RETOS PARA LAS FUERZAS ARMADAS

LA SILLA ROTA

       

Por: Octavio Díaz García de León

   La idea:  Después de la Segunda Guerra Mundial ya casi no hay guerras entre países. Éstas se limitan a incidentes regionales y no involucran confrontación entre naciones.  En este contexto, ¿cuál debe ser el nuevo papel de las fuerzas armadas en México? Reconocer que la mayor parte de las amenazas a la seguridad nacional provienen del interior y deben enfrentarse con su auxilio.  

   No ha habido una intervención extranjera en nuestro territorio desde 1917, cuando el Ejército Americano invadió con 12 mil soldados al estado de Chihuahua persiguiendo infructuosamente a Francisco Villa.

   Aunque México declaró la guerra a las potencias del Eje, la participación de nuestro país en la segunda guerra mundial fue simbólica.

   Desde 1945, las fuerzas armadas han tenido una labor orientada a atender asuntos internos y no a amenazas del exterior. En la década de los sesenta y setenta se combatieron movimientos guerrilleros de inspiración cubano-comunista que intentaban derrocar al régimen; el más reciente se dio en 1994 con el levantamiento armado del EZLN.

   Por otra parte, desde mediados del siglo pasado, las fuerzas armadas también han auxiliado en el combate al tráfico de drogas, pero es en este siglo que han tomado un papel muy relevante en combatir a los cárteles de la droga.

   Otra área de actuación destacada ha sido en el auxilio a la población en casos de desastres naturales.

   Pero todas estas intervenciones han sido para atender amenazas y emergencias provenientes del interior.

   El presidente electo ha anunciado cambios importantes en la estructura del Ejército al reintegrarle el cuerpo de Guardias Presidenciales y el Estado Mayor Presidencial, y ha dicho que quiere consolidar a las fuerzas armadas en una Guardia Nacional o Civil (Reconversión del Ejército).

   Las Fuerzas Armadas fueron diseñadas primordialmente para proteger al país de la agresión de otros países. Si consideramos que es muy improbable que esto ocurra o que no podamos hacer nada frente a una agresión de Estados Unidos ¿cuál deberá ser su papel en el futuro?

   Por principio de cuentas se debe reconocer que las fuerzas armadas se han dedicado a atender problemas internos en los últimos 73 años.

   ¿Se deben transformar en una Guardia Nacional, en una super policía o en una Guardia Civil? Probablemente no, porque implicaría desarticular instituciones muy sólidas que sirven al país.

  Las fuerzas armadas son pieza clave en defender la seguridad nacional, ante el fracaso de las fuerzas policiales en enfrentar a la delincuencia organizada que intenta desplazar al Estado mexicano, o ante el surgimiento de nuevas amenazas tecnológicas provenientes del exterior.

    Algunas de estas amenazas son:

  1.    Organizaciones criminales trasnacionales.  Cuentan con redes logísticas para movilizar droga, lavar dinero y un alto poder de fuego. No solo se requiere a las fuerzas armadas sino la cooperación con otros países para combatirlas.

   2.    Cárteles locales. Cuentan con alto poder de fuego, se refugian en lugares de difícil acceso y dominan grandes territorios, lo cual requiere fuerza militar para desarticularlos.   

   3.    Ciberguerra. La nueva forma de intervención de otros países en el nuestro es a través del ciberespacio. Por su dimensión y capacidades, se requieren fuerzas especiales para combatir esta amenaza.

   4.    Fronteras y litorales. Se requiere tener el control de nuestros límites territoriales. Por ejemplo, de la porosa frontera sur.

   5.    Terrorismo y subversión. Aunque poco probable, siempre existe la posibilidad de que surjan este tipo de grupos y deberán combatirse.   

   Estaría bien si en el futuro las fuerzas armadas dejaran de realizar tareas policiales, pero mientras la delincuencia organizada represente una amenaza a la seguridad nacional, la participación militar es indispensable.

   Por ello requieren, entre otras cosas, lo siguiente:

   1.    Marco Legal. Leyes adecuadas que les permitan actuar en el interior del país con todas las garantías. La Ley de Seguridad Interior es un avance.

  2.    Equipamiento.  Equipos modernos y de alta tecnología que estén adaptados a las nuevas tareas.

  3.    Inteligencia y contrainteligencia. Equipos técnicos y humanos avanzados.

   4.    Ciberseguridad. Contar con una sección dedicada a estas tareas, que sea altamente especializada, con recursos suficientes y una escuela de alto nivel.

   5.    Aviones no tripulados y robots militares. Las nuevas técnicas militares requieren el uso intensivo de estas nuevas armas y México debería tenerlas.

  6.    Fuerza naval. Ante la extensión de los litorales nacionales se requiere incrementar el número de embarcaciones con tecnología de punta, incluyendo naves no tripuladas, submarinos, misiles y otras armas modernas.

  7.    Satélite militar. Hace falta un satélite para uso exclusivo de las fuerzas armadas para propósitos de recabar inteligencia.

 8.    Entrenamiento y equipamiento policíaco. Algunas tareas contra la delincuencia requieren acciones de tipo policíaco por lo que es necesario desarrollar esas capacidades en las fuerzas armadas.

   Desafortunadamente no estamos en una situación de paz interna y por lo tanto se requieren fuerzas armadas capaces de enfrentar las amenazas a la seguridad nacional provenientes en su mayor parte del interior del país.  

   Ahora habrá que apoyarlas con recursos y no intentar desarticularlas cambiando su naturaleza.

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¿SE PUEDE DISMINUIR LA INSEGURIDAD?

Por: Octavio Díaz García de León.

     La idea: El número de homicidios dolosos en México sigue al alza rompiendo récords.  Pero no solo los homicidios sino en general los actos delictuosos siguen creciendo de forma incontenible. Disminuirlos será uno de los retos más grandes y urgentes del próximo gobierno, aunque la sociedad tendrá que tomar en sus manos buena parte de la solución.

    Por años, las autoridades han discutido el problema de la seguridad pública generando innumerables propuestas y llevando a cabo acciones, pero sin lograr resultados.

    Si bien en materia de seguridad pública existen muchas aristas, habrá que atenderlas de manera diferenciada y no solo buscar grandes soluciones, sino pequeñas acciones que incidan en la solución del problema.

   La inseguridad está representada por diversos delitos con diverso impacto. El de mayor agravio es el homicidio doloso, del cual entre enero y agosto se cometieron   18,885 homicidios, rompiendo récord.  

   Una parte no cuantificada de estos se debe a la lucha entre las bandas de delincuencia organizada y es la que más impacta a la opinión pública. Para disminuirlos se han dado muchas soluciones: desde profesionalizar a las policías locales hasta usar a las fuerzas armadas, sin resultados.

   Recientemente se está manejando nuevamente la idea de que hay que pactar la paz con los delincuentes. ¿Con cuáles? ¿Con que reglas extralegales? ¿Con que garantía de que será en beneficio de la población? Mas que solución, esta alternativa nos encaminaría a convertirnos en un narco estado.

  

   Si bien el asesinato es el delito de mayor impacto, la inseguridad cotidiana, tal como el robo y la extorsión, afecta a un mayor número de personas. El INEGI señala en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018 que, durante 2017, 25.4 millones de personas fueron víctimas de 33.6 millones de delitos, los cuales costaron a las víctimas casi 300 mil millones de pesos, equivalentes al 1.6% del PIB.  

   Por ello, urge enfocar las baterías al combate de la inseguridad cotidiana, claro, sin descuidar los delitos de alto impacto como los homicidios y los más de 80 mil secuestros que reporta el INEGI.

   El Estado mexicano no ha podido resolver el problema por lo que se debe seguir insistiendo en la construcción de instituciones, profesionalización de policías, mejora de cárceles, mejores investigaciones, combatir la corrupción, definir el papel de las fuerzas armadas, aumentar el número de policías y un largo etcétera.

   Pero todo esto requiere tiempo, voluntad y capacidad política.  No es algo que un gobierno entrante vaya a solucionar en el corto plazo.

   Pero no hay que perder más tiempo. La sociedad debe pasar a la acción y no esperar a que el gobierno resuelva la inseguridad. Se debe actuar en la comunidad en aspectos como:

   1.    Barrios y colonias vigilantes. Tal y como lo ha sugerido el ex senador Francisco Búrquez, los vecinos deben crear organizaciones para suplementar servicios públicos que las autoridades no les otorgan, creando administradores de barrio, como existen en los condominios.

Estos administradores podrían contratar personal especializado, instalar cámaras, protecciones de acceso, alarmas que alerten a los vecinos en caso de asaltos, alertas por redes sociales y otros mecanismos en donde los habitantes puedan intervenir, dependiendo de los recursos con que cuenten.

   2.    Cámaras empresariales. Todos los sectores empresariales sufren delitos que les afectan mucho. Por ejemplo, el asalto a trenes de carga. Podrían entre todos, crear áreas de seguridad dedicadas a combatir estos delitos, instalando sistemas de vigilancia, recabando inteligencia en las comunidades donde los asaltan y aportando información que permita a las autoridades competentes encarcelar a los maleantes. También reforzar a sus guardias armados y establecer otras medidas de disuasión.

   3.    Comerciantes del barrio. Se podrían asociar para protegerse entre todos, especialmente de delitos como robo, extorsión y secuestro, mediante sistemas de vigilancia, sistemas de alerta, identificación de maleantes y una fuerza de seguridad privada que los proteja. Podrían trabajar en conjunto con los administradores de barrio.

   4.    Pequeñas poblaciones. La policía comunitaria es una opción, siempre y cuando proteja a la población y no a los delincuentes. El caso de Cherán en Michoacán es digno de estudiarse y otros casos de legítima auto defensa.

   La comunidad judía en México tiene formas exitosas de auto protección utilizando a expertos retirados del ejército israelí y del Mossad. En México existe mucho talento proveniente del gobierno y de las fuerzas armadas que se puede aprovechar y de hecho ya lo hacen algunas empresas, para su protección.

   Especialmente ahora que podría venir una desbandada en las instancias de seguridad del gobierno por la posible reducción de sus sueldos, prestaciones y por tener condiciones de trabajo desfavorables.

   No es lo ideal que, habiendo autoridades responsables de combatir la inseguridad, pagadas con los impuestos de todos, tengan los ciudadanos que defenderse por su propia mano.

   Pero estamos ante un escenario donde no se vislumbra que las autoridades puedan incidir en el problema en el corto plazo y la población no puede quedarse esperando a que el gobierno haga algo.  Es tiempo de que la población tome un papel más activo en su protección.

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TRANSFORMAR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

LA SILLA ROTA

Por: Octavio Díaz García de León.

    La idea: La Dra. Irma Eréndira Sandoval, propuesta por el presidente electo para ser secretaria de la Función Pública, declaró que va a reestructurar a dicha Secretaría ahora que asuma su titularidad. La buena noticia es que no piensan desaparecerla como lo intentaron los presidentes Calderón y Peña. Los cambios, sin embargo, podrían ser inadecuados, especialmente en lo que proponen para los órganos internos de control.  

     Los órganos internos de control (OIC) son clave para la operación de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Están ubicados en cada entidad y dependencia del gobierno federal siendo 213 OIC y 2 Unidades de Responsabilidades (PEMEX y CFE). Tienen más de seis mil trescientos trabajadores y su presupuesto lo proporciona la institución a la que están adscritos.

    La próxima secretaria ha dicho (Entrevista)  que no los va a desparecer, pero sí a reestructurar, concentrándolos a todos en las oficinas centrales de la Secretaría, lo cual, en realidad, es una manera de desaparecerlos.

    La Dra. Sandoval dijo que lo que se pretende es que los OIC tengan una mayor dependencia de la SFP haciendo que los titulares de los OIC no sean puestos por los titulares de las instituciones que vigilarán. También quiere darles independencia presupuestal.

   Esta reestructuración tendría enormes retos operativos. Primero, concentrar a los OIC en las oficinas centrales de la SFP requerirá varios edificios para acomodar a las cerca de 8 mil personas que tendría la SFP.  

   Otro de los retos, que ya se ha intentado en el pasado sin éxito, sería transferir el presupuesto de los 215 OIC a la SFP, el cual podría ascender a un total 6 mil millones de pesos, alcanzando 7.5 mil millones de pesos al año de presupuesto y convirtiéndola en una de las secretarías más grandes.

    También tendría que uniformizar los puestos, niveles y salarios de los 6.3 mil funcionarios transferidos ya que actualmente se rigen por la estructura orgánica de cada institución.

   Toda la reestructura requeriría una gran cantidad de modificaciones a disposiciones legales que tomarían mucho tiempo y recursos presupuestales para atender liquidaciones del personal transferido.

    El modelo operativo que propone la Dra. Sandoval sería una réplica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esta estructura es adecuada para la ASF por tratarse de un ente fiscalizador externo al Poder Ejecutivo, pero que es inadecuada para la SFP, quien realiza labores de control interno, prevención, mejora de procesos y auditoría interna cuyo valor agregado está en su cercanía con las instituciones.

    Si bien al concentrar operaciones de los OIC se podrían conseguir algunos ahorros eliminando algunas duplicidades y uniformizar sueldos, si se decide mandar secretarías y paraestatales fuera de la CDMX, el gasto en viáticos eliminaría los ahorros.  Esto se agravaría con el traslado anunciado de la SFP a Querétaro.

    Por otra parte, los servidores públicos sujetos a proceso de responsabilidades tendrían que viajar a donde se encuentre la SFP para litigar sus casos, siendo afectados sus derechos humanos.

    Al quitar a los OIC de las instituciones, la SFP perdería su capacidad de influir directamente en la operación de todo el gobierno federal, especialmente en comités clave como el de adquisiciones, el de obra pública, el de control interno y el de transparencia, ya que no es lo mismo estar inmerso en la dinámica de la institución que asistir ocasionalmente a dichos comités.

    Además, se perdería la pericia de los funcionarios que conocen a fondo a las instituciones, al alejarlos de su operación diaria.

    Al tener un OIC en cada institución, la SFP cuenta con una fuente de información constante y confiable que le permite detectar la problemática de todo el gobierno federal y alertar al presidente.

    En otros países existen modelos descentralizados exitosos de vigilancia y control como los ”Inspectores Generales” en Estados Unidos y en Francia. Se podría estudiar estos casos para mejorar el modelo actual de la SFP.

    Para darle independencia a los OIC, no es necesario concentrarlos en la SFP. Basta que la próxima secretaria nombre a sus titulares sin aceptar imposiciones e implemente un servicio profesional de carrera de los OIC, como ya lo hubo en el sexenio de Fox. Además, la SFP cuenta con un gran número de sistemas de información con los cuales los OIC están permanentemente supervisados.

    Antes de hacer cambios radicales, sería importante que el equipo de transición haga un diagnóstico adecuado y evite realizar una reestructura muy difícil de implementar que podría causar más daño, no solo a la institución, sino a todo el gobierno federal.

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REESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Por: Octavio Díaz García de León.

     La idea: La Dra. Irma Eréndira Sandoval, quien fue propuesta por el presidente electo para ser secretaria de la Función Pública, ha declarado que piensa reestructurar a dicha Secretaría ahora que asuma su titularidad. La buena noticia es que no piensan desaparecerla como lo intentaron los presidentes Calderón y Peña. Los cambios, sin embargo, serán complejos. Lo importante es que quede una institución que cumpla eficazmente con su función.

     Un aspecto clave de la operación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) son los órganos internos de control (OIC) que dependen de ella, pero están ubicados en cada entidad y dependencia del gobierno federal siendo 213 OIC y 2 Unidades de Responsabilidades (PEMEX y CFE). Entre todos, tienen más de seis mil trescientos  funcionarios y su presupuesto sale de la institución a la que están adscritos.

 La próxima secretaria ha dicho (https://www.eleconomista.com.mx/politica/OIC-no-seran-eliminados-sino-reestructurados-20180930-0084.html) que no los va a desparecer, como originalmente había dicho AMLO,  pero sí a reestructurar, concentrándolos a todos en las oficinas centrales de la Secretaría, lo cual, para efectos prácticos,  es una manera de desaparecerlos.

     La Dra. Sandoval ha dicho que lo que se pretende es que los OIC tengan una mayor dependencia de la SFP haciendo que los titulares de los OIC sean realmente seleccionados y nombrados por ella y darles independencia presupuestal para evitar que se detengan actos de fiscalización.

    Esta reestructuración tendría grandes retos operativos. Primero, concentrar a los OIC en las oficinas centrales de la SFP requerirá un enorme edificio o varios, para acomodar a las cerca de 8 mil personas que tendría la SFP.  Otro de los retos, que ya se ha intentado en el pasado, será transferir el presupuesto de los OIC de las 215 instituciones a la SFP, el cual podría ascender a 6 mil millones de pesos, con lo cual se convertiría en una de las secretarías más grandes del gobierno federal con un presupuesto de alrededor de 7.5 mil millones de pesos al año.

     Otro aspecto que tendría que resolver es uniformizar los puestos, niveles y salarios de los 6.3 mil funcionarios que se concentren en la SFP, ya que hoy en día se rigen por la estructura orgánica de cada institución. También tendría que hacer modificaciones a numerosas disposiciones legales.

     El modelo operativo que propone la Dra. Sandoval es una réplica de cómo trabaja la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esta estructura es adecuada en el caso de la ASF por tratarse de un ente fiscalizador externo al Poder Ejecutivo, pero que no lo es para la SFP, quien hace labores de control interno, prevención, mejora de procesos y auditoría interna y cuyo valor agregado está en su cercanía con las instituciones.

     Si bien se podrían conseguir algunos ahorros al eliminar algunas duplicidades y uniformizar sueldos (Mas allá del recorte salarial ya anunciado), si se decide mandar secretarías y paraestatales fuera de la CDMX, el gasto en viáticos para la SFP sería enorme con lo que se perderían los ahorros, además del consecuente desgaste personal y familiar para sus trabajadores.   Esto se agravaría con el traslado anunciado de la SFP a Querétaro.

    Además, los servidores públicos sujetos a proceso de responsabilidades tendrían que viajar a donde se encuentre la SFP para litigar sus casos, siendo afectados sus derechos humanos.

    Al quitar la presencia de los OIC en las instituciones, la SFP perdería su capacidad de influir directamente en la operación de todo el gobierno federal. Disminuiría su presencia en comités clave como el de adquisiciones, el de obra pública, el de control interno y el de transparencia, entre otros, ya que no es lo mismo estar inmerso en la dinámica de la institución que asistir ocasionalmente a dichos comités. Además, se perdería la pericia de los funcionarios que conocen a fondo a las instituciones, al alejarlos de la operación diaria.

   Al tener un OIC en cada institución, la SFP cuenta con una fuente de información constante y confiable que le permite detectar la problemática operativa de todo el gobierno federal y alertar al presidente. Esto sería de especial importancia ahora que se quieren implementar medidas de austeridad draconianas y combatir la corrupción.

     En el mundo hay modelos descentralizados exitosos de vigilancia y control. Por ejemplo, en Estados Unidos, las ”Inspecciones Generales” (https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Inspector_General_(United_States)

no dependen de una secretaría central y en algunos casos sus titulares son nombrados por el presidente con lo que se les da la máxima independencia. El esquema en Francia es parecido y los inspectores generales son puestos prestigiosos (De allí salió el presidente Macron). Se podría mirar estos ejemplos para mejorar el modelo actual de la SFP.

    Para darle independencia a los OIC, no es necesario concentrarlos en la SFP. Basta implementar un servicio profesional de carrera de los OIC como ya lo hubo en el sexenio de Fox. Además, la SFP cuenta con un gran número de sistemas de información que le permiten darle seguimiento muy de cerca a la operación de los OIC los cuales están permanentemente vigilados.

   Quizá la SFP requiera una reingeniería. Sin embargo, valdría la pena que el equipo de transición haga un diagnóstico adecuado y evite realizar una reestructura que pueda causar más daño, no solo a la institución, sino a todo el gobierno federal.

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