Por: Octavio Díaz García de León
Se aproximan las elecciones del 2018 y el Instituto Nacional Electoral
(INE) tiene ante sí un gran reto para sacar adelante un proceso electoral que
se espera muy reñido y donde seguramente habrá reclamos de todo tipo. En las
contiendas cerradas y ásperas, el árbitro siempre tiende a ser muy cuestionado,
por lo que el INE estará en la mira si no logra darle certeza al proceso
electoral. Pero en esta tarea no va solo el INE y eso no hay que perderlo de
vista. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE),
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y otras
instituciones del Estado mexicano también juegan un papel clave en garantizar
elecciones limpias.
Hay un aspecto de especial importancia para garantizar la credibilidad
de las próximas elecciones: el que haya transparencia y rendición de cuentas
por parte de los actores políticos en materia de financiamiento y gasto de las
campañas y que se cumpla con las disposiciones legales. Los ciudadanos perciben
que lo que reportan los partidos y candidatos se encuentra muy por abajo del
nivel real de ingresos y gastos que tienen. Por ello, la legitimidad de las recientes
elecciones en Coahuila y el Estado de México fueron puestas en duda debido a los
supuestos gastos excesivos de campaña y el uso de recursos públicos para apoyarlas,
aunque el TEPJF haya determinado que el PRI no rebasó los topes de campaña y
haya confirmado la elección de los candidatos de este partido en ambos estados.
Y es que en estos tiempos en que las campañas de mercadotecnia son las
que más influyen en el electorado, la cantidad de recursos que se les dedique
pueden ser determinantes para definir una elección a favor de un candidato.
Esto, aunado a otros métodos ya tradicionales de fraude electoral como compra
de voto y uso de recursos públicos para coaccionar a los votantes, serán los
factores contra los que las autoridades electorales deberán luchar.
Actualmente la legislación obliga a todos los partidos y a los
candidatos independientes a registrar sus ingresos y gastos en un sistema de
cómputo que permite darles seguimiento. Además, los proveedores de los partidos
tienen obligación también de registrarse ante el INE para darle mayor transparencia
a los gastos realizados. Por su parte, el INE cuenta con una Unidad de
Fiscalización que audita los gastos y los ingresos de los partidos mediante
auditorías a la documentación entregada. Por cierto, el presidente del INE
acaba de proponer a un nuevo titular de dicha Unidad que fue cuestionado en un
medio de comunicación
(http://www.jornada.unam.mx/2017/11/29/politica/010n1pol). Sería importante
que quien llegue a ese puesto genere la mayor confianza posible entre los
ciudadanos
El esquema de registro de ingresos, origen de los mismos, gasto y destino,
aunado a las facultades de fiscalización, provee un esquema aparentemente sólido
para cuidar que no se excedan de los límites que establece la Ley. Digo
aparentemente, porque si todos hacen trampa y recurren a métodos sofisticados
para ocultarlo, las capacidades de fiscalización del INE se quedarán
cortas. Todos aquellos gastos que los
partidos no registran en los sistemas son por naturaleza difíciles de rastrear
y se requieren herramientas que van más allá de los métodos de auditoría
normales.
¿Cómo hacer entonces para vigilar de una manera eficaz que no se
excedan los límites de ingreso y gasto que prevé la Ley? ¿Como superar la
desconfianza de los ciudadanos que perciben que no se cumple con la Ley en esta
materia?
El problema mayor no es con el gasto que se registra en los sistemas de
cómputo del INE ni con los proveedores que lo hacen ya que una tarea adecuada
de revisión garantizará que, aunque la Unidad de Fiscalización tenga alcances
limitados, la mayor parte del gasto registrado por lo menos siga la
normatividad que exige la Ley. El problema es que existe un componente ilícito,
que, como en los casos de corrupción, se trata de actos clandestinos hechos
para no ser detectados por auditorías normales y que pasan desapercibidas
porque ni siquiera están al alcance de los fiscalizadores. Por ejemplo, la
entrega de recursos en efectivo no reportados, a los actores políticos; ese
dinero difícilmente se detecta con una revisión de auditoría.
¿Cómo seguirle la huella a todo el dinero o a las aportaciones en
especie que fluyen hacia las campañas y que no se reportan? ¿Qué hacer en el
caso de uso, coacción y compra del voto con recursos públicos de los tres
órdenes de gobierno?
La tarea de garantizar que no se excedan los ingresos y gastos no es
una responsabilidad única del INE. Debido a la naturaleza del fenómeno, se
requiere que la FEPADE y la PGR, como instancias investigadoras apliquen toda la
capacidad que tienen para perseguir este tipo de delitos electorales. Se requieren capacidades policíacas de
investigación para encontrar los movimientos clandestinos de dinero.
Ante el tamaño del reto, es necesario que todas las instancias
encargadas de vigilar los procesos electorales actúen de manera coordinada y
pidan la participación de la sociedad civil, instancias internacionales de
observación electoral y agencias de otros países que ayuden en los procesos de revisión
y fiscalización.
Algunas ideas que el INE podría
establecer o solicitar para fortalecer la fiscalización de los recursos de las campañas
podrían ser:
1. Reforzar vigilancia. La Unidad de
Fiscalización del INE y la FEPADE deben recibir recursos de emergencia para el
proceso electoral, cubrir vacantes a la brevedad y establecer programas de
contratación temporal.
2. Transparencia. No solo hacer
pública información de ingresos y gastos de partidos y candidatos
independientes, sino tener una estrategia de transparencia proactiva.
3. Compromiso. Comprometer a líderes de partidos a firmar en
público un compromiso por la legalidad y mantenerles al tanto de cualquier
irregularidad detectada para que tomen medidas correctivas.
4. Denuncias. Fortalecer el sistema de denuncias públicas
para que toda la población coadyuve en el proceso de vigilancia.
5. Usuario simulado. Utilizar estos
esquemas para detectar posibles irregularidades en procesos de alto riesgo.
6. Auxiliares. Contratar un gran número de observadores que
ayuden a vigilar el flujo de los recursos en la elección. Pueden ser
voluntarios reclutados en instituciones de educación superior.
7. Independencia. Garantizar la absoluta
independencia a los titulares de las instituciones encargadas de vigilar los
recursos y libertad para actuar plenamente sin estar sujetos a la presión de
los sujetos obligados.
8. Blindaje electoral. Establecer
convenios con los gobiernos federal y estatales para que sus órganos internos
de control establezcan programas específicos para vigilar el que no se usen
recursos públicos en las campañas. Estos programas a su vez deberán ser
auditados para garantizar su eficacia.
9. Blindaje contra la delincuencia. Solicitar el apoyo
de las fuerzas armadas y las de seguridad pública junto con los organismos de
inteligencia del Estado para vigilar con operativos especiales que no haya
aportaciones del narcotráfico en áreas sensibles del país.
10. Blindar proveedores. Identificar a todos
los proveedores de espectaculares, despensas, propaganda, material publicitario,
transporte, eventos y otros sectores que participen en el proceso electoral y firmar
un convenio con ellos comprometiéndolos a vigilar el proceso y denunciar
cualquier gasto de procedencia ilícita.
11. Esfuerzo coordinado. Es necesario que
las instituciones del Estado mexicano que puedan colaborar en prevenir los
actos ilícitos de financiamiento y gasto de campaña, contribuyan con programas
dedicados a este propósito. Deberían participar la Unidad de Inteligencia
Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes estatales,
la Secretaría de la Función Pública y sus equivalentes a través de sus órganos
internos de control y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre
otros.
12. Testigos sociales. Contratar testigos
sociales en cada una de las entidades federativas, pagados por el INE, con la
tarea específica de seguir el gasto de las campañas.
13. Lavado de dinero. El INE deberá cooperar
muy de cerca con el SAT, la UIF, PGR, colegios de notarios e instancias
internacionales para detectar esquemas de lavado de dinero relacionados con
actividades electorales.
14. Apoyo internacional. Buscar un
organismo internacional fiscalizador que apoye en las labores de vigilancia de
ingreso y gasto, junto con observadores internacionales del proceso para que
participen en el
proceso electoral.
15. Control interno. Fortalecer los
mecanismos de control interno de los sujetos obligados, supervisando que
funcionen adecuadamente.
Seguir la huella de los recursos ilícitos usados en las campañas
electorales es muy difícil. Sin embargo, los ciudadanos perciben que los
partidos gastan más de lo autorizado. Cambiar esa percepción requiere
operativos que den más confianza a los ciudadanos. Pero esto rebasa las
capacidades de fiscalización que tiene actualmente el INE y requiere técnicas
de investigación que van más allá de las auditorías; se requieren técnicas de
investigación criminal y de lavado de dinero para lo cual es necesario que las
instituciones que tienen esas capacidades hagan su tarea. Está en juego la
credibilidad de un proceso electoral que se prevé muy competido en 2018.
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