POR:
OCTAVIO DÍAZ G. L.
@octaviodiazg
El
presidente Peña Nieto anunció el pasado jueves 27 de noviembre diez medidas
para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho. En esta ocasión no se recurrió a un gran
Acuerdo Nacional como lo hiciera el ex presidente Calderón en 2008 y como
originalmente lo había anunciado el propio presidente Peña. Lo cual está bien
porque de aquellos 74 compromisos firmados en 2008 o no todos se cumplieron o no tuvieron efecto
para disminuir la incidencia
delictiva; hace falta una evaluación a fondo de los resultados de
dicho Acuerdo. Lo que no quedó claro es si se va a continuar con los esfuerzos
para alcanzar esos 74 compromisos o ya con la propuesta del presidente Peña se
echa al olvido aquél Acuerdo.
Con
las medidas anunciadas, la
Administración federal intenta responder a la emergencia nacional
surgida de los acontecimientos de Iguala, Tlatlaya, de lo que ocurre en varios
estados - convertidos en “estados fallidos" - y para disminuir el riesgo de
que la ingobernabilidad se extienda por el país. El reclamo popular por mejorar
la seguridad, mantener el respeto a los derechos humanos y acabar con la
corrupción, ha tenido expresiones
importantes por todo México y el extranjero tanto en las redes sociales como en grandes
manifestaciones callejeras y ha sido objeto de mucha atención en medios de comunicación
internacionales. Por ello, era muy grande la expectativa sobre el alcance y
fuerza de las medidas que el Presidente anunció.
La estrategia del actual gobierno federal se ha caracterizado por un gran ímpetu legislativo
como lo prueban las reformas que se han impulsado desde que inició el sexenio.
Lo malo es que cualquiera de estas reformas tardará años en dar frutos. Por
ejemplo, a año y medio de la reforma constitucional que dio origen a la Comisión Federal de Competencia Económica
como organismo autónomo, aún están por verse resultados que sean iguales o mejores de los
de su antecesora, la antigua Comisión dependiente de la Secretaría de Economía.
Lo mismo se puede decir de otras
reformas que se han impulsado en ésta Administración ya que no bastan las
reformas legislativas; se requiere que los encargados de llevarla a buen
término tengan la capacidad y experiencia para dar resultados, de otra forma,
son reformas inútiles que solo crean más burocracia y gasto innecesario.
De
las diez medidas que propuso el Presidente, seis de ellas incluyen reformas legislativas: 1. Proponer una Ley
Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. 2.
Enviar una iniciativa que redefinirá por completo y dará claridad al sistema de
competencias en materia penal, a fin de que los diferentes órganos de gobierno
asuman su responsabilidad en ese ámbito. 3. Proponer una iniciativa de reforma
constitucional para establecer las policías estatales únicas. 4. Enviar al
Congreso una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana. 5. Proponer
una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las
leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada. 6. Aprobar el Sistema
Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en
materia de Transparencia. Algunas
de las propuestas no son novedosas pues ya se están discutiendo en el Congreso,
pero no por ello dejan de ser importantes por lo que será conveniente que se
aprueben pronto para que puedan tener efectos antes de que termine el sexenio.
Otras
de las medidas que propone el Presidente están desbalanceadas en cuanto a su
relevancia y presentan varias dudas. Por ejemplo, la propuesta de crear un
número telefónico único para emergencias (911), como el que se usa en Estados
Unidos y Canadá (En Europa usan el 112) no es una medida de alto impacto y el problema
de fondo es tener la capacidad para responder a las emergencias. En cuanto a impulsar la Clave Única de
Identidad, no sé si se trate de una confusión. Desde 1996 existe obligación
para el gobierno federal de adoptar la Clave Única de Registro de Población (CURP)
que es precisamente una clave única de identidad que pretende sustituir a las
claves de identificación electoral del INE, a la del IMSS, al RFC y tantas otras claves que usa el gobierno.
Ya se tienen grandes avances en la asignación de la CURP. Sin embargo, lo importante no es esa Clave, sino la Cédula de Identidad que ya se había comprometido en el
2008 y a la fecha sigue pendiente. Esta credencial permitirá identificar de
manera confiable a las personas mediante fotos y registros biométricos con lo
cual se puede resolver mejor el problema de los desaparecidos e identificar a
los criminales. Por lo que respecta a desarrollar un portal donde se encuentren
los proveedores y contratistas del gobierno federal, éste ya existe, se llama
COMPRANET y está cargo de la casi desaparecida Secretaría de la Función
Pública. No está claro si se trata de mejorar dicho sistema o crear un portal
nuevo.
Una
medida interesante es la creación de tres zonas económicas especiales que
incluyen a Guerrero, Chiapas y Oaxaca (Lamentablemente se dejó fuera Michoacán).
Por cierto, uno de los proyectos que podrían
detonar la economía en esa región es construir un canal interoceánico en Tehuantepec, además de los proyectos anunciados.
Habrá
que seguir analizando las medidas pero por lo pronto la sensación es que no
responden a un sentido de urgencia ante el reclamo de la sociedad por mejorar
la seguridad, el respeto a los derechos humanos y disminuir la corrupción en el
muy corto plazo.
________________________________________________________________
Blog:
octaviodiazgl.blogspot.com Correo: odiazgl@gmail.com
