VIOLENCIA Y FUERZA PÚBLICA

      Hemos sido testigos en las últimas semanas de una escalada de protestas violentas en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca que además coincide con el crecimiento de la violencia de los cárteles de la droga especialmente en Michoacán y el surgimiento de grupos armados autollamados guardias comunitarias en los tres estados. No sé si estos fenómenos estén ligados entre sí pero reclaman una atención especial de las autoridades y abren el debate acerca de usar o no la fuerza pública contra estos grupos que retan el poder del Estado. Pero además esto no es nuevo. Las manifestaciones de todo tipo en la Cd. de México y en otras partes de la república – algunas de ellas muy violentas - son un hecho cotidiano que ocurre desde hace décadas y en donde rara vez las autoridades intervienen contra los manifestantes aunque estén delinquiendo. En la capital recientemente tuvimos los actos de vandalismo durante la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto – sin olvidar  la ocupación de Avenida Reforma por varios meses después de la elección  del Presidente Calderón - y el lamentable caso de la toma de la rectoría de la UNAM.

      La modalidad con que se presentan  los violentos en las manifestaciones estos días es que están encapuchados. Las autoridades  les llaman anarquistas o anarco-punks u otros nombres anarco-derivados. Estos profesionales del desorden y la protesta no quieren que se les identifique porque ello puede conducir a descubrir quienes les pagan. Pero el ambiente se está enrareciendo y da cabida a todo tipo de especulaciones.

      En un artículo publicado el pasado  1 de mayo el diario español El País menciona que había sido costumbre de los gobiernos mexicanos infiltrar porros en las manifestaciones para justificar la acción de la policía o quizá para hacer que la opinión pública exigiera la intervención de la fuerza pública. En estos casos recientes más bien lo que hemos visto es inacción por parte de la policía del D.F.-  a quien corresponde atender estos desórdenes- y por parte  de las policías estatales de Michoacán, Guerrero y Oaxaca que no han hecho nada.

     En un artículo del New York Times publicado el 30 de abril se trasluce el disgusto del gobierno de Estados Unidos porque el gobierno mexicano ha decidió limitar la actuación de sus agentes anti-drogas en territorio nacional y restringir las libertades de que gozaron en el sexenio pasado, incluyendo el replantear la Iniciativa Mérida. En dicho artículo revelan que según autoridades americanas, las autoridades mexicanas decidieron ya no utilizar a los expertos  de las agencias policiales americanas que vinieron a auxiliar en la investigación de la explosión del edificio de  PEMEX,  una vez que las conclusiones preliminares de dichos expertos fue que se trataba de una bomba,  lo cual  contradecía  la versión oficial del gobierno de México. 

     En todo caso lo preocupante es la escalada de violencia. ¿Alguien querrá poner a prueba al gobierno entrante y ver si cae en la trampa de la provocación para entrar en una espiral de confrontación? ¿Alguien desea mover a la opinión pública para legitimar el uso de la fuerza?¿Los rijosos están viendo hasta donde pueden llegar en sus demandas utilizando estas tácticas? ¿Oscuros factores de poder quieren fijarle sus condiciones al nuevo gobierno? Todo ello da pie a conjeturas y a un coctel de teorías conspiratorias,  más coctel molotov que coctel relajante.  

     ¿Quién está detrás de los que fomentan la violencia? Algunas teorías  podrían ser:

a.    Los propios gobiernos estatales o federal – que tuvieron que haber leído a Maquiavelo - supuestamente para justificar el uso de la fuerza.

b.    Las fuerzas opositoras al gobierno actual: ponga aquí las siglas de cualquier partido de oposición o de cualquier movimiento político de su preferencia.

c.    Los americanos que están enojados.

d.    Los cárteles de la droga que quieren negociar.

e.    La Maestra.

f.     Los  movimientos radicales tipo EPR o EZLN.

g.    Intereses oscuros que desean desestabilizar al país.

h.    Ninguno de las anteriores. Los anarquistas lo  hacen por vocación.

     Pero no todos los que protestan de manera violenta andan encapuchados ni son producto de una conspiración: los maestros del CNTE, la CETEG y los normalistas de Tiripetío  tienen demandas reales contra la reforma educativa y la falta de empleos. También a estas personas las autoridades los dejan en libertad de  hacer sus desmanes.

     Hoy en día una porción de la opinión pública sigue manifestando su oposición al uso de la fuerza pública contra cualquier tipo de delincuencia “organizada” ya sea que se traten de manifestantes violentos  o cárteles de la droga,  en la esperanza de que así se evitará aún más violencia y en el caso  de los cárteles porque así se detendría la ola de asesinatos. La lógica  de  este razonamiento parece ser la creencia de que es el Estado, con su intervención, quien provoca la violencia y no al contrario,  que son los delincuentes quienes la  causan y el Estado quien trata de acotarla.

     Cualesquiera que sean las razones o los cálculos políticos para evitar el uso de la fuerza pública para aplicar la Ley, el no hacer nada como estrategia deja al resto de los ciudadanos que sólo aspiran a vivir en paz, desprotegidos.

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