30 de mayo de 2013

SECRETOS DE ESTADO


 
       Hace unos días la Revista Contralínea dio a conocer la estructura de mando del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en lo que puede ser una de las más grandes violaciones a la seguridad de la información del Centro en su historia. El hecho de que se haya publicado ésta información muestra la falta de leyes que lo eviten así como la falta de sensibilidad por parte de los medios de comunicación al  revelar información que pueda afectar al Estado Mexicano y poner en riesgo la vida de servidores públicos.

 
      Nos hemos acostumbrado a la transparencia de la información del gobierno  gracias a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG)  y sus equivalentes en los estados. Esta Ley en su artículo 2 dice que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o conservada por las instituciones del gobierno federal es pública excepto aquella que esté reservada o sea confidencial de acuerdo a lo dispuesto en dicha Ley. Por ello  es que podemos ir al portal de obligaciones de transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para ver los  organigramas,  los directorios con los teléfonos de los funcionarios, sus sueldos, la dirección donde despachan, sus correos electrónicos, etc.,  de todo el gobierno federal.
 
      La LFTAIPG también prevé excepciones a la divulgación de información  en función,  por ejemplo, de si afectan la seguridad nacional, las relaciones internacionales, la estabilidad financiera o las averiguaciones previas; esta información puede ser reservada hasta por doce años.  Por otra parte considera como confidencial la información entregada al gobierno con tal carácter por particulares y los datos personales;  esta información no se puede divulgar.
 

      Sin embargo, donde ha existido más polémica es en definir hasta qué punto se debe dar acceso a información que puede afectar el funcionamiento del gobierno  en temas tan delicados como lo son seguridad nacional,  seguridad pública y defensa nacional,  pues si bien su reserva está prevista en la LFTAIGP no  es fácil determinar a qué información darle publicidad sin causarle daños al país. Actualmente el IFAI  cuenta con la comisionada Sigrid Arzt, experta en temas de seguridad nacional, quien es un factor importante para determinar qué información de seguridad nacional o pública debe estar reservada. Pero la falta de criterios claros respecto a lo que se puede o no revelar en estas y otras materias sensibles al estado Mexicano pueden llegar a hacer que se publique información que no debería ver la luz pública.

 
      En el lamentable asunto de la filtración del CISEN, lo que para otras organizaciones es información trivial, en este caso no lo es. Por ejemplo,  revelar quién es el responsable de dirigir las labores de inteligencia en materia de delincuencia organizada o terrorismo expone la vida de  dichos funcionarios. Aquí se  plantean dos problemas: uno de carácter interno al CISEN en lo que constituye una falla muy grave en sus sistemas de seguridad. Otro más de fondo es la carencia de normas claras respecto a lo que es un secreto de estado y las consecuencias por darlo a la publicidad. Si bien la Ley de Seguridad Nacional señala cómo deben tratar la información relativa a esta materia los funcionarios que trabajan en estas instituciones, los medios de comunicación no tienen restricciones para  publicarla.



     Por lo que hace a otros países, España cuenta con la Ley de Secretos Oficiales; en Estados Unidos la Orden Ejecutiva 13526 regula el manejo de información gubernamental confidencial y en el Reino Unido el Marco de Políticas de Seguridad proporcionan la normatividad respectiva. En México no existe algo similar. El Capítulo III de la  Ley de Seguridad Nacional habla de como debe manejarse  la información en esta materia  pero sólo da normas de carácter general. Además,  las violaciones a esta Ley se castigan por la vía administrativa y no por la penal.



     Un aspecto de los ordenamientos de otros países  es que las personas que tienen acceso a dicha información deben aprobar estrictos controles de confianza y se les da acceso dependiendo de su necesidad de conocer dicha información. En México si bien hay controles de confianza no se ha segmentado el acceso a la información dependiendo de su grado de confidencialidad.  

 
     Los secretos de estado son necesarios para cualquier gobierno. En México se ha avanzado mucho por el lado de la transparencia pero no hay prácticamente nada que proteja adecuadamente los secretos de estado. Es necesario  construir el  marco legal respectivo que ayude, entre otras cosas,  a prevenir la  filtración de información secreta, proteja de  amenazas a la seguridad de la información  cibernética y evite que  los medios de comunicación la publiquen. También se requiere crear  un organismo  de seguridad de la información en el gobierno federal  que se encargue de difundir una cultura de seguridad de la información, tenga capacidad de protegerla, investigue a los funcionarios que tendrán acceso a ella, cree niveles de confidencialidad en la información y fije políticas y procedimientos  para su  manejo. Este es un tema pendiente que ante el lamentable caso de la revelación de la estructura de mando del CISEN es urgente implementar.

 
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24 de mayo de 2013

LOS DILEMAS DE LA OPOSICIÓN



     En una negociación histórica, el Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo de colaboradores lograron unir en el Pacto por México a los tres partidos políticos más importantes con el objeto de  sacar adelante las reformas legislativas que le urgen al país y que estaban trabadas por  la oposición  en turno  de  los  gobiernos del PRI y PAN en los últimos quince  años.

     La forma en que se han desahogado en el Congreso las iniciativas de ley provenientes del Pacto  han causado tensión entre los legisladores de los partidos de oposición y las dirigencias de sus partidos, especialmente en el PAN como se manifestó recientemente en la  confrontación entre el Senador Ernesto Cordero y el presidente del PAN, Gustavo Madero, y que derivó en que Cordero fuera destituido como coordinador del PAN en el Senado. Por un lado el presidente Madero impulsa que se pasen las iniciativas sin cambios,  de acuerdo a lo pactado con los demás partidos, y los senadores del PAN han insistido en hacerles modificaciones lo que probablemente esté causando malestar en la mesa del Pacto. Probablemente ambos tengan razón y tendrán que encontrar la mejor forma de atender estas inquietudes para no poner en riesgo las reformas.

Pero más allá de las diferencias en las cúpulas de los partidos de oposición, especialmente en el PAN, - sorprendentemente en el PRD no ha habido disenso abierto y López Obrador ha estado ausente de la discusión -  algunos  sectores   cuestionan la participación de su partido en el Pacto por México. Para el militante común y corriente esta participación podría  interpretarse como una actitud entreguista, incongruente con su papel de opositor.  

Seguramente los panistas se preguntarán si deben  apoyar las reformas que ahora impulsa el Presidente Peña Nieto dado que en su momento el PRI  bloqueó cualquier intento del PAN por hacer reformas de relevancia, con la intención de demostrar al electorado la incapacidad del PAN para gobernar. O bien si deben mostrar ser un partido responsable al favorecer reformas que beneficien al país aunque el electorado no se los reconozca.  La disyuntiva está entonces entre ser un partido con visión de estado y aprobar las reformas o bien  tomar revancha y  bloquear todo lo que el PRI y su Presidente propongan con la esperanza de que ahora el electorado reconozca que es el PRI el  incapaz de “gobernar”.

Pero el  presidente Madero, su comité ejecutivo nacional y los legisladores de su fracción parlamentaria le han apostado a impulsar las reformas del Pacto por México. En su cálculo político  seguramente influye el que los argumentos en contra de su participación no se sostienen como se puede apreciar a continuación:

  1.   El PRI ganó la elección presidencial de 2012 porque al bloquear las iniciativas del PAN demostraron que el PAN no sabe gobernar.” Sería simplista decir que por eso perdió el PAN. Factores importantes fueron la impopularidad de los esfuerzos del Presidente Calderón contra la delincuencia, la división interna del PAN al elegir su candidato (Cordero vs. Vázquez Mota), una mala campaña y una candidata poco carismática, un resurgimiento muy fuerte de López Obrador con el PRD y una muy buena campaña del PRI y su candidato fueron factores de más peso para que ganara el PRI.
  2. El PAN debe ser oposición sin importar el resultado.” Sería contradictorio que el PAN no apoye reformas que por años estuvo impulsando sólo porque ahora es oposición. Cuando el Presidente Salinas de Gortari impulsó grandes reformas por las que el PAN estuvo peleando por décadas,  el PAN apoyó las reformas. Lo congruente ahora es apoyar las reformas si se está de acuerdo con ellas.
  3. El electorado sólo va a reconocer que el PRI es el que sabe gobernar porque sabe sacar adelante las reformas.”  El electorado  responde más a otros aspectos tales como campañas presidenciales con buenos candidatos, una buena mercadotecnia y otros factores menos sofisticados,  y no  necesariamente basan su voto en reconocer que tal o cual partido sacó adelante reformas legislativas.
  4. Las reformas legislativas garantizan que el Presidente Peña y su gobierno tendrán  una gran administración y un gobierno exitoso.”  Es ingenuo pensar que nada más por  aprobar las reformas legislativas cualquier gobierno tiene la capacidad de aterrizarlas y dar resultados positivos.


Las reformas son una condición necesaria para el avance del país pero no suficiente. El gobierno del Presidente Peña Nieto tendrá sobre sus hombros la difícil tarea de demostrar que, en caso de aprobarse las reformas,  supo aprovecharlas para dar buenos resultados. Si al final el Presidente y su partido demuestran que sacaron provecho de ellas  para mejorar al país, enhorabuena. ¿Será suficiente para que ganen las elecciones de 2018? No lo creo.  Ya se ha vio que en el 2000 el PRI perdió la elección  por tener un  candidato con poco  carisma y una mala campaña, aunado a  un buen trabajo de la oposición. Eso ocurrió a pesar de que la administración del Presidente Zedillo fue razonablemente buena después de la crisis de 1995. Por ello la estrategia correcta para la oposición  es  apoyar el Pacto por México y sacar adelante  todas las reformas que requiere el país  porque falta aún mucho para 2018 y   quien gana con el Pacto es México y no un partido en especial.

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16 de mayo de 2013

MICHOACÁN EN PROBLEMAS




     Estuve recientemente en Michoacán y en la plática con amigos surgió de inmediato la preocupación de lo que pasa en el estado. Primero me entero que un par de dueños de negocios ubicados en una colonia residencial de Morelia han sido asesinados. Voy a un exitoso restaurant en la misma colonia  y resulta que el dueño fue balaceado hace unos meses y ya no aparece por su negocio. La hipótesis es que alguna banda de delincuentes está cobrando “derecho de piso” en una de las principales zonas residenciales de Morelia y ejecutando a quienes se niegan.  Las malas noticias no paran allí. Los maestros del CNTE toman calles, destruyen comercios, hacen  pintas, toman el Centro como lo han hecho por años. También toman casetas, cobran una "cooperación" para dejar pasar a los vehículos. Los estudiantes de la Normal de Tiripetío cierran la carretera Morelia -  Pátzcuaro, amenazan con incendiar pipas, asaltan autobuses, secuestran policías, etc. No hay quien los detenga.

     En un excelente reportaje del periodista Juan Pablo Becerra-Acosta del periódico Milenio, describe como en la zona de Tierra Caliente los municipios de La Ruana, Tepalcatepec y Buenavista viven un estado de guerra. El cártel de Los Templarios tiene sitiada la zona y no permite que pasen víveres, combustible y medicinas,  de tal manera que más de 35,000 michoacanos están sitiados. A su vez dentro de las comunidades rodeadas han surgido grupos armados de “autodefensa” para defenderse de Los Templarios. El autor dice que los grupos de autodefensa están asociados  a un cártel rival.  Ya van 30 muertos derivados de los enfrentamientos entre los dos grupos. En medio de esta guerra, la población está inerme y las autoridades ausentes.

     La crisis económica en Michoacán es grave. Dos grandes empresas - Danone y Saba - cierran sus operaciones  ahuyentadas por la inseguridad para sus empleados. Las empresas Sabritas y Bimbo - entre otras - resisten. En lo zona sitiada desde luego no entra ninguna empresa a vender sus productos. Los empresarios del Estado se quejan de que ya no se puede hacer negocios. Los lugares turísticos  que por muchos años vi llenos de turistas de todos los orígenes, están ahora desolados: Quiroga, Tzintzuntzan y Páztcuaro vacíos durante el  fin de semana,  cuando antes rebosaban de actividad. El turismo extranjero, especialmente el americano, brilla por su ausencia cuando  antes llenaban estos lugares.

     Cambió la estrategia de seguridad en el estado. Por las carreteras ya no se observan los convoyes de policía federal con los que nos cruzábamos con frecuencia. Ahora la policía federal está vigilando con minuciosidad quien excede la velocidad permitida. Del cuartel de la zona militar ya no se ve partir a helicópteros que salían día y noche  ni pude observar en carreteras convoyes del ejército como hace unos pocos meses. Por lo que respecta a las autoridades estatales, desafortunadamente el gobernador Fausto Vallejo está enfermo desde hace tiempo y se le han agravado sus males por lo que pidió  90 días de licencia. En cuanto a la policía estatal no se ha observado su intervención decisiva en todos estos acontecimientos.  Si a esto le sumamos la deuda excesiva que tiene Michoacán y que con dificultades le permite solventar sus necesidades más apremiantes, tenemos a un estado en crisis y a los michoacanos sufriendo una grave ausencia de autoridad y una inseguridad exacerbada.

     Pero la problemática no se queda en Michoacán. En  municipios limítrofes de otros estados se sabe de las incursiones de La Familia Michoacana  para cobrar extorsiones, secuestrar, robar y asesinar. Municipios del Estado de México como El Oro, San Felipe del Progreso, Temascalcingo y Atlacomulco podrían estar en riesgo. Sin hablar de la región que se encuentra entre Michoacán y Morelos y que desde hace años tiene problemas. Guanajuato, Jalisco, Colima  y el Distrito Federal podrían  estar en riesgo también y si no se toman medidas prontos podría incluso amenazar  a Aguascalientes.

     Guillermo Valdés,  ex director general  del CISEN y analista político comenta en un artículo reciente (Milenio 15 de mayo de 2013) cómo los Zetas cambiaron el modelo criminal de tráfico de drogas para dedicarse a la extorsión, secuestro y narcomenudeo. En Michoacán este modelo lo aplicó con éxito la Familia Michoacana ayudados con  la complicidad de “un par de decenas de alcaldes” a quienes les imponían a los jefes de la policía y la  complicidad de políticos como el diputado Julio César Godoy, medio hermano del entonces gobernador de Michoacán. Los ciudadanos ante la imposibilidad de oponerse a estos grupos violentos se someten, pagan extorsiones para que los dejen trabajar, prestan sus tierras para cultivar o fabricar droga de tal forma que, de acuerdo a Valdés, el crimen se hace de una base social y se legitima el orden mafioso con la legitimación tácita que le dan las autoridades municipales y estatales y así completar la captura del estado por los cárteles del crimen.

     ¿Hasta cuándo van a resistir los michoacanos este vacío de autoridad y  hasta dónde se extenderá el fenómeno que se vive en ese estado a los estados vecinos? Es urgente que se tomen medidas de fondo porque está en riesgo la gobernabilidad de una región importante de nuestro país.
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Esta entrada es la nueva versión del artículo sobre Michoacán que puse en este Blog hace unos días. Esta versión es para publicarse en El Heraldo de Aguascalientes.

11 de mayo de 2013

TRANSPARENCIA Y COMPETITIVIDAD




      Diversos estudios  demuestran una alta correlación entre los fenómenos de corrupción y opacidad y la falta de competitividad de  los países.  A mayor corrupción y menor transparencia menor competitividad para el país. Si bien México tiene el lugar 11 en población y el 12 en tamaño de economía en el mundo, en materia de competitividad se encuentra en el lugar 53 de 144 países de acuerdo con el Índice Global de Competitividad (IGC) que elabora el World Economic Forum y en el lugar 105 de 176 países de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Ambos señalando el atraso que manifiesta nuestro país en estas materias.

      Tuve la oportunidad recientemente de participar en un evento organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Transparencia Mexicana y el gobierno de Dinamarca,  donde me tocó presentar cual debía ser el papel del gobierno en materia de transparencia para darle mayor competitividad al país. Me permito resumirles mi ponencia.

      Resulta de la mayor importancia que un país sea competitivo a fin de que por una parte atraiga inversión extranjera y por otra permita a las empresas nacionales competir con éxito en los mercados mundiales. El  IGC antes mencionado se basa en doce pilares para lograr la competitividad entre los que se encuentran la disponibilidad de infraestructura, salud, educación, eficiencia en mercados de bienes y laborales, desarrollo de mercados financieros e innovación tecnológica, entre otros. El gobierno de México a través de las reformas que está impulsando tales como la reforma educativa, la laboral, la financiera, la energética, la de transparencia, la de telecomunicaciones y muchos programas en marcha, está trabajando para  fortalecer estos pilares.   

      Una condición necesaria para lograr mayor competitividad es que exista un gobierno responsable el cual debe dar acceso a la información que genera, transparencia a la actuación de los funcionarios y una rendición de cuentas en donde haya consecuencias para aquellos incumplidos.  Con acceso a la información pública se podrá entender el proceso de toma de decisiones y la actuación de los gobernantes y con ello exigir  rendición de cuentas de tal forma que no sólo el presidente, los gobernadores y los secretarios federales sean quienes acudan al congreso a rendir cuentas sino que también, por lo menos de nivel de director general hacia arriba, comparezcan periódicamente en público. Ya existen muchos avances en materia de acceso a la información pero aún falta mucho por hacer en el análisis de esta información y en  la rendición de cuentas.

      De acuerdo con una encuesta que se aplica al elaborar el ICG, los tres factores más importantes que obstaculizan la competitividad en México son: la corrupción, la inseguridad y un gobierno ineficaz. La corrupción afecta a la competitividad ya que:
 a) El soborno encarece la operación de las empresas. b) Distorsiona mercados al darle ventajas a la empresa que mas soborne o tenga mejores contactos. c) Genera inseguridad a la empresa al realizar operaciones ilegales. d) En el caso de empresas extranjeras viola la ley en la mayoría de los países de origen.  f) Viola la ley mexicana.

      Desafortunadamente no basta con tener acceso a la información,  transparencia y rendición de cuentas para combatir la corrupción. Se requiere una política de estado que ataque al problema en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes y una institución especializada en combatir este problema, tal como la Comisión Nacional Anticorrupción,  cuya creación se está discutiendo en el congreso. También debe haber metas claras que indiquen si se está abatiendo la corrupción en el país como por ejemplo, elevar la calificación en el IPC o disminuir el número de actos de corrupción que mide la Encuesta de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana.

      Por ello las reformas en materia de acceso a la información y para la formación de la CNA no son suficientes. En cuanto a acceso a la información, se requiere no sólo darle autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)  y a los institutos estatales sino que tengan la posibilidad de sancionar. En cuanto a la CNA,  su Ley secundaria deberá darle una estructura con capacidad de combatir la corrupción de manera eficaz y tener los recursos necesarios para operar. En materia de buen gobierno ya está en curso un análisis profundo de las estructuras burocráticas del gobierno federal con el que se pretende eliminar duplicidades, eliminar áreas que ya han cumplido su misión  y racionalizar el gasto público para enfocarlo a las prioridades del gobierno. También se está trabajando para que entidades y dependencias den los resultados que se han propuesto mediante un enfoque orientado a resultados,  con objetivos  que bajen en cascada desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta  cada uno de los funcionarios del gobierno y estos rindan cuentas y mejoren su actuación. Todo ello auxiliado por un sistema de control que asegure la consecución de estas metas.   

     Falta lo más difícil que es el poner en operación todo lo propuesto pero si se logra abatir la corrupción y consolidar un gobierno responsable, México podrá ser más competitivo,  lo que acarreará más y mejores empleos y mejor nivel de vida para todos los mexicanos. Vale la pena el esfuerzo.

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5 de mayo de 2013

MICHOACÁN ESTADO FALLIDO



Estuve recientemente en Michoacán y es posible que no tenga la información correcta o completa. Son simples apuntes de memoria. Impresiones de un visitante. Empiezo con algunas anécdotas bastante lúgubres. Dos asesinatos en Morelia. Uno el 4 de mayo  la otra hace unos pocos días más. Ambos asesinados tenían negocios en la colonia Chapultepec Sur. Voy a un restaurant en la misma zona  y me entero que el dueño fue balaceado hace unos meses y ya no aparece por su negocio. ¿Será por oponerse a la extorsión por "derecho de piso"?  Por cierto no hay policía que los auxilie.

Un taxista intenta arrebatarle su mochila  a una niña y en el intento, se le atora la mochila a la niña que no puede desprenderse de ella con la consecuencia de que es arrastrada una cuadra. Se salva de milagro. Tampoco hay un policía a la mano. De hecho se puede recorrer Morelia y no encontrará prácticamente policías  en las calles. 

Los maestros del CNTE toman calles, destruyen comercios, hacen  pintas, toman el Centro como lo han hecho por años con total impunidad. También toman casetas, cobran una "cooperación" para dejar pasar a los vehículos y tampoco interviene autoridad alguna.

Los estudiantes de la Normal de Tiripetío cierran la carretera de Morelia a Pátzcuaro, amenazan con incendiar pipas, asaltan autobuses, etc. No hay quien los detenga.

Surgen "guardias comunitarias" en decenas de municipios del estado. ¿Que cuidan? ¿Quien los arma? ¿Porque no hacen nada las autoridades? Probablemente estén asociados con alguno de los cárteles de la droga que se disputan el territorio michoacano.

Hace un par de semanas resultan diez muertos en Tierra Caliente en enfrentamientos entre  bandas  criminales. Otros crímenes relacionados con enfrentamientos del crimen organizado siguen cotidianamente.

Por las carreteras ya no se observan los convoyes de policía federal con los que nos cruzábamos con frecuencia hace unos meses. Ahora la policía federal está vigilando con minuciosidad quien excede la velocidad permitida. Importante cambio de prioridades. 

Del cuartel de la zona militar ya no se ve partir a helicópteros que salían día y noche hace apenas unos pocos meses. Parece que se suspendieron las operaciones militares en el estado contra  la delincuencia.

El gobernador Vallejo enfermo con 90 días de licencia. Ojalá se mejore pronto. 

En municipios limítrofes de otros estado con Michoacán se sabe que cada vez más La Familia Michoacana ha tomado posesión de esos lugares para cobrar extorsiones, secuestrar, robar y asesinar. Para no ir muy lejos, en el municipio de Atlacomulco, especialmente en la cabecera, el cobro de "derecho de piso" ya es cotidiano entre los comerciantes de la ciudad. La Familia se ha extendido a Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Distrito Federal y probablemente Guerrero.

Dos grandes empresas - Danone y Saba - cierran sus operaciones en Michoacán ahuyentados por la extorsión y la violencia. La empresa Sabritas resiste con valentía. ¿Hasta cuando?

Los empresarios del Estado se quejan de que ya no se puede hacer negocios en Michoacán.

Los lugares turísticos  que por muchos años vi llenos de turistas de todos los orígenes, este fin de semana pasado estaban desolados: Quiroga, Tzintzuntzan y Páztcuaro. El turismo americano brilla por su ausencia cuando  antes había una importante afluencia de turistas extranjeros y estos lugares estaban llenos.

¿Hasta cuando van a resistir los michoacanos este vacío de autoridad? La liga acabará por romperse.  



4 de mayo de 2013

VIOLENCIA Y FUERZA PÚBLICA





      Hemos sido testigos en las últimas semanas de una escalada de protestas violentas en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca que además coincide con el crecimiento de la violencia de los cárteles de la droga especialmente en Michoacán y el surgimiento de grupos armados autollamados guardias comunitarias en los tres estados. No sé si estos fenómenos estén ligados entre sí pero reclaman una atención especial de las autoridades y abren el debate acerca de usar o no la fuerza pública contra estos grupos que retan el poder del Estado. Pero además esto no es nuevo. Las manifestaciones de todo tipo en la Cd. de México y en otras partes de la república – algunas de ellas muy violentas - son un hecho cotidiano que ocurre desde hace décadas y en donde rara vez las autoridades intervienen contra los manifestantes aunque estén delinquiendo. En la capital recientemente tuvimos los actos de vandalismo durante la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto – sin olvidar  la ocupación de Avenida Reforma por varios meses después de la elección  del Presidente Calderón - y el lamentable caso de la toma de la rectoría de la UNAM.

      La modalidad con que se presentan  los violentos en las manifestaciones estos días es que están encapuchados. Las autoridades  les llaman anarquistas o anarco-punks u otros nombres anarco-derivados. Estos profesionales del desorden y la protesta no quieren que se les identifique porque ello puede conducir a descubrir quienes les pagan. Pero el ambiente se está enrareciendo y da cabida a todo tipo de especulaciones.

      En un artículo publicado el pasado  1 de mayo el diario español El País menciona que había sido costumbre de los gobiernos mexicanos infiltrar porros en las manifestaciones para justificar la acción de la policía o quizá para hacer que la opinión pública exigiera la intervención de la fuerza pública. En estos casos recientes más bien lo que hemos visto es inacción por parte de la policía del D.F.-  a quien corresponde atender estos desórdenes- y por parte  de las policías estatales de Michoacán, Guerrero y Oaxaca que no han hecho nada.

     En un artículo del New York Times publicado el 30 de abril se trasluce el disgusto del gobierno de Estados Unidos porque el gobierno mexicano ha decidió limitar la actuación de sus agentes anti-drogas en territorio nacional y restringir las libertades de que gozaron en el sexenio pasado, incluyendo el replantear la Iniciativa Mérida. En dicho artículo revelan que según autoridades americanas, las autoridades mexicanas decidieron ya no utilizar a los expertos  de las agencias policiales americanas que vinieron a auxiliar en la investigación de la explosión del edificio de  PEMEX,  una vez que las conclusiones preliminares de dichos expertos fue que se trataba de una bomba,  lo cual  contradecía  la versión oficial del gobierno de México. 

     En todo caso lo preocupante es la escalada de violencia. ¿Alguien querrá poner a prueba al gobierno entrante y ver si cae en la trampa de la provocación para entrar en una espiral de confrontación? ¿Alguien desea mover a la opinión pública para legitimar el uso de la fuerza?¿Los rijosos están viendo hasta donde pueden llegar en sus demandas utilizando estas tácticas? ¿Oscuros factores de poder quieren fijarle sus condiciones al nuevo gobierno? Todo ello da pie a conjeturas y a un coctel de teorías conspiratorias,  más coctel molotov que coctel relajante.  

     ¿Quién está detrás de los que fomentan la violencia? Algunas teorías  podrían ser:

a.    Los propios gobiernos estatales o federal – que tuvieron que haber leído a Maquiavelo - supuestamente para justificar el uso de la fuerza.

b.    Las fuerzas opositoras al gobierno actual: ponga aquí las siglas de cualquier partido de oposición o de cualquier movimiento político de su preferencia.

c.    Los americanos que están enojados.

d.    Los cárteles de la droga que quieren negociar.

e.    La Maestra.

f.     Los  movimientos radicales tipo EPR o EZLN.

g.    Intereses oscuros que desean desestabilizar al país.

h.    Ninguno de las anteriores. Los anarquistas lo  hacen por vocación.

     Pero no todos los que protestan de manera violenta andan encapuchados ni son producto de una conspiración: los maestros del CNTE, la CETEG y los normalistas de Tiripetío  tienen demandas reales contra la reforma educativa y la falta de empleos. También a estas personas las autoridades los dejan en libertad de  hacer sus desmanes.

     Hoy en día una porción de la opinión pública sigue manifestando su oposición al uso de la fuerza pública contra cualquier tipo de delincuencia “organizada” ya sea que se traten de manifestantes violentos  o cárteles de la droga,  en la esperanza de que así se evitará aún más violencia y en el caso  de los cárteles porque así se detendría la ola de asesinatos. La lógica  de  este razonamiento parece ser la creencia de que es el Estado, con su intervención, quien provoca la violencia y no al contrario,  que son los delincuentes quienes la  causan y el Estado quien trata de acotarla.

     Cualesquiera que sean las razones o los cálculos políticos para evitar el uso de la fuerza pública para aplicar la Ley, el no hacer nada como estrategia deja al resto de los ciudadanos que sólo aspiran a vivir en paz, desprotegidos.


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