Existen dos
propuestas de reformas a la Constitución que están en discusión en el Senado y que
tienen por objeto la creación de la nueva Comisión Nacional Anticorrupción
(CNA): una por parte del PRI y el PVEM y otra del PAN. Quizá la diferencia más
relevante – además del nombre- es que la
del PAN contempla la creación de la Fiscalía Especial del Instituto
Anticorrupción y de Control (Así llamarían a la Comisión) con capacidad de
ejercer la acción penal mientras que la del PRI se circunscribe a actuar en el
ámbito administrativo. Más allá de que – como lo proponen estas iniciativas -
la CNA tenga cinco comisionados y se
defina como funcionará este órgano de gobierno, lo importante será el diseño del
resto de la Institución. He aquí algunos elementos, entre otros, que
sería bueno incluir:
1. Auditoría
anticorrupción. Se requiere un
grupo de auditoría especializado en el combate a la corrupción. Sus métodos
estarían enfocados a identificar y
encontrar actos de corrupción. En caso de detectar operaciones sospechosas
alertarían a las demás áreas de la CNA en lo que terminan su auditoría.
Aspectos a revisar podrían ser, por ejemplo, las compras por adjudicación
directa y su justificación; las razones por las cuales los procesos de licitación se declaran desiertos; la solvencia técnica y moral de los
proveedores (Es sorprendente como participan en procesos de adquisiciones del
gobierno empresas fantasmas con domicilios fiscales inexistentes o que nadie
las conoce). El trabajo de este grupo de auditores estaría dirigido a
las instituciones y áreas de operación más
proclives a la corrupción.
2. Investigación
patrimonial. Este grupo deberá
realizar investigaciones de situación patrimonial
a profundidad de los funcionarios involucrados. Más allá de revisiones a registros
públicos de la propiedad, deberá revisar por completo el patrimonio del funcionario y su círculo cercano de parientes y amistades.
Este grupo deberá ser capaz también de investigar
identidades falsas bajo las cuales
operen los funcionarios corruptos. Las investigaciones socioeconómicas del
funcionario y de su red de vínculos deberán detectar posibles incongruencias entre los ingresos y
los egresos de estas personas.
3. Investigadores
anticorrupción. Este grupo de investigadores deberán tener capacidad
para realizar labores de inteligencia. Por ello un aspecto que debe contemplar
la Ley secundaria de la CNA es la
posibilidad de hacer intervenciones a las comunicaciones de las personas que
estén siendo investigadas, similar a lo que prevé la Ley de Seguridad Nacional,
y que se disponga de jueces especializados para que emitan las respectivas órdenes
judiciales. Estas intervenciones no sólo serán telefónicas, sino a todo tipo de comunicaciones.
4. Investigadores
de lavado de dinero. Deberá tener
un grupo especializado en investigaciones de lavado de dinero, con todas las
facilidades para acceder a cuentas bancarias y demás información relevante y realizar
sus investigaciones en las entidades federativas y en el extranjero.
5. Abogados
anticorrupción. Deberá contar
con un grupo de abogados especializados
en derecho administrativo, penal y amparo a fin de que auxilien a los
investigadores y auditores a judicializar los casos de manera competente. Uno
de los grandes fracasos en los temas de combate a la corrupción es que los
casos se pierden por deficiencias de
carácter técnico jurídico.
6. Control de
confianza. La CNA deberá
tener un sistema de control de confianza con exámenes médico, psicológico, toxicológico, poligráfico y
estudio socioeconómico.
7. Seguridad
interna. La CNA deberá
contar con un área que investigue
posibles casos de corrupción interna, proporcione seguridad física a
instalaciones y funcionarios e implemente medidas de contrainteligencia que eviten
la penetración de la CNA por los funcionarios corruptos que se investiguen.
8. Recursos. Deberá contar con personal capacitado, suficiente, con
un servicio civil de carrera y planes de retiro, con recursos técnicos y
materiales de vanguardia, con un despliegue
que le permita cubrir todo el territorio nacional y tener presencia en el extranjero y con recursos
del tipo de la partida de seguridad nacional para solventar gastos confidenciales.
9. Colaboración. Deberá tener convenios de colaboración con la PGR, las
procuradurías estatales, la SEDENA, la SEMAR, el CISEN, la Comisión Nacional de
Seguridad, la SHCP, la Unidad de Inteligencia Financiera y con los OIC´s de
todas las entidades y dependencias del
sector público.
10. Instalaciones de alta seguridad. Deberá contar con instalaciones aisladas para
garantizar la seguridad física de las personas y la integridad de los
expedientes.
11. Tecnologías de información. Deberá contar con sistemas de información que permitan explotar grandes bases de datos y sistemas de comunicación electrónica seguros.
12. Prevención de la corrupción. Las labores de carácter preventivo son tanto o más importantes que las demás. Deberá contarse con la participación de todas las instituciones del gobierno mediante programas preventivos de combate a la corrupción en cada institución en los tres niveles y los tres poderes. También deberá establecer programas de vinculación con universidades, empresas, escuelas, medios de comunicación y con otras agencias anticorrupción en el mundo.
Una institución
así podría costar 4 mil millones de pesos al año. Pero si consideramos, por
ejemplo, que el CEESP estimó que el costo de la corrupción asciende a 1.5
billones de pesos al año y si se logra reducir la corrupción en un 10% para liberar 150,000 millones de pesos para usos
legítimos de la sociedad, vale la pena la inversión.
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