Por: Octavio Díaz García de León
De acuerdo a notas periodísticas que aparecieron en
los periódicos Reforma y New York Times,
en Chihuahua se descubrió una red de corrupción para llevar recursos ilícitos a
las campañas políticas del PRI en 2016. El
monto desviado por su anterior gobernador, César Duarte, supera los 1,200 millones
de pesos, aunque no todo este dinero se fue a campañas sino también a los
bolsillos de los funcionarios.
Así, por lo menos 246 millones de pesos habrían sido desviados hacia el
PRI. La Fiscalía General de Chihuahua por
lo pronto ya ha encarcelado a varios operadores del ex gobernador Duarte y a
quien fuera secretario del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, operador a su vez
de Manlio Fabio Beltrones cuando era presidente de este partido.
El fraude apunta a autorizaciones otorgadas por la Secretaría de
Hacienda (SHCP) para transferir dinero a los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y
Tamaulipas. En el caso de Chihuahua, la SHCP firmó un convenio de “Fortalecimiento
Financiero” hasta por 275 millones de pesos de donde se tomaron los 246 que
luego fueron a dar al PRI.
Una vez recibido el dinero en Chihuahua, se desviaron los recursos simulando
adquisiciones del gobierno del estado a proveedores fantasma, supuestamente creados
y designados por los operadores del PRI, para de allí transferir el dinero en
efectivo a dicho partido.
Los operadores del PRI habrían cometido dos errores graves: pensar que
con estos recursos ganarían las elecciones y que, en caso de perder, la
oposición no les haría nada. No contaban
con que en Chihuahua el PAN ganó las elecciones con un candidato muy combativo,
Javier Corral, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.
La paradoja es que Javier Corral es muy cercano a Pancho Barrio, aquel
secretario de la Contraloría federal en el sexenio de Fox que intentó combatir
la corrupción desde el lugar equivocado porque, como hemos visto, en Chihuahua
quien está en encarcelando a los corruptos no es la Contralora de dicho estado
sino su Fiscal General.
En el sexenio de Fox, los casos se murieron en la PGR no en la secretaría
de la Contraloría, ya que Barrio no tuvo todo el apoyo que requería para
combatir la corrupción. Por cierto, aquella vacilada de los peces gordos la
dijo Fox, no Barrio.
La investigación en Chihuahua no ha terminado. La SHCP que autoriza el
gasto de 5 billones de pesos al año, a lo mejor no se dio cuenta que los 275 millones
que autorizó transferir a Chihuahua estaban destinados para apoyar campañas
políticas. Por lo pronto dicha Secretaría comenta que no hubo nada ilegal.
Asimismo, el ex presidente del
PRI, Beltrones, descalificó las acusaciones diciendo que se trataban de
declaraciones de testigos colaboradores; por su parte la Fiscalía de Chihuahua
también dijo que había pruebas documentales de los ilícitos.
No cabe duda de que de ser ciertas las acusaciones, resultan muy graves
para los involucrados y exhiben la incapacidad de las instituciones electorales
para detectar este tipo de irregularidades.
Lo publiqué aquí hace algunas
semanas: la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) fracasa ante los movimientos ilícitos de
dinero. El caso de Chihuahua, de comprobarse, sería prueba de ello: una red de
corrupción, una conspiración desde las más altas esferas del poder, un esquema
de lavado de dinero para manejar efectivo evitando dejar huella, un contralor
del Estado cómplice para ocultar las fechorías y el INE no detectó nada.
Ante las elecciones de 2018 lo más importante es impedir que algo
similar vuelva a ocurrir. Ojalá que esta lección de cómo combatir la corrupción
y el fraude electoral sea aprovechada por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
y el INE de cara a las elecciones del 2018. La principal institución para
combatir la corrupción deberá ser la Fiscalía Anticorrupción y los demás
integrantes del SNA tomando un papel de soporte.
El INE no debe limitarse solo a su proceso de fiscalización actual ya que
podría ser insuficiente y realizar su trabajo junto con otras instituciones,
especialmente la FEPADE, la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad de Inteligencia
Financiera, el SAT, el CISEN y otras instancias de inteligencia. También debe despejar
con firmeza la duda sobre la imparcialidad de su recién nombrado titular de la
Unidad de Fiscalización.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación por su parte, deberá tener también capacidades técnicas de
auditoría para discernir si los esfuerzos de fiscalización fueron suficientes e
imparciales.
El tránsito hacia la democracia no ha sido fácil para nuestro país y
uno de sus mayores enemigos es el uso de dineros ilícitos en las campañas. El
caso de Chihuahua prende las alarmas de lo que puede ocurrir en las próximas
elecciones por lo que será muy importante evitar estos ilícitos.
