano y una mejor comunicación acerca de la naturaleza de las actividades que realiza fomentar entre los ciudadanos una mejor comprensión de la información y de la actuación gubernamental.

·         La ASF ha venido impulsando una cultura de rendición de cuentas pero quizá requiera una modificación a su marco legal para que tenga más elementos para realizar esta labor. Por ejemplo se podría formar un instituto para la rendición de cuentas  que dependa de la ASF para  impulsar y crear conciencia ciudadana sobre estos temas.

7.4.  Responsabilidades de los servidores públicos.

Por lo que respecta a mejoras en el tema de responsabilidades propongo:

·         Convertir en faltas graves aquellos incumplimientos a las fracciones del artículo 8 de la  LFRASP que se refieren a no realizar adecuadamente las funciones encomendadas desde un punto de vista de eficacia y eficiencia e inclusive adicionar algunas obligaciones en este sentido a este artículo de la Ley. Actualmente la LFRASP considera, atinadamente, como graves, aquellas conductas que pueden tipificarse como actos de corrupción. Sin embargo, hace falta también que los incumplimientos en materia de eficacia y eficiencia se sancionen como graves.

·         Impulsar la creación de la Comisión Anticorrupción como un elemento clave de la buena gobernanza y para auxiliar en la rendición de cuentas,   para combatir a aquellos funcionarios que no actúen con honestidad. La creación de esta Comisión se vuelve urgente ante la desaparición de la Secretaría de la Función Pública.

 

 

7.5.  Estados y Municipios.

En los estados y municipios estos esquemas se podrían replicar de manera similar, siendo implementadas estas propuestas a su vez por los órganos superiores de fiscalización de los estados y auxiliados por la ASF como garante de la rendición de cuentas en el país.

7.6.  Poder Legislativo.

Por lo que respecta al Poder Legislativo, es necesario que se introduzca la obligatoriedad de que sus miembros rindan informes periódicos a sus electores, incluyendo a los legisladores de representación proporcional, en la zona geográfica que les corresponda. Pero  el mayor mecanismo de rendición de cuentas que es necesario introducir es la posibilidad de reelección de tal manera que el legislador pueda medir fehacientemente  si está representando fielmente a sus electores mediante la prueba de las urnas. Esta es una tarea que está pendiente en el Congreso.

7.7.  Poder Judicial.

En cuanto al Poder Judicial es necesario que cree los mecanismos de comunicación adecuados para la rendición de cuentas que expliquen su actuación en todos los ámbitos que les compete, siempre respetando el debido proceso y el buen desarrollo de los procesos judiciales y la privacidad de las personas.

 

8.    CONCLUSIÓN

Los funcionarios públicos están obligados a cumplir con las funciones que se les han encomendado y llevar a cabo sus tareas de una manera honesta, eficaz y eficiente y en caso de no hacerlo deberán ser  sancionados según amerite el caso. Un requisito para lograr este propósito es que haya un buen esquema de gobernanza en el país. La gobernanza como la definen organismos internacionales como el Banco Mundial constituyen un elemento clave para el desarrollo de México. Parte relevante de un buen proceso de gobernanza para el país lo constituye un sistema integral de rendición de cuentas en los tres poderes y los tres órdenes de gobierno. Si bien nuestra Constitución contempla la obligatoriedad de que titulares de entidades y dependencias comparezcan ante el Congreso, esto no es suficiente ya que no extiende esta obligatoriedad a niveles inferiores del funcionariado y son insuficientes los mecanismos de rendición de cuentas en el Poder Legislativo y Judicial. Asimismo la rendición de cuentas está menos desarrollada en estados y municipios. Existen además carencias para la rendición de cuentas tales como audiencias conocedoras de los temas de la administración pública que sean capaces de analizar la información proporcionada por funcionarios  a fin de enriquecer el ejercicio de gobierno. Finalmente también deben endurecerse las sanciones a funcionarios que no cumplan con las tareas encomendadas no solo si incurren en falta de probidad sino también por no cumplir con sus tareas de manera eficaz y eficiente. Como uno de los mecanismos para rendir cuentas se propone que la ASF tome un papel más activo en foros públicos de rendición de cuentas de funcionarios del poder ejecutivo federal tanto de la administración pública centralizada como de la paraestatal, de nivel director general hacia arriba a fin de que cada año rindan cuentas de su actuación. En cuanto a estados y municipios este esquema se podría replicar de forma similar que a nivel federal. Para los poderes Legislativo y Judicial se sugiere también que se mejoren los mecanismos de rendición de cuentas.

La rendición de cuentas no es un proceso optativo sino necesario para el buen desempeño de cualquier gobierno. No sólo eso, sino que existe una correlación positiva entre mayor rendición de cuentas y un mejor desarrollo del país. Por ello es necesario que ésta y otras ideas para mejorar la rendición de cuentas se sometan a prueba y aquellas que resulten de mayor impacto se implementen en el corto plazo como factor determinante para lograr el bienestar de los mexicanos.

 

 




[1] World Bank. Glossary of Statistical Terms. Accountability Definition.
[2] “How to Improve Governance. A New Framework for Analysis and Action.” David de Feranti, Justin Jacinto, Anthony J. Ody, and Graeme Ramshaw. Brookings Institution Press. Washington D.C., 2009.
[3] Tomo 1 de la serie Cultura de la Rendición de Cuentas editado por la Auditoría Superior de la Federación