26 de septiembre de 2015

LO QUE CUENTA SON LOS RESULTADOS



Por: Octavio Díaz García de León
  
     Los candidatos ganadores a puestos de elección popular prometen cosas atractivas, importantes, novedosas;  el electorado cree que lo irán a cumplir y votan por ellos. Pero como todos sabemos, es más fácil prometer que llevar a cabo lo prometido. Como dijo el ex congresista americano Tip O’Neill “Es más fácil postularse para un puesto que ejercer el puesto” (Citado por Michael Barber en su libro “Como Gobernar” (Ver artículo)). Muchos gobiernos fracasan a la hora de querer cumplir lo prometido (Si son serios). El ex primer ministro ruso Víctor Chernomyrdin  dijo “Tratamos de hacer mejor las cosas, pero todo salió como siempre.” (Citado por M. Barber). Frase que una gran cantidad de nuestros gobernantes hubieran podido hacer suya.

    En el libro antes mencionado,  el autor dice que aún en países  relativamente bien gobernados, el gobierno es ineficaz e ineficiente lo cual tiene un enorme impacto  negativo en la economía de esos países;  además  hace que los ciudadanos estén menos dispuestos a pagar impuestos, los vuelve escépticos de los gobiernos en general y en el peor de los casos,  incluso los hace  dudar acerca del valor de la democracia. ¿Suena conocido? Basta ver los resultados de la más reciente encuesta de Latinbarómetro 2015 publicada en el periódico Reforma este 26 de septiembre y en donde solo 19% de los mexicanos están satisfechos con la democracia, cuando el promedio en la región anda en un 37%. 

     ¿Por qué los gobiernos no dan resultados? Hay muchas razones: no tienen claridad en los objetivos o simplemente no tienen objetivos; son incapaces de  fijar metas realistas; no pueden medir los avances y no saben si se cumplieron las metas. Esto se debe a que no hay los directivos con las capacidades y habilidades gerenciales necesarias para conducir a organizaciones tan complejas como son las instituciones de gobierno. Además, al no haber rendición de cuentas, no existen consecuencias  ante la falta de  resultados por lo que tampoco hay incentivos para cumplir.

     En la iniciativa privada los resultados se tienen que dar por necesidad. De otra forma, a menos que sean empresas protegidas por el gobierno, no podrán competir y estarán condenadas a desaparecer del mercado. Por ello hay excelentes escuelas de negocios por todo el mundo preparando futuros líderes empresariales. En México,  el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) hace énfasis no solo en las técnicas de la administración sino, como su nombre lo indica, en la dirección,  lo cual le da la debida importancia a la dimensión humana de cualquier institución  ya que las organizaciones están hechas de hombres y mujeres a las que hay que conducir para lograr resultados. Escuelas así escasean para el sector público y sus egresados rara vez llegan a la cúspide de los gobiernos.

    Los políticos prefieren colocar en los niveles más altos de sus administraciones,  en el peor de los casos a sus amigos sin importar sus capacidades y en el  mejor de los casos a personas de una alta especialidad técnica, a veces con doctorados en las mejores escuelas del mundo. Por lo general, ninguno de los dos grupos sabe dirigir personas.  

     Por ello es muy frecuente encontrar funcionarios del más alto nivel sin las necesarias capacidades gerenciales. Esto se manifiesta, por ejemplo, en los horarios de trabajo absurdos que tienen algunos. Empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 2 o 3 de la mañana del día siguiente, incluyendo sábados y domingos. Lo único que demuestran estos horarios es  su incapacidad para ser líderes, delegar tareas y responsabilidades a sus equipos de trabajo, descentralizando la toma de decisiones y empoderando a niveles más bajos de su organización. En otras palabras, no saben dirigir. 

     Los casos son bastante patéticos para ciertas administraciones que  se llenan de este tipo de funcionarios “trabajo adictos” con el consecuente desgaste para ellos en su vida personal llegando a destruir a sus familias,  pero además,  sin capacidad para dar resultados. Sus colaboradores se frustran al no poder tomar decisiones,  no realizan un trabajo significativo sino solo subordinado,  sus horarios de trabajo son inútilmente  largos y sus jefes se convierten en enormes cuellos de botella.  

     Ante la falta de resultados que aqueja a tantos gobiernos del mundo, se ha venido tomando la experiencia que M. Barber describe en su libro,  para tratar de que los gobiernos cumplan lo que se proponen. En Gran Bretaña y otros 58 países, de acuerdo con datos del Banco Mundial,  se han creado “Unidades para Dar Resultados” o “Unidades de Implementación” emulando la que se creó en el gobierno de Tony Blair en Gran Bretaña y que encabezó Michael Barber.

    En México, plagado de reformas legislativas, proyectos faraónicos y ocurrencias de todo tipo, sería muy provechoso que se creara una Unidad similar para enfocar los esfuerzos del gobierno a unas cuantas prioridades y se asegurara de llevarlas a cabo. Aquellos gobiernos que den resultados podrían pasar a la historia como verdaderos benefactores del  país y en una de esas hasta sus partidos podrían repetir en el poder de una manera legítima y no a través de la compra de votos. Perder de vista que lo importante de gobernar es ofrecer resultados,  es condenar al país a un gatopardismo permanente en donde todo cambia para seguir igual… hasta que la gente se canse.


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19 de septiembre de 2015

UN ESCENARIO POPULISTA PARA EL 2020



Por: Octavio Díaz García de León


     Hay libros que sacuden la conciencia de amplios segmentos de la población. En Francia causó conmoción la publicación de la novela “Sumisión” de Michel Houellebecq justo el 7 de enero de 2015, día del atentado cometido por terroristas islámicos contra el semanario Charlie Hebdo que costó la vida a 12 personas e hirió a otros 11. La novela presenta un escenario donde un partido político islamista toma el poder en ese país y va  transformando a Francia en un país musulmán con la consecuente pérdida de libertades individuales, el sometimiento a las costumbres misóginas de esa religión, el abandono del laicismo y la represión por motivos ideológicos, entre otros efectos. El libro tocó una fibra sensible tanto en aquellos franceses que temen que efectivamente eso pueda suceder como en aquellos que lo sintieron  un ataque  contra las minorías musulmanas de ese país.

     En México, tan acostumbrados a que ocurran  tragedias, un novelista tendría que esforzarse para encontrar un tema  que causara verdadero desasosiego. Por ejemplo: convertirnos en una narco república; sufrir una invasión de un Estados Unidos presidido por Trump; recibir un ataque de Guatemala reclamando a Chiapas; padecer un terremoto que devastara la ciudad de México de nuevo; surgir una  pandemia de  virus aviar que acabase con la décima parte de la población. Para efectos de este artículo no vayamos tan lejos.

     Supongamos que estamos en  enero de 2020. Desde finales de 2015  creció el desencanto con el gobierno en general por su impotencia ante los problemas de inseguridad,  por una corrupción rampante, la ingobernabilidad en ciertos estados, la mayor violencia de la delincuencia organizada y una economía en franco decrecimiento. La población atribuía los problemas no solo al gobierno sino a los partidos políticos.

     Por ello no fue de extrañarse que en 2016 surgiera un candidato independiente asociado al zapatismo, con un discurso  que empezó a serle atractivo a las masas. Prometía muchas cosas: repartir la riqueza de los que más tienen; ayudar a los pobres con dádivas directas; instaurar un seguro de desempleo muy generoso;  que el gobierno diera empleo a millones de desempleados; “nacionalizar” bancos, transporte aéreo, afores y dar marcha atrás a la reforma energética; recuperar la seguridad con mano dura; meter a los corruptos a la cárcel sin juicio. Sus promesas eran más radicales que las de otros políticos,  pero el personaje tenía un enorme carisma, usaba un lenguaje bronco, retador, insultante,  que recogía muy bien las frustraciones de la población.  

     En las elecciones de julio de 2018, los partidos políticos, desconectados del electorado, presentaron candidatos poco atractivos: el PRI, a Manlio Fabio Beltrones; el PAN,  a Rafael Moreno Valle;  el  PRD,  a Jesús Ortega; MORENA, a López Obrador;  El PVEM,  a Arturo Escobar; Movimiento Ciudadano,  a Enrique  Alfaro. Entre todos ellos solo  obtuvieron el 48% del voto emitido. El candidato independiente ganó con un 52% del voto lo que le daba un claro mandato. En el Congreso las cifras fueron parecidas y los candidatos  asociados con el candidato independiente lograron mayoría. Lo mismo ocurrió con las gubernaturas en juego.

      A partir de diciembre de 2018 el nuevo presidente empezó a cumplir sus  promesas apoyándose en un gasto desmedido que pronto desquició las finanzas públicas.  De tal forma que para enero de 2020, gracias a su control del Congreso,  ya había logrado: volver a estatizar todo aquello que se había abierto a la inversión privada en el sector de energía; nacionalizar la banca ante la fuga de capitales; quitar la autonomía al  Banco de México e imponer el control de cambios; “nacionalizar” los fondos de las Afores pasando a ser del gobierno dichos recursos; estatizar las líneas aéreas y las empresas de telecomunicaciones; desaparecer a los partidos políticos y con ello al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  ante el regocijo de la gente; quitar la autonomía a todos los órganos del estado que la tenían, despareciendo a algunos como el IFT y la COFECE.

     En consecuencia,  para cubrir el enorme gasto social que impulsó, la deuda externa superó al 100% del PIB; sin las trabas de un Banxico autónomo, la inflación se disparó a más del 120% anual; hubo una  salida masiva de capitales y de las personas con capital suficiente  para ser admitidas en otros países. Hubo muchas otras consecuencias que sería largo de enumerar pero que ustedes imaginan.  Ello provocó descontento en las clases alta y media alta  por el caos económico,  pero gracias al reparto de dinero y los programas asistenciales, el resto de la población aceptaba sumisa al nuevo presidente. Las fuerzas militares se mantenían leales al gobierno legítimamente elegido.

     Si piensan que estoy describiendo un panorama descabellado, recordemos que  la situación descrita era similar a la vivida en la década de los setenta y ochenta del siglo pasado.

     Este escenario no debe estar tan errado porque recientemente el presidente Peña dijo que había que combatir al populismo. Su reto será hacerlo no en el terreno electoral, sino en los hechos de gobierno. Ya nos demostró la elección en Nuevo León que en pocos meses puede surgir un candidato independiente que catalice el descontento de la población contra gobiernos y partidos corruptos.  Si para los franceses un escenario  preocupante es caer en manos de un gobierno islamista, para México un escenario desastroso sería regresar al populismo.
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12 de septiembre de 2015

RETOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA



Por: Octavio Díaz García de León
  
      La reforma energética  ha sido quizá la acción de gobierno más trascendente  desde la firma del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica (TLCAN) en 1993.  El sector de energía no había tenido una acción de tanto impacto  desde la estatización de la industria petrolera en 1936 y  de la industria eléctrica en 1960. Pero estos cambios legales solo son un  mapa de ruta. Llevarlos a su destino dependerá de quienes trabajan en dichas industrias.

     El gobierno del presidente Peña fue capaz de retomar e impulsar una iniciativa que propiciara la apertura en los mercados de la energía, a pesar de que su partido la había rechazado durante los 12 años anteriores. Esto es explicable pues dicha reforma era parte integral de la agenda liberal del PAN y de algunos sectores modernos del PRI pero iba en contra de la  tradición estatista que los sectores más conservadores del PRI, así como el PRD, habían defendido por años. Parecía también conveniente hacer fracasar una reforma de esta trascendencia en los gobiernos del PAN para luego impulsarla como uno de los logros más grandes del PRI.  Para ello,  se podía contar con el apoyo del PAN para pasar esta reforma tan cercana a sus convicciones tal y como ocurrió con el TLCAN.

     Otras fuerzas a favor de la reforma encarnaban en el sector privado local pero especialmente en  los intereses de negocios extranjeros, en una época en que el precio del petróleo alcanzó niveles sumamente altos y con el desarrollo de tecnologías como el “fracking” que hicieron viables la explotación de hidrocarburos de muy difícil acceso. También ayudó el que la producción de petróleo en nuestro país fuera en picada, el que ya no hubiese dinero para desarrollar nuevos campos petroleros, el que la corrupción de los líderes sindicales se volviera menos tolerable y que las ineficiencias tanto de CFE como de PEMEX le estaban  ya costando al país demasiado al ser un tremendo lastre para las finanzas públicas debido a los enormes pasivos laborales con que cargan dichas empresas y los costos excesivos de producción.

     La reforma comprendió la expedición de nueve  leyes y reformas a otras doce leyes,  acompañadas de la emisión  de  otras disposiciones normativas. El 20 de diciembre de 2013 se publican las modificaciones a los artículos 25,  27 y 28 constitucionales y entre julio y agosto de 2014 las leyes secundarias.

    Estas modificaciones pretenden que se realice una transición  hacia la apertura de los mercados y la competencia al pasar de ser el Estado Mexicano quien tenga el monopolio de la industria de hidrocarburos y la industria eléctrica hacia mercados donde participe la iniciativa privada. Esta reforma no contempló  la privatización de las dos empresas más grandes del estado mexicano (tabú intocable) pero deberán volverse competitivas si desean sobrevivir en el largo plazo.
 
     Por lo pronto las reformas no pretenden que  se desplomen estas empresas súbitamente,  sino que proveen para un aterrizaje que puede tomar décadas. La reforma incluye la creación o el fortalecimiento de organismos regulatorios que seguirán protegiendo a esas empresas a la vez que traten de ir abriendo estos mercados.
    
    También se está evitando cometer los errores que se dieron con la privatización de Teléfonos de México  en el  sexenio del presidente Salinas de Gortari, empresa a la    que se le permitió continuar siendo prácticamente un monopolio privado y que ha impedido que  20 años después termine la apertura en el mercado de  telecomunicaciones.

     Pero hay un reto extraordinario en la transformación de PEMEX y CFE. Las reformas por sí mismas solo son mapas de ruta.  Los cambios en la industria no se dan por decreto; se dan gracias a  la evolución de sus trabajadores. Tendrán que volverse eficientes, orientarse a que su empresa sea rentable,  evitar el desperdicio,  modernizar todos sus procesos,  actuar de manera ética erradicando la corrupción y los conflictos de interés que los han plagado y encargarse de cuidar a sus empresas que ahora deben caminar cada vez más  sin el sostén del gobierno. Requiere un cambio de actitudes, de lenguaje, de cultura, que implican  enormes sacrificios. Requiere pasar de ser trabajadores “derechohabientes” de las empresas estatales a ser contribuyentes esenciales al buen desempeño de las mismas.

     Cambiar la mentalidad de cerca de 250,000 trabajadores representa una enorme  transformación institucional y desafortunadamente no hay leyes que provean el  liderazgo  requerido. Este tiene que venir de las personas que integran sus Consejos de Administración, de  sus directores. Pero el primer problema que tienen estas empresas es que sus sindicatos tienen más fuerza que la gerencia ¿Cómo se puede impulsar un cambio si el liderazgo para hacerlo no se encuentra en los directivos de las empresas? Tampoco se le puede pedir al sindicato que actúe contra sus intereses y de sus agremiados. Por el contrario, serán una dura oposición a los cambios que requieran sacrificios.

    El gobierno federal no debe olvidar que el fracaso o éxito de la reforma energética y la sobrevivencia de PEMEX y CFE pasan por tomar en cuenta al factor humano que es el  que lo hará posible. Me pregunto si los trabajadores de estas empresas están convencidos de abrir sus mercados, enfrentarse a una competencia formidable, renunciar a sus comodidades  y contribuir genuinamente al éxito de sus empresas; si aunado a esto habrá el liderazgo de los directivos para conducir con éxito el cambio;  o bien, si todo quedará en buenos deseos.
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5 de septiembre de 2015

GUATEMALA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN


Por: Octavio Díaz García de León

     El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina,  fue encarcelado el pasado jueves 3 de septiembre. Después de quitarle el fuero político, ordenar su arresto y presentar su renuncia, el jueves ya durmió el ex presidente en la cárcel. ¿Cómo es posible que un país con instituciones débiles, con una oligarquía que históricamente ha dominado ese país con impunidad, con una historia de dictaduras, guerras civiles, abusos a los derechos humanos, pobreza extrema y otros problemas que superan a los nuestros, tenga la posibilidad de destituir a un presidente y enjuiciarlo por corrupción?

     Nuestro vecino del sur es un perfecto desconocido para la mayoría de los mexicanos. Acostumbrados como estamos a mirar al norte, Belice y Guatemala nos pasan desapercibidos. Con Guatemala compartimos una enorme frontera totalmente porosa de 960 km y una historia que nos hermana desde los tiempos prehispánicos. En Guatemala, Chiapas y la península de Yucatán floreció la civilización maya; una vez  lograda la independencia de España,  Guatemala fue parte del Imperio Mexicano por un corto tiempo; y Chiapas era parte de ese país hasta que decidió anexarse a México. Guatemala cuenta con 15 millones de habitantes;  un ingreso per cápita de $5,300 dólares (En México es de $17,300 Dlls.). País de paisajes hermosos y pobreza lacerante, tiene una joya colonial, la Antigua Guatemala, destruida por un terremoto y hoy convertida en hermoso centro turístico.

      Los problemas de corrupción en Guatemala son añejos, como lo son en nuestro país. De hecho, Guatemala es vecino de México en la clasificación que hace Transparencia Internacional en esta materia ya que ocupa el lugar 115 de 175 países con una calificación de 32/100  mientras que México está en el 103 de 175 con 35 de calificación.

      Pero mientras en nuestro país seguimos discutiendo una posible reforma anticorrupción (Faltan todas las leyes secundarias) y que, de llevarse a cabo, sus efectos se verán quizá para el próximo sexenio, en Guatemala han sido capaces de llevar el combate a la corrupción hasta el nivel más alto del gobierno de ese país.

     Gracias a una investigación llevada a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscalía de esa nación, el pasado 16 de abril  se puso al descubierto una enorme red de corrupción en el gobierno que lucraba con los aranceles  que se cobran en las aduanas de  ese  país. La red de corrupción llegaba hasta el presidente Pérez Molina y primero le costó el puesto a la vicepresidenta Roxana Baldetti, luego gran parte del gabinete renunció y finalmente cayó el presidente. Todo esto fue acompañado de un enorme movimiento de protesta social pacífica,  que movilizó a decenas de miles de personas de clase media, quienes manifestaron su rechazo a los enormes niveles de corrupción que alcanzó el gobierno de ese país.

   ¿Qué es y cómo le hace la CICIG para combatir la corrupción a tan alto nivel? (Ver Nota) La CICIG fue formada mediante un acuerdo de la ONU con el gobierno de Guatemala y recibe apoyo financiero y técnico internacional. Es un órgano internacional independiente creado en el 2007 para auxiliar  al Ministerio Público, a la Policía Nacional, así como a otras instituciones guatemaltecas a través del  apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos de alto impacto.  Está formada  por un equipo humano internacional y opera dentro del marco legal y del sistema de justicia del país. El mandato de dicho organismo es investigar  la existencia de cuerpos ilegales de seguridad que cometen delitos contra los derechos humanos y  sus vínculos con funcionarios del Estado; desarticularlos, perseguirlos y sancionarlos;  y hacer recomendaciones al gobierno de Guatemala para la adopción de políticas públicas que ayuden a erradicarlos.

     Sin embargo, ha ampliado su actuación para investigar otros casos de alto impacto, por lo que la CICIG también combate ilícitos tales como:  el contrabando y la defraudación fiscal; la corrupción en el sector público; el financiamiento de partidos políticos y las campañas electorales; la corrupción judicial;  y el narcotráfico y lavado de dinero. Además del caso más reciente que le costó el puesto al presidente Pérez Molina, ha llevado otros casos de muy alto impacto.

     México ha optado por una reforma anti corrupción que pretende fortalecer cuatro instituciones del Estado Mexicano: una secretaría de estado  dedicada al control interno, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción.
   
    Sin embargo,  dado el éxito que ha tenido con nuestro vecino del sur, no estaría demás considerar la incorporación en México de un cuerpo internacional formado  por la ONU, similar al de Guatemala,  que cuente con las capacidades técnicas de investigación, personal internacional capacitado, recursos y sobre todo autonomía e independencia de actuación para  que auxilie a las autoridades mexicanas en la persecución de casos de alto impacto que pudieran involucrar a los niveles más altos de los tres órdenes de  gobierno y de los tres poderes.

    Con ello se daría mayor eficacia y credibilidad a las investigaciones por tratarse de un organismo anticorrupción internacional que actúe con imparcialidad y sin conflictos de interés. Ahora que es un clamor popular en nuestro país el combate a la corrupción, vale la pena estudiar y adoptar mejores prácticas en la materia como es el caso de la CICIG en Guatemala.
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