Por: Octavio Díaz García de León
Se aproximan las elecciones del 2018 y el Instituto Nacional Electoral
(INE) tiene ante sí un gran reto para sacar adelante un proceso electoral que
se espera muy reñido y donde seguramente habrá reclamos de todo tipo.
En las contiendas cerradas y ásperas, el árbitro siempre tiende a ser
muy cuestionado, por lo que el INE estará en la mira si no logra darle certeza
al proceso electoral.
Pero en esta tarea no va solo el INE y eso no hay que perderlo de vista.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y otras instituciones del Estado mexicano
también juegan un papel clave en garantizar elecciones limpias.
Hay un aspecto de especial importancia para garantizar la credibilidad
de las próximas elecciones: el que haya transparencia y rendición de cuentas
por parte de los actores políticos en materia de financiamiento y gasto de las
campañas y que se cumpla con las disposiciones legales.
Los ciudadanos perciben que lo que reportan los partidos y candidatos
se encuentra muy por abajo del nivel real de ingresos y gastos que tienen. Por
ello, la legitimidad de las recientes elecciones en Coahuila y el Estado de
México fueron puestas en duda debido a los supuestos gastos excesivos de
campaña y el uso de recursos públicos para apoyarlas.
Y es que en estos tiempos en que las campañas de mercadotecnia son las
que más influyen en el electorado, la cantidad de recursos que se les dedique
pueden ser determinantes para definir una elección a favor de un candidato.
Actualmente la legislación obliga a todos los partidos y a los
candidatos independientes a registrar sus ingresos y gastos en un sistema de
cómputo que permite darles seguimiento. Además, los proveedores de los partidos
tienen obligación también de registrarse ante el INE para darle mayor transparencia
a los gastos realizados.
Por su parte, el INE cuenta con
una Unidad de Fiscalización que audita los gastos y los ingresos de los
partidos mediante auditorías a la documentación entregada.
Por cierto, el presidente del INE acaba de proponer a un nuevo titular
de dicha Unidad que fue cuestionado en algunos medios de comunicación
(http://www.jornada.unam.mx/2017/11/29/politica/010n1pol). Sería importante
que quien llegue a ese puesto genere la mayor confianza posible entre los
ciudadanos
El esquema de registro de ingresos, origen de los mismos, gasto y destino,
aunado a las facultades de fiscalización, provee un esquema aparentemente sólido
para cuidar que no se excedan de los límites que establece la Ley. Digo
aparentemente, porque si todos hacen trampa y recurren a métodos sofisticados
para ocultarlo, las capacidades de fiscalización del INE se quedarán cortas.
¿Cómo hacer entonces para vigilar de una manera eficaz que no se
excedan los límites de ingreso y gasto que prevé la Ley? ¿Como superar la
desconfianza de los ciudadanos que perciben que no se cumple con la Ley en esta
materia?
El problema mayor no es con el gasto que se registra en los sistemas de
cómputo del INE ni con los proveedores que lo hacen ya que una tarea adecuada
de revisión garantizará que, aunque la Unidad de Fiscalización tenga alcances
limitados, la mayor parte del gasto registrado por lo menos siga la
normatividad que exige la Ley.
El problema es que existe un componente ilícito, que, como en los casos
de corrupción, se trata de actos clandestinos hechos para no ser detectados por
auditorías normales y que pasan desapercibidas porque ni siquiera están al
alcance de los fiscalizadores. Por ejemplo, la entrega de recursos en efectivo
no reportados, a los actores políticos; ese dinero difícilmente se detecta con
una revisión de auditoría.
¿Cómo seguirle la huella a todo el dinero o a las aportaciones en
especie que fluyen hacia las campañas y que no se reportan? ¿Qué hacer en el
caso de uso, coacción y compra del voto con recursos públicos de los tres
órdenes de gobierno?
La tarea de garantizar que no se excedan los ingresos y gastos no es
una responsabilidad única del INE. Debido a la naturaleza del fenómeno, se
requiere que la FEPADE y la PGR, como instancias investigadoras apliquen toda la
capacidad que tienen para perseguir este tipo de delitos electorales. Se requieren capacidades policíacas de
investigación para encontrar los movimientos clandestinos de dinero.
Seguir la huella de los recursos ilícitos usados en las campañas
electorales es muy difícil. Sin embargo, los ciudadanos perciben que los
partidos gastan más de lo autorizado. Cambiar esa percepción requiere
operativos que den más confianza a los ciudadanos. Pero esto rebasa las
capacidades de fiscalización que tiene actualmente el INE y requiere técnicas
de investigación que van más allá de las auditorías; se requieren técnicas de
investigación criminal y de lavado de dinero para lo cual es necesario que las
instituciones que tienen esas capacidades hagan su tarea. Está en juego la
credibilidad de un proceso electoral que se prevé muy competido en 2018.
________________________________________________________________
http://octaviodiazgl.blogspot.mx/
http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/ Correo: odiazgl@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario